CE - 500012331000200900418011SENTENCIASENTENCIA20230725113457

Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: ¡siena Jaidy Marín Delgado y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros: Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa. Tema 1: Privación injusta de la libertad - Decreto 2737 de 1989Código del Menor. Subtema 1.1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Captura en flagrancia. Subtema 1.3. Daño antijuridico -no acreditado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Meta el 30 de noviembre de 2017, y en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 1, SÍNTESIS DEL CASO El menor Brayan Stiven Gómez Marín fue capturado por miembros de la Policía Nacional, el 13 de octubre de 2007, por señalamientos que le hizo otro menor, de

demanda. 1, SÍNTESIS DEL CASO El menor Brayan Stiven Gómez Marín fue capturado por miembros de la Policía Nacional, el 13 de octubre de 2007, por señalamientos que le hizo otro menor, de haber participado en el hurto de un celular y de unas zapatillas. Mientras se resolvía su situación jurídica, el -joven fue recluido en un centro especializado para menores, al tiempo que se interpuso una acción de hábeas corpus, por cuanto la defensa consideraba que la captura no se había producido en situación de flagrancia, acción que se falló de manera favorable el 18 de octubre siguiente, calenda en la que el menor obtuvo la libertad. Posteriormente, el 19 de octubre de esa anualidad, un juez de menores le impuso medida de libertad asistida y, finalmente, mediante sentencia del 20 de febrero de 2008 fue absuelto de los cargos en virtud del principio de indubio pro reo. Por considerar que la privación de su libartad fue injusta, Brayan Stiven y sus familiares más cercanos acudieron a esta jurisdicción en demanda de reparación directa.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Los señores Islena Jaidy Marín Delgado, Alveiro Gómez Díaz, en nombre propio y de sus menores hijos Brayan Stiven Gómez Marín y Jeisson Alveiro Gómez Marín, 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ü) conscriptos y, (iii)

1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ü) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... )".Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación - Policía Nacional, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, con ocasión de la privación de libertad que soportó el menor Brayan Stiven Gómez Díaz dentro de la investigación penal radicada al No. 5001-31-85-001-2007-00339 2 . Lo anterior, en procura del resarcimiento de los perjuicios que consideran les fueron irrogados con tal suceso. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta en auto del 24 de , mayo de 2010 admitió la demanda 3 . Este auto fue notificado en debida forma 4 , él término de traslado corrió de conformidad con lo previsto en la ley 5 ; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Rama Judicial y la Policía Nacional. La Nación - Rama Judicial 6 se opuso a las pretensiónes. Para ello, indicó que existía una ausencia absoluta de responsabilidad de s parte y, por contera, una culpa exclusiva de la víctima, pues el proceso p e na¡ adelantado contra el adolescente se ajustó a las disposiciones legales y fue la conducta culposa del

existía una ausencia absoluta de responsabilidad de s parte y, por contera, una culpa exclusiva de la víctima, pues el proceso p e na¡ adelantado contra el adolescente se ajustó a las disposiciones legales y fue la conducta culposa del menor la que dio lugar a la privación de la libertad, 'pues aquél intervino en la aprehensión de otro celular ese día, es decir, manipuló objetos que no eran de su propiedad; de igual modo, debía tenerse en cuenta que, el menor Gómez Marín fue señalado por otro de los menores inculpados, lo que o61igaba a que se adelantara la actuación correspondiente que, en todo caso; culminó con sentencia absolutoria, pero en aplicación del principio de indubiopro reo. Adicionalmente, el hecho de que hubiera prosperado el hábeas corpus porque no existió flagrancia en la captura no desdice la legalidad de la actuación pen?l, sumado a que el menor estuvo privado de la libertad tres días por cuenta de la Policía y uno por cuenta de una autoridad judicial. En definitiva, indicó que, aunque se logre demostrar que el menor estuvo privado de la libertad por seis días, ello no es suficiente para determinar que esa privación fue injusta. Como excepciones propuso: (i) culpa exclusiva de la víctima y, (ü) la innominada. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacionl, manifestó que retuvo al jóven Brayan Stiven, porque era su deber hacerlo y dejarlo a disposición de la autoridad competente y que, en todo caso, se l& respetaron sus derechos inherentes a su condición de menor de edad y no seje impidió la comunicación con sus padres. Agotada la etapa probatoria 8 sin reparo alguno de las partes, el Tribunal

