CE - 500012331000201000211011SENTENCIA20231031155800

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DAÑOS CAUSADOS POR MINAS ANTIPERSONA / Análisis del caso b ajo los regímenes de responsabilidad subjetivo y objetivo / Ausencia de falla del servicio frente a las obligaciones contempladas en la Convención de Ottawa / Ausencia de criterios de imputación bajo los títulos de riesgo excepcional y daño especial.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad patrimonia l del Ejército Nacional por las lesiones ocasionadas al demandante con motivo de la activación de una mina antipersonal.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 23 de agosto de 2018, mediante la cual s e decidió la demanda presentada 1 por el señor Luis Carlos González Conde contra la Nación – Ministerio de Defens a – Ejército Nacional, con la que solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por

agosto de 2018, mediante la cual s e decidió la demanda presentada 1 por el señor Luis Carlos González Conde contra la Nación – Ministerio de Defens a – Ejército Nacional, con la que solicitó que se le declarara patrimonialmente responsable por el referido daño. En consecuencia, reclamó una ind emnización por concepto de perjuicios morales, materiales, por daño a la vida de relación y por “ pérdida de capacidad laboral de carácter permanente”.

La demanda

1 Folios 1-46 c. 1.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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2. Como fundamento fáctico de la demanda, narró que el 12 de junio de 2008 el demandante sufri ó una lesión en su pie derecho luego de pisar una mina antipersonal mientras caminaba en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta, lo que determinó que se le amputara parte de su pierna derecha.

3. Sostuvo que el Estado es responsable por estos hechos a título de falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial. Adujo que la Fuerza Pública no previno a la población sobre el riesgo derivado de la existencia de este tipo de artefactos explosivos, en tanto no adelantó ninguna labor para identificar su ubicación y señalizarlos y, además, no realizó operativos para desactivarlos. En ese sentido, señaló que el Ejército Nacional omitió sus obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa, así como las funciones de protección que constitucionalmente le han sido asignadas.

ese sentido, señaló que el Ejército Nacional omitió sus obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa, así como las funciones de protección que constitucionalmente le han sido asignadas.

4. A la par de lo anterior, sostuvo que el señor González Conde resultó lesionado como consecuencia de una acción terrorista que estaba encaminada contra la fuerza pública, por manera que se configuró un daño especial.

La defensa

5. La Naci ón – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones. A legó que resultaba imposible para el Estado controlar la ubicación de cada una de las minas antipersonales sembradas por los grupos subversivos. Adujo que no era posible acreditar que el artefacto explosivo se hubiera instalado para atacar específicamente a los miembros del Ejército Nacional, pues en el marco del conflicto armado dichas armas son empleadas de manera indiscriminada para generar zozobra en la poblac ión civil, de manera que al tratarse de un ataque que no fue selectivo en contra de una institución o funcionario estatal, no resultaba procedente que se le imputara ese daño bajo los títulos objetivos de riesgo excepcional o daño especial; en cambio se co nfiguró la causal eximente consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero2.

6. Surtida la etapa probatoria 3, la parte demandante insistió en que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio dado que no llevó a cabo jornadas de

2 Folios 77-82 c. 1. 3 Mediante auto del 28 de noviembre de 2011 se decretaron las siguientes pruebas: 1. Solicitadas por la parte

Nacional incurrió en una falla del servicio dado que no llevó a cabo jornadas de

2 Folios 77-82 c. 1. 3 Mediante auto del 28 de noviembre de 2011 se decretaron las siguientes pruebas: 1. Solicitadas por la parte actora. DOCUMENTALES: Incorporar las allegadas con la demanda. OFICIOS: Oficiar al Comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional en el Departamento del Meta, a la Personería Municipal de Vista Hermosa, a la Defensoría del Pueblo del municipio de Vista Hermosa, Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, Hospital Local de Vista Hermosa, ESE Hospital Departamental de Villavicencio y SENA Regional Nariño para que alleguen la información solicitada en la demanda. TESTIMONIOS: Practicar los testimonios de los señores Oscar Fernando Vargas Suárez, Lida Erica Barreto Sogamoso, María Astrid Pérez Ramírez, Luis Alberto Pérez Ramírez, Michael Rafael Remiso Suárez, Tirso Torres Ga rcía, Eve Rojas Laiton, Gloria Inés Casas Rojas y Rosa María Casas Rojas. DICTAMEN PERICIAL: Remítase al señor Luis Carlos González Conde ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Villavicencio y una vez rendido el dictamen, remitir al demandante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. 2. Solicitadas por la parte demandada. OFICIOS: Oficiar al Comando del Batallón No. 21 “Pantano de Vargas”, al Comando de la Policía Nacional del municipio de Vista Hermosa y al Alcalde Mun icipal de Vista Hermosa para que remitiera copia auténtica de la información solicitada en la contestación de la demanda (folios 91-93 c. 1). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:

Nacional del municipio de Vista Hermosa y al Alcalde Mun icipal de Vista Hermosa para que remitiera copia auténtica de la información solicitada en la contestación de la demanda (folios 91-93 c. 1). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:

1. Registro civil de nacimiento del señor Luis Carlos González Conde.

2. Declaración extrajuicio rendida por el señor Luis Carlos González Conde.

3. Formato de noticia criminal por los hechos ocurridos el 12 de junio de 2008.

4. Certificación expedida por el alcalde municipal de Vista Hermosa, Meta el 12 de junio de 2008.

5. Informe técnico médico legal de lesiones no fatales con fecha del 1 de octubre de 2008.

6. Oficios No. 521010 del SENA Regional Nariño.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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capacitación para la prevención a la comunidad sobre el riesgo de minas antipersonales ni tampoco probó haber realizado jornadas de desminado, a pesar de que conocía la existencia de esos artefactos explosivos en la región4.

7. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

8. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda. Para estos efectos, consideró que no se acreditó una conducta omisiva del Ejército Naciona l, dado que para la fecha de los hechos no se reportó ningún otro incidente previo vinculado con la explosió n de minas

pretensiones de la demanda. Para estos efectos, consideró que no se acreditó una conducta omisiva del Ejército Naciona l, dado que para la fecha de los hechos no se reportó ningún otro incidente previo vinculado con la explosió n de minas antipersonales en la vereda El Encanto del municipio de Vista Hermosa, ni se solicitó por parte de las entidades territoriales el apoyo p ara labores de desminado, por manera que ante la ausencia de antecedentes de tales eventos que advirtieran la presencia de dichos artefactos explosivos, la entidad demandada no estaba en la obligación de realizar acciones específicas para contrarrestar dicho riesgo.

9. En todo caso, manifestó que la autoridad castrense había adelantado numerosas acciones para atender esta problemática, entre ellas, la creación del Batallón de Desminado Número 60 y la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario Número 1. Po r otro lado, señaló que no se acreditó que los hechos hubieran ocurrido en una base militar minada por el Ejército Nacional ni que se tratara de un atentado dirigido contra agentes de esa entidad.

10. Finalmente, ordenó remitir copia del fallo a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal para que fuera registrado en el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA) y que el señor González Conde pudiera acceder a los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos5.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

7. Historia Clínica No. 5000133543 perteneciente al señor Luis Carlos González Conde en el Hospital

Departamental de Villavicencio.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

7. Historia Clínica No. 5000133543 perteneciente al señor Luis Carlos González Conde en el Hospital

Departamental de Villavicencio.

8. Oficios No. AMVHM 247 y 246 del 29 de marzo de 2012 suscritos por el alcalde m unicipal de Vista Hermosa, Meta, relacionados con las solicitudes de desminado en ese ente territorial y los certificados expedidos a víctimas de minas antipersonales en el año 2008.

9. Oficio del 21 de febrero de 2012 suscrito por el Director del Centro de Atención de la Gobernación de Vista

Hermosa.

10. Oficio No. 2635 del 30 de abril de 2012 suscrito por el Comandante de la Brigada Móvil No. 12 del Ejército

Nacional.

11. Oficio No. 694 del 30 de septiembre de 2013 suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de Vista

Hermosa.

12. Oficio No. 233-2013 del 1 de octubre de 2013 suscrito por el Personero municipal de Vista Hermosa, Meta.

13. Dictamen realizado por la Junta de Regional de Ca lificación de Invalidez del Tolima al señor Luis Carlos González Conde que determinó su pérdida de capacidad laboral en un porcentaje de 39,65%.

14. Reporte de la Convención de Víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados

(AEI) y Mu niciones Sin Explotar (MUSE), de los municipios de Samaniego, La llanada y Santa Cruz de Guachavés, llevado a cabo en Pasto, Nariño, entre el 20 al 22 de marzo de 2009.

(AEI) y Mu niciones Sin Explotar (MUSE), de los municipios de Samaniego, La llanada y Santa Cruz de Guachavés, llevado a cabo en Pasto, Nariño, entre el 20 al 22 de marzo de 2009. 4 Folios 320-332 c. 2. 5 Folios 355-366 c. ppal.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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11. La parte demandante adujo que se acreditó que el municipio de Vista Hermosa era uno de los territorios más afectados por la siembra de minas antipersonales, hecho que era de conocimiento de las autoridades, como consta en la certificación expedida por la Alcaldía de ese municipio, en la que se registraron todos los incidentes con artefactos explosivos y minas antipersonales para el año 2008. Agregó que le concernía a la deman dada acreditar las medidas que hubiere adoptado tendientes a desminar el municipio de Vista Hermosa; sin embargo, no se preocupó por probar que no incurrió en dicha omisión, ni demostró la configuración de las causales excluyentes de responsabilidad como l a culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.

