CE - 500012331000200900205011SENTENCIA20230718100032

Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

Demandados: Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Rama

Judicial

Tema: Privación de la libertad. Si bien el daño no es imputable a la Fiscalía, se confirma la decisión de condenarla porque esta decisión no fue apelada por esa entidad. Se confirma la decisión de primera instancia de condenar a la Policía Nacional y a la Rama Judicial porque se demostró la ilegalidad de la captura y de la medida de aseguramiento. Se modifica el monto de los perjuicios reconocidos en primera instancia según las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuació n, la Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Rama Judicial y la Policía Nacional contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 2013 1 por el Tribunal Administrativo de l Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y dispuso:

<< (…) PRIMERO: NEGAR la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA

Administrativo de l Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y dispuso:

<< (…) PRIMERO: NEGAR la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y LA EXCEPCIÓN DE INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN EN CASO CONCRETO POR PARTE DE LA RAMA JUDICIAL, propuesta por LA RAMA JUDICIAL, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR A LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL administrativa y patrimonialmente responsable por los PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES ocasionados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad del señor JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL a pagar, en

1 Fl. 323 – 331, c - 2Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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partes iguales, al señor JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, o a quien sus derechos legalmente representen, por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL

partes iguales, al señor JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, o a quien sus derechos legalmente representen, por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($6.941.363.00).

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL a pagar, por concepto de perjuicios morales, a los siguientes demandantes, las sumas de dinero que a continuación se discriminarán:

• A JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, o a quienes sus derechos legalmente representen, la suma de CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (40 SMLMV).

• A ANA BRI CEIDA MURCIA , o a quien sus derechos legalmente representen, la suma de TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (30 SMLMV).

• A MARGELI KATHERINE P ÉREZ MURCIA, o a quienes sus derechos legalmente representen, la suma de DIEZ SALARIOS M ÍNIMOS

LEGALES MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV).

• A HELEN VIVIANA PÉREZ MURCIA, o a quien sus derechos legalmente representen, la suma de DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV).

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

representen, la suma de DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV).

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Dese cumplimiento a la sentencia los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 15 de octubre de 20132; el 6 de noviembre de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión 3. La Policía Nacional y la parte demandante presentaron sus alegatos ; la Rama Judicial y la Fiscalía guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia porque están demostrados los elementos de responsabilidad objetiva del Estado.

2 Fl. 385, c - 2 3 Fl. 387, c - 2Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 3 de junio de 20094, por Jorge Luis Cañón Murcia (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación , la Rama Judicial y la Policía Nacional para

por Jorge Luis Cañón Murcia (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación , la Rama Judicial y la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el citado demandante entre el 1° de febrero de 2007 y el 21 de febrero de 20075, es decir, por un término de veintiún (21) días. En el proceso penal se le imputó el delito de homicidio agravado.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<< (…) A. DECLARACIONES.

Se declare administrativamente responsable a la Nación - Rama JudicialFiscalía General de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, de la totalidad de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del señor Jorge Luis Cañón Murcia, en los hechos ocurridos el 1º de febrero de 2007, cuando se le dio captura por los miembros de la Policía Nacional en el barrio Vizcaya de esta ciudad como consecuencia de la muerte de una persona en el barrio de la Desmontadora.

B. CONDENAS.

Que como consecuencia de haberse declarado administrativamente responsable a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, de la totalidad de los perjuicios ocasionados a los actores por la privación injusta de la libertad de su hijo y padre (sic), se condene como reparación del daño a pagar a los demandantes o a quie n sus derechos representen los perjuicios materiales y morales que solicito de la siguiente manera:

condene como reparación del daño a pagar a los demandantes o a quie n sus derechos representen los perjuicios materiales y morales que solicito de la siguiente manera:

B. 10. (sic) DAÑO SUBJETIVO O PERJUICIO MORAL.

Entre el señor Jorge Luis Cañón Murcia, su esposa e hijas siempre ha existido relaciones de solidaridad , af ectividad, convivencia, cercanía, ayuda mutua, hermandad, circunstancias estas unidas al grado de parentesco, permiten inferir el dolor o el daño moral que reclama:

Para JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA (Perjudicado), el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para ANA BRICEIDA MURCIA (Madre), el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para MAGERL[i] CATHERINE PÉREZ MURCIA (Hija) (sic), el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4 Fl. 1 - 88, c - 2 5 Periodo de privación de la libertad según las afirmaciones de la demanda.Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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Para HELEN VIVIANA PÉREZ MURCIA (Hija) (sic), el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

B. DAÑO OBJETIVADO O PERJUICIOS MATERIALES.

Los calculo en la suma superior a DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) que

salarios mínimos mensuales legales vigentes.

