CE-50001-23-31-000-2008-00479-01(42949)-2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA /

PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONDENA SOLIDARIA Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, el daño causado por la privación de la libertad [del demandante] es imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación [...]. La Sala igualmente declarará la responsabilidad de la Rama Judicial, en razón a que [el] Juzgado [...] no revocó la medida de aseguramiento, lo que causó su indebida prolongación. Por lo anterior, se condenará de forma solidaria [...].

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000.

NORMATIVIDAD DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA En vigencia de la Ley 600 de 2000, que fue el momento en el que se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357 [...].

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355 / LEY 600 DE 2000ARTÍCULO 356 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN

PREVENTIVA / DETENCIÓN ILEGAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE

ASEGURAMIENTO La Fiscalía infirió un indicio de responsabilidad a partir de un informe de policía judicial, en desconocimiento de la prohibición consagrada en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000. La Fiscalía no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta contra la víctima directa del daño, es decir, el cumplimiento de su finalidad legal.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 314

PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO

PROLONGADO

[E]l Juzgado debió revisar si era procedente revocar la medida de aseguramiento, sin embargo no lo hizo. Esta omisión fue relevante en la prolongación del daño, dado que existían los siguientes elementos de juicio que permitían a dicha autoridad judicial revocar la medida de aseguramiento: (i) la indagatoria de [...] debía ser valorada como una prueba sobreviniente que desvirtuaba la medida y (ii) según lo expuesto, la Fiscalía no estudió el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, razón suficiente para revocar la medida. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONCEPTO DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / PRUEBA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / DOLO / CULPA GRAVE A la luz del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el estudio de la culpa de la víctima debe versar sobre las conductas realizadas por la persona privada de la libertad vinculadas al trámite proceso penal, lo que excluye el estudio de aquellas

preprocesales que ya fueron objeto de estudio por parte del juez penal. Lo anterior, como lo ha sostenido la Subsección, porque el juez de la reparación directa no puede adjudicar consecuencias penales a la misma conducta preprocesal que ya fue valorada por el funcionario judicial competente para declararla inocente, sin violar el derecho a la presunción de inocencia.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa exclusiva de la víctima, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2017, rad. 46452, C.

P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); y sentencia del 19 de abril de 2018, rad.

50839, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / HECHO DEL TERCERO / INEXISTENCIA DEL HECHO DEL TERCERO La excepción relativa a la culpa exclusiva de un tercero propuesta en la contestación de la demanda por la Fiscalía General de la Nación es improcedente, porque en los casos de responsabilidad del Estado por privación de la libertad el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 solo consagra la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración. Por tal razón, la Sala reitera que en estos casos no son procedentes la fuerza mayor y el hecho de un tercero como causales de ruptura del nexo causa, teniendo en cuenta adicionalmente que quien toma la decisión de detener es una autoridad estatal que realiza el análisis de sus

supuestos de manera autónoma. En consecuencia, esta excepción es infundada.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70

PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO

MORAL / DETENCIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA / INDEMNIZACIÓN DE

PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN PRISIÓN DOMICILIARIA Para efectos de la indemnización, la Sala aplicará los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación. Sin embargo, debido a que la privación de la libertad del [demandante] se cumplió en establecimiento carcelario y en detención domiciliaria, se disminuirá en un 30% la indemnización atendiendo el criterio adoptado en otras providencias [...].

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 36149, C. P. Hernán Andrade Rincón (e). Sobre la reducción de la indemnización por privación injusta de la libertad en el caso de detención domiciliaria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 2019, rad. 54167 C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia del 1 de agosto de 2016, rad. 39747, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y sentencia del 28 de marzo de

2019, rad. 62215, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.

PERJUICIO MATERIAL / DAÑO EMERGENTE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO

EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES

EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / FALTA DE ACREDITACIÓN

DEL PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL La Sala negará la indemnización de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente solicitados por la parte actora debido a que no allegó ni pidió el decreto de prueba alguna para acreditarlos.

PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE /

CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL

LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / SALARIO

BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN

POR APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE QUE LA PERSONA SE

ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA

[N]o se allegó prueba suficiente del monto al que ascendían sus ingresos. Por lo tanto, el lucro cesante se liquidará con base en el salario mínimo legal vigente para este momento, sin ningún tipo de incremento por concepto de prestaciones sociales comoquiera que se trataba de una actividad independiente [...].

