CE - 470012333000201900740011SENTENCIASENTENCIA20230925092255

Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

FALLO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

Demandada: U.A.E. DIAN

Temas: Procedimiento aduanero . Competencia administrativa por cuantía.

Clasificación arancelaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 de febrero de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo de l Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada denominadas cumplimiento del debido proceso en la actuación administrativa, correcta interpretación de las normas y debida competencia para surtir el recurso de reconsideración, de conformidad con lo consignado en las motivaciones de esta sentencia.

TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído”.

ANTECEDENTES

El 5 de diciembre de 2018, el representante legal de la sociedad Skbergé de Colombia S.A.S. solicitó ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta la expedición de u na liquidación oficial de corrección para efectos de devolución, en relación con 68 declaraciones de importación presentadas entre los meses de enero y noviembre de 2016, en las cuales se documentó la importación de automóviles tipo campero que habían sido clasificados en la subpart ida arancelaria número 8703.24.00.101.

En su solicitud, la demandante sostuvo que en las declaraciones presentadas se liquidó y pagó en exceso la suma de $912.337.425 por concepto de arancel, y $145.973.998 por IVA, en tanto aplicó por error la preferen cia arancelaria de la categoría de desgravación “C” según el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, correspondiente a la subpartida arancelaria declarada, cuando lo

$145.973.998 por IVA, en tanto aplicó por error la preferen cia arancelaria de la categoría de desgravación “C” según el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, correspondiente a la subpartida arancelaria declarada, cuando lo correcto era aplicar un arancel de 0%, aplicable a la ca tegoría de desgravación “A”, (subpartida 8703.24.00.90), debido al cambio en la descripción arancelaria de los bienes importados efectuado por la Decisión CAN 798 del 5 de noviembre de 2014.

El 1.º de marzo de 2019, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta expidió la Resolución 000001, en la cual negó la expedición de la liquidación oficial de correcc ión, por considerar que no había lugar a modificar la subpartida

1 Folios 4 y ss. del archivo nro. 12 del expediente electrónico en la plataforma Samai.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

FALLO

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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arancelaria de los bienes importados por la demandante 2.

La sociedad demandante presentó recurso de reconsideración contra la Resolución nro. 000001 del 1.º de marzo de 2019, insistiendo en la procedencia de la expedición

arancelaria de los bienes importados por la demandante 2.

La sociedad demandante presentó recurso de reconsideración contra la Resolución nro. 000001 del 1.º de marzo de 2019, insistiendo en la procedencia de la expedición de la liquidación oficial de corrección solicitada 3.

El 30 de julio de 2019, la demandada expidió la Resolución nro. 000474, por medio de la cual negó el recurso de reconsideración presentado, y confirmó en todas sus partes la Resolución 000001 del 1.º de marzo de 2019 4.

DEMANDA

Pretensiones

La sociedad SKBERGÉ DE COLOMBIA SAS, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formul ó mediante apoderado ante esta jurisdicción las siguientes pretensiones5:

“PRIMERA: Que conforme a los cargos expuestos en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, s e declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

3.1. La Resolución 000001 del 01 de marzo de 2019 por medio de la cual el jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta resolvió negar la solicitud de Liquidación oficial de corrección para efectos de devolución y mantener los pro ductos importados por SKBERGÉ en la lista de desgravación “C” del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos.

3.2. La Resolución 000474 del 30 de julio de 2019, por medio de la cual se decidió el

SKBERGÉ en la lista de desgravación “C” del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos.

3.2. La Resolución 000474 del 30 de julio de 2019, por medio de la cual se decidió el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución 000001 y en la cual el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta resolvió confirmando lo dispuesto en la misma, manteniendo su argumento en relación a la apli cación de la canasta [sic] de desgravación “C” a los productos importados por SKBERGÉ.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones 000001 y 000474, se ordene a la DIAN devolver los tributos aduaneros pagados en exceso por SKBERGÉ, archivar el citado expediente y la investigación administrativa.

TERCERA: Que, como parte del restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN, representada por la DIAN, a reconocer a SKBERGÉ las sumas en que hubiere incurrido por concepto de honorarios, gastos judiciales y todas las sumas necesarias para adelantar el presente proceso.

CUARTA: Que, como parte del restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN, representada por la DIAN, a reconocer a SKBERGÉ los intereses moratorios que se causen, en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011”.

Normas violadas

La demandante i ndicó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 30 del Código Civil; la Ley 1143 de 2007; la Decisión CAN 798 de 2014; el

Normas violadas

La demandante i ndicó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 30 del Código Civil; la Ley 1143 de 2007; la Decisión CAN 798 de 2014; el artículo 577 del Decreto 390 de 2016; el artículo 560 del Estatuto Tributario y el artículo 40 del Decreto 4048 de 2008.

