CE - 47582 0 20240809165122782

Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro [24] de julio de dos mil veinticuatro [2024].

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho [Ley 388 de 1997] Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

Demandada: Departamento de Santander

TEMAS: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EXIGIBLE EN EL MARCO DE UNA EXPROPIACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA - La facultad expropiatoria de la entidad administrativa debe estar prevista expresamente en la ley / LA COMPETENCIA EXPROPIATORIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - Si bien el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, al referirse a la competencia expropiatoria de las “entidades territoriales”, se apoya en una redacción de corte genérica, lo cierto es que una lectura coherente y sistemática de dicha disposición con la Constitución Política de 1991 debe conducir a la indefectible conclusión de que el “género” de entidades públicas mencionado, en efecto, incluye a todas sus “ especies”, entre las cuales se encuent ran los departamentos / LA INCOMPETENCIA MATERIAL ALEGADA - En la medida en que los proyectos constructivos que requerían de los predios que se declararon de utilidad pública serían adelantados por el

efecto, incluye a todas sus “ especies”, entre las cuales se encuent ran los departamentos / LA INCOMPETENCIA MATERIAL ALEGADA - En la medida en que los proyectos constructivos que requerían de los predios que se declararon de utilidad pública serían adelantados por el departamento de Santander y no por el municipio de Arat oca, evidente era que la facultad expropiatoria podía y debía ser ejercida por el gobernador del departamento de Santander y no por el alcalde del municipio Aratoca, con independencia de que a este último se le hubiese autorizado para ese propósito / LA DESVIACIÓN DE PODER INVOCADA - En tanto que el núcleo central de la desviación de poder alegada es la vulneración del reparto competencial -en clave de expropiaciónque se le imputa a la entidad territorial demandada, es apenas lógico que, descartada esa infracción, la misma suerte debe correr este vicio de anulación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Elías Porras Buenahora en contra de la sentencia del 18 de mayo de 2012, a través de la cual la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de julio 2004, el Concejo Municipal de Aratoca expidió el Acuerdo No. 005, determinación a través de la cual: [i] se declaró la utilidad pública del bien inmueble rural denominado “Villa Johana”, predio cuyo derecho de dominio estaba radicado en cabeza del señor Elías Porras Buenahora; [ii] se declaró la urgencia requerida

rural denominado “Villa Johana”, predio cuyo derecho de dominio estaba radicado en cabeza del señor Elías Porras Buenahora; [ii] se declaró la urgencia requerida para poder expropia rlo en sede administrativa y [iii] se autorizó al representante legal del municipio de Aratoca para que, en caso de ser necesario, adelantara el procedimiento expropiatorio correspondiente.

Posteriormente, por cuenta de una inconsistencia detectada en el artículo primero del Acuerdo No. 005 del 18 de julio de 2004 -frente al área a declarar de utilidadRadicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

2

pública-, el Concejo Municipal de Aratoca, mediante el Acuerdo No. 011 del 31 de agosto de 2004, lo modificó.

Con fundamento en lo anterior, el departamento de Santander, a través de la Resolución No. 0009337 del 1° de agosto de 2005 -acto administrativo objeto de control judicial -, decretó la expropiación administrativa del bien inmueble rural denominado “Villa Johana”, el cual le pertenecía al actor.

En desacuerdo con la aludida decisión, el señor Elías Porras Buenahora interpuso recurso de reposición en su contra; no obstante, por medio de la Resolución No. 10804 del 2 de septiembre de 2005 -acto administrativo objeto de control judicial -, la entidad territorial departamental desestimó la impugnación planteada por el extremo activo y, como consecuencia de ello , confirmó en su totalidad el acto administrativo primigenio.

En tal virtud, el demandante pretende que se declare la nulidad de los actos

extremo activo y, como consecuencia de ello , confirmó en su totalidad el acto administrativo primigenio.

