CE - 500012331000201000113011SENTENCIA20230606112654

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Responsabilidad del Estado por los daños causados por mi nas antipersona / Análisis del caso bajo los regímenes de responsabilidad subjetivo y objetivo / Ausencia de falla del servicio frente a las obligaciones contempladas en la Convención de Ottawa / Imposibilidad de imputación bajo los títulos de riesgo excepcional y daño especial.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional por las lesiones ocasionadas al demandante al activar una mina antipersona.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 26 de abril de 2018, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa presentada 1 por el señor Juan Pablo Arana León en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a través de la cual se solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por el referido daño.

por el señor Juan Pablo Arana León en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a través de la cual se solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por el referido daño.

2. Como consecuencia, solicitó una indemnización por concepto de perjuicios morales, materiales, fisiológicos y por daño a la vida de relación.

3. Como fundamento fáctico de la demanda, narró que el 14 de abril de 2008 el señor Juan Pablo Arana León sufrió una lesión en una pierna al pisar una mina antipersonal en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta, por lo que fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio donde se le amputó su pierna

1 Folios 2-16 c. ppal. 1.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

2

izquierda y permaneció hospitalizado un mes, hecho que le causó graves secuelas psicológicas, físicas y económicas.

4. Agregó que en el lugar en el que ocurrió el hecho dañoso operaba el Frente 27 de las FARC y que tanto la comunidad como el gobierno local habían alertado al Ejército Nacional sobre la existencia de minas antipersonales en el sector, amén de que “ es de amplio conocimiento, que el lugar en donde se ocasionó el daño antijurídico a mi poderdante era corredor del Ejército y que las minas fueron dispuestas por el grupo subversivo”.

5. Sostuvo que se configuró una falla del servicio imputable al Estado, pues el

antijurídico a mi poderdante era corredor del Ejército y que las minas fueron dispuestas por el grupo subversivo”.

5. Sostuvo que se configuró una falla del servicio imputable al Estado, pues el Ejército Nacional omitió sus obligaciones relativas a la desactivación de minas antipersonales, a pesar del conocimiento de su existencia y de las alertas dadas por la comunidad sobre los riesgos en la zona de distensión, con lo cual faltó también a sus deberes de garante de los derechos de la población civil.

La defensa

6. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para cuyo efecto alegó que resultaba imposible para el Estado controlar la ubicación de todas y cada una de las minas antipersonales sembradas por los grupos subversivos. Adujo que no era posible acreditar que el artefacto explosivo se hubier a instalado para atacar específicamente a los miembros del Ejército Nacional, pues en el marco del conflicto armado dichas armas son empleadas de manera indiscriminada para generar zozobra en la población civil, de manera que, al tratarse de un ataque que no fue selectivo en contra de una institución o funcionario estatal, no se configuró responsabilidad bajo los títulos objetivos de riesgo excepcional o daño especial, por manera que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero2.

7. Surtida la etapa probatoria3, la parte demandante refirió que el Ejército Nacional omitió entregar información completa en el proceso, referente a los hechos que

2 Folios 54-58 c. ppal. 1.

7. Surtida la etapa probatoria3, la parte demandante refirió que el Ejército Nacional omitió entregar información completa en el proceso, referente a los hechos que

2 Folios 54-58 c. ppal. 1. 3 Mediante auto del 17 de agosto de 2011 se decretaron las siguientes pruebas: 1. Solicitadas por la parte actora: DOCUMENTALES: Téngase como prueba los documentos allegados con la demanda a los cuales se les dará su valor probatorio en el momento procesal correspondiente. OFICIOS: 1. Líbrese oficio al JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN para que remita copia del expediente 2007-00011 de acuerdo a la solicitado en el acápite de pruebas de la demanda; B. Líbrese oficio a la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, para que remita copia de la epicrisis e historia clínica de JUAN PABLO ARANA LEÓN; C. Líbrese oficio al MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, para que remita copia de la información solicitada en el numeral tercero de “prueba ofi ciosa” del acápite de pruebas.