2 Folios 37 a 62 del archivo nro. 1 del expediente electrónico en Samai. 3 Folios 64 a 79 del archivo nro. 12 en Samai. 4 Folios 63 a 82 del archivo nro. 1 en Samai. 5 Folio 113 del documento nro. 1 en Samai.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Concepto de violación

Los cargos se sintetizan así:

Nulidad por falta de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Santa Marta

Para la sociedad demandante, e l recurso de reconsideración presentado contra la Resolución 000001 de 2019 fue resuelto por la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta sin tener

Para la sociedad demandante, e l recurso de reconsideración presentado contra la Resolución 000001 de 2019 fue resuelto por la jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta sin tener competencia para ello, pues según el artículo 560 E.T., cuando el acto objeto de recurso tenga una cuantía superior a las 20.000 UVT, los competentes para resolver los recursos de reconsideración son los funcionarios del sector central de la DIAN. En tanto la suma solicitada en devolución supera las 20.000 UVT, la Resolución 000474 de 2019 fue expedida por un funcionario sin competencia funcional para ello .

Nulidad por indebida interpretación de la subpartida arancelaria aplicable

La DIAN no tuvo en cuenta que la expedición de la Decisión CAN 798 del 5 de noviembre de 2014 cambió la descripción aduanera de los vehículos de cuatro ruedas contenida en el Arancel de Aduanas, y como consecuencia, todos los vehículos 4x4 con c ilindraje mayor a 3000 cc (como los importados por la demandante) pueden acceder a la categoría de desgravación “A” del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y Estados Unidos de América.

Contrariamente a lo afirmado por la administración, n o se discute en este caso si la Decisión CAN 798 de 2014 modificó el Tratado de Libre Com ercio con EE.UU., pues tanto el TLC como el Acuerdo de Cartagena son tratados internacionales diferentes e independientes, y tienen la misma jerarquía normativa. N o ob stante, al negar la posibilidad de que los vehículos con tracción en las cuatro ruedas con cilindraje mayor

tanto el TLC como el Acuerdo de Cartagena son tratados internacionales diferentes e independientes, y tienen la misma jerarquía normativa. N o ob stante, al negar la posibilidad de que los vehículos con tracción en las cuatro ruedas con cilindraje mayor a 3000 cc puedan acogerse a la categoría de desgravación “A” contemplada en el TLC, la administración desconoc ió los términos de este, que es un acu erdo internacional vinculante para el Gobierno nacional.

La modificación de las subpartidas arancelarias por parte de la Decisión CAN 798 de 2014 obedeció a la necesidad de adaptar la descripción adua nera de los bienes a la realidad comercial y tecnológica del mercado, lo cual no puede ser ajeno a la aplicación de los demás tratados comerciales suscritos por Colombia. Por tanto, debe interpretarse el TLC teniendo en cuenta tales cambios, y concluir se que los automóviles tipo campero deben tener e l tratamiento arancelario propio de los vehículos de tracción 4x4 señalado en el TLC, sin que ello suponga afirmar que la decisión andina citada modifica el tratado de libre comercio.

Además, el propio tratado contempla los bienes no agrícolas que se cla sifican en la categoría de desgravación “A” (como los vehículos 4x4 con cilindraje mayor a 3000 cc), por lo que, dado el cambio en la descripción arancelaria, las importaciones realizadas por la demandante siempre deb ieron clasificarse en la categoría de desgravación “A” descrita en el TLC, y por tanto, no había lugar a pagar IVA ni arancel por la importación de tales bienes .

La administración no interpretó ni aplicó en este caso las leyes del arancel aduanero y

desgravación “A” descrita en el TLC, y por tanto, no había lugar a pagar IVA ni arancel por la importación de tales bienes .

La administración no interpretó ni aplicó en este caso las leyes del arancel aduanero y el tratado de libre comercio de manera armónica y sistemática, como lo demanda el artículo 30 del Código Civil. En su lugar, se limitó a afirmar que, con base en el principio de buena fe contemplado en el artículo 83 constitucional, no era posible expedir la liquidación oficial de corrección solicitada, porque la decisión de la Comunidad Andina modificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual no es cierto.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

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Esta decisión viola además el principio de correspondencia en las decisiones administrativas y el derecho de defensa de la demandante, porque el principio de buena fe no tiene relación alguna con la solicitud elevada ante la DIAN.