B. DAÑO OBJETIVADO O PERJUICIOS MATERIALES.

Los calculo en la suma superior a DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) que deberá ser pagado a los demandantes, o a quien sus derechos representen en el proceso, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, toda vez que al momento de los hechos devenga ba un promedio mensual de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) de acuerdo a la certificación expedida por TAXITEKA, la cual se aporta a la presente solicitud.

DAÑO EMERGENTE:

Estimó la cuantía en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000. 000.oo) millones de pesos, los cuales se discriminan de la siguiente manera: En gastos representados en la constitución de abogado defensor dentro del proceso penal iniciado en su contra.

LUCRO CESANTE:

Como lucro cesante se estima de la siguiente manera:

Lo dejado de percibir por el occiso (sic) desde el día de su fallecimiento hasta el promedio de la vida que resulte de la legislación colombiana hasta la de 65 años que calcul ó sobre la base de un salario de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) que devengaba al momento de los hechos, el cual se multiplica por el número de meses que tiene el año; teniendo en cuenta el promedio de salarios para obtener el índice de inflación, correspondiente al SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO (6,55%) promedio de alza de los salarios por parte del gobierno nacional.

PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN:

para obtener el índice de inflación, correspondiente al SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO (6,55%) promedio de alza de los salarios por parte del gobierno nacional.

PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN:

Para cada uno el equivalente en pesos a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes así:

JORGE LUIS CAÑÓN MURCIA, (perjudicado) el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A ANA BRICEIDA MURCIA, (madre) el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A MARGELI KATHERINE PEREZ MURCIA, (hija) (sic) el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A HELEN VIVIANA PEREZ MURCIA, (hija) (sic) el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

C.- PERJUICIOS FISIOLÓGICOS:

Se calcula sobre la suma de mil (2.000) (sic) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los demandantes, por los padecimientos que tuvieron que pasar y sufrir los signos de la depresión, aflicción y bajo autoestima, angustias económicas, y no poder cumplir con sus obligaciones de subsistencia,Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

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alimentación, compromisos comerciales etc., como consecuencia de la privación injusta de la libertad de Jorge Luis Cañón Murcia.

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alimentación, compromisos comerciales etc., como consecuencia de la privación injusta de la libertad de Jorge Luis Cañón Murcia.

D. PAGO DE INTERESES.

La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, o a la entidad obligada al pago, cancelará intereses por la totalidad del capital o suma ordenada como pago de los perjuicios ocasionados, según conciliación o sentencia, a cada uno de los actores o quien represente sus derechos y a partir de su ejecutoria. (…)>>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La señora María Isabel García Rey murió en la ciudad de Villavicencio el 1° de febrero de 2007 , como consecuencia de un disparo hecho por un individuo que abandonó el lugar del crimen en una motocicleta . U na vez informad o el suceso, agentes de la Policía lograron interceptar a dos sujetos que se movilizaban en una moto y que coincidían con las características dadas por la central. Al momento de ser abordados por los agentes, los sospechosos emprendieron la huida y, unas cuadras más adelante, el demandante Jorge Luis Cañón Murcia (parrillero) se lanzó de la moto cicleta. El demandante fue capturado en ese momento, mientras el conductor de la moto continuó la fuga.

3.2.- En audiencia del 2 de febrero de 2007 el Juzgado 6º Penal Municipal con funciones de control de g arantías de Villavicencio declaró la legalidad de la

3.2.- En audiencia del 2 de febrero de 2007 el Juzgado 6º Penal Municipal con funciones de control de g arantías de Villavicencio declaró la legalidad de la captura y dictó medida de aseguramiento contra el demandante Jorge Luis Cañón Murcia, a quien le imputó el delito de homicidio.

3.3.- El 21 de febrero de 2007, de conformidad con la solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 6º Penal Municipal revocó la medida de aseguramiento y ordenó la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia.

3.4.- El 20 de marzo de 2007 el Juez 2º Penal del Circuito de Villavicencio con función de conocimiento precluyó la investigación en favor del demandante Cañón Murcia porque no se probó que hubiese participado en los hechos objeto de investigación.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora , en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante fue capturado el 1° de febrero de 2007 ; (ii) el 2 de febrero de 2007 el juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en su contra; (iii) el 21 de febrero de 2007 el Juzgado 6º Penal Municipal revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad; y (iv) el 20 de marzo de 2007 el juez de conocimiento precluyó la investigación.Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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5.- Según la parte actora, el demandante Cañón Murcia fue privado injustamente de la libertad porque las pruebas del expediente no permitían inferir su

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5.- Según la parte actora, el demandante Cañón Murcia fue privado injustamente de la libertad porque las pruebas del expediente no permitían inferir su participación en la comisión del delito.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

6.1.- El demandante Jorge Luis Cañón Murcia no pudo obtener ingresos como consecuencia de su detención.

6.2.- A título de daño emergente, solicitó el pago de los honorarios del abogado que llevó la defensa en el proceso penal.

6.3.- La víctima directa sufrió un daño a la vida de relación . Sin embargo, los demandantes no expusieron la justificación para reclamar este perjuicio.

6.4.- La víctima directa y sus familiares reclamaron perjuicios fisiológicos porque <<(…) tuvieron que sufrir los signos de depresión, aflicción y baja autoestima, angustias económicas y no poder cumplir con sus obligaciones de subsistencia, alimentación, compromisos comerciales etc. (…)>>.

6.5.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque <<(…) entre el señor Jorge Luis Cañó n Murcia , su esposa (sic) e hija siempre ha n existido relaciones de solidaridad, afectividad, convivencia, cercanía, ayuda mutua, hermandad, circunstancias estas que, unidos al grado de parentesco, permiten inferir el dolor o daño moral (…)>>.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.

permiten inferir el dolor o daño moral (…)>>.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que: (i) la actuación de la Fiscalía se surtió de conformidad con la Constitución y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes; (ii) el daño no es antijurídico porque el demandante Jorge Luis Cañón Murcia tenía el deber de soportar la detención preventiva; (iii) existían suficientes indicios graves de responsabilidad en su contra; (iv) la absolución del ahora demandante se debe a una nueva valoración probatoria, que no le resta valor a la argumentación de la Fiscalía; (v) en la demanda no se allegaron ni se solicitaron pruebas para acreditar los daños materiales e inmateriales; y (vi) alegó la excepción de falta de legitimación por pasiva.

8.- La Rama Judicial también se opuso a las pretensiones de la demanda. En su contestación, señaló que: (i) las actuaciones de la Rama Judicial se ajustaron a derecho y se respetaron las garantías procesales; (ii) la orden de detención fue decretada por el juez de garantías de acuerdo a la solicitud de la Fiscalía ; (ii) la Fiscalía, en audiencia, solicitó la revocatoria de la medida, por lo que el juez deRadicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

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garantías la revocó y ordenó la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia; y (iii) alegó la excepción de indebida representación.

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garantías la revocó y ordenó la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia; y (iii) alegó la excepción de indebida representación.

9.- La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda ; argumentó que es su deber constitucional capturar a las personas que sean requeridas por las autoridades judiciales para que estas realicen el estudio legal y fáctico para definir su situación jurídica.

C. Sentencia recurrida

10.- En la sentencia del 28 de mayo de 20136, el Tribunal Administrativo del Meta decidió lo siguiente:

10.1.- Declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación porque dicha entidad tuvo injerencia directa en la causación del daño sufrido por el demandante Jorge Luis Cañón Murcia , y la de indebida representación propuesta por la Rama Judicial porque el poder se otorgó en debida forma y no había sido revocado.

10.2.- En aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, condenó a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a reparar el daño causado por la privación injusta de la libertad del demandante Jorge Luis Cañón Murcia.

10.3.- En relación con los perjuicios reclamados por la parte actora, el tribunal decidió:

a.- Reparar l os perjuicios morales ocasionados a la víctima directa y a sus familiares en las sumas transcritas en la presente providencia.

b.- Reparar el lucro cesante. Para su liquidación aplicó la presunción del salario

a.- Reparar l os perjuicios morales ocasionados a la víctima directa y a sus familiares en las sumas transcritas en la presente providencia.

b.- Reparar el lucro cesante. Para su liquidación aplicó la presunción del salario mínimo legal mensual vigente porque la parte actora no acreditó los ingresos del demandante Jorge Luis Cañón Murcia y concedió el 25% adicional por concepto de prestaciones sociales.

c.- Negar la reparación del daño emergente porque no se probó.

d.- Negar la reparación del perjuicio fisiológico porque no se probó.

e.- Negar la reparación del daño a la vida en relación porque no se acreditó.

6 Fl. 323, 331, c - 2Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

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D. Recursos de apelación

11.- La Rama Judicial solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda porque la entidad no contribuyó en la producción del hecho dañino. Sostuvo que la entidad actuó en estricta sujeción a las formalidades procedimentales y legales, y se limitó a acceder a las solicitudes realizadas por la Fiscalía, sin que por ello se pueda configurar responsabilidad patrimonial en su contra.

12.- La Policía Nacional también solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda porque: (i) la descripción y las prendas de vestir del presunto homicida coincidían

12.- La Policía Nacional también solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda porque: (i) la descripción y las prendas de vestir del presunto homicida coincidían plenamente con las características físicas de la víctima di recta; lo anterior, en adición al intento de huida, el estar cerca al lugar de los hechos y las explicaciones dadas por el demandante Jorge Luis Cañón Murcia una vez fue abordado por los uniformados, fueron circunstancias que llevaron a la detención preventiva; (ii) la actuación de la Policía se ajustó a los procedimientos y a la Constitución, toda vez que a ella le corresponde capturar a los presuntos infractores de la ley y dejarlos a disposición de la autoridad competente ; (iii) la Fiscalía, como ente acusador , tiene a su cargo la obligación de probar la existencia del delito ; (iv) la Policía cumplió los parámetros legales y constitucionales y solo se limitó a dejar a l demandante a disposición de la autoridad competente

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

13.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fu e presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) la providencia que confirmó la preclusión del procedimiento quedó ejecutoriada el 20 de marzo de 20077; (ii) la solicitud de conciliación se presentó el 19 de marzo de 20098 y los términos se suspendieron hasta el 3 de junio de 2009 , fecha en la que la con ciliación se

solicitud de conciliación se presentó el 19 de marzo de 20098 y los términos se suspendieron hasta el 3 de junio de 2009 , fecha en la que la con ciliación se declaró fallida; y (iii) la demanda fue interpuesta el 3 de junio de 20099.

14.- La Sala confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque no fue apelada por esa entidad, quien era la que tenía interés procesal para hacerlo . En consecuencia, a esta entidad le corresponderá pagar una tercera parte de las condenas decretadas en primera instancia, así:

7 Fl. 28, c – 1. Constancia de ejecutoria e mitida por el secretario del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Acusatorio Penal de Villavicencio – Meta. 8 Fl. 23, c – 1. 9 Fl. 1 – 88, c – 1.Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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14.1.- Perjuicios morales:

DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA

Jorge Luis Cañón Murcia Víctima Directa 13,33 SMLMV Ana Briceida Murcia Madre de la víctima 10 SMLMV Margeli Katherine Pérez Murcia Hermana de la víctima directa 3,33 SMLMV Helen Viviana Pérez Murcia Hermana de la víctima directa 3,33 SMLMV

14.2.- Lucro cesante: para calcular el monto de este perjuicio, se calculará el 33% de la condena impuesta en primera instancia, la cual será actualizada a la fecha presente, así:

directa 3,33 SMLMV

14.2.- Lucro cesante: para calcular el monto de este perjuicio, se calculará el 33% de la condena impuesta en primera instancia, la cual será actualizada a la fecha presente, así:

RH = $6.941.363,00 / 3

RH = $2.313.787,66

RA = RH Índice Final Índice Inicial

Donde:

RH: es la suma a actualizar El índice final: es el previsto en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de esta providencia El índice inicial: Es el previsto en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia (28 de mayo de 2013).

RA = $2.313.787,66 X 128,27 79,21

RA = $3.746.869,63

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

15.- A partir del acta de derechos del capturado 10 y la boleta de libertad11, está probado que el demandante Jorge Luis Cañón Murcia estuvo privado de la

10 Fl. 82, c - 1 11 Fl. 52, c - 1Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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libertad entre el 1° de febrero de 2007 y el 21 de febrero de 2007, es decir, por un periodo total de veintiún (21) días.

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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libertad entre el 1° de febrero de 2007 y el 21 de febrero de 2007, es decir, por un periodo total de veintiún (21) días.

16.- Está demostrado que mediante providencia del 20 de marzo de 2007 el Juez Segundo Penal del Circuito de Villavicencio con función de conocimiento precluyó la investigación en favor del demandante Jorge Luis Cañón Murcia porque no se probó que intervino en el hecho investigado.

17.- En esta providencia, la Sala:

17.1.- Confirmará la decisión de c ondenar a la Policía Nacional y a la Rama Judicial porque se demostró la ilegalidad de la captura y de la medida de aseguramiento dictada contra el demandante Cañón Murcia.

17.2.- Si bien el daño no es imputable a la Fiscalía General de la Nación, se confirmará la decisión de condenarla porque no fue apelada.

G. Plan de exposición

18.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad12. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la captura; (ii) la ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa; (iii) las entidades imputadas; (iv) el análisis de la culpa de la víctima y iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. Ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa

1. La ilegalidad de la captura

análisis de la culpa de la víctima y iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. Ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa

1. La ilegalidad de la captura

19.- En vigencia de la Ley 906 de 2004, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa, la captura debía cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29713, es decir, contar con una orden escrita del juez de control de garantías, salvo en caso de flagrancia o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación.

12 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata. 13 ARTÍCULO 297. REQUISITOS GENERALES. <<Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de

2007. El nuevo texto es el siguiente:>> Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide librarla es auto r o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal.

Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de con trol de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.

treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de con trol de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. PARÁGRAFO. Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías.Radicado: 50001-23-31-000-2009-00205-01 (48829)

Demandantes: Jorge Luis Cañón Murcia y otros

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20.- La Juez Penal Municipal de Villavicencio en audiencia de legalización de captura afirmó que la captura del demandante Cañón Murcia se trat ó de una captura administrativa, y al respecto mencionó: << (…) considera este despacho que la figura de la detención administrativa, no es un a figura que haya perdido vigencia, pues a trav és de desarrollo jurisprudencial en la sentencia C - 024 de 1994, se señala los motivos a trav és de la cual ella se puede desarrollar y le otorga facultades a la Pol icía judicial para que bajo ciert os requisitos se pueda proceder a la misma>>14.

21.- La Sala advierte que la captura del demandante Jorge Luis Cañón Murcia fue ilegal , toda vez que la figura de la captura administrativa fue declarada inconstitucional a partir de la sentencia de la Corte Constitucional C-237 de 2005, dado que <<(…) [s]ólo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen

inconstitucional a partir de la sentencia de la Corte Constitucional C-237 de 2005, dado que <<(…) [s]ólo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu proprio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente (…)>>15

1. La ilegalidad de la medida de aseguramiento

22.- La ley antes mencionada establecía en sus artículos 308 a 313 los siguientes requisitos para adoptar la medida de aseguramiento:

22.1.- La existencia de evidencia física, elementos materiales probatorios o información obtenida legalmente que permitieran <<inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga>> (art. 308).

22.2.- La procedencia de la medida según el tipo de delito o la pena del delito imputado (art. 313).

22.3.- Que la medida sea necesaria porque: (i) se requiere evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; (ii) el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) resulta probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

23.- Con la grabación de la audiencia preliminar del 2 de febrero de 200716, está probado que el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Villavicencio dictó medida de aseguramiento contra el dema