CE - 470012333000201900706011AUTOQUERESUEL20230317163724

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veinti trés (202 3).

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01 (44 69 -2021 )

Demandante: UNIDAD ADM INISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

(UGPP )

Demandado: EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRÍGUEZ

Tema: RESUELVE APELACIÓN DE AUTO QUE NIEGA LA

MEDIDA CAUTELAR. LEY 1437 DE 2011.

RECURSO DE APELACIÓN

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por el apoderado de la UGPP contra el auto del 22 de junio de 2021 , proferido por el Tribunal Administrativo de l Magdalena , a través del cual se negó la suspensión provisional de la s Resoluci ones 807 de l 24 de noviembre de 1994, 230 de l 19 de noviembre de 1998 y 986 de l 9 de abril de 2012.

I. ANTECEDENTES

suspensión provisional de la s Resoluci ones 807 de l 24 de noviembre de 1994, 230 de l 19 de noviembre de 1998 y 986 de l 9 de abril de 2012.

I. ANTECEDENTES

1. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La UGPP promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del señor Eduardo AlbertoRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

Número Interno: 44 69 -2021

Demandante: UGPP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Cataño Rodríguez . Al efecto, deprecó las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Que se declare la nulidad de l acto administrativo, Resoluci ón 807 de noviembre 24 de 1994, emanada por la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO Y MINERO (sic) , a través de la cual se le reconoció la pensión de jubilación al señor EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRÍGUEZ, por existir incompatibilidad con la pensión recibida mediante Resolución 597 del 26 de diciembre de 2003, emitida por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA .

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, Resolución 230 de l 19 de noviembre de 1998, ema nada por el SEGURO SOCIAL (sic) (pensión compartida), a través de la cual

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, Resolución 230 de l 19 de noviembre de 1998, ema nada por el SEGURO SOCIAL (sic) (pensión compartida), a través de la cual se ordenó reconocer la pensión al señor E DUARDO ALBE RTO CATAÑO RODRÍGUEZ, por existir incompatibilidad con la pensión recibida mediante la resolución 597 del 26 de diciembre de 2003, emitida por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA .

TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, Resolución 986 del 9 de abril de 2012, emanada por el FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES DE COLOMBIA , a través del cual se ordenó reconocer la pensión compartida con el SEGURO SOCIA L otorgada al señor EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRÍGUEZ, por existir incompatibilidad con la pensión recibida mediante la Resolución 597 del 26 de diciembre de 2003, emitida por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA .

CUARTA : A título de restablecimiento del derecho, se pretende que el señor EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRIGUEZ devuelva todos los dineros recibidos.

2. Solicitud de la medida cautelar

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social solicitó que se decretara la suspensión provisional de la s Resoluciones 807 del 24 de noviembre de 1994, 230 del 19 de noviembre de 1998 y 986 del 9 de abril de 2012 , porque reconocieron una pensión de jubilación

decretara la suspensión provisional de la s Resoluciones 807 del 24 de noviembre de 1994, 230 del 19 de noviembre de 1998 y 986 del 9 de abril de 2012 , porque reconocieron una pensión de jubilación que es incompatible con la prestación que oto rgó la Universidad de Magdalena, a través de la Resolución 597 de l 26 de diciembre de 2003. Explicó que el demandado accedió a dos pensiones de jubilaciónRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

Número Interno: 44 69 -2021

Demandante: UGPP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 que cubren el mismo riesgo , lo cual es violatorio de la Constitución y la ley, «por cuanto está prohibido recibir dos asignaciones por parte del Estado» . Añadió que son incompatibles entre sí, cualquier tipo de pensiones y/o in demnizaciones sustitutivas reconocidas a partir del 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones […] ».

Que lo evidenciado en este caso vulnera el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política.

3. Pronunciamiento del demandado

El señor Eduardo Alberto Cataño Rodríguez se opuso a la solicitud de medida cautelar, por que devenga una sola pensión y no tres, como lo quiere hacer ver la UGPP .