En tal virtud, el demandante pretende que se declare la nulidad de los actos expropiatorios en cuestión, petición que construye sobre la base de los siguientes vicios de ilegalidad: [i] incompetencia material y [ii] desviación de poder.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda -junto con las pretensiones desistidasy las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta

1.1. El 19 de diciembre de 20051, el señor Elías Porras Buenahora , a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, presentó demanda en contra d el departamento de Santander -en adelante el Departamento -, con la finalidad de que se accediera -inicialmentea la siguientes pretensiones2 [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[…] DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: A. Declarar la NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 0009337 de AGOSTO 1 de 2005, emitida por el señor Gobernador de Santander [...], en su condición de representante legal del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, con sede en el Municipio de Bucaramanga, mediante la cual se decretó por motivos de utilidad pública la expropiación del inmueble rural denominado Villa Johana, con matrícula inmobiliaria 319-24031 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Gil, ubicado en la vereda San Pedro, Zona Caucaya, Municipio de Aratoca, adquirido por escritura

inmobiliaria 319-24031 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Gil, ubicado en la vereda San Pedro, Zona Caucaya, Municipio de Aratoca, adquirido por escritura pública 887 de julio 3 de 1991, de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de San Gil.

1 Folios 44 a 58 No. 3 del cuaderno No. 1 del Tribunal. 2 A través del auto del 12 de mayo de 2006, el juzgador de primer grado le ordenó a la parte activa que corrigiera las pretensiones de la demanda “ [...] en el sentido de señalar clara y separadamente cada uno de los actos administrativos que dieron origen al acto definitivo que fue objeto de recursos en la vía gubernativa [...]” [folio 61 del cuaderno No. 1 del Tribunal].Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

3

y B. Declarar la NULIDAD de la Resolución 10804 del 2 de septiembre de 2005 emitida por el señor Gobernador del Departamento [...] en la que confirma íntegramente lo resuelto en la Resolución 0009337 agotando la vía gubernativa.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar las medidas juríd icas necesarias para volver

las cosas a su estado anterior y en especial:

a. Se ordena la devolución del bien inmueble expropiado, jurídica y materialmente, para tal fin ofíciese a la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente y ordénese al demandad o la devolución del terreno en el estado en el que se encontraba: removiendo, demoliendo o retirando toda mejorar que en el mismo haya hecho.

para tal fin ofíciese a la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente y ordénese al demandad o la devolución del terreno en el estado en el que se encontraba: removiendo, demoliendo o retirando toda mejorar que en el mismo haya hecho.

TERCERA: Ordenar al DEPARTAMENTO DE SANTANDER a pagar, a título de restablecimiento del derecho, a favor del señ or ELÍAS PORRAS BUENAHORA el valor de CUATROSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. Así como de todo aquel monto superior al citado que se pruebe a lo largo de este proceso producto del concepto emitido por peritos expertos o de las pruebas aportadas a la litis y que constituyan perjuicio para mi cliente [pretensión desistida].

CUARTA: Como consecuencia de la declaración de nulidad deprecada y a título de reparación del daño que prevé el artículo 85 del CCA, solicito se declare administrativamente responsable al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por los daños y perjuicios a la ejecutori a del fallo o, subsidiariamente, el monto que los señores Magistrados consideren pertinente [pretensión desistida].

QUINTA: Ordenar que la liquidación de las anteriores condena s deberán ser objeto de actualización, ajustes que se harán tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme con lo dispuesto en el artículo 179 del Código Contencioso Administrativo [pretensión desistida].

SEXTA: Se ordene al demandado a pagar por las sumas de dinero que resulten bien del restabl ecimiento del derecho, ora de la reparación del daño, los intereses correspondientes conforme al inciso final del Art. 177 ibidem y serán ajustadas de

SEXTA: Se ordene al demandado a pagar por las sumas de dinero que resulten bien del restabl ecimiento del derecho, ora de la reparación del daño, los intereses correspondientes conforme al inciso final del Art. 177 ibidem y serán ajustadas de conformidad al Art. 178 de la misma obra y canceladas dentro de los precisos términos de los Arts. 176 y 177 del Código citado [pretensión desistida].

SÉPTIMA: Que se condene a pagar las costas, gastos judiciales y agencias en derecho a la parte demandada [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito] [precisiones procesales añadidas].

1.2. El 19 de noviembre de 20103, el actor desistió de las pretensiones: [i] tercera; [ii] cuarta; [iii] quinta y [iv] sexta.

1.3. Mediante el auto del 29 de agosto de 2011 4, el Tribunal a quo aceptó5 el desistimiento de las súplicas antes referidas.