Indebida calificación de la petición elevada ante la administración t ributaria

La administración afirma en l os actos demandados que no procede la solicitud de liquidación de corrección presentada, por cuanto no se cumplieron los requisitos para la solicitud de trato aduanero preferencial según lo dispuesto en el artículo 75 del

La administración afirma en l os actos demandados que no procede la solicitud de liquidación de corrección presentada, por cuanto no se cumplieron los requisitos para la solicitud de trato aduanero preferencial según lo dispuesto en el artículo 75 del Decreto 730 de 2012, incluyendo la falta de los documentos soporte, y su presentación extemporánea. No obstante, la demandante no presentó una solicitud de trato preferencial, por lo que esta última norma no resulta aplicable: aclara que no se solicitó un trato preferencial, debido a que las mercancías importada s ya contaban con un tratamiento preferencial según el TLC, y no se discute que sean originarias de EE.UU. El objeto de la solicitud era la expedición de una liquidación de corrección, y no la de acceder a un trato aduanero preferencial, que no estaba en d iscusión.

Por tanto, la solicitud de la demandante debió evaluarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 577 del Decreto 390 de 2016 , conforme al cual la solicitud fue presentada en el término señalado y en debida forma. Y en todo caso, si se hubiese co ncluido que la demandante no había aportado con su solicitud los documentos soporte de la misma, la DIAN debía indicarlo así, y solicitarle a la demandante la remisión de los documentos necesarios mediante un requerimiento de información, en lugar de negarse a expedir la liquidación de corrección solicitada.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda6 en los siguientes términos:

Conforme a la descripción en las declaraciones de importación presentadas por la demandante, la posición arancelaria de los vehículos importados corresponde a la

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda6 en los siguientes términos:

Conforme a la descripción en las declaraciones de importación presentadas por la demandante, la posición arancelaria de los vehículos importados corresponde a la subpartida 8703.24.10.90, equivalente a la declarada, a la que , de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 730 de 2012, le corresp onde la categoría de desgravación “C” del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Los artículos 4 y 5 del decreto mencionado señalan expresamente las líneas arancelarias específicas que son objeto del beneficio en una u otra categoría, y a la subpartida declarada le corresponde la categoría de desgravación “C”, por lo que el arancel pagado por el demandante fue el correcto , y no hay lugar a devolución alguna.

La administración efectuó el análisis de la Decisión Andina 798 de 2014, del TLC con Estados Unidos y de los documentos que reposan en el expediente, y concluyó que la controversia se centró en la aplicación de las normas descritas, teniendo en cuenta que tanto el acuerdo comercial con Estados Unidos como el Acuerdo de Cartagena son normas supranacionales. Como la propia demandante se acogió al TLC suscrito con Estados Unidos, la tarifa arancelaria aplicable es la señalada por la DIAN en los actos demandados, y no hay razón para expedir la liquidación de corrección solicitada.

La DIAN planteó la excepción de mérito de inepta demanda, por estimar que la demandante no expuso de forma clara cuál era el vicio de los actos objeto de demanda. A su juicio , la demandante se limitó a exponer de manera genérica los

demandante no expuso de forma clara cuál era el vicio de los actos objeto de demanda. A su juicio , la demandante se limitó a exponer de manera genérica los conceptos de presunta violación al debido proceso, la indebida in terpretación de las normas, y de la violación del principio de congruencia, sin desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.

6 Documento nro 11 en Samai.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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No se violó el derecho al debido proceso de la demandante, pues las actuaciones administrativas se adelantaron con sujeción al procedimiento vigente establecido para este tipo de procesos aduaneros, con fundamento en las normas pertinentes para el caso, y se surtieron todas las etapas procesales correspondientes. Además se cumplió con el procedimiento establecido en la ley, dándole a la demandante la oportunidad de presentar y contradecir las pruebas presentadas.

Los actos también fueron debidamente motivados, en tanto mencionaron en cada uno de sus apartes el fundamento legal de lo actuado, y expusieron claramente que se negó la solicitud de la demandante para dar cumplimiento al acuerdo comercial TLC

Los actos también fueron debidamente motivados, en tanto mencionaron en cada uno de sus apartes el fundamento legal de lo actuado, y expusieron claramente que se negó la solicitud de la demandante para dar cumplimiento al acuerdo comercial TLC con Estados Unidos , ya que conforme al D ecreto 730 de 2012 y a la descripción de las mercancías importadas , la posición arancelaria correcta corresponde a la subpartida 8703.24.10.90, a la cual le corresponde la categoría de desgravación “C” y no la “A”, como lo pretende la demandante.

