CE - 500012331000200340226011SENTENCIASENTENCIA20230811143807

Radicado: 5000123310002003402260101 (51579)

Demandante: Juan de Dios Bermúdez Diez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 50001233100020034022601 01 (51579)

Demandantes: Juan de Dios Bermúdez Díaz y otros

Demandado: Municipio de Villavicencio-Contraloría Municipal de Villavicencio Referencia: Acción de reparación directa Tema 1: Responsabilidad por Prescripción de la acción fiscal Suttema 1.1. Falta de acreditación del daño antijurídico SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandarte contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 29 de abrii de 2014, en la que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS Juan. de Dios Bermúdez Díaz, en su condición de alcalde de Villavicencio, fue vinculado a un proceso fiscal, adelantado por la Contraloría Municipal de ese municipio, que culminó con prescripción de la acción, situación que —aduce— derivó en un daño antijurídico, puesto que dejó en tela de juicio su reputación y le ocasionó perjuicios de índole inmaterial y material, tanto a él como a su núcleo familiar.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda

ocasionó perjuicios de índole inmaterial y material, tanto a él como a su núcleo familiar.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo del Muricpio de Villavicencio, Contraloría Municipal de Villavicencio, con ocasión de la falla en el servicio por omisión, al haber dejado prescribir la investigación fiscal 033 del 29 de julio de 2000, en la que se le atribuía a Juan de Dios Bermúdez Díaz responsabilidad fiscal por manejo inadecuado del contrato para la construcción del acueducto.

Como indemnización de perjuicios, los demandantes solicitaron el pago de 1000 SMLMV a favor de, cada uno, por concepto de perjuicios morales; 1000 SMLMV a favor de cada uno de los hijos del demandante, como indemnización del daño sicológicó como perjuicio autónomo, debido a las graves repercusiones en el desarrollo de la personalidad de los menores; 1000 SMLMV, a favor de Juan de Dics Bermúdez Díaz y Nubia Inés Vaca Ruíz, por concepto del perjuicio derivado de la violación de su derecho fundamental al honor y al buen nombre, por el desprestigio, ensañamientó, persecución y difamación al someterlo a un proceso fiscal disciplinario que lo puso en la picota pública como un delincuente; por último, solicitaron el pago del lucro cesante, por las sumas dejadas de percibir por Juan deRadicado: 5000123310002003402260101 (51579)

Demandante: Juan de Dios Bermúdez Diez y otros

solicitaron el pago del lucro cesante, por las sumas dejadas de percibir por Juan deRadicado: 5000123310002003402260101 (51579) Demandante: Juan de Dios Bermúdez Diez y otros Dios Bermúdez Díaz desde el 1 de enero de 1998 y por Nubia Inés Vaca Ruíz desde el 1 de enero de 2002. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia;! 2.2.1. El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 28de enero de 2004, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida formal. 2.2.2. Transcurrido el término para contestar la demanda, la Cóntraloría Municipal de Villavicencio se opuso a las pretensiones. Manifestó que de la investigación fiscal adelantada en contra de Juan de Dios Bermúdez Díaz no puede estructurarse una falla del servicio o defectuoso funcionamiento de Irnadministración, por cuanto la Contraloría Municipal tiene la competencia legal y constitucional de investigar las actuaciones de gestión fiscal de los funcionarios de las entidades vigiladas y fue en ejercicio de esta atribución que adelantó proceso de responsabilidad fiscal contra Juan de Dios Bermúdez Díaz, con fundamento en el informe de auditoria practicado por la Contraloría Departamental del Meta. Agregó que, a partir de las pruebas allegadas al procesó adelantado en contra del demandante era posible estructurar varios elementos de la responsabilidad fiscal que ameritaban el trámite del proceso, sin que su precripción por aplicación del principio de favorabilidad comprometa la responsabilidad estatal. Propuso, como excepciones: (i) la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por activa, ya que los hechos invocados por el ,