1.4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, el extremo demandante mencionó los siguientes:

3 Folio 228 del cuaderno No. 3 del Tribunal. 4 Folio 229 del cuaderno No. 3 del Tribunal. 5 No sobra señalar que en esta providencia judicial no realizará ningún tipo de análisis respecto de las pretensiones a las que desistió el actor, dado que dichas súplicas, en estricto rigor, fueron excluidas del debate jurídico que aquí se suscita.Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

4

excluidas del debate jurídico que aquí se suscita.Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

4

1.4.1. Indicó que, el 18 de julio 2004, el Concejo Municipal de Aratoca 6 expidió el Acuerdo No. 005, “ POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN DE UTILIDAD

PÚBLICA LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL

MONUMENTO A LA SANTANDEREANIDAD Y EL PROYECTO TURÍSTICO DEL

CAÑÓN DE CHICAMOCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ”

[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito]

1.4.2. Mencionó que, en virtud de lo consignado en el aludido Acuerdo Municipal No. 005 del 18 de julio de 2004, la Corporación en comento adoptó las siguientes determinaciones [se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] 1. [D]eclarar la utilidad pública de una serie de inmuebles, entre ellos aquel cuya matrícula es 319-24031 de propiedad de mi poderdante, cuya área se establece en una hectárea y media, pese a que su área real es de dos hectáreas y media. 2. Se declaró la urgencia para efectos de la expropiació n por vía administrativa de los predios declarados de utilidad pública entre ellos el referenciado que como afirmé es de mi poderdante y 3. Se otorgó competencia general al representante legal del Municipio de Aratoca para que de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997, adquiera directamente los predios declarados de utilidad

de mi poderdante y 3. Se otorgó competencia general al representante legal del Municipio de Aratoca para que de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 388 de 1997, adquiera directamente los predios declarados de utilidad pública, los permutara o los expropiara en el caso de ser necesario [...]” [énfasis propio del texto transcrito].

1.4.3. Sostuvo que, entre los predios declarados de utilidad pública, se encontraba el bien inmueble rural denominado “ Villa Johana ”, el cual se identificaba con la matrícula No. 319 -24031 y cuya propiedad pertenecía al señor Elías Porras Buenahora.

1.4.4. Advirtió que el Ac uerdo Municipal No. 005 del 18 de julio de 2004 fue modificado por el Acuerdo Municipal No. 011 del 31 de agosto de la misma anualidad, ambos expedidos por el Concejo Municipal de Aratoca.

Precisó que el Acuerdo Municipal No. 011 del 31 de agosto de 2004 modificó el artículo primero del Acuerdo Municipal No. 005 del 18 de julio de 2004, en el sentido de corregir las “[...] áreas declaradas de utilidad pública, pero dejó tal cual el resto del texto en lo que atañe a la declaratoria de urgencia y competencia para adelantar los negocios jurídicos pertinentes o de ser necesaria la expropiación [...]”.

1.4.5. Afirmó que , el 1° de agosto de 2005, el gobernador del departamento de Santander expidió la Resolución No. 0009337, determinación a través de la cual se decretó, por motivos de utilidad pública, la expropiación administrativa del bien inmueble rural conocido como “Villa Johana”.

Santander expidió la Resolución No. 0009337, determinación a través de la cual se decretó, por motivos de utilidad pública, la expropiación administrativa del bien inmueble rural conocido como “Villa Johana”.

6 Municipio perteneciente al departamento de Santander.Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

5

1.4.6. Aseguró que la aludida resolución se fund amentó en el Acuerdo Municipal No. 011 del 31 de agosto de 2004; sin embargo, en su criterio, desconoció “ [...] totalmente el Acuerdo No. 005 de 2004 de la Corporación [se refiere al Concejo Municipal de Aratoca] a sabiendas que el 011 es tan solo una modificación parc ial del Acuerdo 005 [...]” [aclaración añadida].

1.4.7. Sostuvo que la Resolución No. 0009337 del 1° de agosto de 2005 incumpl ió y desconoc ió las normas jurídicas en las cuales debía fundarse -Constitución Política de 1991, la Ley 388 de 1997 y la Ley 136 de 1994-.

También indicó que el Departamento carecía de competencia para decretar la expropiación cuestionada, puesto que dicha atribución recaía en el alcalde del municipio de Aratoca -representante legal de dicha entidad territorial-.

1.4.8. Mencionó que, una vez cuestionada en sede administrativa la resolución en comento -por la vía del recurso de reposición -, el Departamento profirió la Resolución No. 10804 del 2 de septiembre de 2005 , decisión por medio de la cual

comento -por la vía del recurso de reposición -, el Departamento profirió la Resolución No. 10804 del 2 de septiembre de 2005 , decisión por medio de la cual despachó de forma desfavor able la impugnación presentada por el actor y, como consecuencia de ello, confirmó íntegramente la decisión primigenia.