TESTIMONIOS: de los señores REINALDO MÉNDEZ RAMÍREZ, FABIÁN GUTIÉRREZ ARANA, PAOLA ANDREA ARANA LEÓN, MARÍA CIELO ORTEGÓN CONDE. Se denegó la prueba pericial solicitada para la determinación del valor del lucro cesante y perj uicios materiales. 2. Solicitadas por el Ministerio Público: OFICIOS: A. Líbrese oficio al COMANDANTE DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL, sede

determinación del valor del lucro cesante y perj uicios materiales. 2. Solicitadas por el Ministerio Público: OFICIOS: A. Líbrese oficio al COMANDANTE DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL, sede Apiay, Villavicencio, para que informe sobre lo solicitado por el Procurador delegado ante esta Corporación, en los literales A, B y C del numeral 1 obrante a folio 44; B. Líbrese oficio al GOBERNADOR DEL META para que certifique lo solicitado por el procurador delegado ante esta Corporación. 3. Solicitadas por la parte demandada: OFICIOS: Líbrese oficio al COMANDO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 21 del Ejército Nacional, para que remita copia de la información solicitada por la parte accionada; B. Líbrese oficio al COMANDO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA – META, para que remita copia de los requerimientos solicitados en la contestación de la demanda; C. Líbrese oficio al ALCALDE MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA – META, para que a costa de la parte interesada, remita copia de los requerimientos solicitados en la contestación de la demanda. (Folios 64-67 c. ppal. 1). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

3

rodearon la causa de las lesiones al señor Arana Le ón, y agregó que el Estado

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

3

rodearon la causa de las lesiones al señor Arana Le ón, y agregó que el Estado debía responder a título de riesgo excepcional o daño especial, dado q ue la mina estaba dirigida para atentar contra el personal militar4. La parte demandada guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

8. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se demostró la existencia del nexo causal entre el accionar del Estado y el hecho dañoso, en tanto no se acreditó una conducta omisiva del Ejército Na cional, dado que para la fecha de los hechos no se reportó ningún otro incidente previo vinculado con la explosión de minas antipersona, ni se solicitó por parte de las entidades territoriales el apoyo para labores de desminado, por manera que ante la ausencia de antecedentes de tales eventos que advirtieran la presencia de dichos artefactos explosivos, la entidad demandada no estaba en la obligación de realizar acciones para contrarrestar dicho riesgo.

9. Agregó que si bien el municipio de Vista Hermosa habí a sido uno de los más afectados por el accionar de grupos al margen de la ley y por la siembra de artefactos explosivos, las autoridades -entre ellas el Ejército Nacional - habían adelantado numerosas acciones para atender esta problemática, entre ellas, la creación del Batallón de Desminado Número 60 y la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario Número 1. Finalmente, refirió que el Ejército Nacional

adelantado numerosas acciones para atender esta problemática, entre ellas, la creación del Batallón de Desminado Número 60 y la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario Número 1. Finalmente, refirió que el Ejército Nacional

1. Documento de remisión del Centro de Salud de Vista Hermosa del señor Juan Pablo Arana León.

2. Epicrisis o resumen clínico del señor Juan Pablo Arana León en el Hospital Departamental de Villavic encio E.S.E. en la que consta como diagnóstico principal “amputación traumática antepie izquierdo”.

3. Informe quirúrgico del señor Juan Pablo Arana León en el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

4. Informe técnico médico legal de lesiones no fatales elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 7 de mayo de 2008.

5. Certificación Expedida por el Alcalde Municipal de Vista Hermosa el 14 de abril de 2008.

6. Dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta que establece el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del señor Arana León en 39,33%.

7. Declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad de juramento por el señor Juan Pablo Arana León, sobre su estado civil.

8. Registro civil de nacimiento de Daniel Alexander Arana León y de Paola Andrea Arana León.

9. Testimonio de los señores Fabián Gutiérrez Arana (primo de la víctima directa), María Cielo Ortegón Conde

(madre de crianza de la víctima directa) y Paola Andrea Arana León (hermana de la víctima).

10. Oficio del 24 de octubre de 2011 presentado por la Estación de Policía de Vista Hermosa.

(madre de crianza de la víctima directa) y Paola Andrea Arana León (hermana de la víctima).

10. Oficio del 24 de octubre de 2011 presentado por la Estación de Policía de Vista Hermosa.

11. Oficio No. 5329 del 1 de noviembre de 2011 presentado por la Brigada Móvil No. 12 “AJOPE” del Ejército

Nacional.

12. Oficio No. 100000-0820 del 8 de noviembre de 2011 suscrito por el Secretario de Gobierno del Meta.

13. Copia de la historia clínica del señor Juan Pablo Arana León en el Hospital Departamental de Villavicencio

E.S.E.

14. Formato de único de noticia criminal en el que consta la denuncia presentada por la señora Paola Andrea Arana León por los hechos en que resultó herido su hermano Juan Pablo Arana León.

