CE-50001-23-31-000-2004-10899-01(2103-10)-2011

RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - Regulación legal / CAUSALES DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - Disminución sicofísica / RETIRO DEL SERVICIO - No procede cuando hay un concepto que sugiere reubicación o traslado por disminución de la capacidad sicofísica / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD SICOFISICASentencia de inexequibilidad. Efectos El Decreto 1791 de 2000, por el cual se modifican las normas de carrera del personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional que fundamentó el acto demandado, en sus artículos 55 numeral 3°, y 56, dispone: “ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las siguientes causales: 1. (…) Por disminución de la capacidad sicofísica.

ARTÍCULO 58. RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD SICOFÍSICA.

El artículo anterior fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-381 de 12 de abril de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. Resalta la Sala que a juicio de la Corte Constitucional la citada norma tenía un carácter imperativo de tal modo que le permitía retirar de manera inmediata al personal militar que hubiera sufrido alguna disminución de su capacidad sicofísica, sin tener en cuenta sus condiciones propias y particulares.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1791 DE 2000 - ARTICULO 55 NUMERAL 3 / DECRETO 1791 DE 2000 - ARTICULO 58

NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia de la Corte Constitucional. C-381-05 de 12 de abril de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.

POBLACION DISCAPACITADA - Protección constitucional y legal / DISCAPACITADOS - Reintegración laboral acorde a sus capacidades Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, se viene consolidado un marco jurídico que determina los derechos de la población con discapacidad y al mismo tiempo las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos. En este sentido, el artículo 13 Constitucional establece una cláusula de protección especial para las personas que dada su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo - OIT ha expedido entre otros instrumentos el Convenio No. 159 de 1983 sobre adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, el cual fue ratificado por Colombia el 7 de diciembre de 1989, igualmente en las Recomendaciones Nos. 99 de 1955 y 168 de 1983, se consideró que la adaptación y la readaptación de estas personas son imprescindibles para que puedan recuperar al máximo posible su capacidad física y mental y reintegrarse a la función social, profesional y económica que puedan desempeñar.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 13 / LEY 361 DE 1997 / LEY 762 DE 2002 / CONVENIO OIT 159 DE 1983 / RECOMENDACION OIT 99 DE 1995 / RECOMENDACION OIT 168 DE 1983

DISMINUCION DE LA CAPACIDAD SICOFISICA - Validez de 3 meses de los exámenes que determinen la discapacidad / RETIRO POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD SICOFISICA - Fundamentación en dictamen de junta médica coherente de validez. Falsa motivación / REINTEGRO LABORAL - Procede por desvirtuarse la causal de retiro El procedimiento para determinar la disminución de la capacidad sicofísica de los miembros de la Policía Nacional esta descrito en el Decreto 1796 de 2000, en el cual se establece que los exámenes que permiten determinar la capacidad sicofísica del personal de la Policía Nacional tienen una validez de 3 meses. Sin embargo, se advierte que la Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, mediante la cual se le retiró del servicio, fue expedida diez meses después de la realización de la citada Junta Médico Laboral que determinó su incapacidad sicofísica. Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, la administración no podía fundamentar el retiro del actor con base en el dictamen de una Junta Médico laboral que no tenía validez debido a su ineficacia por el transcurrir del tiempo. Una vez transcurrieron los tres meses después de habérsele practicado al actor la Junta Médico Laboral la discapacidad quedó sin fundamento alguno y por lo tanto se configura una falsa motivación. Finalmente, el hecho de que en el presente caso se ordene el reintegro del señor José Ignacio Parrado Lozada, al servicio activo de la Policía Nacional, en el grado de Agente, no es óbice para que

dicha Entidad pueda valorar nuevamente su capacidad sicofísica, conforme al procedimiento previsto en el Decreto 1796 de 2000.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1796 DE 2000 - ARTICULO 7

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil once (2011).