3. Pronunciamiento del demandado

El señor Eduardo Alberto Cataño Rodríguez se opuso a la solicitud de medida cautelar, por que devenga una sola pensión y no tres, como lo quiere hacer ver la UGPP .

Aduce que su mesada pensional asciende a la suma de $5.000.179, de l a cual $3.955.537 está a cargo de COLPENSIONES y $1.044.623 del Consorcio FOPEP , «lo cual deja sin argumento el dicho del demandante en cuanto a su solicitud de medida cautelar ».

4. La providencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Magdalena, por providencia del 22 de ju nio de 2021 , negó la suspensión provisional de las Resoluci ones 807 del 24 de noviembre de 1994, 230 del 19 de noviembre de 1998 y 986 del 9 de abril de 2012 , porque la UGPP no «desarrolló concepto de violación alguno que permita ilustrar al Despacho en torno a la necesidad o urgencia impostergable del decreto de la medida cautelar» .

Insistió en que «la solicitud de medida cautelar elevada por la parte actora no cumple con el lleno de requisitos de que trata el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, t oda vez que no fue acreditada laRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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Demandante: UGPP

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 condición gravosa que podría generarse al interés público a partir de la no concesión de dicha medida, asimismo, no fue probada la afectación irremediable en contra de la parte actora, así como tampoco se argumentó la neces idad del decreto de la misma» .

5. Recurso

La UGPP interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior, por que argumentó y «está también demostrado que las resoluciones demandadas están generando un detrimento económico, como prueba de ello se aportó la liquidación de dineros pagados en exceso que demuestran el detrimento económico al Estado».

Añadió que « “el error no puede ser fuente de enriquecimiento” y no podemos permitir que se continúe con el [menoscabo] económico del Estado al no activar las acciones necesarias para suspender dicho detrimento.»

6. Trámite

El Tribunal Administrativo de l Magdalena , por medio de auto del 17 de agosto de 2021 , concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por la UGPP .

II. CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud antes expuesta, la Sala estima oportuno hacer las siguientes precisiones:

1. Competencia

Teniendo en cuenta que se trata de un recurso de apelación contra el auto al que se refiere el artículo 236 del CPACA (en concordancia

hacer las siguientes precisiones:

1. Competencia

Teniendo en cuenta que se trata de un recurso de apelación contra el auto al que se refiere el artículo 236 del CPACA (en concordancia con el numeral 5° del artículo 243 ibídem ) proferido por un tribunalRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 administrativo durante el trámite de la primera instancia, y aquel (refiriéndose al recurso) fue formulado dentro de la oportunidad prevista en el numeral 3º del artículo 244 ibídem , esta Corporación es competente para conocer d el mismo.

2. Problema jurídico

En el presente caso, el problema jurídico se contrae a establecer si era procedente o no decretar l a medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de la s Resoluci ones 807 del 24 de noviembre de 1994, 230 del 19 de noviembre de 1998 y 986 del 9 de abril de 2012 expedida s por la Caja de Crédito Agrario y Minero, el ISS y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales .

3. De las medidas cautelares.

De conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener

3. De las medidas cautelares.

De conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Esta misma norma establece que el juez o magistrado pon ente está facultado para decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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3. Suspender provisionalmente los efe ctos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o

Bogotá D.C. – Colombia 6

3. Suspender provisionalmente los efe ctos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

[…]

Ahora bien, según la norma en comento, en los eventos en que la medida cautelar implique el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el juez o magistrado ponente no podrá sustituir a la autoridad competente, razón por la cual deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atenció n a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

4. Requisitos para el decreto de medidas cautelares en el

CPACA

Con respecto a los requisitos legales para el decreto de las medidas cautelares, el artículo 231 del C PACA dispone:

ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegad as con la solicitud. Cuando adicionalmente se

solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegad as con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla u na de las siguientes

condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

De la norma en comento se extrae que los requisitos exigidos para

irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

De la norma en comento se extrae que los requisitos exigidos para que proceda el decreto de una medida cautelar varían según la naturaleza de esta. En ese sentido, la primera parte de la norma establece los requisitos de la suspensión provisional de actos administrativos; mientras que la segunda parte, condensa los requerimientos que deben concurrir en el evento en el que se pretenda una medida cautelar diferente (preventiva, conservativa o anticipativa, según sea el caso).