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN / DAÑO A LA SALUD / AFECTACIÓN

RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación solicitado por los demandantes. Aunque la denominación de dicha tipología de perjuicio se modificó

a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011 cuando la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado adoptó la tipología del daño a la salud, la acreditación de dicho daño está sujeta a la demostración de una afectación corporal o psicofísica sufrida por la víctima, que no fue demostrada en el sub judice.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reparación integral de perjuicios inmateriales por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 32988, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; y Sentencia del 14 de septiembre del 2011, rad. 19031. C. P. Enrique Gil Botero.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 50001-23-31-000-2008-00479-01(42949)

Actor: VÍCTOR MANUEL BARRETO BELTRÁN Y OTROS

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Tema: Responsabilidad del Estado por privación de la libertad. Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la

demanda y se condena a las demandadas porque: (i) la privación de la libertad del demandante fue ilegal, al no justificarse la necesidad de la medida de aseguramiento; (ii) la medida de aseguramiento se prolongó ilegalmente. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 21 de agosto de 2008 por Víctor Manuel Barreto Beltrán (víctima directa del daño) y sus familiares. Se dirigió contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante Barreto Beltrán desde el 6 de septiembre de 2005 hasta el 5 de octubre de 2007, es decir por un término de 2 años y 29 días.

En el proceso penal se le imputó el delito de <<fabricación, tráfico o porte de estupefacientes>>. 2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<1.Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de los perjuicios materiales, morales, Daño (sic) a la vida de relación, a favor de los demandantes los señores VICTOR MANUEL BARRETO BELTRAN Y DORIS MORALES ORTÍZ, en representación de sus menores hijos DAYANA ALEJANDRA Y VICTOR DANIEL BARRETO MORALES, o a quien represente legalmente en sus derechos.

2. Condenar a pagar en consecuencia a la NACIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, como reparación del daño ocasionado, a favor de cada uno de los demandantes o a quien represente legalmente sus derechos por los perjuicios morales, daño a la vida de relación y perjuicios materiales causados,

las siguientes sumas de dinero: a. PERJUICIOS MORALES: La suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) para la fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que los liquide, para cada uno de los Demandantes. b. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN: La suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), Salarios mínimo (sic) legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que los liquide, para cada uno de los Demandantes.

c. PERJUICIOS MATERIALES:

Por daño Emergente y Lucro cesante equivalente a:

La suma de Cien Millones de Pesos ($100.000.000.oo), o el mayor valor que se determine al momento de realizar la liquidación de las prestaciones a favor de VICTOR MANUEL BARRETO BELTRÁN Y DORIS MORALES ORTIZ, por concepto equivalente a LUCRO CENSANTE por valor de dos millones quinientos mil pesos mensuales, para un total de sesenta millones de pesos, en razón a los 24 meses que estuvo privado de la libertad, ($60.000.000.oo), Consistente en los salarios, comisiones y demás prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo de la investigación, más la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), por concepto de lucro cesante, y por concepto de daño emergente como gastos de la familia y además, quince Millones de Pesos (15000.000) equivalente a los honorarios de abogado.

3. Que en virtud de esta demanda se condene a las Demandadas, a pagar los intereses comerciales y moratorios vigentes, desde la ejecutoria de la sentencia, como lo dispone el art. 177 del C.C.A.

4. Que el valor de las condenas aquí señaladas, se actualice al ejecutoriarse la sentencia, con base en el índice de precios al consumidor, según certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para compensar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda (C.C.A. art. 178)

5. Las partes demandadas, darán cumplimiento a la sentencia que se dicte a instancia de esta demanda, en los términos de los Art. 176 y 177 del C.C.A.

6. Expedir, por secretaria del Despacho, copia o fotocopia auténtica con constancia de notificación o ejecutoria, con destino a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el art. 177 del C.C.A., para que este despacho dentro de los 10 días siguientes a su recibo, la remita a la subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el tramite presupuestal respectivo

(Art. 2° del decreto 768 del 23 de abril de 1993)