Radicación número: 50001-23-31-000-2004-10899-01(2103-10)

Actor: JOSE IGNACIO PARRADO LOZADA Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de 27 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que negó las súplicas de la demanda incoada por José Ignacio Parrado

Lozada contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. LA DEMANDA Estuvo orientada a obtener la nulidad de la Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004 mediante la cual el Director General de la Policía Nacional retiró del servicio al actor por Disminución de la Capacidad Sicofísica. Como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la Entidad demandada a reintegrarlo al servicio de la Policía Nacional, con efectividad a la fecha de la desvinculación del servicio, al grado y cargo que venía desempeñando o a otro de igual o mejor categoría, sin solución de continuidad; reconociéndole y pagándole todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos

inherentes a su cargo, desde la fecha de desvinculación hasta que sea efectivamente reintegrado al servicio; dando cumplimiento a la sentencia conforme a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del C.C.A. Para fundamentar sus pretensiones expuso los siguientes hechos: El demandante ingresó a la Policía Nacional el primero de julio de 1987; fue retirado del servicio activo por Disminución de la Capacidad Sicofísica en un 64.85% mediante Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004. El 25 de octubre de 1999 el demandante sufrió un accidente de tránsito en las carreteras del Valle al colisionar la motocicleta en la que se desplazaba contra un semoviente; sufrió lesiones en el tórax, fractura de clavícula izquierda y traumas en el ojo derecho y parpado superior del mismo. Del mencionado incidente le quedaron como secuelas la pérdida total de la agudeza visual del ojo derecho, restricción de la flexión – rotación de la clavícula izquierda y enoftalmos del oído derecho. En virtud de las lesiones relacionadas se le practicó la Junta Médico Laboral No. 796 de 26 de septiembre de 2003, en la que le reconoció una disminución de la capacidad laboral del 64.85% y calificándole con una incapacidad permanente parcial y lo declaró no apto para el servicio. Desde la fecha del accidente hasta el 2004 el actor cumplió de manera eficiente y honorable con los deberes que se le encomendaron como miembro de la Policía Nacional, siendo productivo en el ejercicio del deber, a tal punto de que en su folio de

vida se consignaron anotaciones positivas por su buen desempeño laboral y efectividad en la lucha contra la delincuencia, compromiso y excelente desempeño. Teniendo en cuenta lo anterior, el retiro del servicio del actor resulta arbitrario, injusto y violatorio del derecho al trabajo y al mínimo vital, por cuanto merece trabajar hasta completar el tiempo necesario para lograr una asignación de retiro que le permita vivir dignamente. El 20 de agosto de 2004 el demandante fue notificado de la Resolución No. 01948 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, que lo retiró del servicio activo sin consideración alguna, motivado por la disminución de la capacidad laboral en un 64.85%, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 numeral 3 y 58 del Decreto 1791 de 2000, ocasionándole un perjuicio. La Resolución demandada es nula por falsa motivación, ya que el sustento fue la Junta Medico Laboral No. 796 de 26 de septiembre de 2003, notificada el 4 de noviembre del mismo año, sin embargo, la mencionada Junta Medico Laboral, para el 20 de agosto de 2004, no tenía ninguna validez jurídica, por cuanto el artículo 7° del Decreto 1796 de 2000 señala que los conceptos de la capacidad sicofísica se consideran válidos para todos los efectos legales por un término de tres meses, en consecuencia la Junta en mención era válida para todos los efectos hasta el 4 de febrero de 2004. A partir de 5 de febrero de 2004 por disposición del artículo 7° del Decreto mencionado, continuaba vigente el concepto de aptitud para el servicio de