Anota que a la administración no le corresponde interpretar la ley aduanera sino aplicarla, en función de lo cual concluyó que la subpartida arancelaria con la que fueron declarados los bienes importados era la correcta. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no ha sido objeto de modificación ni derogación alguna, por lo que los bienes importados por la demandante fueron correctamente clasificados.

Por último, sostuvo que el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta sí era competente para resolver el recurso de reconsideración, ya que l os actos demandados son actos sin cuantía, en tanto al rechazarse la solicitud de liquidación de corrección no hay determinación de impuesto o sanción; y por ende no se les aplica la norma citada por el demandante en relación a la competencia en razón de la cuantía.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de l Magdalena negó las pretensiones de la demanda , y declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada 7.

Para el Tribunal, el funcionario que emitió el acto que resolvió el recurso de

El Tribunal Administrativo de l Magdalena negó las pretensiones de la demanda , y declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada 7.

Para el Tribunal, el funcionario que emitió el acto que resolvió el recurso de reconsideración tenía competencia para ello, en tanto los actos no contienen una definición de impuesto o sanción; bajo tal premisa, el su bdirector jurídico de la seccional donde se emite el acto recurrido es el competente, por ser un acto sin cuantía para efectos tributarios o aduaneros.

El artículo 560 E.T. toma como criterio para asignar la competencia por cuantía entre las diferentes dependencias de la administración tributaria únicamente el valor del impuesto o de las sanciones determinadas, y asigna la competencia para resolver recursos contra actos sin cuantía a las direcciones seccionales de la DIAN. Y si los actos no disponen una suma por concepto de impuesto o sanción determinada , debe entenderse que son actos sin cuantía, por lo que el recurso contra los mismos es de conocimiento de la dirección seccional correspondiente.

Sostiene el Tribunal que n o debe confundir se la determinación de la cuantía en materia judicial con su estimación en sede administrativa, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expuesto que la cuantía para efectos judiciales se determina no solo por el valor del impuesto o la sanción, sino en general por el monto discutido según el correspondiente acto; mientras que en sede administrativa la cuantía es tá limitada normativamente al valor del impuesto o la sanción, lo que supone que en los demás casos se entiende que el acto carece de cuantía.

según el correspondiente acto; mientras que en sede administrativa la cuantía es tá limitada normativamente al valor del impuesto o la sanción, lo que supone que en los demás casos se entiende que el acto carece de cuantía.

7 Documento nro. 32 en Samai.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Además, se aprecia en el expediente administrativo que el Nivel Central de la DIAN realizó previamente un estudio de competencia, y concluyó que lo procedente era adelantar el trámite en la ciudad de Santa Marta.

Por otra parte, afirma que las exoneraciones o exclusiones en materia tributaria son de interpretación restrictiva, lo que impide aplicar de manera análoga la nomenclatura arancelaria Nandina a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos . En tod o caso, según lo dispuesto en el artí culo 13 del Decreto 730 de 2012, y conforme a la descripción de los bienes importados en las declaraciones presentadas por la demandante, la posición arancelaria de los mismos corresponde a la subpartida 8703.24.10.90, a la que le corresponde la categoría de

declaraciones presentadas por la demandante, la posición arancelaria de los mismos corresponde a la subpartida 8703.24.10.90, a la que le corresponde la categoría de desgravación “C”, por lo que el beneficio arancelario utilizado fue el establecido taxativamente en la norma.

Por otra parte, obran en el expediente las resoluciones 007089, 007090 y 007091 del 19 de septiembre de 2017, por medio de las cuales la DIAN efectuó una clasificación arancelaria anticipada de los bienes importados, en la s que señaló como aplicable la subpartida arancelaria finalmente incluida en las declaraciones presentadas.

Estos actos administrativos muestran que antes de iniciar su importación, la demandante solicitó a la DIAN que clasificara los vehículos a importar. La autoridad demandada dio respuesta a estos requerimientos señalando que la subpartida aplicable era la 8703.24.10.90, a l a cual le corresponde la categoría de desgravación “C”, y aunque contra esta decisión procedía el recurso de apelación, la demandante no recurrió tales decisiones. Por tanto la DIAN obró en debida forma al negar la expedición de la liquidación oficial de corrección.

No se violó el principio de correspondencia, pues las liquidaciones oficiales de corrección solo son admisibles cuando la mercancía se averió, o si se considera que se pagó en exceso un tributo determinado. El caso bajo estudio no se ajusta a ninguno de los dos presupuestos fácticos posibles, pues ni el tributo ni la base gravable ni la norma aplicable se encontraban en discusión, sin dejar de lado el beneficio arancelario correspondiente.

La expedición de una liquidación de corrección solo procedería si se hubiese pagado

norma aplicable se encontraban en discusión, sin dejar de lado el beneficio arancelario correspondiente.

