CE - 500012331000200900338011SENTENCIASENTENCIA20230719083702

Radicado: 500012331000200900338 01 (58916)

Demandante: Carlos Olmes López y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 500012331000200900338 01 (58916) Carlos Olmes López y otros La Nación -Fiscalía General de la Nación y otros Acción de reparación directa Tema 1: Privación injusta de la libertad — Ley 906 de 2004

Subtema 1.1: Falta de acreditación del daño antijurídico SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 1 , resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Naciónt Fiscalía General de la Nación y la Nación -Rama Judicial contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 25 de octubre de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS Carlos Olmes López fue capturado por miembros del Ejército Nacional, el 14 de marzo de 2007, al encontrar en el vehículo de servicio público que conducía, una caja con municiones para fusil AK 47. Por estos hechos estuvo en detención domiciliaria hasta el 27 de agosto de ese mismo año.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio con funciones

caja con municiones para fusil AK 47. Por estos hechos estuvo en detención domiciliaria hasta el 27 de agosto de ese mismo año. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio con funciones de conocimiento, profirió el 12 de octubre de 2007 sentencia absolutoria, al considerar que las pruebas recaudadas no eran suficientes para demostrar a responsabilidad penal del encartado.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena en contra de la Nación -Fiscalía General de la Nación, de la Nación -Rama Judicial y de la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, con ocasión de la privación de la libertad que soportó Carlos Olmes López, y la retención del vehículo de placas SWD-844 de propiedad de Enniro Guerra Jiménez, dentro de la investigación criminal adelantada por la posible comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personaS privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (...)".Radicado: 500012331000200900338 01 (58916) Demandante: Carlos Olmos López y otros 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 3 de diciembre de 2009, dispuso la

Demandante: Carlos Olmos López y otros 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 3 de diciembre de 2009, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma 2 .

Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación —Ministerio de DefensaEjército Nacional alegó su falta de legitimación en la causa, debido a que su actuación se limitó a poner a órdenes de la autoridad competente al sujeto sobre el que recaían serias y fundadas denuncias de la comunidad, como miembro auxiliador de un grupo ilegal. Afirmó que el hecho del cual se pretende derivar la responsabilidad ocurrió el 17 de marzo de 2007 y la demanda se presentó en octubre de 2009, por lo que se configuró la caducidad 3 . Por su parte, la Nación -Rama Judicial, manifestó que su intervención en el proceso penal seguido en contra de Carlos Olmes López no fue la causa eficiente del daño, pues el juez de conocimiento se limitó a proferir la sentencia absolutoria y ordenar la libertad del demandante. Respecto de la incautación del vehículo de propiedad de Emiro Guerra Jiménez, precisó que a estale correspondía asumir la carga impuesta por el Estado, teniendo en cuenta que al interior del rodante se encontró material de uso privativo de las fuerzas militares 4 . La Nación -Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda. Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Así lo hizo la parte actora, para solicitar que se despachen favorablemente las pretensioness. El Ministerio Público guardó silencio.

Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Así lo hizo la parte actora, para solicitar que se despachen favorablemente las pretensioness. El Ministerio Público guardó silencio. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Defensa Ejército Nacional y condenó, con fundamento en un régimen objetivo, a la NaciónRama Judicial y a la Nación -Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad de Carlos Olmes López. El Tribunal encontró demostrado que el 14 de marzo de 2007, miembros del Ejército Nacional capturaron a Carlos Olmes López, cuando conducía el vehículo de placas SWD 833, al haber sido hallados en su interior 514 cartuchos calibre 7.62 x 39, para fusil AK 47, y que, posteriormente, la medida de aseguramiento impuesta fue revocada y el proceso terminó con absolución, lo que evidenció que el procesado no tenía el deber jurídico de soportar la privación de la libertad. En cuanto a la retención del vehículo de placas SWD 844, el Tribunal estableció que esta era procedente y, su propietario estaba en el deber de soportarla, puesto que su bien se constituyó como un elemento probatorio en el curso de la investigación, en tanto sirvió de instrumento para cometer un ilícito. Además, contra la providencia del 15 de marzo de 2007, en la que se dispuso la incautación del vehículo, no se interpuso ningún recurso, por lo que no se demostró la configuración de un error

del 15 de marzo de 2007, en la que se dispuso la incautación del vehículo, no se interpuso ningún recurso, por lo que no se demostró la configuración de un error judicial o un defectuoso funcionamiento de la administrabión de justicia imputable a las entidades demandadas. 2 Auto admisorio de la demanda y constancias de notificación, f. 364, 393 a 395, c. 2. 3 Contestación de la demanda, Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, f. 398, c. 2. 4 Contestación de la demanda, NaciónRama Judicial, f. 410, c. 3. 5 Alegatos en primera instancia, f. 601 a 622, c. 4. 2Radicado: 500012331000200900338 01 (58910