principio de favorabilidad comprometa la responsabilidad estatal. Propuso, como excepciones: (i) la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por activa, ya que los hechos invocados por el , ' actor no tienen la vocación de originar la responsabilidad patrimonial; (U) la culpa eclusiva de la víctima, por cuanto la demora que alegan los demandantes en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal tuvo como causa las dilaciones injustificadas que promovieron los mismos implicados dentro del trámite; (Ui) el pleito pendiente entre las mismas partes sobre el mismo hecho; y (iv) la indebida representación del demandante por indebida presentación del poder 2 . 2.2.4. Mediante auto del 15 de octubre de 2008, el TribiiHal Administrativo del Meta tuvo por no contestada la demanda por parte del municipio de Villavicencio, comoquiera que el alcalde no realizó su presentación personal al poder 3 . 2.2.5. Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión 4 . Así lo hicieron la Contraloría Municipal de Villavicencio y el municipio de Villavicencio. En esta oportunidad procesal, también el Ministerio Público emitió su concepto, en el que manifestó quepo puede afirmarse que la declaración de prescripción de una acción produzáa un daño a quien era investigado 5 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta, como cuestión previa, estableció que existe un radicado de reparación directa por otro proceso fiscal adelantado en contra del aquí demandante, que no tiene relación con el presente procso. Respecto del fondo del

2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta, como cuestión previa, estableció que existe un radicado de reparación directa por otro proceso fiscal adelantado en contra del aquí demandante, que no tiene relación con el presente procso. Respecto del fondo del asunto, advirtió que al expediente no se allegó copia del júoceso de responsabilidad 1 Auto admisorjo de la demanda y constancias de notificación, f. 28, 185 ?186, c. 1. 2 Contestación de la demanda, Contraloría Municipal de Villavicencio, f. 188 a 194, c. 1. 3 Auto del 15 de octubre de 2008, f 228, c. 1. Auto de traslado, 27 de mayo de 2011, f. 260, c. 1 Alegatos de conclusión en primera instancia, f 262 a 266; 274 a 276, y 282 a285, c. 1. 2Radicado: 5000123310002003402260101 (51579) Demandante: Juan de Dios Bermúdez Díaz y otros fiscal al que alude el demandante. Sin embargo encontró probada su existencia, debido a la aceptación, por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio, de los hechos expuestos en la demanda. Por tanto, consideró demostrado que se adelantó un proceso fiscal en contra de Juan de Dios Bermúdez Díaz, que culminó con prescripción, sin que pueda precisarse las circunstancias en las que transcurrió. Por lo anterior, el a quo estableció que, aunque la prescripción de la acción fiscal podría constituir un incumplimiento del deber de la Contraloría de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer las correspondientes sanciones, no es posible afirmar que este incumplimiento generara un daño

constituir un incumplimiento del deber de la Contraloría de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer las correspondientes sanciones, no es posible afirmar que este incumplimiento generara un daño antijurídbo. Además. el Tribunal consideró que los perjuicios alegados en la demanda 6 , no se encuentran demostrados. Respecto de los perjuicios derivados de la medida de embargo y secuestro sobre el bien inmueble de propiedad de los actores, precisó que, aunque se encuentra una anotación de embargo en el certificado de tradición y libertad, no obra prueba de que este hubiera ocurrido en virtud del proceso fiscal que originó esta demanda, pues en contra de Juan de Dios Bermúdez existían varios p:ocesos. Tampoco encontró demostrado que se hubiese practicado el secuestro del inmueble, ni la existencia del negocio jurídico que afirma incumplido. El Tribunal aclaró que, si bien algunas de las pruebas que la parte actora solicitó en su escrito de demanda no fueron decretadas, la providencia que abrió a pruebas no fue impugnada. También, mencionó que concuerda con el concepto del Ministerio Público, en cuanto a que el investigado pudo haber renunciado a la prescripción, en aras de lograr un pronunciamiento de fondo, para obtener claridad sobre su inocencia 7 . 2.4. El recurso La parte actora, en su recurso de apelación, solicitó se decreten y se practiquen todas y cada una de las pruebas solicitadas en la demanda, en aplicación a lo dispuesto en los artículos 214 de C.C.A. y 212 del C.P.A.C.A. Esto, por cuanto el despacho no decretó las pruebas solicitadas, lo que constituye una omisión que el