1.4.9. Adujo que “ [...] no se respetaron las reglas que el Concejo Municipal [de Aratoca] estableció usurpándose [se refiere al Departamento] funciones que constitucional y legalmente corresponden a los cabildos, y que en virtud de tales potestades decidió delegar en el señ or alcalde municipal [...]” [aclaraciones añadidas].

1.4.10. Refirió que, a raíz de la pérdida de la “ posesión” del bien inmueble de su propiedad, padeció “serios” y “graves” perjuicios materiales y morales.

Asimismo, señaló que “[...] DE UNA MANERA ILÓGICA EN PROCESO JUDICIAL [se refiere al de expropiación adelantado ante la jurisdicción ordinaria] EL APODERADO DEL DEPARTAMENTO SOLICITÓ LA ENTREGA DEL LOTE DE TERRENO CUANDO LO HABÍA INVADIDO DESDE TIEMPO ATRÁS EL DEPARTAMENTO [...]” [aclaración añadida y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.5. El análisis relativo a las normas supuestamente infringidas y el concepto de su infracción, en síntesis, se concentró en lo siguiente:Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

6

su infracción, en síntesis, se concentró en lo siguiente:Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

6

1.5.1. La parte demandante señaló que los actos administrativos impugnados violaron el Preámbulo de la Constitución Política de 1991 y sus artículos 2, 4, 6, 13 58, 90, 287, 298, 311, 312 y 313.

1.5.2. También afirmó que las resoluciones enjuiciadas vulneraron las siguientes disposiciones normativas: [i] el artículo 36 del CCA; [ii] el artículo 33 de la Ley 136 de 1994; [iii] los artículos 8, 63 y “ subsiguientes” de la Ley 388 de 1997 y [iv] el artículo 39 de la Ley 489 de 1998.

1.5.3. Asimismo, sostuvo que los actos administrativos en cuestión desconocieron el contenido del Acuerdo No. 005 del 18 de julio de 2004, determinación adoptada por el Concejo Municipal de Aratoca.

1.5.4. Para sustentar las imputaciones antes referidas, el extremo actor advirtió que las resoluciones demandadas incurrieron en los siguientes vicios de nulidad: [i] “ilegalidad del acto ” - violación de normas jurídicas superiores y [ii] desviación de poder.

1.5.4.1. En lo que respecta a la infracción de las normas jurídicas en las que debían fundarse los actos administrativos materia de examen -cargo de ilegalidad que, con independencia de la denominación empleada por el actor, sustancialmente

1.5.4.1. En lo que respecta a la infracción de las normas jurídicas en las que debían fundarse los actos administrativos materia de examen -cargo de ilegalidad que, con independencia de la denominación empleada por el actor, sustancialmente apunta a una falta de competencia material-, la parte activa indicó que la actuación del Departamento atentaba contra las “ mínimas” garantías que se le deben conceder a la propiedad privada -artículo 58 de la Constitución Política de 1991-.

De igual modo, expuso que las funciones de los departamentos en materia administrativa eran de coordinación y complementariedad con la acción municipal , a propósito de lo cual señaló que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] [N]o puede el Gobernador del Departamento asumir funciones que corresponden al Municipio, pasando de alto que su actuación se cumple complementariamente, es decir acompañando al ente local. En el presente evento su acción no fue complemen taria a la municipal sino usurpadora de la misma, pues es claro como se observa de las pruebas que soportan los hechos en que se funda este libelo que se definió claramente la competencia para adelantar de ser necesaria la expropiación en cabeza del Alcalde del Municipio de Aratoca, pero que no se respetó la misma [...]” [énfasis añadido].

En línea con dicha argumentación, el actor insistió en que el Concejo Municipal de Aratoca “[...] otorgó de manera clara y sin duda alguna las facultades para adelantar el proceso de expropiación al señor Alcalde Municipal, no puede como lo hizo elRadicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

7

el proceso de expropiación al señor Alcalde Municipal, no puede como lo hizo elRadicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

7

señor Gobernador apropiarse de una competencia que le era ajena totalmente [...]” [énfasis añadido].