15. Oficio No. 11-00112629 del 3 de noviembre de 2011 suscrito por el Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, allegado por la Gobernación del Meta.

16. Oficio No. 0038 del 3 de enero de 2012 suscrito por la Coordinación Jurídica de la Brigada Móvil No. 12.

17. Oficio No. 0353 del 30 de enero de 2014 presentado por la Brigada Móvil No. 3.

18. Oficio del 19 de octubre de 2011 suscrito por la Inspectora Municipal de Policía de Vista Hermosa, Meta.

19. Oficio del 26 de octubre de 2016 suscrito por el Batallón de Infantería No. 21.

20. Oficio del 27 de octubre de 2016 suscrito por la Brigada Móvil No. 12.

19. Oficio del 26 de octubre de 2016 suscrito por el Batallón de Infantería No. 21.

20. Oficio del 27 de octubre de 2016 suscrito por la Brigada Móvil No. 12.

21. Oficio del 28 de octubre de 2016 suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Municipio de Vista Hermosa, Meta.

22. Oficio del 28 de diciembre de 2016 suscrito por el Gerente de Derechos Human os de la Gobernación del Meta, en el que se indica que el señor Juan Pablo Arana León aparece registrado como víctima de desplazamiento forzado pero no como víctima de mina antipersonal.

23. Oficio suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

4Folios 258-264 c. ppal. 2.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

4

suministró al actor atención en salud, consulta, procedimientos y hospitalización y, además, accedió a la reparación individual por vía administrativa por tales daños5.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

10. La parte demandante adujo que el Tribunal no valoró de manera integral las pruebas allegadas y desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado en casos similares, dado que se acreditó que en el lugar donde se produjo el daño al actor se presentaban con frecuencia enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla y que era de público conocimiento que se trataba de un municipio asediado por la

similares, dado que se acreditó que en el lugar donde se produjo el daño al actor se presentaban con frecuencia enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla y que era de público conocimiento que se trataba de un municipio asediado por la presencia de minas antipersona que, en las dinámicas del conflicto armado, eran instaladas tanto por grupos subversivos para atacar a la fuerza pública, como por el Ejército Nacional como arma de guerra en contra de aquéllos; adem ás, el ente militar no demostró -estando en posibilidad de hacerlo - que la mina no había sido sembrada por el Ejército Nacional. A lo cual agregó que la presencia del Ejército Nacional en ciertas zonas creó una situación objetiva de riesgo para los pobladores, por lo que resultaba posible imputar el daño al Estado bajo el régimen objetivo de responsabilidad.

11. De otra parte, sostuvo que el Estado colombiano al ratificar el Tratado de Ottawa, se había comprometido internacionalmente a demarcar las regiones donde se sospechaba la presencia de minas antipersonales y a erradicarlas en un plazo máximo de 10 años, lo cual no había acontecido. Arguyó que el Consejo de Estado ha declarado la responsabilidad del Ejército Nacional en casos en los que incluso no se había vencido el término referido de los 10 años, pues ese plazo no suspendía las obligaciones de garante y que en casos en los que no se había acreditado que la población hubiera advertido del riesgo a las autoridades, se tenía en cuenta que se trataba de zonas de alteración grave del orden público, por lo que era de público conocimiento la presencia y actividad de grupos al margen de la ley, de manera que era obligación del Estado disponer los recursos a su alcance para cumplir sus

se trataba de zonas de alteración grave del orden público, por lo que era de público conocimiento la presencia y actividad de grupos al margen de la ley, de manera que era obligación del Estado disponer los recursos a su alcance para cumplir sus obligaciones convencional es de desminado humanitario, máxime los cuantiosos recursos que los gobiernos extranjeros han donado para financiar esa labor.

12. Finalmente, agregó que las sumas recibidas a título de indemnización por el demandante debían ser descontadas de la condena que se profiera en este proceso6.

13. Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, las partes guardaron silencio7. Por su parte, el Ministerio Público pidió que se confirmara la sentencia recurrida, en tanto no se acreditó la existencia de un nexo causal entre el daño y la actividad desplegada por la entidad demandada, pues el Ejército Nacional no tenía conocimiento de una situación de riesgo en el lugar en que ocurrieron los hechos y, por ello, no estaba obligado a realizar ninguna labor específica de desminado, por manera que no se configuró una falla del servicio. Agregó que tampoco se

5 Folios 266-276 c. del Consejo de Estado. 6 Folios 282-288 c. del Consejo de Estado. 7 Folio 304 c. del Consejo de Estado.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

5

configuraron los títulos de imputación de daño especial o riesgo excepcional, dado

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

5

configuraron los títulos de imputación de daño especial o riesgo excepcional, dado que no se demostró que la mina hubiera sido sembrada por las fuerzas institucionales8.