7. Que para los efectos y cumplimiento de esta sentencia se me reconozca personería jurídica y las entidades demandadas den cumplimiento a lo establecido en el numeral 1° de del decreto 768 del 23 de abril de 1993, suministrando nombre, documento de Identificación, número de tarjeta profesional y datos de dirección teléfonos del suscrito, apoderado, a la subsecretaría Jurídica del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8. Que se condene a los demandados al pago de costas y gastos de este proceso>> 3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones: 3.1.- El 6 de septiembre de 2005, Víctor Manuel Barreto Beltrán estaba en su

domicilio, ubicado en la calle 31 A No. 10-15 de la ciudad de Villavicencio, realizando un <<trasteo>> de sus enseres hacia otra residencia. Durante dicha actividad, se presentó la Policía Nacional y solicitó un <<registro voluntario>>, el cual fue autorizado por el citado demandante. 3.2.- Durante el registro, la Policía encontró en una <<greca>> un paquete con

una sustancia estupefaciente. Pese a las explicaciones dadas, el señor Barreto Beltrán fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y vinculado por el delito de <<fabricación, tráfico o porte de estupefacientes>>. 3.3.- En resolución del 9 de septiembre de 2005, la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del demandante Barreto Beltrán. 3.4.- Esta medida fue sustituida por detención domiciliaria por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio mediante auto del 5 de mayo de 2006. 3.5.- En la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía solicitó la absolución del señor Barreto Beltrán debido a la ausencia de pruebas en su contra. 3.6.- El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio profirió sentencia absolutoria el 14 de septiembre de 2007. En consecuencia, se decretó la libertad del señor Barreto Beltrán el 5 de octubre de 2007. 4.- De acuerdo con lo afirmado por los demandantes, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones: (i) el 6 de septiembre de 2005 se ordenó la captura de la víctima directa del daño; (ii) el 9 de septiembre de 2005 la Fiscalía le impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, la cual fue sustituida por detención domiciliaria el 5 de mayo de 2006; (iii) el 14 de septiembre de 2007 se profirió la sentencia absolutoria en favor del

demandante Víctor Manuel Barreto Beltrán. B.- Posición de la parte demandada 5.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que la actuación reprochada correspondía a la Fiscalía General de la Nación y no a la Rama Judicial, quien únicamente intervino para absolver al señor Barreto Beltrán. Por lo anterior, propuso la excepción de <<indebida representación>>, porque la medida de aseguramiento fue impuesta por la Fiscalía General de la Nación y no por dicha entidad. 6.- La Fiscalía General de la Nación también se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Consideró que la privación de la libertad del señor Barreto Beltrán fue consecuencia de los indicios existentes al momento de la imposición de la medida de aseguramiento que comprometían su responsabilidad en el delito de tráfico y porte de estupefacientes. 6.1.- En relación con los indicios graves de responsabilidad señaló que (i) existía un <<informe del intendente de la SICIN (sic) de la Policía>> que llevó a afirmar con <<probabilidad de verdad>> que el señor Barreto Beltrán era autor del ilícito; (ii) que en la vivienda fueron encontrados 641 gramos de una sustancia identificada como positiva para cocaína y, (iii) que señor Barreto Beltrán tenía 95 billetes de 100 dólares. 6.2.- La entidad propuso la excepción de <<culpa determinante de un tercero>>, pues fue Fabián Alexander Tamayo Morales –sobrino de la pareja de la víctima directa del daño– quien incurrió en la conducta delictiva al dejar la droga en los

enseres y quien finalmente fue condenado por ese ilícito. Por último, se opuso a la indemnización solicitada porque los perjuicios morales fueron sobrestimados y porque no existía prueba idónea respecto de los perjuicios materiales y del daño a la vida de relación. C.- Sentencia recurrida 7.- El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de primera instancia el 6 de septiembre de 2011 y negó las pretensiones de la demanda porque consideró que el daño no podía calificarse como injusto y antijurídico, por las siguientes razones: 7.1.- La privación de la libertad de la víctima directa del daño no fue injusta, pues se motivó razonablemente y se basó en: (i) la sindicación directa por flagrancia; (ii) la prueba testimonial que dio cuenta del hallazgo de la posesión de la sustancia estupefaciente en la residencia del demandante Barreto Beltrán; (iii) las declaraciones de los agentes de policía y, (iv) la diligencia de inspección judicial con perito forense en el que la sustancia arrojó positivo para cocaína. 7.2.- En la indagatoria el señor Barreto Beltrán no proporcionó <<una respuesta confiable y creíble ante los cargos>> formulados e incluso aceptó la posesión de los estupefacientes en garantía de un crédito. Por lo tanto, la víctima directa debía soportar el daño, pese a la absolución por duda, debido a que el demandante Barreto Beltrán se expuso de forma consciente a este al permitir o participar en la distribución de sustancias estupefacientes en su vivienda.