dispuesto en los artículos 214 de C.C.A. y 212 del C.P.A.C.A. Esto, por cuanto el despacho no decretó las pruebas solicitadas, lo que constituye una omisión que el accionante no debe asumir, pues es deber del juez observar que no exista ninguna nulidad que invalide lo actuado 6 . 2.5. Trámite relevante en segunda instancia 2.5.1. Esta Corporación, en auto del 30 de julio de 2014, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 29 de abril de 2014. 2.5.2. Teniendo en cuenta la solicitud de pruebas elevada en el recurso de apelación, mediante auto del 18 de marzo de 2015, el Despacho decretó de oficio Como la aflicción que le causó el trámite del proceso fiscal, el sometimiento de su grupo familiar al escarnio público, el Dago de una cláusula penal por el incumplimiento de un contrato de compraventa y la pérdida de oportunidad de haberse inscrito como candidato a la alcaldía.

Al respecto anotó: "Bajo este supuesto, teniendo en cuenta que según lo expuesto en el escrito de demanda, los perjuicios alegados se derivaron a causa de la prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, debió el investigadc en uso de su capacidad dispositiva que le asiste frente a la prescripción, renunciar a ella, y a los beneficios que de la misma se derivan, para que continuara el curso de/proceso fiscal, y así evitarlos perjuicios alegados qie hoy se piden indemnizar, puesto que solo con el resultado de fondo del proceso fiscal se hubiese podido determinar que, como lo afirma, no era responsable del detrimento que se le estaba endilgando".

alegados qie hoy se piden indemnizar, puesto que solo con el resultado de fondo del proceso fiscal se hubiese podido determinar que, como lo afirma, no era responsable del detrimento que se le estaba endilgando". Recurso de apelación, f 306 a 311, c. ppal. Auto que admite recurso de apelación, f. 317, c. ppal. 3Radicado: 5000123310002003402260101 (51579)

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las pruebas solicitadas por la parte demandante. Por tanto, en auto de 3 de febrero de 2016, comisionó al Juzgado Administrativo del Meta, para que llevara a cabo la recepción de los testimonios solicitados. Así mismo: ofició a las emisoras y noticieros para que remitieran las grabaciones solicitadas por la parte demandante en el escrito de la demanda 10 . 2.5.3. Una vez realizados los requerimientos correspondientes y luego de reiteradas solicitudes, la única prueba que se logró recaudar fue la copia de las publicaciones relacionadas con Juan de Dios Bermúdez y la apropiación de dineros del municipio de Villavicencio, realizadas por el periódico El Tiempo, en la edición Llano 7 días, el 30 de diciembre de 1997, titulada "Un déficit de 6700 millones de pesos deja Juan de Dios"; el 9 de mayo de 2000, "A juicio fisca!', el 3 de octubre de 2000, "Sigue proceso fiscal"; y el 8 de octubre de 2004, "Los enredos de Cemerca" 11 . A pesar de que el despacho comisorio enviado por esta Corporación fue auxiliado por el Tribunal Administrativo del Meta, no fue posible recaudar los testimonios

proceso fiscal"; y el 8 de octubre de 2004, "Los enredos de Cemerca" 11 . A pesar de que el despacho comisorio enviado por esta Corporación fue auxiliado por el Tribunal Administrativo del Meta, no fue posible recaudar los testimonios solicitados en la demanda, por cuanto, luego de tres .citaciones con las debidas notificaciones, estos no asistieron a rendir testimonio. El apoderado de la parte actora tampoco atendió ninguna de las citaciones 12 . 2.5.4. Por auto del 25 de enero de 201713, se corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. El municipio de Villavicencio presentó sus alegatos,en los que solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por ausencia de configuración de los elementos de responsabilidad, pues la parte actora no demostró en qué consistió el daño ocasionado por el ejercicio del control fiscal. Reitéró que el Municipio carece de legitimación en la causa, por cuanto las contralorías están dotadas de personería jurídica. Finalmente, invocó la culpa exclusiva de la víctima, debido a que la mora en el proceso fiscal fue determinada por la parte demandante 14 . s La Contraloría Municipal de Villavicencio presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró que la prescripción de un proceso de naturaleza fiscal no implica un infundado propósito de enlodar, difamar o someter , al escarnio público a una personas, pues la misión de la entidad es ejercer el control fiscal de manera transparente y eficaz, como lo hizo al vincular a Juan de Dios Bermúdez como sujeto