acuerdo con la Ley, por lo que es falso que el demandante para el 20 de agosto de 2004 fuera no apto para el servicio, por lo tanto retirarlo por disminución de su capacidad sicofísica, es un error que trae como consecuencia la nulidad del acto demandado. De otra parte, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1796 de 2000, las Juntas Medico Laborales deben ser expresamente autorizadas por el Director de Sanidad de la Policía Nacional o por orden judicial, y en ningún caso se tramitarán solicitudes presentadas por personas o entidades distintas; la Junta No. 796 de 26 de septiembre de 2003 que se le practicó al demandante, no figura expresamente autorizada por el Director de Sanidad, sino que se practicó por el simple capricho de los integrantes de Sanidad del Meta, con lo que se demuestra que es ilegal. La Ley prohíbe el retiro del trabajador por razón de su limitación, sin embargo, la entidad retiró al actor por disminución de la capacidad laboral, siendo que éste se venía desempeñándose “con lujo de detalles en la prestación del servicio”. NORMAS VIOLADAS Como disposiciones violadas se citan las siguientes: Constitución Política, artículos 13, 25, 42 y 47; Decretos 1796 de 2000, artículos 3°, 7° y 18; Ley 361 de 1997, artículo 26; Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo - O.I.T. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la entidad demandada contestó la demanda (fl. 69), oponiéndose a las pretensiones con la siguiente argumentación: La decisión tomada en la Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, se

fundamentó en el artículo 55 numerales 3° y 58 del Decreto 1791 de 2000, dando cumplimiento al procedimiento establecido en el mismo y fundamentado en la calificación de la Junta Médica de “NO APTO”. LA SENTENCIA El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta mediante sentencia de 27 de julio de 2010, negó las pretensiones de la demanda (Fls. 117-122), con la siguiente argumentación: De acuerdo con los artículos 55 numeral 3°, 58 y 59 del Decreto 1791 de 2000, se deduce que pueden ser retirados del servicio activo aquellos funcionarios que no reúnan las condiciones sicofísicas necesarias para desempeñar las funciones propias del personal de la Policía. Sin embargo, el funcionario puede permanecer en servicio activo siempre y cuando se observe lo siguiente:

1. Haber obtenido concepto favorable de la Junta Medico Laboral sobre reubicación.

2. Que por sus capacidades, el funcionario pueda desempeñarse en funciones que impliquen actividades administrativas, docentes o de instrucción.

La Corte Constitucional se pronunció frente al tema mediante sentencia C-381 de 2005, en la que señaló que una persona discapacitada o con disminución de su capacidad sicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese solo motivo “si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción.” Según el concepto de la Junta Médico Laboral, a la calificación de las lesiones sufridas por el actor, se diagnosticó “NO APTO”, al presentar una disminución de su capacidad laboral del 64.85%, situación que permite retirarlo del servicio activo,

sin que sea posible su reubicación, toda vez que esto no fue sugerido por la Junta. Según el actor, al momento en que fue tenida en cuenta el Acta de la Junta Médico Laboral, para retirarlo del servicio activo, esta ya se encontraba sin validez, pues la Junta fue realizada el 26 de noviembre de 2003 y la Resolución que lo retiró fue expedida el 20 de agosto de 2004, sobrepasando el término de tres meses que señala la norma para la validez y vigencia de los exámenes de capacidad sicofísica. El artículo 7° del Decreto 1796 de 2000 establece que: “El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica.” La interpretación que hace el demandante de la norma es incompleta, pues si se lee detenidamente, se entiende que el concepto de aptitud sicofísica continuará vigente aún después de haber sobrepasado los 3 meses, hasta tanto no se requiera realizar un nuevo concepto o calificación de la capacidad sicofísica, por lo tanto, al no haber necesitado dentro del término de la expedición de la Resolución impugnada un nuevo concepto médico, la entidad se fundó en el único concepto emitido por la Junta Médica, que para el caso es el del 26 de septiembre de 2003. La falsa motivación puede entenderse como aquella razón engañosa, fingida,