Demandante: Carlos Olmes López y otros 2.4. Los recursos 2.4.1. La Nación -Rama Judicial interpuso recurso de apelación, en el que manifestó 6 : 2.4.1.1. La entidad que directamente intervino en la producción del daño fue la Fiscalía General de la Nación, pues "si finalmente el proceso culminó con sentencia absolutoria, tal decisión solo surge como consecuencia de la falta de contundencia del debate probatorio planteado por la Fiscalía no es &juez a quien le asistía (...) la carga de probar los hechos imputados al enjuiciadO (•••)". 2.4.1.2. No hay lugar a calificar de ilegítima ninguna de las actuacionee desplegadas por los operadores judiciales, por cuanto existían indicios graves que acreditaban la participación del demandante en el ilícito, pues fue encontrado conduciendo un vehículo en el que se transportaba munición de

desplegadas por los operadores judiciales, por cuanto existían indicios graves que acreditaban la participación del demandante en el ilícito, pues fue encontrado conduciendo un vehículo en el que se transportaba munición de uso privativo del Ejército, en una zona de conflicto militar por la presencia de grupos al margen de la ley. Lo anterior constituyó un indicio suficiente para comprometer su responsabilidad y motivó la apertura de una investigación durante la cual la Rama Judicial actuó conforme al ordenamiento jurídico vigente y respetando todas las garantías procesales. 2.4.1.3. Se configura una causal de exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el demandante fue detenido por miembros del Ejército Nacional que, al revisar el vehículo, encontraron una caja de la marca Colanta que contenía una gran cantidad de municiones, por lo que el actor estaba en el deber de soportar las consecuencias de sus actos. 2.4.2. La Nación -Fiscalía General de la Nación expuso como sustento de lá apelación, lo siguiente 7 : 2.4.1.1. La decisión de imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Olmes López fue adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de GranadaMeta, por lo que la Fiscalía General de la Nación no se encuentra legitimada en la causa por pasiva. 2.4.1.2. No existió ninguna negligencia o incumplimiento de funciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la obligación constitucional de investigar los delitos que lleguen a su conocimiento por denuncia y, de poner a los capturados a disposición del juez de control de garantías.

parte de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la obligación constitucional de investigar los delitos que lleguen a su conocimiento por denuncia y, de poner a los capturados a disposición del juez de control de garantías. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación 6 , la cual fue declarada fallida el 2 de marzo de 2017, por falta de ánimo conciliatorio. 6 Recurso de apelación, Nación -Rama Judicial, f. 642, c. ppal. 7 Recurso de apelación, f. 646, c. ppal. 8 Auto del 7 de diciembre de 2016, f. 660, c. ppal. 9 Acta de audiencia de conciliación, f. 665, C. ppal. 3Radicado: 500012331000200900338 01 (58916) Demandante: Carlos Olmes López y otros 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 13 de junio de 2017 1 °, admitió los recursos de apelación interpuestos por los entes demandados contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 25 de octubre de 2016. Finalmente, por auto del 13 de diciembre de 2017 11 , corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. La parte demandante presentó sus alegatos, en los que solicitó se condene a las entidades demandadas, por la falla en el servicio que generó la privación injusta de la libertad de Carlos Olmes López. Por su parte, la

rindiera concepto de fondo. La parte demandante presentó sus alegatos, en los que solicitó se condene a las entidades demandadas, por la falla en el servicio que generó la privación injusta de la libertad de Carlos Olmes López. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, en sus alegatos reiteró que la responsabilidad por la privación de la libertad del demandante es imputable únicamente a la Rama Judicial, pues fue el juez de control de garantías quien decidió decretar la medida de aseguramiento en su contra. El Ministerio Público emitió su concepto, en el que sugirió modificar la sentencia de primera instancia para liberar de responsabilidad a la Nación -Fiscalía General de la Nación, y mantener la imputación contra la Nación -Rama Judicial. 2.7. Manifestación de impedimento El doctor Nicolás Yepes Corrales, manifestó estar impédido para integrar la Sala que defina el asunto dado que fungió como Procurador 4udidal Delegado ante esta Corporación y en tal calidad rindió concepto en esta instancia al interior de este proceso. 12 Fundó la petición en lo dispuesto en el artículo 141 numeral 2 del Código General del Proceso. El magistrado Nicolás Yepes Corrales se retiró de la Sala para que sus homólogos decidieran sobre el impedimento. Luego de la revisión de la actuación, se encontró probada la causal en que se fundó el impedimento y, en consecuencia, se separa del conocimiento del presente asunto al magistrado Yepes Corrales, y los demás miembros de la Subsección continúan la discusión del ployecto para ser definido en Sala Dual.