Según la norma trascrita, tratándose de la suspensión pro visional de los efectos de un acto administrativo, el solicitante tendrá la carga procesal de sustentar razonadamente en qué consiste la violación de las normas superiores que genera o generó el acto acusado, para que sea a partir de esa sustentación, en c onjunto con el análisis de las pruebas allegadas con la respectiva solicitud (si es del caso), que el operador judicial realice la valoración inicial (o primigenia) de legalidad del acto y determine si existe mérito o no para el decreto de dicha cautela 1.

1 Sobre el particular, véase: Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 17 de marzo de 2015. Rad. 11001 -03 -15 -000 -2014 -03799 -00 (IJ).Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 Aunado a ello, la norma igualmente señala que en los eventos en los que se pretenda el restablecimiento de derecho y la indemnización de perjuicios se deberá probar la existencia de los mismos siquiera de forma sumaria.

Ahora, si lo que se depreca es otra medida cautelar, se exigirá al solicitante demostrar la apariencia de buen derecho, la ponderación de intereses y el peligro en la mora.

5. Caso en concreto

En este punto se debe tener en cuenta que la Ley 1437 de 2011en lo concerniente a la medida cautelar de suspensión provisional - consagra un marco de acción más amplio que permite al juez de lo contencioso administrativo proceder a su decreto cuando advierta la vulneración de las normas superiores invocadas como violadas, mediante el análisis del acto administrativo demandado y su confrontación con aquellas.

Es entonces por lo ante rior que, en los asuntos que se rigen por las disposiciones contenidas en el CPACA, no se requiere para el decreto de dicha cautela que la violación de las normas invocadas sea flagrante, ostensible o manifiesta.

Así pues, en lo concerniente a este último aspecto, esta Corporación en providencia del 24 de enero de 2013, señaló:

De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación

sea flagrante, ostensible o manifiesta.

Así pues, en lo concerniente a este último aspecto, esta Corporación en providencia del 24 de enero de 2013, señaló:

De esta manera, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la regulación de esta figura jurídico -procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que antes era exigencia sine quanon (sic) que la oposición normativa apareciera manifiesta por confrontación directa con el acto o mediante los documentos públicos adicionales con la soli citud. Entonces ello excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio pues la trasgresión debía aparecer prima facie. Ahora, la norma da la apertura de autorizar al juez administrativo para que desde este momento procesal, obtenga la percepción de si hay laRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 violación normativa alegada, pudiendo al efecto: 1°) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2°) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Pero a la vez es necesario que el juez tenga en cuenta el perentorio señalamiento del 2º. inciso del artículo 229 del C.P.A.C.A., en

y 2°) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Pero a la vez es necesario que el juez tenga en cuenta el perentorio señalamiento del 2º. inciso del artículo 229 del C.P.A.C.A., en cuanto ordena que “la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”. 2

Por lo anterior, se reitera, teniendo en cuenta el marco de acción que la Ley 1437 de 2011 confiere al juez de lo contencioso administrativo en lo concerniente a la medida cautelar de suspensión provisional, aquel está facultado, en esta etapa procesal, pa ra analizar y determinar si las normas que se aducen como violadas efectivamente lo han sido o no, sin que dicho estudio implique un prejuzgamiento.

Ahora bien, la autoridad demandante afirma que al señor Eduardo Alberto Cataño Rodríguez accedió a dos pe nsiones de vejez , una reconocida a través de l as resoluciones enjuiciad as y, otra, por la Universidad del Magdalena, lo cual es violatorio de la Constitución y la ley y ocasiona un grave detrimento económico para la entidad.