simulada, falta de Ley, de realidad o veracidad, con la que se expide un acto administrativo. Quien alegue las causales de anulación debe llevar al fallador a la certeza incontrovertible que los motivos para expedir el acto no fueron los que la ley señala, sin embargo el actor no logró desvirtuar la legalidad del acto y por tanto se continuará presumiendo su legalidad. EL RECURSO El actor interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior cuya sustentación corre de folio 164 a 171 del expediente, con los siguientes argumentos: Sobrepasado el término de tres meses, el concepto de no aptitud para el servicio, subsiste y no es modificable sino hasta que se presenten nuevos eventos que impongan una nueva calificación de la capacidad sicofísica. El concepto de aptitud es válido para todos los efectos, incluido el retiro, por el término de tres meses, si la administración deja pasar dicho término de caducidad expreso en la norma, por virtud de la Ley, “el no apto, vuelve a ser apto.” “Que el cojo no recobra el pie, ni el tuerto el ojo, es cierto; pero la ley es la ley”, y el legislador le dio un plazo indiscutible y definido de tres meses a la validez de las Juntas Médicas o los Tribunales Médicos, después de los cuales viene el castigo para la administración, ya que su integrante “no apto”, por mandato legal vuelve a ser apto y no le puede aplicar la discapacidad para perjudicarlo laboralmente. Mediante sentencia C-382 de 2005 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, se eliminó del Decreto 1791 de 2000, el retiro por disminución de la capacidad laboral, por

cuanto la Corte encontró que dicho retiro era violatorio del derecho de igualdad y discriminatorio con las personas discapacitadas. El Tribunal al señalar que no se logró desvirtuar la legalidad del acto acusado, deja de lado la prohibición de retiro por razones de discapacidad que trae la Ley 361 de 1995, que establece que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación. Como no existe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes CONSIDERACIONES PROBLEMA JURÍDICO Debe la Sala determinar si al Agente ® José Ignacio Parrado Lozada, tiene derecho a ser reintegrado a la Policía Nacional, al cargo que venía desempeñando o a uno de mejor categoría sin solución de continuidad y con el pago de todos los factores dejados de percibir con ocasión a su retiro. ACTO ACUSADO Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, proferida por el Director General de la Policía Nacional, en cuanto retiró del servicio activo al demandante, por disminución de la capacidad sicofísica, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 3°, y 56 del Decreto 1791 de 2000.(Fls. 24) DE LO PROBADO EN EL PROCESO Mediante Acta de Junta Medico Laboral de 26 de septiembre de 2003, Informativo

No 796 (Fls. 40), se calificó al demandante con incapacidad permanente parcial, “NO APTO”, con disminución de la capacidad laboral de 64.85%. Mediante Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, el Director General de la Policía Nacional retiró del servicio al demandante de acuerdo a lo establecido en los artículos 55 numeral 3°, y 56 del Decreto 1791 de 2000. (Fls. 24) De acuerdo con la Hoja de Servicios No. 17332819 de 20 de septiembre de 2004, el actor nació el 1° de octubre de 1966, prestó sus servicios ininterrumpidamente desde el 10 de abril de 1985 y fue retirado en el grado de Agente el 24 de agosto de 2004 por disminución de la capacidad sicofísica del 64.85%. (Fls. 27) Mediante Resolución No. 7723 de 29 de diciembre de 2004, el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconoció al demandante una asignación de retiro en cuantía equivalente al 66% del sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 24 de noviembre de 2004 (fl. 109). ANÁLISIS DE LA SALA Del Retiro Absoluto Del Servicio Por Disminución de la capacidad Sicofísica El Decreto 1791 de 2000, por el cual se modifican las normas de carrera del personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional que fundamentó el acto demandado, en sus artículos 55 numeral 3°, y 56, dispone: “ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. El retiro se produce por las

siguientes causales:

1. (…)

3. Por disminución de la capacidad sicofísica.1 4. (… ) ARTÍCULO 58. RETIRO POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD SICOFÍSICA. El personal que no reúna las condiciones sicofísicas determinadas en las disposiciones vigentes sobre la materia, será retirado del servicio activo.2 (…)” El artículo anterior fue declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-381 de 12 de abril de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la cual se expuso como motivos los siguientes: “(...) En consecuencia, si una persona vinculada a la Policía Nacional sufre una disminución de su capacidad sicofísica, la institución está en el deber constitucional de intentar, en principio, su reubicación a una plaza en la cual pueda cumplir con una función útil a la institución.