La expedición de una liquidación de corrección solo procedería si se hubiese pagado impuesto en exceso, aún aplicándose la misma categoría de desgravación, y no como lo pretende la demandante, cuando se busca apli car una categoría de desgravación diferente. La demandante debió seguir el procedimiento de devolución de derechos señalado en el artículo 75 del Decreto 730 de 2012, que incluye el supuesto jurí dico de solicitar un reembolso por derechos pagados en exceso como resultado de no haber solicitado el trato arancelario preferencial .

Además, a l negar lo pedido por extemporaneidad, l a DIAN n o violó e l principio de congruencia, sino que adecuó el trámite a lo solicitado, con el fin de evitar decisione s inhibitorias; y al analizar la presentación de la solicitud, encontró que había sido presentada de forma extemporánea.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló la decisión del Tribunal8, por estimar que la misma no se ajustó a derecho.

En primer lugar, se opone a la conclusión del Tribunal en relación con la competencia funcional por la cuantía, pues el artículo 560 del Estatuto Tributario señala que cuando la cuantía del acto objeto del recurso sea igual o superior a 20.000 UVT, los

8 Documento nro. 34 del expediente electrónico en Samai.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

FALLO

7

8 Documento nro. 34 del expediente electrónico en Samai.Radicado: 47001-23-33-000-2019-00740-01 (26727)

Demandante: SKBERGÉ COLOMBIA SAS

FALLO

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo pu ede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

funcionarios y depen dencias del Nivel Central de la D IAN son los competentes para fallar los recursos de reconsideración. L a cuantía de este proceso asciende a $3.112.011.000, suma que corresponde al monto del pago en exceso efectuado por el demandante y que se solicita sea reconocido en la liquidación oficial de corrección, y que resulta superior a 20.000 UVT, de donde se deduce falta de competencia.

Por otra parte, estima que el Tribunal incurre en contradicción, pues si el acto carece de cuantía como lo sostiene en el fal lo, la competencia para adelantar el proceso contencioso es del Consejo de Estado en única instancia, mientras que si el Tribunal Administrativo del Magdalena era el competente, debió aceptar que el proceso sí tiene cuantía, en cuyo caso debe prosperar el cargo de falta de competencia en la decisión del recurso de reconsideración.

La cuantía fijada en sede administrativa no puede ser considerada de forma independiente a la cuantía en sede judicial. Si el proceso tiene cuantía en la discusión judicial, también la tiene para el proceso administrativo adelantado ante la DIAN.

La cuantía fijada en sede administrativa no puede ser considerada de forma independiente a la cuantía en sede judicial. Si el proceso tiene cuantía en la discusión judicial, también la tiene para el proceso administrativo adelantado ante la DIAN.

En cuanto a la aplicación del beneficio arancelario, afirma que el Tribunal desconoció la intención de las Altas Partes Contratantes al momento de la firma del TLC, la cua l era que los vehículos 4x4 con cilindrada su perior a 3000 cc fueran incluido s en la categoría de desgravación “A”, según lo dispuesto en la lista arancelaria del Anexo 2.3. del TLC. No puede aceptarse que la subpartida arancelaria que se haya indicado en las declaraciones esté por encima de la descripción de los bienes sobre los cuales el TLC pretendía otorgar el beneficio arancelario.

Reitera que con la expedición de la Decisión 798 de 2014 y el Decreto 730 de 2012, todos los vehículos 4x4 y con cilindraje mayor a 3.000 cc pertenecen a la categoría “A”, toda vez que lo que se negoció con Estados Unidos fue la desgravación automática de los vehículos 4x4 y la desgravación gradual de los camperos; y como la categoría de “camp eros” ya no existía para efectos aduaneros, por lo dispuesto en la Decisión 798 de 2014, debía concluirse que todos los vehículos de este tipo quedaron desgravados de manera inmediata por encontrarse en la categoría “A”.

Si el bien importado cumple con las características mencionadas en el tratado para hacerse beneficiario de la tarifa de l 0%, nada obsta para que la clasificación arancelaria sea la que se aplique, aun cuando se haya clasificado bajo una subpartida

Si el bien importado cumple con las características mencionadas en el tratado para hacerse beneficiario de la tarifa de l 0%, nada obsta para que la clasificación arancelaria sea la que se aplique, aun cuando se haya clasificado bajo una subpartida que establecía una tarifa diferente a 0%.

En este caso, los bienes importados cumplen con la condición que fue negociada en el tratado de libre comercio para aplicar el beneficio de desgravación “A”, por lo que le correspondía al Tri