CE - 500012331000200800270021ACLARACIONDEV20230626085503

Radicado: 50001-23-31-000-2008-00270-02 (62990)

Demandante: Gildardo de Jesús López

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00270-02 (62990) Demandante: Gildardo de Jesús López Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro

Acción: Reparación directa

Tema: El auto admisorio de la demanda no hace tránsito a cosa juzgada respecto de la caducidad de la acción: el juez debe estudiarla de oficio en la sentencia. Las reglas sobre el cómputo de la caducidad por ocupación de inmuebles no son aplicables a casos en los que el daño fue causado por el cierre de un establecimiento de comercio.

Aclaración de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz

1.- La Sala se abstuvo de estudiar si la demanda estaba caducada porque mediante auto del 1º de abril de 2009, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que la demanda se presentó en tiempo. En mi criterio, como lo ha considerado esta Sala en ocasiones anteriores1, la existencia de ese auto no constituye cosa juzgada que impida pronunciarse en la sentencia sobre la caducidad de la acción , puesto que según los artículos 175 del CCA y 332 del CPC, las sentencias ejecutoriadas

Sala en ocasiones anteriores1, la existencia de ese auto no constituye cosa juzgada que impida pronunciarse en la sentencia sobre la caducidad de la acción , puesto que según los artículos 175 del CCA y 332 del CPC, las sentencias ejecutoriadas son las que hacen tránsito a cosa juzgada.

2.- El auto admisorio partió de la premisa de que el daño alegado en la demanda fue producido por la ocupación temporal de un inmueble: la que efectuó la Policía Nacional sobre el predio conocido como << El Cilindrazo>>, en el cual el demandante tenía ubicado un establecimiento de comercio. La providencia consideró que la ocupación <<no había cesado>> debido a que, para la fecha de la demanda, la Policía no había abandonado el predio. Por lo tanto, consideró que la caducidad no había operado.

3.- Estimo que la premisa del auto antes referido fue equivocada. El demandante no era propietario ni poseedor del predio en el que se ubicó la Policía: era dueño de un establecimiento de comercio que operaba en el inmueble. El establecimiento de comercio, por regla general , es un conjunto de bienes muebles destinado a una

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencias del 9 de julio de 2021, exp. 59477, y del 19 de octubre de 2022, exp. 58044 y 60831.Radicado: 50001-23-31-000-2008-00270-02 (62990)

Demandante: Gildardo de Jesús López

2 actividad económica, que se ubica en uno o más inmuebles. La razón por la cual la

Demandante: Gildardo de Jesús López

2 actividad económica, que se ubica en uno o más inmuebles. La razón por la cual la jurisprudencia ha aceptado que en casos de ocupación temporal de inmuebles , la caducidad cuente desde que esta cesa, radica en que hasta ese momento no se ha consolidado el daño2. No sucede lo mismo cuando el daño es causado por el cierre de un establecimiento de comercio. Desde el momento en que este ocurre , el demandante padece el daño: puede trasladar el establecimiento a otro inmueble y reclamar la indemnización de los perjuicios que ello le cause o, de no ser posible el traslado, puede pretender la indemnización por el cierre definitivo del negocio.

4.- En este caso, e l daño cuya reparación pretendió el demandante no fue el producido por la ocupación del inmueble –es decir, la imposibilidad del propietario o poseedor de usar y gozar su predio –, sino el cierre de su establecimiento de comercio. Este daño se produjo en un momento determinado: el 31 de enero de 2004, cuando la Policía impidió el acceso a la zona. En co nsecuencia, la demanda presentada el 28 de mayo de 2008 fue radicada en forma extemporánea.

Fecha ut supra,

Con firma electrónica

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Magistrado

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de febrero de 2011, exp. 38721, M.P. Danilo Rojas Betancourth.