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") —

miembros de la Subsección continúan la discusión del ployecto para ser definido en Sala Dual.

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 13-14 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para 10 Auto que admite recurso de apelación, f. 981, c. ppal. 11 Auto de traslado, 13 de diciembre de 2017, (. 676, c. ppal. 12 índice 23 de SAMAI. 13 "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se recrirán por las leves violentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...)" (subrayado fuera del texto original). 14 cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(14

4Radicado: 500012331000200900338 01 (5891E)

de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(14 4Radicado: 500012331000200900338 01 (5891E) Demandante: Carlos Olmes López y otros que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley', como lo establece el articulo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre toda aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tale como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia d la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 15 . 3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargos de las apelaciones, es preciso resolver el siguiente problema jurídico: ¿Son patrinnonialnnente responsables la Nación -Fiscalía General de la Nación y la Nación -Rama Judicial por la privación de la libertad de Carlos Olmes López, como consecuencia de su vinculación a un proceso penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares?

Nación -Rama Judicial por la privación de la libertad de Carlos Olmes López, como consecuencia de su vinculación a un proceso penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares? Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso penal adelantado en contra de Carlos Olmes López concluyó con sentencia absolutoria. Respecto del daño referente a la afectación al derecho a la propiedad, que la parte actora hizo consistir en la incautación del vehículo de propiedad de Emiro Guarra Jiménez, el Tribunal en primera instancia estableció que el propietario del vehículo estaba en la obligación de soportar su incautación, en tanto en su interior fueron halladas las municiones que dieron origen a la investigación penal, consideración frente a la cual, ninguna de las partes elevó reproche, por lo que en esta instancia no le corresponde a la Sala el estudio del daño alegado en la demanda, referido e la incautación del vehículo de servicio público que conducía Carlos Olmes López al momento de su captura.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto 16 , así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda dentro de los dos (2) años previstos en el artículo 136.8 CCA 17 ,

al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda dentro de los dos (2) años previstos en el artículo 136.8 CCA 17 , 15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 16 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 17 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la predusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 deRadicado: 500012331000200900338 01 (58916) Demandante: Carlos Olmes López y otros según dieron cuenta las pruebas obrantes en el expediente así: i) el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio profirió sentencia absolutoria que quedó debidamente ejecutoriada el 12 de octubre de 2007; ii) la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de julio de 2009, lo que suspendió el término de caducidad hasta la audiencia de, conciliación que se declaró

solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de julio de 2009, lo que suspendió el término de caducidad hasta la audiencia de, conciliación que se declaró fallida el 7 de octubre de 2009' 8 ; iii) y la demanda fue presentada el día 8 de octubre de 2009. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Carlos Olmes López, Emiro Guerra Jiménez y Yudi Alejandra Guerra Velásquez. Esto, por cuanto acreditaron ser el directo afectado con la privación de la libertad, el propietario del vehículo incautado y la esposa del privado de la libertad". En cuanto a los demás demandantes, María Leonilde Navarro, Elsa Nubia Velásquez Navarro, José Luis Jiménez Arias, Nixon Andres Jiménez Arias, Sergio Emiro Guerra Velásquez y Edwin Oswaldo Guerra Velásquez, quienes acudieron en calidad de suegra, esposa, menores a cargo de Emiro Guerra Jiménez, e hijos de Elsa Nubia Velásquez, la Sala encuentra que no están legitimados en la causa por activa, en tanto no está demostrada su afectación en relación con los daños alegados en la demanda. Por una parte, la privación de.la libertad de Carlos Olmes López lo afectó a él y presumiblemente a su núcleo familiar, padres, hijos, y esposa; y, por otra parte, en el proceso no se demostró que los perjuicios por la retención del vehículo de propiedad de Emiro Guerra Jiménez se hubieran extendido a su esposa, hijos y suegra, por lo que no hay lugar a tenerlos como legitimados en la causa por activa.