III. CONSIDERACIONES

14. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso de apelación

15. El ámbito del recurso se circunscribe a verificar si se configuraron los elementos para imputar el daño causado al demandante por la activación de una mina antipersonal, tanto en virtud de una falla en el servicio -por la supuesta omisión frente a las obligaciones de desminado humanitario contenidas en la Convención de Ottawa-, como bajo los regímenes objetivos de responsabilidad estatal.

Análisis del caso concreto

16. Desde un inicio, resalta la Sala que el daño concretado en la amputación de la pierna izquierda del demandante por la activación de un artefacto explosivo –mina antipersonalen hechos ocurridos el 14 de abril de 2008 en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta, no resulta imputable a la demandada bajo ningún título de imputación, como pasa a analizarse.

17. En primer lugar, en cuanto a las circunstancias en las que se produjo la lesión del demandante, obra en el expediente una certificación expedida por el Alcalde Municipal de Vista Hermosa en la que se dejó constancia de que el señor Juan

17. En primer lugar, en cuanto a las circunstancias en las que se produjo la lesión del demandante, obra en el expediente una certificación expedida por el Alcalde Municipal de Vista Hermosa en la que se dejó constancia de que el señor Juan Pablo Arana León “fue víctima (herida) por causa de explosión de mina antipersonal, el 14 de abril de 2008 a las 08:30 am en la vereda caño ánimas, jurisdicción rural e este municipio; dentro del marco del conflicto armado interno, por motivos ideológicos y políticos”9.

18. Según el informe técnico médico legal de lesiones no fatales elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las secuelas médico legales derivadas del hecho consistieron en deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente por perturbación funcional del órgano de la locomoción, de carácter permanente 10. Por estos hechos, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta estableció el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del señor Arana León en 39,33%11.

19. En cuanto respecta a los cargos dispuestos por la parte demandante en el recurso de alzada relativos a la configuración de una falla del servicio endilgable al Ejército Nacional por el incumplimiento de la Convención de Ottawa y por su

8 Folios 297-303 c. del Consejo de Estado. 9 Folio 29 c. ppal. 1.

10 Folio 28 c. ppal. 1. 11 Folios 30-33 c. ppal. 1.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

10 Folio 28 c. ppal. 1. 11 Folios 30-33 c. ppal. 1.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

6

actuar omisivo y “falta de eficacia en la aplicación e implementación de los medios y herramientas disponibles (...) para la erradicación de estos artefactos ”12 ; se considera necesario precisar el contenido y el alcance de los compromisos adquiridos por Colombia mediante la adopción del referido tratado, específicamente en materia de prevención del riesgo de accidentes con minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI), para finalmente corroborar o descartar el inc umplimiento del Estado, de las normas y principios en él dispuestos.

20. La "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", conocida como la Convención de Ottawa, suscrita en Oslo el 18 de septiembre de 199713, y aprobada por Colombia mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000 14, establece en el artículo 5 las obligaciones en materia de destrucción de minas antipersonal ubicadas bajo la jurisdicción del Estado firmante de la Convención, así como la identificación de las zonas afectadas con MAP, así:

“1.- Cada Estado Parte se compromete a destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que

identificación de las zonas afectadas con MAP, así:

“1.- Cada Estado Parte se compromete a destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.

2.- Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro m arcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pu edan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

3.- Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1o. dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se

destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1o. dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal” (se resalta).

21. De la lectura del artículo 5 de la Convención de Ottawa antes transcrito puede concluirse que en el primer inciso se estableció una obligación de resultado, es decir, cada Estado parte deberá destruir o asegurar la destrucción total de minas

12 Folio 285 c. del Consejo de Estado. 13 Si bien la Convención fue suscrita en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, quedó abierta a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de ese mismo año. 14 Esta Ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C -991/2000 y entró finalmente el vigor el 1 de marzo de 2001.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

7

antipersona en el territorio de su jurisdicción. Para el cumplimiento de esa obligación se concedió un plazo máximo de 10 años. No obstante, el Estado colombiano, a través del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas AntipersonalPAICMA, en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en

se concedió un plazo máximo de 10 años. No obstante, el Estado colombiano, a través del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas AntipersonalPAICMA, en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-Suiza, solicitó una extensión de diez años más para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de desminado humanitario, plazo que le fue concedido a Colombia, hasta el 1o de marzo de 2021 y, posteriormente, a raíz de la “ Solicitud de Extensión Colombia 202 0”, se le concedió un plazo de cuatro años y 10 meses, entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