5.1 Breve marco normativo. Prohibición del artículo 128 de la Constitución Política

El artículo 128 superior establece que nadie podrá «recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.»

Ahora, respecto a la validez superior de la norma en cita, la Corte Constitucional profirió la sentencia C -133 del 1° de abril de 1993,

los casos expresamente determinados por la ley.»

Ahora, respecto a la validez superior de la norma en cita, la Corte Constitucional profirió la sentencia C -133 del 1° de abril de 1993,

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Consejera ponente: Susana Buitrago Valencia. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013). Expediente N° 110010328000201200068 – 00, Radicado interno N° 2012 – 0068.Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 mediante la cual declaró la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 indic ó que tal precept o se ajusta al postulado supralegal de la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario bajo la siguiente intelección:

[…] Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es menos que ésta se encuentra en í ntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del erario público . El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del

o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del erario público . El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo.

De lo expuesto, es claro que la prohibición constitucional para recibir dos o más pagos con fuente de financiación de recursos públicos abarca también a las pensiones en términos generales desde el concepto amplio de asignación, ello siempre y cuando su ca usa u origen sea común mientras provengan de aportes derivados de sendas vinculaciones con el Estado.

En virtud de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en el entendido de que el artículo 128 superior contempla una prohibición de devengar una do ble erogación por parte del Estado, se torna incompatible obtener el pago de dos o más pensiones derivadas del Sistema Integral de Seguridad Social: i) cuando busquen contener el mismo riesgo, es decir, propendan por un objeto análogo, y ii) especialmente cuando la causa, base o fuente de financiación de ambas prestaciones sean las cotizaciones provenientes de servicios prestados ante entidades públicas o pagadas con recursos

el mismo riesgo, es decir, propendan por un objeto análogo, y ii) especialmente cuando la causa, base o fuente de financiación de ambas prestaciones sean las cotizaciones provenientes de servicios prestados ante entidades públicas o pagadas con recursos del erario, pues el origen de los aportes (aquí hay un complemento en la providencia fuente ) se configura en razón de la naturalezaRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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Bajo este contexto, la interpretación jurisprudencial del artículo 128 Constitucional habilita la compatibilidad entre dos p ensiones de vejez en favor de un mismo beneficiario, ello siempre y cuando sus fuentes de financiación sean diferentes en punto a la esencia de los vínculos laborales que sustentan ambas prestaciones, esto es, que se trate de cotizaciones derivadas en cada caso exclusivamente de tiempos de servicio a diferentes empleadores del sector público y privado respectivamente.

Mientras que cuando el fundamento de consolidación del derecho económico recaiga exclusivamente sobre tiempos de servicios prestados en virtud de vinculaciones la borales con entidades oficiales o cotizaciones efectuadas con dineros de naturaleza pública, se configura la inexorable incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario.

5. 2 Análisis del caso concreto

oficiales o cotizaciones efectuadas con dineros de naturaleza pública, se configura la inexorable incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario.

5. 2 Análisis del caso concreto

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones normativas y jurisprudenciales que anteceden, y de cara al sub lite, la Sala encuentra probado lo siguiente:

1. Por Resolución 807 del 24 de noviembre de 19 94 , la Caja Agraria le reconoció al demandando una pensión de jubilación mixta , conforme a las Leyes 71 de 1983 y 100 de 1993, en cuantía inicial de $377.328.75, efectiva a partir del 26 de octubre de 1993 .

2. Mediante sentencia del 16 de marzo de 1998 , el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta , condenó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a reliquidar la pensión de jubilación del señor Eduardo Alberto Cataño Rodríguez ,Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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Revisadas las constancias procesales se tiene que el señor EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRÍGUEZ prestó servicios

atendiendo los beneficios convencionales que percibió en el último año de servicio , en los siguientes términos:

Revisadas las constancias procesales se tiene que el señor EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRÍGUEZ prestó servicios personales a la CAJA DE CRÉDITO A GRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO desde el catorce (14) de julio de mil novecient os setenta y cinco (1975) hasta el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992), siendo su último cargo el de Subgerente. […]

