CE - 500012331000200130535011ACLARACIONDEV20231209001122

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - 500012331000200130535011ACLARACIONDEV20231209001122
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2023

Referencia: Acción de repetición – Ley 678 de 2001

Radicación: 50001-23-31-000-2001-30535-01 (66450)

Demandante: Nación –Ministerio Defensa - Policía Nacional

Demandado: César Augusto Alarcón

Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata Aclaro mi voto porque, aunque estimo que debía negarse las pretensiones, me aparto de la afirmación según la cual la sentencia absolutoria penal hizo tránsito a cosa juzgada y debe ser tenida en cuenta en la repetición.

A mi juicio, los fallos penal es no resultan suficientes ni determinantes para demostrar la existencia o inexistencia de la culpa grave o dolo del agente. El análisis probatorio presentado por otro funcionario en una decisión judicial o administrativa no es suficiente fundamento probatorio para que el juez de lo contencioso administrativo califique la conducta del demandado.

Advierto que admitir transpolar las conclusiones del fallo penal y aplicar la “cosa juzgada penal” al interior de la repetición, desconoce la independencia de este proceso contencioso administrativo y desconoce el objeto diferente de ambos procesos. Adicionalmente, pone en alto riesgo los derechos de defensa y debido proceso del demandado, así como el

“cosa juzgada penal” al interior de la repetición, desconoce la independencia de este proceso contencioso administrativo y desconoce el objeto diferente de ambos procesos. Adicionalmente, pone en alto riesgo los derechos de defensa y debido proceso del demandado, así como el principio de inmediación de la prueba, toda vez que un juez, sin tener acceso directo a los medios de prueba, terminaría adoptando como propias las valoraciones que de ellos haya hecho otro funcionario en un proceso distinto.

El estudio de la conducta del agente debe estar soportado en elementos de convicción que permitan determinar si los comportamientos reprochados se cometieron con dolo o culpa grave. En esa medida, la sentencia penal o, incluso disciplinaria, constituye una prueba adicional que deberá ser valorada en armonía con las demás pruebas.

Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado

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