El medio adoptado por el legislador, en cuanto excluye a personas cuyas capacidades son aprovechables en otras actividades o labores desarrolladas en la Policía Nacional y distintas a las meramente operativas, resulta ser discriminatorio y el más caro para lograr el fin propuesto. En ese orden de ideas, la norma resultaría inconstitucional, salvo que se la armonice con la acción positiva por parte del Estado de brindar la 1 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-381-05 de 12 de abril de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, Declaró EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta Sentencia, el numeral 3° del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, en el entendido que el retiro del servicio por disminución de

la capacidad sicofísica sólo procede cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción. 2 CORTE CONSTITUCIONAL, Artículo declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-381-05 de 12 de abril de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. protección especial debida a las personas discapacitadas y que se limite a aquel sector de la población cuya vinculación efectivamente causaría un perjuicio desproporcionado a la institución. Una afectación menor de los derechos de las personas discapacitadas es precisamente que se les permita seguir laborando en la institución siempre que posean capacidades para desempeñar aquellas funciones para las cuales no se encuentren limitadas. En ese sentido podrían, por ejemplo, cumplir labores de instrucción, docencia o de índole administrativo. Lo anterior implica que si no se demuestra que el policial puede realizar ese tipo de funciones, resulta razonable que se le retire de la institución toda vez que no existen derechos absolutos aun tratándose de personas con discapacidad y que puede ocurrir que restricciones legislativas para el acceso o ejercicio de derechos por parte de personas discapacitadas resulten razonables. (...) Con fundamento en lo expuesto, una persona discapacitada o con disminución de su capacidad sicofísica no podrá ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor administrativa, de docencia o de instrucción. (…)” En relación con lo anterior, resalta la Sala que a juicio de la Corte Constitucional la

citada norma tenía un carácter imperativo de tal modo que le permitía retirar de manera inmediata al personal militar que hubiera sufrido alguna disminución de su capacidad sicofísica, sin tener en cuenta sus condiciones propias y particulares. Sin embargo, en cuanto a los efectos de la sentencia que declaro la inexequibilidad de la norma citada, estima la Sala que estos son ex nunc, es decir, hacía el futuro en razón a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 que establece lo siguiente: ”REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.” De la Protección Constitucional y Legal a la Población Discapacitada Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, se viene consolidado un marco jurídico que determina los derechos de la población con discapacidad y al mismo tiempo las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos. En este sentido, el artículo 13 Constitucional establece una cláusula de protección especial para las personas que dada su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Igualmente el legislador se ha encargado de desarrollar esta protección mediante la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación, y la Ley 762 de 2002, que aprueba la Convención

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo - OIT ha expedido entre otros instrumentos el Convenio No. 159 de 1983 sobre adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, el cual fue ratificado por Colombia el 7 de diciembre de 1989, igualmente en las Recomendaciones Nos. 99 de 1955 y 168 de 1983, se consideró que la adaptación y la readaptación de estas personas son imprescindibles para que puedan recuperar al máximo posible su capacidad física y mental y reintegrarse a la función social, profesional y económica que puedan desempeñar. Del Caso Concreto Mediante Acta de Junta Médico Laboral de 26 de septiembre de 2003, Informativo No 796, se calificó al demandante con incapacidad permanente parcial, “NO APTO”, con disminución de la capacidad laboral de 64.85%. Posteriormente, la Dirección General de la Policía Nacional, mediante Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, dispuso el retiro del actor por disminución de la capacidad sicofísica, con fundamento en los artículos 55 numeral 3° y 58 del Decreto 1791 de 2000. El procedimiento para determinar la disminución de la capacidad sicofísica de los miembros de la Policía Nacional esta descrito en el Decreto 1796 de 2000, en el cual se establece que los exámenes que permiten determinar la capacidad sicofísica del personal de la Policía Nacional tienen una validez de 3 meses. El artículo 7° del Decreto 1796 de 2000 tiene el siguiente tenor literal:

“VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXAMENES DE CAPACIDAD PSICOFISICA. Los resultados de los diferentes exámenes médicos, odontológicos, psicológicos y paraclínicos practicados al personal de que trata el artículo 1o. del presente decreto, tienen una validez de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que le fueron practicados. El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales; sobrepasado este término, continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofísica. El examen de licenciamiento para el personal de tropa deberá ser practicado dentro de los sesenta (60) días anteriores a su desacuartelamiento. El control de este término será responsabilidad directa de la Dirección de Personal u Oficina que haga sus veces en la respectiva Fuerza y en la Policía Nacional.” Esta Corporación tuvo la oportunidad de referirse al tema en sentencia de 28 de junio de 2007, expediente 470-05, M.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, de la siguiente manera. “(…) El acto de retiro por causal de disminución de la capacidad psicofísica, debe, en primer lugar, fundarse en el concepto médico de la Junta Médico Laboral que determine la respectiva disminución física y la calificación de ineptitud para la prestación del servicio público y, en segundo término, que el concepto médico que se utilice como fundamento debe estar vigente al momento de la expedición de la calificación médica.

De tal manera que, si el acto de retiro se expide con base en un concepto médico vencido, su motivación no corresponde a la realidad, pues expirado el término de vigencia de dicho concepto, la Ley consagra como efecto inmediato el recobro de vigencia del concepto de aptitud, circunstancia que desvirtúa la causal de retiro. (…)” En el presente caso al demandante se le practicó Junta Médico Laboral el 26 de septiembre de 2003, que se le señaló un porcentaje de disminución de su capacidad sicofísica equivalente al 64.85%, con incapacidad permanente parcial, y declaración de no apto para desempeñar satisfactoriamente las funciones propias del servicio. Sin embargo, se advierte que la Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, mediante la cual se le retiró del servicio, fue expedida diez meses después de la realización de la citada Junta Médico Laboral que determinó su incapacidad sicofísica. (Fls. 24 y 40) Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, la administración no podía fundamentar el retiro del actor con base en el dictamen de una Junta Médico laboral que no tenía validez debido a su ineficacia por el transcurrir del tiempo. En efecto, la expedición de la Resolución No. 01948 de 20 de agosto de 2004, vulneró el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 toda vez, que el retiro del actor sólo se podía dar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en

que se le practicó la Junta Médico Laboral. Al respecto esta Corporación se pronunció mediante sentencia de 5 de junio de 2008, M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, Expediente No. 5091-2005 actor: José Oscar Londoño Ospina, en la que se determinó: “En relación con la validez y vigencia de los exámenes de capacidad sicofísica, el artículo 4º del citado decreto 0094 dispuso: “(…) El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por un término de noventa (90) días durante el cual dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales. Sobrepasado este término continúa vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten circunstancias del servicio que impongan una nueva calificación de la capacidad sicofísica. (…)”. Una intelección adecuada de la norma, permite inferir que el concepto emitido por la Junta Médico Laboral y/o por el Tribunal Médico Laboral, en relación con la calificación de la capacidad sicofísica de un miembro de la fuerza pública, tiene la aptitud para producir efectos legales hasta por un término máximo de noventa (90) días. Ahora bien, superados esos 90 días, el dictamen médico pierde toda fuerza ejecutoria, pues en virtud del mencionado artículo 4º su validez se encuentra supeditada al vencimiento de ese término, es decir, que el concepto deja de ser obligatorio al día siguiente de cumplirse ese plazo, caso éste en el cual recobra plena vigencia el concepto de aptitud sicofísica, a menos que se presente una circunstancia del servicio que imponga una nueva calificación.

En otras palabras, si la decisión del Director General de la Policía Nacional se fundamenta en la causal 3ª del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, esto es, por disminución de la capacidad sicofísica, es necesario que el concepto médico se encuentre vigente al momento de la expedición del acto de retiro, es decir, que se adopte la medida dentro de los noventa (90) días siguientes al pronunciamiento del dictamen pues, de lo contrario, expirado ese término, la desvinculación se queda sin fundamento alguno y por lo tanto se configuraría una falsa motivación. (…)” De acuerdo con la norma analizada, una vez transcurrieron los tres meses después de habérsele practicado al actor la Junta Médico Laboral la discapacidad quedó sin fundamento alguno y por lo tanto se configura una falsa motivación. Igualmente esta S