Así pues, adujo que los actos administrativos expropiatorios “[...] tuvieron en cuenta como parte motiva el Acuerdo 011 de 2004, pero desconoci eron el 005 de 2004 flagrantemente, toda vez que solo se autorizó en dicho acto para adelantar negociación u expropiación al señor Alcalde Municipal [de Aratoca] [...]” [aclaración añadida].

En concreto, el extremo activo puntualizó sus consideraciones en los siguientes términos [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] Es claro entonces que la potestad para adelantar la expropiación recae en las autoridades Municipales, por expresa disposición de la ley [se refiere al artículo 8 .9 de la Ley 388 de 1997] en los casos de utilidad pública como el que se presenta en esta ac ción [...]. El Gobernador de Santander desconoció abiertamente la competencia que la ley asigna, y expidió un acto administrativo sin poseer la competencia material para hacerlo, configurándose así la ilegalidad por incompetencia [...]” [énfasis añadido].

1.5.4.2. Frente a la alegada desviación de poder, el demandante consideró que el gobernador del Departamento “ [...] al expedir el acto demandado, tuvo un fin diferente, ajeno al interés general y al buen servicio que debió orientarlo. El vicio

gobernador del Departamento “ [...] al expedir el acto demandado, tuvo un fin diferente, ajeno al interés general y al buen servicio que debió orientarlo. El vicio que le endilgamos tiene su origen en el fuero interno de él, como encargado de la función administrativa, esto es, un fin personal, egoísta, político y para favorecer a terceros [...]”.

A su vez, para concluir que el cargo de ilegalidad en comento se había configurado, advirtió que “ [...] irrespetar los principios del ordenamiento territorial no puede ser más que achacado a una clara desviación de poder , sobre todo porque la usurpación de funciones [se refiere a la supuesta falta de competencia material del Departamento para expropiar] no constituye un principio, sino un mero ejercicio arbitrario del poder [...]” [aclaración añadida].

2. La admisión de la demanda y su contestación

2.1. Mediante el auto del 27 de septiembre de 20067, el Tribunal de primer grado admitió la demanda, decisión que se notificó en debida forma al Departamento y al Ministerio Público.

7 Folios 68 y 69 del cuaderno No. 1 del Tribunal.Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

8

2.2. El 29 de agosto de 20078, el Departamento contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones formuladas por el señor Elías Porras Buenahora. Para tal efecto, sostuvo que la Resolución No. 009337 del 1° de agosto de 2004 se expidió “[...] sin violación alguna ni de la Constitución Política ni

Porras Buenahora. Para tal efecto, sostuvo que la Resolución No. 009337 del 1° de agosto de 2004 se expidió “[...] sin violación alguna ni de la Constitución Política ni de las Leyes 388 de 1997, ni de la Ley 136 de 1994 [...]”.

En línea con dicha aseveración, adujo que “[...] la expropiación por vía administrativa no solo se implementa o desarrolla aplicando el régimen municipal, sino también a través de los procedimientos jurídicos establecidos para que las entidades territoriales, entiéndase para el caso [...] el Departamento puedan surtirla [...] ”, de conformidad con los presupuestos fijados en los artículos 58 y 59 de la Ley 388 de 1997.

El Departamento planteó las siguientes excepciones: [i] “inexistencia de la causal denominada ilegalidad del acto ”; [ii] “el principio del non bis in idem y de cosa juzgada” e [iii] “inexistencia de la causal denominada desviación de poder”.

En lo que se refiere a la “ inexistencia de la causal denominada ilegalidad del acto”, el extremo pasivo sostuvo que no era cierto que la facultad expropiatoria solo recayera en las autoridades administrativas del orden municipal, dado que el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 contemplaba la posibilidad de que las entidades territoriales -entre ellas los departamentos - también pudieran valerse de dicha atribución competencial.

De acuerdo con la prescripción normativa en cuestión, el Departamento afirmó lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] De la transcripción textual de la norma [se refiere al artículo 59 de la Ley 388 de

De acuerdo con la prescripción normativa en cuestión, el Departamento afirmó lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] De la transcripción textual de la norma [se refiere al artículo 59 de la Ley 388 de 1997], se colige que cualquier entidad territorial puede decretar la expropiación por vía administrativa, siempre y cuando tenga como finalidad la de desarrollar o ejecutar proyectos de construcción de infraestructura social de los sectores de salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana. En este orden de ideas, y habi da cuenta que fue el Departamento de Santander quien se interesó directamente como ejecutor del proyecto que motivó la declaratoria de utilidad pública del predio, es decir, el directamente interesado en la adquisición del inmueble y quien dispuso de los r ecursos requeridos para tal ejecución; como ente territorial le correspondió decretar la expropiación por vía administrativa, pese a que inicialmente la declaratoria de utilidad pública del inmueble fue decretada por el Concejo Municipal de Aratoca, lo cua l en ningún momento le restó competencia al Departamento para adquirir y decretar la expropiación del predio Villa Johana, toda vez que allí debía ejecutarse, como en efecto se hizo, el megaproyecto de PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PANACHI [...] ” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

8 Folios 79 a 93 del cuaderno No. 1 del Tribunal.Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

9

También resaltó que el Departamento, en realidad, no acudió al procedimiento de

Demandante: Elías Porras Buenahora

9

También resaltó que el Departamento, en realidad, no acudió al procedimiento de la expropiación administrativa propiamente dicho, puesto que se acudió al proceso expropiatorio en sede jurisdiccional.

En este sentido, puntualizó que e l Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de San Gil [departamento de Santander], a través de la sentencia del 25 de noviembre de 20059, decretó, por motivos de utilidad pública, la expropiación del bien inmueble rural denominado “Villa Johana”, predio cuyo derecho de dominio estaba radicado en cabeza del actor.

Respecto del medio exceptivo denominado “el principio del non bis in idem y de cosa juzgada ”, la entidad territorial demandada esgrimió que las pretensiones formuladas en el juicio contencioso administrativo atentaban contra dichos preceptos.

En ese orden de ideas, consideró que, de cara al caso concreto, estaban reunidos todos los presupuestos necesarios -identidad de objeto, causa y partes - para declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la sentencia adoptada en el proceso adelantado ante la jurisdicción ordinaria -especialidad civil-.

Frente a la “inexistencia de la causal denominada desviación de poder”, señaló que ese vicio de ilegalidad no se configuró, dado que la expedición de los actos administrativos cuestionados guardaba absoluta coherencia con la finalidad perseguida con dichas determinaciones.

Asimismo, la parte pasiva en este juicio propuso la siguiente reflexión frente al cargo de nulidad antes señalado [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

perseguida con dichas determinaciones.

Asimismo, la parte pasiva en este juicio propuso la siguiente reflexión frente al cargo de nulidad antes señalado [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] Así las cosas, el libelista al carecer de fundamento jurídico sólido para configurar la causal invocada de desviación de poder, la confunde con la primera causal alegada denominada ilegalidad del acto, toda vez que no hace nada diferente a repetir lo afirmado en esa causal, aduciendo infundadamente la incompetencia del Gobernador para adelantar la expropiación e igualmente un supuesto [...] desconocimiento e irrespeto a la descentralización territorial [...]”.

Por cuenta de todo lo anterior, el Departame nto solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y, además, se condenara en costas al actor.

9 Folios 104 a 108 del cuaderno No. 1 del Tribunal.Radicación: 68001-23-31-000-2006-00512-02 [47.582]

Demandante: Elías Porras Buenahora

10

3. Los alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. A través del auto del 19 de noviembre de 201010, el Tribunal de origen corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

3.2. El Departamento alegó de conclusión 11 y reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.

Adicionalmente, f rente a la pretensión encaminada a l a devolución del predio al señor Elías Porras Buenahora en el estado en el que se encontraba antes de que

contestación de la demanda.

Adicionalmente, f rente a la pretensión encaminada a l a devolución del predio al señor Elías Porras Buenahora en el estado en el que se encontraba antes de que se decretara la expropiación -súplica “segunda [a]” del escrito inicial, la cual no fue objeto de desistimiento -, el extremo pasivo planteó el siguiente reproche [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] Parece que el señor PORRAS BUENAHORA no le fue suficiente la no despreciable cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($489’249.129), que fue la suma ordena da como indemnización dentro del proceso de expropiación que se surtió en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil y pretende que después que el Departamento de Santander le canceló la suma mencionada se devuelva el terreno al estado en el que se encontraba.

La pregunta es: ¿El Señor ELÍAS PORRAS BUENAHORA estaría dispuesto a devolver la suma cancelada, indexada y además pagar los costos de la demolición y el movimiento de escombros ? [...] [mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

3.3. El extremo activo y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

4. La sentencia de primera instancia

La Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo de Santander , me