un infundado propósito de enlodar, difamar o someter , al escarnio público a una personas, pues la misión de la entidad es ejercer el control fiscal de manera transparente y eficaz, como lo hizo al vincular a Juan de Dios Bermúdez como sujeto pasivo de una investigación, cuya prescripción no se debió a ninguna falla en el servicio o error en las imputaciones que, en su momento, se formularon en su contra 15 . El Ministerio Público emitió concepto, en el que manifestó que no considera que los recortes de prensa recaudados demuestren que la imputación en contra de Bermúdez Díaz lo haya forzado a marginarse socialmente para evitar el escarnio público, por lo que resulta infundado pretender cimentar un daño antijurídico en dichas notas de prensa 16 . La parte actora no alegó de cónclusión. 10 Autos de 18 de marzo de 2015 y 3 de febrero de 2016, f. 319 y 328, c. p Oal. 11 Respuesta de la casa editorial del El Tiempo, f. 381 a 385, c. ppal. 12 Audiencia de recepción de testimonios, f. 57, c. 2. 13 Auto de traslado, 25 de enero de 2017, f. 389, c. ppal. 14 Alegatos de conclusión, Municipio de Villavicencio, 291 a 296, c. ppal. 15 Alegatos de conclusión, Contraloría Municipal de Villavicencio, f. 404 a 410, c. ppal. 16 Concepto del Ministerio Público, f. 412 a 421, c. ppal.

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Demandante: Juan de Dios Bermúdez Díaz y otros

2.6. Manifestación de impedimento Se precisa que el doctor Nicolás Yepes Corrales fungió como Procurador Judicial Delegado ante esta Corporación, por lo que en dicha calidad, fue quien presentó el concepto en el sub examine, motivo por el cual, el 5 de junio de 202317 formuló su respectiva manifestación de impedimento para conocer el asunto2l de conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 140 y en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, que le fue aprobada en Sala de Decisión por los demás miembros de la Subsección, de ahí que el proyecto respectivo fuera discutido y aprobado por Sala dual.

III. CONSIDERACIONES 3.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 3.1.1. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por involucrar un proceso con vocación de doble instancia 18 . 3.1.2. En lo que respecta al ejercicio oportuno del medio de control, la Sala no cuenta con ningún documento que permita conocer la fecha en la que culminó el proceso fiscal del cual la parte actora alega la falla en el servicio, con el fin de determinar el momento de la configuración del aludido daño y contar, a partir de este, el término de dos (2) años previstos en el artículo 136.8 CCA 19 , para la presentación de la acción de reparación.

No obstante, en aras de garantizar el derecho al acceso de la administración de

este, el término de dos (2) años previstos en el artículo 136.8 CCA 19 , para la presentación de la acción de reparación. No obstante, en aras de garantizar el derecho al acceso de la administración de justicia, se tendrá por cierto lo relatado en los hechos 4.14 y 4.15 de la demanda, en los que se refieren las fechas en la que la Contraloría profirió auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal y su respectiva confirmación así: "4.14 Con fecha 31 de julio de 2001, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva profiere el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 033 de 2001 y ordena archivarlo por haber operado la prescripción de la acción fiscal. 4.15 Con resolución No. 565-A del 28 de septiembre de 2001 la Contralora Municipal de Villavicencio confirma el auto consultado de 31 de julio de 2001 emanado de la Directora de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de fa Contraloría Municipal de Villavicencio' De acuerdo con lo afirmado en la demanda, la decisión del treinta y uno (31) de julio de dos mil uno (2001), mediante la cual la Contraloría archivó el proceso fiscal indice 105 SAMAI. 8 La cuantía estimada en la demanda (perjuicios materiales $249.828.000) supera el monto establecido en el articulo 132 del C..A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación, -500 smlmvconsiderados al momento de presentación de la demanda-, que para el año 2003 ($332.000) ascendía a $166.000.000.