D.- Recurso de apelación 8.- La parte demandante apeló la decisión de primera instancia. Su inconformidad se centró en los siguientes puntos: 8.1.- No se configuró la culpa exclusiva del demandado, dado que: (i) en el proceso penal se demostró que los <<elementos>> encontrados en el registro efectuado a la vivienda del señor Barreto Beltrán no eran su propiedad sino de Fabián Alexander Tamayo Morales, quien los recibió como parte de pago de unos salarios adeudados; (ii) el señor Barreto Bertrán ni siquiera tenía conocimiento de la existencia de dichos <<elementos>>, pues estos fueron escondidos en su vivienda. 8.2.- La Fiscalía actuó negligentemente en el proceso penal dado que: (i) tardó demasiado en solicitar la absolución de señor Barreto Beltrán, ya que solo elevó dicha petición en la audiencia de juzgamiento; (ii) la entidad demandada no tuvo en cuenta que el responsable y finalmente condenado por los hechos objeto de investigación era el señor Fabián Alexander Tamayo Morales, quien fue sindicado oportunamente por el señor Barreto Beltrán; (iii) el error de la Fiscalía fue tan evidente, que la misma entidad solicitó la absolución del señor Barreto Beltrán, luego de dos años de haber impuesto la medida de aseguramiento.

II. CONSIDERACIONES E.- Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar 9.- Está demostrado que el demandante Víctor Manuel Barreto Beltrán estuvo privado de la libertad entre el 5 de septiembre de 2005 y el 17 de septiembre de

2007, es decir por 2 años y 11 días, puesto que el Tribunal tuvo como probado este hecho y este aspecto no fue controvertido en la apelación. Se corrobora con los medios de convicción obrantes en el expediente1. La medida de aseguramiento se cumplió en establecimiento carcelario entre el 5 de septiembre de 2005 y el 5 de mayo de 2006, es decir por 8 meses; y, desde esa fecha hasta el 17 de septiembre de 2007 en detención domiciliaria, es decir por 1 año, 4 meses y 11 dias. 10.- También está demostrado que el demandante Barreto Beltrán no fue condenado por el delito de <<fabricación, tráfico o porte de estupefacientes>> que se le imputó cuando se ordenó su detención. 11.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia y condenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar perjuicios, porque, tal y como lo planteó el apoderado de la parte actora en sus alegaciones, está acreditado que: (i) la primera entidad obró de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones, pues la detención de la víctima directa del daño se dispuso sin que se 1 Al plenario se allegó: (i) Acta de derechos del capturado del 5 de septiembre de 2005 (fl. 36 c.1.); (ii) Oficio del 6 de septiembre de 2005 en el cual el Fiscal Primero Seccional solicita al Jefe Seccional de Policía Judicial mantener en custodia al señor Barreto Beltrán y trasladarlo a dicha Fiscalía el 7 de septiembre de 2005 con fines de indagatoria (fl. 73 c.1.); Oficio del 7 de septiembre

de 2005 en el que se solicita al Director de la Cárcel Distrital mantener en calidad de retenido al señor Barreto Beltrán (fl 75 c.1.); (iv) Boleta de traslado del 5 de mayo de 2006 en la cual el Juez Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio solicito al Director de la Cárcel del Distrito el traslado de Víctor Manuel Barreto Beltrán a <<la calle 31 No. 9ª 23 (….) lugar donde seguirá cumpliendo la pena impuesta>> (fl. 303 c.1); (v) diligencia de compromiso suscrita el 5 de mayo de 2006 (fl. 304 c.1.) cumplieran los requisitos legales para ello, dado que la Fiscalía infirió un indicio a partir de un informe de policía judicial y no justificó la necesidad de imponerla. Así mismo, la Fiscalía omitió solicitar la revocatoria de la medida, a pesar de contar con suficientes elementos para hacerlo y, (ii) la segunda entidad prolongó ilegalmente la medida de aseguramiento al no revocarla de oficio cuando dispuso su sustitución por detención domiciliaria. F.- Plan de exposición 12.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad2. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima; (iv) la improcedencia del hecho de un tercero y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

G.- La ilegalidad de la privación de la libertad 13.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, que fue el momento en el que se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357, y eran los siguientes: 13.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 357). 13.2.- La existencia de <<por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>>. 13.3.- La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida era necesaria <<para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria>>. 14.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque: 14.1.- La Fiscalía infirió un indicio de responsabilidad a partir de un informe de policía judicial, en desconocimiento de la prohibición consagrada en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000. 14.2.- La Fiscalía no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta contra la víctima directa del daño, es decir, el cumplimiento de su finalidad legal. i) La inexistencia de indicios graves de responsabilidad en contra del demandante 2 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”.

Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata. 15.- Con la resolución del 9 de septiembre de 2005, mediante la cual la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito definió la situación jurídica del demandante Víctor Manuel Barreto Beltrán y le impuso la medida de aseguramiento, está demostrado que: 15.1.- La Fiscalía dictó la medida de aseguramiento contra el señor Barreto Beltrán por el delito de <<fabricación, tráfico o porte de estupefacientes>>3. En dicha resolución se señaló que a raíz de una denuncia ciudadana, la SIJIN realizó una inspección en el domicilio del demandante Barreto Beltrán, en el cual se encontraron sustancias estupefacientes y dinero en divisas extranjeras. 15.2.- La Fiscalía dictó medida de aseguramiento con fundamento en: (i) el informe de Policía en el cual se dejó a disposición de la Fiscalía al señor Barreto Beltrán; (ii) la declaración de un miembro de la SIJIN, quien relató que se recibió llamada indicando que en el inmueble del señor Barreto Beltrán se expendían alucinógenos, lo que motivó el desplazamiento hasta su domicilio, al que ingresaron después de ser autorizados y encontraron en una cafetera <<un paquete plástico transparente adhesivo con sustancia blanca con características similares a sustancia estupefaciente>> y bolsas plásticas pequeñas que <<se utilizan para hacer la envoltura de la cocaína y proceder a venderla por gramos>>;

(iii) la declaración de un patrullero de la Policía, quien expuso el hallazgo de la sustancia en varias bolsas con mercado; (iv) la declaración de un agente de Policía Nacional, quien dio cuenta del decomiso de 95 billetes de cien dólares al señor Barreto Beltrán y, (v) la diligencia de inspección judicial, prueba de campo y destrucción de la sustancia encontrada en la vivienda, la que arrojó resultado preliminar positivo para alcaloide de cocaína y derivados. 16.- En este caso no existen reparos sobre la procedencia de la medida de aseguramiento en relación con el delito imputado, dado que la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, en razón a la cantidad de droga encontrada, tenía una pena de 96 a 144 meses de prisión, es decir superior a 4 años. 17.- Sin embargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía no podía inferir un indicio de responsabilidad a partir del informe de policía mediante el cual el señor Barreto Beltrán fue puesto a disposición del ente acusatorio. Lo anterior, debido a que esta norma disponía que <<la policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación>>. 3 Si bien en la resolución del 9 de septiembre de 2005 se indicó que la medida de aseguramiento

se dictaba también por el delito de <<tráfico de moneda falsa>> consagrado en el artículo 274 del Código Penal, la Fiscalía precisó en la resolución del 19 de septiembre de 2005 que esta se dictaba solamente por el delito de <<fabricación, tráfico o porte de estupefacientes>> previsto en el artículo 376 ibidem. ii) La ausencia de justificación sobre la necesidad de la medida de aseguramiento 18.- En la resolución del 9 de septiembre de 2005 la Fiscalía no realizó el estudio de la necesidad de la medida de aseguramiento. Al momento de dictarla, la Fiscalía debía exponer las razones por las cuales se encontraban cumplidos los propósitos legales de la detención preventiva, lo cual no se hizo. El análisis de este aspecto es lo que le permite al juez administrativo determinar si la detención de la víctima directa del daño fue una determinación no solo legal sino adecuada, proporcional y razonable. No se trata de saber simplemente si existían indicios de responsabilidad que pudieran justificar la imposición de una sanción en su contra: se trata de determinar si existían razones que justificaran mantenerlo privado de la libertad durante el proceso. En la providencia en la que se dispuso la detención preventiva del demandante Barreto Beltrán era necesario determinar si se cumplían los propósitos legales de esta medida y el Fiscal debió pronunciarse sobre ellos en la providencia que la dispuso. Debía pronunciarse expresamente sobre el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración o el riesgo de obstaculización de la justicia y nada de lo anterior se cumplió en el presente caso. H.- La ilegalidad de la prolongación de la medida de aseguramiento

19.- De acuerdo con el artículo 363 de la Ley 600 de 2000 <<durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen>>. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que dicha revocatoria <<se extiende también a la etapa de juzgamiento>>4. 20.- Está probado que por actuaciones y omisiones de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, la medida de aseguramiento dictada contra la víctima directa del daño se prolongó ilegalmente puesto que: