CE - 500012331000200900280011SENTENCIASENTENCIA20230725131904

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Título
CE - 500012331000200900280011SENTENCIASENTENCIA20230725131904
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandada: Referencia: 50001-23-31-000-2009-00280-01(63358).

Luis Andrés Guevara Borda (sucesor procesal de Luis Carlos Guevara). La Nación - Fiscalía General de la Nación. Aóción de reparación directa. Tema 1. Privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000 Subtema 1.1. Culpa exclusiva de la víctima. Subtema 1.2. Falta de acreditación del daño antijurídico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 1° de noviembre de 2918 por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS La Fiscalía vinculó, con fines de indagación, a Luis Carlos Guevara en una investigación penal, por encontrarse sindicado de haber cometido el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. La Policía capturó al señor

La Fiscalía vinculó, con fines de indagación, a Luis Carlos Guevara en una investigación penal, por encontrarse sindicado de haber cometido el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. La Policía capturó al señor Guevara y, tras ello, lo puso a disposición del órgano investigador, que le impuso una medida de aseguramiento de detención domiciliaria; y, posteriormente, profirió resolución de acusación en su contra. Esta última decisión fue confirmada en sede de apelación. Un juzgado penal de Villavicencio profirió sentencia absolutoria, por aplicación del principio in dubio pro reo. El actor demanda al Estado, porque considera que su privación de la libertad fue injusta.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda 2

El accionante solicita que esta Jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la privación de la libertad que soportó el demandante dentro del proceso radicado al número 58524, a consecuencia de la detención domiciliaria que la Fiscalía General de la Nación le impuso por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (u) conscriptos y, (hi) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turnó (...)". 1 Demanda. Folios 50 a 60 ! cuaderno 1.Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turnó (...)". 1 Demanda. Folios 50 a 60 ! cuaderno 1.Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia, Admitida la demanda 3 , notificada la anterior decisión 4 y corridos los traslados que la ley ordena, la Nación - Fiscalía General de la Nación contestó la demanda 5 . Sostuvo que el actor no demostró el carácter injusto de la privación de la libertad que sufrió. Reclamó su falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la medida de aseguramiento respondió al cumplimiento de un deber legal. En relación con la indemnización de perjuicios deprecada, advirtió que no hay medios de prueba que acrediten el dolor moral o el menoscabo a la vida de relación padecido por la víctima, como consecuencia del daño del que reclama su reparación. El apoderado del demandante presentó un memorial, en el que informó el fallecimiento de su poderdante 6 , y que, en consecuencia, Luis Andrés Guevara Borda y Graciela Borda Rodríguez actuarían en este contencioso como sucesores procesales del causante, en su condición de hijo y cónyuge, respectivamente. El Tribunal Administrativo del Meta profirió auto el 2 dé noviembre de 2016 7 , en el que reconoció en este proceso a Luis Andrés Guevara Borda como sucesor procesal de Luis Carlos Guevara. Frente a Graciela Borda Rodríguez, el a quo indicó que no estaba probado su vínculo afectivo con quien formuló inicialmente la

que reconoció en este proceso a Luis Andrés Guevara Borda como sucesor procesal de Luis Carlos Guevara. Frente a Graciela Borda Rodríguez, el a quo indicó que no estaba probado su vínculo afectivo con quien formuló inicialmente la demanda, así que no procedía su condición de sucesor: procesal. Agotada la etapa de pruebas 8 , el Tribunal corrió traslado 9 a las partes para que alegaran de conclusión, como en efecto así ocurrió 10 ; y al Ministerio Púbico para que emitiera su concepto, no obstante, guardó silencio.! 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 1° de noviembre de 2018 11 , en la que negó las pretensiones de la demanda, por configurarse el evento de culpa exclusiva de la víctima. El juez de primera instancia concluyó, a partir de la resolución que definió la situación jurídica del procesado, que fue la actuación dbl señor Guevara la que dio lugar a la investigación penal y a la captura en su cont, puesto que el actor, en la declaración que rindió el 27 de diciembre de 2001 y el 10 de enero de 2002 y en la indagación que presentó el 7 de febrero de 2002, había incurrido en contradicciones respecto de la forma que adujo haber conocido sobre la captura del conductor del carrotanque que transportaba la sustancia; y del lugar,y la hora en que efectuó la consignación para adquirir el producto. Al analizar la mentada prueba testimonial, pudo determinar que también había inconsistencias en cuanto a las afirmaciones vinculadas al valor que el señor Guevara consignó parala adquisición del disolvente

consignación para adquirir el producto. Al analizar la mentada prueba testimonial, pudo determinar que también había inconsistencias en cuanto a las afirmaciones vinculadas al valor que el señor Guevara consignó parala adquisición del disolvente a1ifático 12 , y al número de veces en que le había sido hurtado este tipo de sustancias químicas. Resaltó que el juez penal de conocimiento, eh su fallo absolutorio, había resaltado las mencionadas imprecisiones en que incurrió el actor. En conclusión, estableció, conforme a lo dispuesto en los artículos 63del Código Civil y 70 de la Auto admisorio de la demanda. Folios 99 y 100, cuaderno 1. Diligencias de notificación del auto admisorio. Folios 100, 110 y 111, cuaderno 1. Contestación a la demanda de la Nación - Fiscalía General de la Nación. Folios 112 a 120, cuaderno 1. 6 Memorial presentado por el apoderado de la parte actora. Folios 220 a 22,2, cuaderno 1. Auto que definió la sucesión procesal. Folio 287, cuaderno 1. El Tribunal ordenó la apertura de la etapa de pruebas. Folios 131 y 132, cuaderno 1. Decisión que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 320, cuaderno 2. 10 Alegatos de conclusión de la parte demandante en primera instancia. Folios 322 a 324 y 325 a 330, cuaderno

2. Alegatos de conclusión de la Fiscalía en primera instancia. Folios 333 a 342, cuaderno 1. 11 Sentencia de primera instancia. Folios 364 a 373, cuaderno principal. 12 Ver folios 1,2,4 y 132, cuaderno 7.

11 Sentencia de primera instancia. Folios 364 a 373, cuaderno principal. 12 Ver folios 1,2,4 y 132, cuaderno 7. 2Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

Ley 270 de 1996, que el actuar negligente, descuidado e imprudente de la víctima incidió en la medida de aseguramiento que le fue impuesta. 2.4. El recurso de apelación La parte actora, el 12 de diciembre de 201813, interpuso recurso de apelación. Sustentó su escrito con fundamento en los siguientes cargos presentados en contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1. En la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad estatal, carece de. relevancia jurídica considerar la incidencia de los indicios valorados por el fiscal para imponer la medida de aseguramiento, como causa determinante en el daño invocado en la demanda. - 2.4.2. El juez de primera instancia no precisó cuál es la conducta atribuible al señor Guevara, que fuera la causa eficiente y determinante para que se le iniciara una investigación penal en su contra. 2.4.3. La orden de captura y la medida de aseguramiento en contra del señor Guevara no estuvo sustentada en las contradicciones que subyacían de las declaraciones rendidas por el procesado, sino en la prueba testimonial y documental que demostraba que el dueño de la sustancia química incautada era precisamente el sindicado. 2.4.4. El demandante no obró con culpa grave o dolo, si se tiene en cuenta, primero,

que demostraba que el dueño de la sustancia química incautada era precisamente el sindicado. 2.4.4. El demandante no obró con culpa grave o dolo, si se tiene en cuenta, primero, que lo que ocurrió fue el quebrantamiento de la confianza legítima que se depositó en el conductor José Pastor, cuando desvió el curso de la sustancia que le correspondía transportar hacia un destino que no era el indicado; segundo, que el producto fue cancelado con dinero de lícita procedencia; y, tercero, que la empresa del procesado había sido objeto de estrictos controles por miembros de la SIJIN. 2.4.5. Las posibles contradicciones en que pudo incurrir el indiciado "no alcanzan a abrigar el mérito suficiente para sustentar como lo sostiene el fallo materia de estudio, ( ... ) que el comportamiento del señor ( ... ) Guevara fue negligente ( ... ) y que por ello fue que lo vincularon al proceso y le dictaron medida de aseguramiento" 14 . 2.4.6. En el evento de considerarse hipotéticamente que la medida de aseguramiento fue adecuadamente impuesta, no se justificaba que la privación de la libertad se mantuviera durante todo el proceso penal, si la Fiscalía no recogió nuevos elementos materiales probatorios para el momento de proferir la resolución de acusación. Lo que debió decidir la Fiscalía fue precluir la investigación, más aún porque los demás procesados informaron que el señor Guevara no estaba involucrado en la comisión del delito investigado. 2.4.7. En el ámbito del derecho civil, no está probada la culpa exclusiva de la víctima. 13 Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Folios 383 a 394, cuaderno principal.

2.4.7. En el ámbito del derecho civil, no está probada la culpa exclusiva de la víctima. 13 Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Folios 383 a 394, cuaderno principal. 14 ¡bid. Folio 390, cuaderno principal. 3Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, el 23 de abril de 2019, admitió 'el recurso de apelación propuesto 15 ; y, el 8 de julio del mismo año, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto 16 . La Nación - Fiscalía General de la Nación, en sus alegaciones conclusivas 17 , insistió en la carga argumentativa expuesta en su contestación a la demanda. Protestó que fue la conducta gravemente culposa del investigado la que conllevó a que se adelantara una investigación penal en su contrá y que se le impusiera una medida de aseguramiento. La parte demandante también presentó sus alegatos de conclusión 18 , en el sentido de reiterar los cargos pLanteados en su recurso de apelación, pero respaldando su posición a partir de lo fijádo en la sentencia SU-072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y en dos fallos de unificación dictados por esta Colegiatura (expedientes 46947 y 44572). El Ministerio Público guardó silencio 19 .

III. PROBLEMAS JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") -

por esta Colegiatura (expedientes 46947 y 44572). El Ministerio Público guardó silencio 19 .

III. PROBLEMAS JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887— el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formylados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión" 20-21 . En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el ai,élante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 1,22 . 3.2. Precisado lo anterior, en atención a los cargos planteados en el recurso de apelación promovido por el demandante, a esta Subsección le corresponde resolver

de su inconformidad con la providencia censurada 1,22 . 3.2. Precisado lo anterior, en atención a los cargos planteados en el recurso de apelación promovido por el demandante, a esta Subsección le corresponde resolver estos problemas jurídicos: 15 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 422, cuaderno principal. 16 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 424, cuaderno principal. 17 Alegatos de conclusión de la Nación - Fiscalía General de la Nación en segunda instancia. Folios 429 a 449, cuaderno principal. 16 Alegatos de conclusión de la parte demandante en segunda instancia. Fólios 425 a 428 y 450 a 454, cuaderno principal. 19 Constancia secretaria]. Folio 455, cuaderno principal. 20 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se reqirán por las leves viqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las prubas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. ( ... )". (subrayado fuera del texto original). 21 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(U).

21 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(U). 22 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del - 6 de abril de 2018, exp. 46005. 4Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

¿Existía mérito suficiente para que el juez de primera instancia declarara probado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima? ¿La privación de la libertad sufrida por Luis Carlos Guevara, y acaecida como consecuencia de la detención domiciliaria ordenada por la Fiscalía, en un proceso en el que era objeto de investigación la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, puede considerarse cómo causa de un daño antijurídico, pese a que un juez penal de conocimiento, en el aludido trámite judicial, dictó sentencia absolutoria, por in dubio pro reo? En el evento de que no esté configurada una culpa exclusiva de la víctima, y la respuesta al segundo interrogante sea afirmativa, habrá que definir: ¿El daño antijurídico derivado de la detención domiciliaria en contra de Luis Carlos Guevara es atribuible, por acción u omisión, a la Nación — Fiscalía General de la Nación? En caso de que estén configurados los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad estatal, deberá esta Subsección verificar: ¿La parte actora satisfizo los parámetros jurisprudenciales de esta Corporación para acceder a la indemnización de perjuicios pedida en la demanda?

responsabilidad estatal, deberá esta Subsección verificar: ¿La parte actora satisfizo los parámetros jurisprudenciales de esta Corporación para acceder a la indemnización de perjuicios pedida en la demanda?

W. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 23 , así como del oportuno ejercicio que de la acción hizo el demandante, ya que presentó su demanda el 12 de marzo de 200724, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 25 al día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia con la que el señor Guevara fue absuelto 26 (10 de marzo de 200527). Cabe precisar que el 11 de marzo de 2007 fue un domingo, es decir, un día inhábil. 4.1.2. Ahora, dicha decisión tendrá tal alcance respecto de Luis Andrés Guevara Borda, como sucesor procesal de Luis Carlos Guevara, quien detenta la condición de víctima directa, y, por ende, está legitimado en la causa por activa. En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada a la Nación, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su delegado, en cuanto fue el órgano que vinculó al señor Guevara en una investigación, y la autoridad que impuso la medida privativa de la libertad objeto de análisis. 4.2. Hechos probados y relevantes para la solución de los problemas jurídicos planteados

fue el órgano que vinculó al señor Guevara en una investigación, y la autoridad que impuso la medida privativa de la libertad objeto de análisis. 4.2. Hechos probados y relevantes para la solución de los problemas jurídicos planteados 4.2.1. El 4 de noviembre de 2001, en horas de la madrugada, la Policía Nacional incautó 6000 galones de disolvente alifático número 1 en la carretera que conduce 23 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34985. 24 Demanda. Folio 60, cuaderno 1. 25 Código Contencioso Administrativo. Articulo 136. 1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. [ ... ] 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. [ ... . 26 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 1996, exp. 11425. 27 Constancia de la Secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Villavicencio. Folio 34, cuaderno 1. 5Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

de la vereda Las Mercedes al puente Ocoa, que a su vez se encuentra en la vía que

5Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

de la vereda Las Mercedes al puente Ocoa, que a su vez se encuentra en la vía que comunica a la ciudad de Villavicencio (Meta) con el riunicipio de Puerto López (Meta). La sustancia química incautada era transportada por un camión conducido por José Pastor Castro Salinas, quien informó que su destino era entregar el vehículo en Puerto López, pero no supo dar explicación alguna sobre el contenido de la carga ni de su propietario; y custodiada por una camioneta en cuyo interior se encontraban Ramiro Benito Delgado, como conductor, y Luis Carlos Delgado Italares, como acompañante. La Policía capturó a las personas involucradas en dicho suces0 28 . 4.2.2. La Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad Antinarcóticos de Villavicencio, el 9 de noviembre de 200129, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los señores Castro Salinas, Benítez Delgado y Delgado Italares. 4.2.3. La Fiscalía, a través de labores de investigación (especialmente a través de una inspección judicial realizada en las instalaciones de la empresa Ecopetrol, Gerencia Llanos) , pudo establecer que la sustancia incautada fue despachada el 2 de noviembre de 2001 por Ecopetrol Gerencia Llano, a pedido del señor Luis Carlos Guevara, propietario de la empresa Calicauchos Øe la ciudad de Cali, sin que hubiese cumplido su destino final, ya que el cargamentofue desviado, al parecer en forma ilícita, para que abasteciera a grupos al margén de la ley, y a personas

hubiese cumplido su destino final, ya que el cargamentofue desviado, al parecer en forma ilícita, para que abasteciera a grupos al margén de la ley, y a personas dedicadas a la producción de alcaloides 30 . 4.2.4. Por los anteriores acontecimientos, la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad Antinarcóticos de Villavicencio, el 5 de febrero de 201231, decidió vincular en una investigación penal, con fines de indagación., a Luis Carlos Guevara y a otra persona, porque, al parecer, incurrieron en el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. El órgano investigador resaltó que el señor Guevara, como propietario de la empresa "Calicauchos", fue la persona que adquirió el disolvente incautado. 4.2.5. La Policía Nacional, el 6 de febrero de 201232, capturó al señor Guevara, quien, al día siguiente, rindió indagación 33 . 4.2.6. En atención al numeral 1° del artículo 362 del. Código de Procedimiento Penal 34 , la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgádos Penales del Circuito Especializado de Villavicencio, el 8 de febrero de 2012, ordenó la suspensión de la privación de la libertad sufrida por Luis Carlos Guévara, con la advertencia de que a este le correspondía permanecer el lugar de su.residencia. La Fiscalía sustentó su decisión en el hecho de que el sindicado tenía una edad superior a los sesenta y cinco años, y de que estaban acçeditados los padecimientos que aquejaban su estado de salud.

La Fiscalía sustentó su decisión en el hecho de que el sindicado tenía una edad superior a los sesenta y cinco años, y de que estaban acçeditados los padecimientos que aquejaban su estado de salud. 4.2.7. La Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad Antinarcóticos de Villavicencio, 28 Informe de Policía. Folios 1 a 3, cuaderno 6. 29 Resolución que definió la situación juridica de los primeros capturados. Folios 116 a 131, cuaderno 6. 30 Resolución que definió la situación juridica del procesado. Folios 197 y 198, cuaderno 7. 31 Resolución de vinculación a la investigación penal. Folio 103, cuaderno 7. 32 Acta de derechos del capturado. Folio 122, cuaderno 7. 33 Diligencia de indagación. Folios 129 a 136, cuaderno 7. "La privación de la libertad se suspenderá en los siguientes casos: 1. cuando el sindicado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad y la naturaleza ola modalidad de la conducta punible hagan aconsejable la medida. ( ... )". 35 Resolución que suspendió la privación de la libertad del sindicado. Folios 144 a 147, cuaderno 7. 6Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

mediante resolución fechada el 13 de febrero de 200236, impuso medida de aseguramiento en contra de Luis Carlos Guevara, consistente en la detención domiciliaria que ya le había sido ordenada. Como sustento de la decisión, la Fiscalía analizó la comisión de los delitos de

aseguramiento en contra de Luis Carlos Guevara, consistente en la detención domiciliaria que ya le había sido ordenada. Como sustento de la decisión, la Fiscalía analizó la comisión de los delitos de concierto para delinquir, con fines de narcotráfico; y de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Frente a la primera de las conductas punibles mencionadas, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y, en su lugar, determinó que aquel hecho ilícito sería objeto de una investigación exhaustiva. Tras ello, encontró la validez para ordenar la detención domiciliaria en contra del señor Guevara, respecto del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, toda vez que, había elementos materiales probatorios para inferir que el sindicado presto' 'su nombre y empresa a terceras personas, para la adquisición de DISOLVENTE ALIFATICO, y así ser desviado con fines ilícitos 1137 . En concreto, la Fiscalía indicó que era un "elemento inicial inculpatorio 1,38 el hecho de que el señor Guevara no haya informado a las autoridades la pérdida de la sustancia adquirida el 2 de noviembre de 2001, con el supuesto fin de elaborar el pegante que producía su empresa, y que justamente correspondió a la que había sido incautada dos días después por miembros de la Policía. Luego, resaltó que las afirmaciones presentadas por el señor Guevara en su indagación, respecto del lugar y la hora en la que efectuó la consignación para la adquisición de la sustancia incautada (aseveró que la consignación se realizó al mediodía en el norte la ciudad

afirmaciones presentadas por el señor Guevara en su indagación, respecto del lugar y la hora en la que efectuó la consignación para la adquisición de la sustancia incautada (aseveró que la consignación se realizó al mediodía en el norte la ciudad de Bogotá 39 ), contradecía la información que en ese sentido reportaba el extracto de la cuenta de Ecopetrol allegado al plenario (hizo referencia a que la transacción se efectuó a las 10:54 a.m. y en el barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá 40 ). Adujo que resultaba "inverosími1" 41 la conducta desplegada por el sindicado, habida cuenta de que se trataba de una persona con mucha experiencia en la producción de pegante y, por ende, con suficiente conocimiento en la adquisición de este tipo de sustancias. Por otra parte, no encontró satisfactoria la respuesta que el procesado 42 presentó en cuanto a la razón del porqué apareció en la residencia de Jairo Benito Gutiérrez y Romelia Delgado, a quienes dijo no conocer, una carta de pedido de industrias Calicauchos, con fecha 11 de julio de 1999, que tenía además el comprobante de una consignación por $2.900.000, si como bien había sostenido el señor Guevara, era el único que administraba y manejaba su empresa. También encontró contradicciones en la información suministrada por el señor Guevara, en relación con la manera en que tuvo conocimiento del hurto de la sustancia que había adquirido, ya que, en un primer momento, narró que había sido la esposa del señor Pastor quien le comentó lo sucedido 43 , y en una segunda oportunidad, mencionó que un transportador fue el que le puso en conocimiento de lo acontecido 44 .

adquirido, ya que, en un primer momento, narró que había sido la esposa del señor Pastor quien le comentó lo sucedido 43 , y en una segunda oportunidad, mencionó que un transportador fue el que le puso en conocimiento de lo acontecido 44 . Finalmente, indicó que no era razonable que, después de haber transcurrido más de un mes, 'se [diera] a la tarea de averiguar que [había sucedido] con su producto". Resolución que definió la situación juridica del procesado. Folios 197 a 213, cuaderno 7. 31 ¡bid. Folio 212, cuaderno 7. 38 ¡bid. Folio 211, cuaderno 7. 11 Indagación. Folios 113 y 134, cuaderno 7. 40 Extracto, Folio 105, cuaderno 6. 41 ¡bid. 42 Indagación. Folio 135, cuaderno 7. 41 Folio 3, cuaderno 7. 44 Folio 132, cuaderno 7. 7Radicado: 50001-23-31-000-2009-00280-01 (63358).

Demandante: Luis Andrés Guevara Borda

4.2.8. Con motivo del recurso de apelación interpuesto por los señores Benito Delgado y Delgado Italares, la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad Antinarcóticos de Villavicencio, el 24 de abril de 2002, confirmó la decisión de decretar una detención preventiva en su contra. En esa misma oportunidad, el órgano investigador también negó una solicitud de preclusión de la investigación promovida por Luis Carlos Guevara. 4.2.9. Los señores Castro Salinas, Benítez Delgado y Delgado Italares solicitaron la

órgano investigador también negó una solicitud de preclusión de la investigación promovida por Luis Carlos Guevara. 4.2.9. Los señores Castro Salinas, Benítez Delgado y Delgado Italares solicitaron la posibilidad de someterse a una sentencia anticipada; petición que luego sería aceptada por el juez penal de conocimiento 46 . 4.2.10. La Fiscalía, el 30 de octubre de 2002, calificó el mérito sumario, en el sentido de proferir resolución de acusación en contra del señor Guevara, porque, al parecer, incurrió en el delito de concierto para delinquir en concurso material con la conducta punible de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; decisión que fue confirmada en sede de apelación por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio el 3 de junio dé 200348. 4.2.11. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especi?Jizado de Villavicencio, en descongestión, con sentencia dictada el 28 de febreco de 2005, absolvió de responsabilidad penal al señor Guevara, por aplicación del principio in dubio pro reo. Como sustento de su decisión, el juez penal de conocimiento coligió que no había certeza de que el señor Guevara hubiere acordado, con los demás procesados, en especial con los que se a

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