como de doble instancia ante esta Corporación, -500 smlmvconsiderados al momento de presentación de la demanda-, que para el año 2003 ($332.000) ascendía a $166.000.000. Conforme a la jurisprudencia de esta corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de le decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 20 1 0, expediente 37410). 5Radicado: 5000123310002003402260101 (51579)

Demandante: Juan de Dios Bermúdez Diez otros

adelantado en contra de Juan de Dios Bermúdez Díaz por prescripción de la acción, fue confirmada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil uno (2001), por lo que si se cuenta a partir de esta data, para la fecha en la que fue presentada la demanda, a saber doce (12) de agosto de dos mil tres (2003), aún no había vencido el término de caducidad. 3.1.3. La decisión sobre este asunto tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Juan de

de caducidad. 3.1.3. La decisión sobre este asunto tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Juan de Dios Bermúdez Díaz, Nubia Inés Vaca Ruíz, Juan Miguel Bermúdez Vaca y Nubia Alejandra Bermúdez Vaca. Esto, por cuanto, el primero, afirmó ser el afectado directo con la prescripción del proceso fiscal adelantado en su contra y, los demás, por haber demostrado su parentesco con el afectado 20 .: En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la causa a la Contraloría Municipal de Villavicencio como dependencia administrativa del municipio de Villavicencio 21 y, entidad encargada de adelantar el proceso fiscal por el cual el actor afirma haberse visto afectado. 3.2. Cuestión previa Antes de realizar el análisis de responsabilidad planteádo en la demanda, la Sala advierte que en el recurso de apelación la parte actora solo expuso su inconformidad frente a la falta de decreto, en primera instancia, de las pruebas solicitadas en la demanda, por lo que solicitó que se decretaran en segunda instancia. Para sustentar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la cual la declaración de prescripción de la acción fiscal que se adelantaba en contra de Juan de Dios Bermúdez Díaz le produjo a él y a su núcleofamiliar una afectación de índole material e inmaterial, la parte actora solicitó el decreto de varios testimonios, para que "declaren sobre los hechos de la demanda, en especial los perjuicios que le causaron ami demandante por el embargo de la casa yporla investigación fiscal se le causaron perjuicios en el sentido de que no podiq visitar los sitios públicos y

para que "declaren sobre los hechos de la demanda, en especial los perjuicios que le causaron ami demandante por el embargo de la casa yporla investigación fiscal se le causaron perjuicios en el sentido de que no podiq visitar los sitios públicos y recreacionales, él y su familia porque estaba sometido al escarnio público y maltratado por la gente". También, solicitó que se oficiara a la Contraloría Municipal de Villavicencio, para que aportara copia auténtica de Ja investigación fiscal núm. 051 de 19 de julio de 1996, hoy juicio fiscal núm. 033 de 29 de julio de 2000; así como a varios medios de comunicación, para que envíen las grabaciones sobre las noticias en las que fue señalado Juan de Dios Bermúdpz Díaz, por la apropiación de dineros del municipio de Villavicencio. 20 Registros civiles de nacimiento de Juan Miguel Bermúdez Vaca, indicativo serial 980218; de Nubia Alejandra Bermúdez Vaca, indicativo serial 940815; y registro civil de matrimonio entre Juan de Dios Bermúdez Díaz y Nubia Inés Vaca Ruíz, f 17, 20y 21, c. 1. 21 constitución Política de Colombia, articulo 272: "corresponde a las Asambleas y a los Concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorias como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal". Ley 136 de 1994, artículo 155. "Las contralorías distritales y municipales , son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. ( ... )". Sobre la personalidad jurídica de las contralorias territoriales el Consejo de Estado, en Expediente

dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. ( ... )". Sobre la personalidad jurídica de las contralorias territoriales el Consejo de Estado, en Expediente 250002325000199904567-01, Número Interno 0817-2005, de 25 de julio de 2007 estableció: "Rectificación de la posición doctrinal anterior.- Es cierto que, en caso de acusación de actos proferidos por Contralorías Territoriales, esta Sección ha proferido múltiples providencias en que ádmite como parte Demandada a la CONTRAL ORIA LOCAL reconociéndole la calidad de persona jurídica dados algunos atributos que posee, pero teniendo en cuenta la notmatividad señalada y analizada, es de concluir que realmente quien tiene tal calidad es el ENTE TERRITORIAL del cual hace parte la Contraloría pertinente. ?e observa que muchas demandas fueron presentadas teniendo en cuenta el criterio adoptado por la Jurisdióción. Pero, con esa providencia se rectifica la posición doctrinal antes adoptada (4". 6Radicado: 5000123310002003402260101 (51579)

Demandante: Juan de Dios Bermúdez Diez y otros

Como estas pruebas no fueron decretadas en primera instancia, la parte actora enfocó su recurso de apelación en solicitar su decreto, en atención a lo dispuesto en el artículo 214 del C.C.A. Sin embargo, al no ajustarse la solicitud de pruebas a ninguna de las causales señaladas en la ley para decretarlas en segunda instancia, esta Corporación, en aras de la garantía al acceso a la administración de justicia, acudió a la figura de la prueba de oficio, contemplada en el artículo 169 de C.C.A. para atender la solicitud del recurrente. Una vez decretadas las pruebas en segunda instancia, el periódico Llano 7 Días

acudió a la figura de la prueba de oficio, contemplada en el artículo 169 de C.C.A. para atender la solicitud del recurrente. Una vez decretadas las pruebas en segunda instancia, el periódico Llano 7 Días aportó copia de las noticias relacionadas con el desempeño y el manejo de recursos públicos por parte de Juan de Dios Bermúdez Díaz como alcalde de la ciudad de Villavicencio. Por otra parte, no se logró el recaudo de las declaraciones solicitadas, pues los testigos no se hicieron presentes en las audiencias de recepción de testimonio a las que fueron citados y, a las que no asistió tampoco el apoderado de la parte actora. Frente a la solicitud del expediente fiscal a la Contraloría Municipal, no hubo pronunciamiento. De esta forma, la Sala encuentra que lo solicitado en el recurso de apelación respecto del decreto de pruebas fue atendido y resuelto por el Despacho durante el trámite de admisión del recurso, sin que la parte actora hiciera alguna manifestación al respecto, razón por la cual procederá al análisis de responsabilidad deprecado, en el entendido que la parte actora interpuso recurso de apelación en lo que le fue desfavorable, teniendo en cuenta que el a quo negó las pretensiones.

W. PROBLEMA JURÍDICO 4.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 18872223_ el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia

"recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencía de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 1,24. 22 'Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubiererj comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes viqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o

comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes viqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [ ... ]" (subrayado fuera del texto original). 23 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(1J). 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 7Radicado: 5000123310002003402260101 (51579) Demandante: Juan de Dios Bermúdez Díaz y otros 4.2. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que los cargos de la apelación hacían referencia al decreto de las pruebas faltantes en primera instancia y que dicho trámite se surtió a cabalidad, la Sala desatará el recurso atendiendo a lo que le fue desfavorable a la parte recurrente, en el entendido que su intención es demostrar el daño antijurídico y los perjuicios que de este derivan, y que el a quo no encontró acreditados. Por tanto, la Sala responderá el siguiente cuestionamiento: ¿Es patrimonialmente responsable la Contraloría Municipal de Villavicencio por el daño causado a la parte actora con la dilación del trámite en el proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de Juan de Dios Bermúdez Díaz, que conllevó a la prescripción de la acción? 4.3. Consideraciones referentes a la responsabilidad

daño causado a la parte actora con la dilación del trámite en el proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de Juan de Dios Bermúdez Díaz, que conllevó a la prescripción de la acción? 4.3. Consideraciones ref