autoridad competente y que, en todo caso, se l& respetaron sus derechos inherentes a su condición de menor de edad y no seje impidió la comunicación con sus padres. Agotada la etapa probatoria 8 sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo del Meta, por auto del 26 de mayo de 2017, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora 10 y el Ministerio de Defensa - Policía Nacional 11 , en tanto que la Rama Judicial guardó silencio. El 2 Escrito de demanda presentado el 9 de diciembre de 2009, visible a folios1-14, C. 1 y, acta individual de reparto de fecha 9 de diciembre de 2009, obrante a folio 54, C. 1. Folio 56, C. 1. - Folios 65-66, C. El término de diez (10) días hábiles para contestar la demanda corrió entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2011, según constancia de fijación en lista obrante a Folio 67, C. 1. o Escrito de contestación de la Rama Judicial, radicado el 26 de enero de 2011, visible a folios 68-73, C. 1. Escrito de contestación de la Policía Nacional, radicado el 1 de febrero de 2011, visible a folios 77-79, C. 1. ° Por auto del 21 de junio de 2011 el proceso se abrió a pruebas (fi. 89-90,'.C. 1) y, se declaró cerrado por auto del 28 de abril de 2017 (folio 255, C.3).

° Por auto del 21 de junio de 2011 el proceso se abrió a pruebas (fi. 89-90,'.C. 1) y, se declaró cerrado por auto del 28 de abril de 2017 (folio 255, C.3). FI. 256, C. 3. 10 FIs. 158-162, C. 1. 11 FIs. 263-279, C. 1 y folios 258-262, C. 3. 2Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros Ministerio Público rindió concepto en el cual indicó que procedía condenar de manera solidaria y bajo un régimen objetivo a los organismos demandados, el primero por realizar la captura sin el apremio de la flagrancia y, el segundo por legalizarla 12 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017 13 , declaró administrativamente responsables a la Policía Nacional y la Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el menor Brayan Stiven Gómez Marín, al considerar que se presentó una falla en el servicio respecto de las actuaciones de las dos demandadas, pues, en primer término la captura no ocurrió en flagrancia tal como lo indicó el juez constitucional del hábeas corpus y, en segundo lugar, se presentaron inconsistencias por parte del despacho de conocimiento desde el momento que avaló la aprehensión, sumado a que optó por abrir la investigación cuando ya eran notorias las anomalías en la captura y conducción del menor. Además, al momento de ordenar la apertura de instrucción contaba con la posibilidad de definir la situación jurídica de forma

que optó por abrir la investigación cuando ya eran notorias las anomalías en la captura y conducción del menor. Además, al momento de ordenar la apertura de instrucción contaba con la posibilidad de definir la situación jurídica de forma diferente y, pese a que ya se había escuchado en diligencia de exposición o entrevista personal al menor y de que el abogado defensor puso de presente la irregularidad de la captura y solicitó que el aprehendido fuera entregado a su progenitora, el despacho penal se abstuvo de pronunciarse concretamente sobre esa solicitud y ese mismo día ordenó la remisión del capturado al Centro de Integración Agua Clara en calidad de recepción hasta que le fuera resuelta la situación jurídica. En síntesis, que, si bien la Rama adelantó la conducción del menor con el lleno de los requisitos, lo cierto fue que incurrió en falla al no haberse percatado oportunamente de los errores cometidos por la Policía al momento de la captura. Así mismo, que por el solo hecho de que se dictó una sentencia absolutoria en favor de Brayan Stiven, también cabía aplicar una responsabilidad objetiva. Como perjuicios morales correspondientes a los seis días que el menor estuvo recluido, indicó que, en aplicación del criterio jurisprudencia¡ aplicable, a aquél le corresponderían 15 salarios mínimos, pero, consideró que en tanto se trataba de un sujeto de especial protección, pues para entonces Brayan Stiven tenía 14 años y que lo sucedido pudo haber incidido en su desarrollo como adolescente, se daban los presupuestos para incrementar el monto a 20 salarios mínimos y así lo dispuso. En relación con cada uno de los padres, en cambio, reconoció el

y que lo sucedido pudo haber incidido en su desarrollo como adolescente, se daban los presupuestos para incrementar el monto a 20 salarios mínimos y así lo dispuso. En relación con cada uno de los padres, en cambio, reconoció el equivalente a 15 salarios mínimos y, para el hermano 7.5 salarios mínimos. 2.4. Los recursos de apelación 2.4.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por escrito radicado el 19 de diciembre de 2017', formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes cargos: 2.4.1.1. Para el momento de la aprehensión, los hechos mostraban una conducta contraria a la ley, pues los uniformados habían encontrado los elementos hurtados en la maleta del joven Daniel Ignacio Angola Rivas, quien manifestó que se los había entregado Brayan Stiven Gómez, razón por la cual, se procedió a la captura para ponerlos a disposición de la autoridad 12 Folios 212-214, C. 3. 13 FI. 187 a 202, C. 2. 14 FI. 281-283, C. ppal. 3Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360)

Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros

competente, esto es, del Juzgado Primero de Menores, despacho que, para ese momento no hizo ningún reproche sobre el; procedimiento de captura, por lo que. se infería que no hubo ninguna irregularidad. 2.4.1.2. La captura encuadró dentro de los parámetros legales y se dio en cumplimiento del deber legal previsto en el artículp 218 constitucional.

por lo que. se infería que no hubo ninguna irregularidad. 2.4.1.2. La captura encuadró dentro de los parámetros legales y se dio en cumplimiento del deber legal previsto en el artículp 218 constitucional. 2.4.1.3. La policía Nacional no entra a definir la libertad y, por lo mismo, es un error que se le vincule con un evento de privación de la libertad y, si bien emitió un informe, aquél es un elemento orientador, más no determina la responsabilidad penal. 2.4.2. La Nación - Rama Judicial 15 presentó el recu3o el 16 de enero de 2018 con base en los siguientes cargos: 2.4.2.1. Ausencia de responsabilidad de la Rama Judicial, pues la falla del servicio advertida por el a quo, queda desvirtuada con los testimonios que indican que Brayan Stiven Gómez Marín, sí participó en el hurto de las pertenencias del menor Sebastián Becerra Alvarez y, por tanto, fue el menor Brayan quien se expuso, por su propia culpa, a ser privado de la libertad. 2.4.2.2. El hecho inmediato del daño lo originó la captura del menor Brayan por parte de agentes de la Policía, quienes atendiendo una denuncia llegaron al lugar donde se cometía la sustracción de objetos. Además, la captura y traslado al establecimiento especial de reclusión se dio por los señalamientos que en contra de Brayan hacía otro menor involucrado en el hurto. No se le pueden enrostrar al Juez las circunstancias de la aprehensión, pues este solo las vino a conocer tres días después y, fuera de ello, al momento de avocar el conocimiento no podía hacer ponderaciones distintas a las que le ordenaba la ley.

pueden enrostrar al Juez las circunstancias de la aprehensión, pues este solo las vino a conocer tres días después y, fuera de ello, al momento de avocar el conocimiento no podía hacer ponderaciones distintas a las que le ordenaba la ley. 2.4.2.3. La absolución con fundamento en el ¡ndjbio pro reo, no quiere decir que tal circunstancia genere ipso jure responsabilidad para la Rama Judicial, pues la conducta del menor no fue legítima y diolugar a que se le inculpara del delito por el cual se investigó, ya que la causa eficiente del daño fue la situación a la que el propio menor se expuso $ manipular objetos que no eran de su propiedad. Todo esto para insistir en que se presentó una culpa exclusiva de la víctima. 2.4.2.4. Cuando se puso a disposición del juez al menor, solo se tenía un conocimiento precario de la situación, pues se contaba con lo expuesto en el informe de donde se desprendían hechos que lo. , comprometían seriamente con los objetos hurtados, ante lo cual el Juez optó por hacer uso de uno de los mecanismos que le autorizaba la ley para asegurar el esclarecimiento de los hechos y el bienestar del menor. Así mismo, fue la propia autoridad judicial quien lo absolvió de responsabilidad penafr 2.4.2.5. No es cierto que el menor haya estado privado de la libertad por cuenta del Juzgado durante seis días, porque si bien fue capturado el 13 de octubre de 2007 que era sábado y puente festivo, solamente fue puesto ante la autoridad judicial el martes 16 de octubre de 007, es decir, permaneció únicamente dos días a cargo de la célula judicial. 15 FI. 292-294, C. ppal.