La referida Convención Colectiva de Trabajo [suscrita entre la demandada y SINTRACREDITARIO] vigente para los años 1990 a 1992, depositada el 6 de octubre de 1992, cumple con las exigencias legales y ampara al demandante, pues esta convención rigió los contratos de trabajo entre el actor y la demandada, pues consagra los derechos sociales para sus trabajadores, de modo que el actor goza de las garantías convencionales por ser sindicalizado en calidad de trabajador oficial vinculado medi ante co ntrato de trabajo a la entidad demand ada. […]

Y es lógico, que si el actor cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicio bajo el amparo de la norma convencional, su pensión de jubilación deber ser liquidada bajo la norma más favorable y esta lo es la Convención Colectiva de Trabajo, dado el promedio obtenido en base a los ingresos también convencionales que el actor devengó en el último año de servicio, pues liquidarle su pensión en base a normas legales, equivaldría a desmejorarlo salarialmente , pues la convención tiene como fin

el promedio obtenido en base a los ingresos también convencionales que el actor devengó en el último año de servicio, pues liquidarle su pensión en base a normas legales, equivaldría a desmejorarlo salarialmente , pues la convención tiene como fin mej orar los ingresos del trabajador, creados como mínimos por las disposiciones legales. […]

La entidad demandada reconoció la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985 , en concordancia con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, tomando como sa lario lo recibido por el actor como salario y no se tuvo en cuenta ninguno de los gananciales convencionales recibidos por el actor en el último año de servicio; razón por la cual el Juzgado dando aplicación a la norma Convencional procede a reliquidar la pensión de jubilación, teniendo en cuenta los gananciales del último año de servicio y que en efecto recibió el accionante en ese lapso.

3. A través de la Res olución 230 del 19 de noviembre de 1998, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero ajustó la pensiónRadicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 de jubilación del demandado y distribuyó su monto entre las entidades concurrentes , así.

LIQUIDACIÓN PENSIÓN LEGAL

DISTRIBUCIÓN

Bogotá D.C. – Colombia 13 de jubilación del demandado y distribuyó su monto entre las entidades concurrentes , así.

LIQUIDACIÓN PENSIÓN LEGAL

DISTRIBUCIÓN

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN – Ministerio de obras Públicas y Trans […] Total tiempo servido 02 años, 01 mes y 12 días: 762 días

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA […] Total tiempo servido 01 año, 10 meses y 27 días: 687 días

CAJA D E CRÉDITO A GRA RIO […] Total tiempo servido 17 años, 02 meses y 16 días: 6 .286 días

TOTAL TIEMPO SERVIDO AL ESTADO 21 años, 05 meses y 16 días: 7.735 días […]

Que el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta […] en base a la anterior suma [$575 .952.87 ] estableció las reliquidaciones para las vigencias de 1.994 en $706.118.21, para 1.995 en $865.630 .31, para 1.996 en $1.043.084.50, para 1.997 en $1.268.703.60 y para 1.998 en la suma de $1.503.413.70 mensuales. […]

ARTÍCULO TERCERO. - Di stribuir el valor de esta pensión sustituida entre las entidades concurrentes, así:

CAJA AGRARIA $468.059.44

GOBERNACION D. M/LENA $51.154.44

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN $56.738.99

TOTAL $575.952.87

4. Por medio de la Resolución 42435 del 17 de noviembre de

GOBERNACION D. M/LENA $51.154.44

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN $56.738.99

TOTAL $575.952.87

4. Por medio de la Resolución 42435 del 17 de noviembre de 2011, el Seguro Social le reconoció al demandado una pensión de jubilación compartida con la que había otorgado la extinta

Caja Agraria , en los siguientes términos :

Que obra registro civil de nacimiento del señor EDUARDO ALBERTO CATAÑO RODRÍGUEZ, en el que evidencia que nació el día 26 de octubre de 1938.Radicado: 47001 -23 -33 -000 -2019 -00706 -01

Número Interno: 44 69 -2021

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