del vehículo de propiedad de Emiro Guerra Jiménez se hubieran extendido a su esposa, hijos y suegra, por lo que no hay lugar a tenerlos como legitimados en la causa por activa. Y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la causa a la Nación -Fiscalía General de la Nación y a la Nación -Rama Judicial, por ser los órganos que intervinieron en la actuación que la parte actora considera le generó un daño antijurídico. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 906 de 2004, vigente para el momento de los hechos, prescribe medidas de aseguramiento privativas de la libertad 2 °, cuando el juez de control de garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no comparezca al proceso o cumpla la sentencia 21 . El análisis de la necesidad, a su julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de

comparezca al proceso o cumpla la sentencia 21 . El análisis de la necesidad, a su julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). 18 Acta de audiencia de conciliación extrajudicial, f. 191, c. 1. 19 Acta de matrimonio del 31 de diciembre de 2000, f. 576, c. 3. Copia de la tarjeta de propiedad n. 184633 y copia del acta de entrega provisional y compromisoria del vehículo, f. 40 y 52, c. Anexo 2. 28 "Artículo 307. Son medidas de aseguramiento: fi A. Privativas de la libertad Il l. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. II 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; [...]". 21 "Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física 6Radicado: 500012331000200900338 01 (5891

Demandante: Carlos Olmes López y otro vez, no debe basarse en fórmulas generales o abstractas, sino con arreglo a la circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearo la comisión del delito en el caso concreto 22 .

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detencióñ preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera procede cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a los jueceS

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detencióñ preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera procede cuando se trate de delitos cuya competencia corresponda a los jueceS penales de circuito especializados o el delito investigado tenga pena de cuatro (4 años o rriás 23 . Dicha medida, puede ser sustituida por las de detención en el luga de residencia, cuando sea suficiente para el cumplimiento de los fines, conforme la vida personal, laboral, familiar o social del imputado 24 . La definición del tipo d medida cautelar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y proporciona/ida en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en concreto debe aplicar e juez de garantías, a fin de establecer si la restricción de los derechos fundamentale a la libertad de locomoción, intimidad y libertad general de acción es admisible no" 25 . La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 26 ha precisado, a sis vez, que la Ley 906 de 2004 reguló unos medios cognoscitivos, propios de la fase de indagación e investigación en la que, al no haberse celebrado la audiencia pública en la que se surte la contradicción, no son pruebas, pero fundamental decisiones que en el proceso se adopten. De tales medios forman parte los informe de investigador de campo y de investigador de laboratorio, también conocidos como informes policiales y periciales 27 . En ellos, pueden incorporarse las entrevistas realizadas por policía judicial, en lo que resulta "importante que hayan sido recaudadas o ratificadas bajo juramento ante las autoridades autorizadas por e Código, con el fin de que sus fuentes adquieran vinculación legal con lo

realizadas por policía judicial, en lo que resulta "importante que hayan sido recaudadas o ratificadas bajo juramento ante las autoridades autorizadas por e Código, con el fin de que sus fuentes adquieran vinculación legal con lo compromisos de verdad y lealtad procesal, y que la pretensión se torn sumariamente seria". recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que e imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se almol alguno de los siguientes requisitos: fi 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria par evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. II 2. Que el imputado constituye un peligro pars la seguridad de la sociedad o de la víctima. II 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al, proceso o que no cumplirá la sentencia. [. ..]". 22 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-469 de 2016, fundamento jurídico 20; y sentencia C-123 de 2004, 11fundamento jurídico 5. 23 "Artículo 313. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva ed establecimiento carcelario, en los siguientes casos: Il l. En los delitos de competencia de los jueces penales de!

circuito especializados. II 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por lal ley sea o exceda de cuatro (4) años". 24 "Artículo 314 Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario! podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: II 1 Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. [. ..]". 25 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto del 11 de agosto de 2021, AP3483-2021, radicación 59.710. 26 Auto del 15 de octubre de 2008, revisión núm. 29626.

25 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto del 11 de agosto de 2021, AP3483-2021, radicación 59.710. 26 Auto del 15 de octubre de 2008, revisión núm. 29626. 27 "Articulo 209. Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá las siguientes características: a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe; b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada; c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia; d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado. II Artículo 210. Informe de, investigador de laboratorio. El informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características: a) Lal descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia física examinados; b) La descripción! clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en la realización del examen y, además, informe! sobre el grado de aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico -científica; c) Relación de los' instrumentos empleados e información sobre su estado de mantenimiento al momento del examen; d)! Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por! la comunidad científica; e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico -científica; ! O Interpretación de esos resultados". 7Radicado: 500012331000200900338 01 (58916) Demandante: Carlos Olmes López y otros Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que

O Interpretación de esos resultados". 7Radicado: 500012331000200900338 01 (58916) Demandante: Carlos Olmes López y otros Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 29 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa inj