la autoridad judicial el martes 16 de octubre de 007, es decir, permaneció únicamente dos días a cargo de la célula judicial. 15 FI. 292-294, C. ppal. 4Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: lslena Jaidy Marín Delgado y otros 2.4.3. La parte actora formuló recurso de apelación adhesiva el 15 de febrero de 2018 16 , a efectos de lo cual expuso: 2.4.2.1. Que se adicione la sentencia, en el ordinal segundo de la parte resolutiva en cuanto a la indemnización del perjuicio, con miras a que se incremente el monto reconocido. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201017, el Tribunal Administrativo del Quindío convocó a las partes a audiencia de conciliación 18 , la cual fue evacuada el 14 de febrero de 201819, y hubo de declararse fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes. En consecuencia, el Tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos por los organismos demandados en contra de la sentencia de primera instancia, así como también la apelación adhesiva por considerarla procedente 21. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 6 de julio de 201821, admitió los recursos de apelación interpuestos por las demandadas. Así mismo, por auto del 6 de septiembre de la misma anualidad 22 , corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

apelación interpuestos por las demandadas. Así mismo, por auto del 6 de septiembre de la misma anualidad 22 , corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hizo el Ministerio' de Defensa - Policía Nacional 23 . Por su parte, la demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio 24 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 18872526, el 16 FI. 306-309, C. ppal. 17 "Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al articulo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso". ° Esto, a través de auto del 23 de enero de 2018, que obra a 295 del C. ppal. 19 El acta de la audiencia de conciliación obra a folio 300 del C.ppal. 20 Conforme al auto del 20 de febrero de 2018, visible a folio 305, C. ppal. Y, al auto del 13 de marzo de 2018 que concedió la apelación adhesiva por reunir los requisitos previstos en el artículo 353 del CPC -norma que

20 Conforme al auto del 20 de febrero de 2018, visible a folio 305, C. ppal. Y, al auto del 13 de marzo de 2018 que concedió la apelación adhesiva por reunir los requisitos previstos en el artículo 353 del CPC -norma que consideró aplicable el Tribunal a quo-, folio 310, C. ppal. Sobre este punto debe indicarse que, aun cuando en el recurso se solicitaba adicionar la sentencia en el numeral concerniente a los perjuicios, se infiere que, tanto para el Tribunal de primera instancia como para esta Colegiatura fue claro que lo que se interpuso fue un recurso de alzada y, en esos términos fue concedido y admitido. 21 Folio 314 del C. ppal. 22 Folio 316 del C. ppal. 23 Folios 322-325 del C. ppal. 24 Folio 325 C ppal. 25 'Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes viqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [.]" (subrayado fuera del texto original). 5Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión

5Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos coperetos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,.en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferr una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación eh la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 1,27 . 3.2. En este orden de ideas, en asocio con los cargos de la apelación, hay lugar a la formulación del siguiente problema jurídico: ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad que afrontó el menor Bayan Stiven Gómez Marín durante el lapso de seis (6) días como

la formulación del siguiente problema jurídico: ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad que afrontó el menor Bayan Stiven Gómez Marín durante el lapso de seis (6) días como consecuencia de su retención por parte de la Policía Nacional, y la subsiguiente medida provisional de permanencia en el Centro de ln'tegración decretada por el Juzgado Primero de Menores, mientras se le escuchaba en exposición y se resolvía la situación jurídica, todo esto, dentro de un proceso penal por el delito de hurto agravado en el que se declaró la ilegalidad de la captura a través de una acción de hábeas corpus y, posteriormente, se le absoivió de responsabilidad por iridubio pro reo? Si la respuesta al anterior problema es de signo positivo, la Subsección deberá establecer: (i) si la privación de la libertad le es imputable a los dos órganos demandados o a uno en particular, o inclusive, a la culpa exclusiva de la víctima como invoca la Rama Judicial en la apelación; (u) si la liquidación de perjuicios establecida por el a quo se encuentra en consonancia con las pruebas aportadas y con los lineamientos de la jurisprudencia unificada de esta Corporación.

W. CONSIDERACIONES: 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199628 y a la naturaleza del asunt0 29 , así como al oportuno ejercicio que delia acción de reparación directa hizo la parte demandante, ya que el joven Brayan Stiven Gómez Marín fue

preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199628 y a la naturaleza del asunt0 29 , así como al oportuno ejercicio que delia acción de reparación directa hizo la parte demandante, ya que el joven Brayan Stiven Gómez Marín fue 26 cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (1,1). 27 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del'6 de abril de 2018, exp. 46005. 26 "Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y derepetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos". 29 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativó, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 6Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: Islena Jaidy Marín Delgado y otros absuelto a través de sentencia proferida el 20 de febrero de 200830, la cual cobró ejecutoria el 10 de marzo siguiente 31 por lo que, en principio, tenía plazo para incoar su demanda hasta el día 11 de marzo de 201032, y como la demanda se impetró el 9 de diciembre de 2009, quiere decir ello que lo fue de manera