22. Por su parte, la segunda obligación descrita en el ordinal 2º del artículo 5, impone a cada Estado parte el deber de “esforzarse” en identificar, demarcar y cercar las zonas donde sepa o sospeche que hay minas antipersona y “adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible”; por manera que, se trata de unas obligaciones de medio. Así pues, “ la obligación de identif icación y demarcación de las zonas en las que se sepa o sospeche que hay minas antipersona no está sujeta a un plazo determinado, sino que, por el contrario, exige el cumplimiento de manera progresiva y en la medida de las posibilidades materiales de cada Estado”15.

23. A este respecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha valorado los importantes avances desarrollados por el Estado colombiano desde el año 2002 precisamente en cuanto concierne a las obligaciones contenidas en el artículo 5.2 de la Convención de Ottawa, dentro de los cuales se destacan (i) la implementación

importantes avances desarrollados por el Estado colombiano desde el año 2002 precisamente en cuanto concierne a las obligaciones contenidas en el artículo 5.2 de la Convención de Ottawa, dentro de los cuales se destacan (i) la implementación de una estrategia de gestión de información dirigida a recopilar y sistematizar los datos disponibles sobre el fenómeno de las MAP/MUSE/AEI en Colombia, a través del IMSMA16, administrado p or el PAICMA 17, el cual constituye la primera fuente utilizada para determinar la existencia de zonas sospechosas que requieren ser intervenidas; (ii) la creación, mediante la Ley 759 de 2002, de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Min as Antipersonal CINAMAP, encargada, entre otras cosas, del diseño de la acción del Estado en aplicación de la Convención de Ottawa; (iii) la creación del primer pelotón de desminado humanitario en el año 2005 y de tres pelotones adicionales a finales del a ño 2006, así como la instauración del Batallón de Ingenieros No. 60 de Desminado Humanitario como parte de la Brigada Especial de Ingenieros en el año 2009; (iv) la puesta en marcha del Observatorio de Minas Antipersonal a cargo del Departamento Administra tivo de la Presidencia de la República en el año 2002, encargado de “recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas’’18.

24. Ya frente al estudio de los medios de convicción allegados al expediente, se advierte que las lesiones causadas al señor Juan Pablo Arana León resultaron ser

elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas’’18.

24. Ya frente al estudio de los medios de convicción allegados al expediente, se advierte que las lesiones causadas al señor Juan Pablo Arana León resultaron ser

15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2018. Exp. 49.851. C.P. María Adriana Marín. 16 Sistema de información recomendado por las Naciones Unidas para la gestión de los datos básicos acerca de los programas de acción integral contra minas antipersonal. 17 Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2018. Exp. 49.851. C.P. María Adriana Marín.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00113-01 (62.055)

Actor: Juan Pablo Arana León

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

8

un evento imprevisible e irre sistible para la entidad demandada, en la medida en que no se probó que el Ejército Nacional hubiera tenido conocimiento efectivo sobre la presencia de minas en el lugar donde ocurrió el accidente y que, pese a ello, no hubiera adoptado medidas de prevenci ón y protección tendientes a garantizar la seguridad de la población.

25. Así, en primer lugar, se advierte que ninguna de las autoridades a las que las partes y el Ministerio Público solicitaron oficiar para que informaran sobre denuncias previas y registro s de la ocurrencia de otros accidentes con minas antipersona, reportaron la existencia de esta información en el municipio de Vista Hermosa para

partes y el Ministerio Público solicitaron oficiar para que informaran sobre denuncias previas y registro s de la ocurrencia de otros accidentes con minas antipersona, reportaron la existencia de esta información en el municipio de Vista Hermosa para fechas anteriores a los hechos, como se referenciará a continuación:

26. En oficio del 19 de octubre de 2011 la Inspectora de Policía de Vista Hermosa, Meta informó que una vez revisados los libros radicadores del año 2000 al 2011 que se llevaban en el despacho, “ no se halló registro alguno sobre quejas o denuncias por los hech os enunciados de la existencia de minas an tipersonales en la vereda

Caño Ánimas”19.

27. El 24 de octubre de 2011 la Estación de Policía de Vista Hermosa informó al despacho que en los libros de archivo de esa unidad no se halló ninguna anotación que hiciera referencia a (i) informes elaborados con ocasión de la explosión de un