incoar su demanda hasta el día 11 de marzo de 201032, y como la demanda se impetró el 9 de diciembre de 2009, quiere decir ello que lo fue de manera oportuna, inclusive, sin tener en cuenta el tiempo que se suspendió la caducidad en razón al trámite de conciliación prejudicial 34 . 4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Brayan Stiven Gómez Marín, en su condición de víctima directa, en tanto se trata del menor que padeció la restricción de su libertad; Alveiro Gómez Díaz e Islena Jaidy Marín Delgado quienes acreditaron ser los padres del menor aprehendido 35 ; y Jeisson Alveiro Gómez Marín, quien demostró ser hermano del directamente afectado 36 . En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del Director General de la Policía Nacional o su delegado, como quiera que las diligencias de captura fueron acometidas por miembros de esa institución, y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, dado que fue el juez de menores quien dispuso, como medida provisional, que el menor permaneciera en el Centro de internación hasta tanto rindiera entrevista y se le definiera la situación jurídica. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimon ¡al mente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la

4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimon ¡al mente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (U) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. Para la época de los hechos que fundamentan la demanda, el marco normativo que regulaba el procedimiento aplicable a los eventos del "menor autor o partícipe de una infracción penal", estaba contenido en el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor 37 - 38 . El artículo 167 de esa normatividad señalaba que "Los 30 Folios 148-160, C.41. 31 Esto, conforme al edicto que obra a folio 164, C. 4, y a la constancia secretaria¡ visible a folio 172, C.A. 32 "Artículo 136 del CCA. Caducidad de las acciones. (. . 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (...)" Cfr. Acta de reparto obrante a folio 54, C. 1. A folio 53, C. 1 (remarcado como 2), se encuentra la constancia expedida por el Procurador 49 Judicial II Administrativo, que da cuenta que el 9 de septiembre de 2009 se presentó solicitud de conciliación prejudicial,

A folio 53, C. 1 (remarcado como 2), se encuentra la constancia expedida por el Procurador 49 Judicial II Administrativo, que da cuenta que el 9 de septiembre de 2009 se presentó solicitud de conciliación prejudicial, la cual se declaró fallida el 10 de noviembre de ese año, por falta de ánimo conciliatorio. 5 Esto, de acuerdo con el registro civil de nacimiento de Brayan Stiven Gómez Marín, con indicativo serial No. 21535347, visibles a folio 50 del cuaderno 1 (remarcado 2), en el que consta que aquél es hijo de Alveiro Gómez Diaz y Islena Jaidy Marín Delgado. 16 Tal como se desprende del registro civil con indicativo serial No. 23717220visible a folio 51, C.1 (remarcado 2), en el que consta que el mencionado demandante es hijo de Islena Jaidy Marín Delgado y Alveiro Gómez Díaz, padres de la víctima directa. 37 Teniendo en cuenta que: (i) el Juzgado Segundo de Menores de Villavicencio inició la correspondiente investigación el 28 de octubre de 2008; (u) la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, derogó el Código del Menor, con excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos; y (iii) que el artículo 216 ibidem, estableció: 'La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad 7Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: ¡siena Jaidy Marín Delgado y otros

promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad 7Radicado: 50001-23-31-000-2009-00418-01 (61360) Demandante: ¡siena Jaidy Marín Delgado y otros

Jueces de Menores o los Promiscuos de Familia" eran los competentes para conocer de las "infracciones a la Ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores de doce (12) años y menores de4ieciocho (18) años". Adicionalmente, el artículo 178 de esta codificación establecía que, cuando el Juez de Menores del lugar donde ocurrió el hecho tuviese conocimiento "de oficio, o por denuncia o informe de terceros, que un menor de dieciocho (18) años y mayor de doce (12) años, ha incurrido en cualquiera de las conductas señaladas por la Ley como delito, iniciará la correspondiente investigación, aplicando en forma provisional, si fuere el caso, las medidas que estimen necesarias para la protección del menor consagradas en el artículo 204". A su vez, el artículo 179 del Código del Menor permitía que el Juez, antes de abrir la investigación, ordenara la práctica de diligenciá previas "con el fin de determinar si realmente se [había] cometido la infraccióp a la Ley penal y si [había] serios indicios para atribuir al menor la autoría o p