12. Por otra parte, señaló que el Ejército Nacional también utilizaba las minas antipersonales como arma de guerra, hecho que ocasionó afectaciones no sólo a los miembros de los grupos al margen de la ley sino también a civiles, como es el caso del señor González Conde. En este sentido, adujo que la imputación debía

antipersonales como arma de guerra, hecho que ocasionó afectaciones no sólo a los miembros de los grupos al margen de la ley sino también a civiles, como es el caso del señor González Conde. En este sentido, adujo que la imputación debía analizarse bajo el daño especial y, por ende, era a la demandada a la que le correspondía demostrar en el plenario que la mina que ocasionó el daño por el que se demanda no fue instalada por el propio Ejército Nacional. Asimismo, planteó que como las minas antipersonales son un instrumento de guerra utilizado por los grupos ilegales contra la Fuerza Pública, le correspondía al Estado responder por los daños causados a civiles con ocasión del conflicto armado6.

13. Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, la parte demandante insistió en que el Ejército Nacional omitió adelantar las medidas a su alcance para prevenir la ocurrencia del suceso por el que se demanda, pese a conocer el riesgo que corría la comunidad de ese ente territorial, pues precisamente en el año 2008 ese municipio fue uno de los más afectados por la explosión de este tipo de artefactos. Adujo que las labores de desminado debieron priorizarse en ese sector, pero que los patrullajes y controles del territorio llevados a cabo por la fuerza pública resultaron insuficientes7.

14. El Ministerio Público y el Ejército Nacional guardaron silencio8.

III. CONSIDERACIONES

15. Sin que s e observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

El objeto del recurso de apelación

III. CONSIDERACIONES

15. Sin que s e observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

El objeto del recurso de apelación

16. El ámbito del recurso se circunscribe a verificar si resulta posible imputar al Estado el daño causado al demandante por la activación de una mina antipersonal, tanto en virtud de una falla en el servicio -por la supuesta omisión frente a las obligaciones de desminado humanitario contenidas en la Convención de Ottawa-, como bajo los regímenes objetivos de responsabilidad estatal.

6 Folios 368-374 c. ppal. 7 Folios 395-412 c. ppal. 8 Folio 413 c. ppal.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

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Referencia: Reparación directa

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17. En lo que respecta al cargo planteado en el recurso de alzada sobre la posibilidad de que la mina antipersonal hubiera sido sembrada por la propia fuerza pública, la Sala advierte que se trata de un aspecto que modifica la causa petendi de la demanda 9 –en tanto en el libelo inicial se refirió que “ puede concluirse con diáfana y absoluta claridad, que el artefacto explosivo fue sembrado por sujetos al margen de la ley, con el propósito de subvertir el orden constitucional.

Básicamente esta clase de objetos se encuentran dirigidos a causar daño en primer lugar a la Fuerza Pública, como su objetivo principal, pero se ha venido

margen de la ley, con el propósito de subvertir el orden constitucional. Básicamente esta clase de objetos se encuentran dirigidos a causar daño en primer lugar a la Fuerza Pública, como su objetivo principal, pero se ha venido causando daño a la población civil, ajena al conflicto”, lo cual además fue reiterado en el escrito de alegato s de conclusión de primera instancia y en otro acápite del recurso de alzada-. Por manera que este punto no será objeto de consideración y análisis en la presente instancia judicial.

Sobre el cumplimiento del Estado colombiano de la Convención de Ottawa

18. La imputación de un daño como el que refiere la demanda bajo el régimen de responsabilidad subjetivo, reclama la identificación y análisis de los compromisos adquiridos por Colombia mediante la adopción de la Convención de Ottawa, específicamente en mater ia de prevención del riesgo de accidentes con minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI). A partir de este marco normativo procede corroborar o descartar el incumplimiento del Estado de las normas y principios contenidos en el mismo.

19. La "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", conocida como la Convención de Ottawa, suscrita en Oslo el 18 de septiembre de 19 97 10 , y aprobada por Colombia mediante la Ley 554 del 14 de enero de 2000 11, establece las obligaciones en materia de destrucción de minas antipersonal ubicadas bajo la jurisdicción del Estado firmante de la Convención, así como la identificación de las

zonas afectadas con MAP, así:

las obligaciones en materia de destrucción de minas antipersonal ubicadas bajo la jurisdicción del Estado firmante de la Convención, así como la identificación de las zonas afectadas con MAP, así:

“1.- Cada Estado Parte se compromete a destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas

9 La Sala advierte que en la alzada se realizó una modificación a la imputación de responsabilidad al Ejército Nacional, toda vez que se refirió que además de la falla del servicio, el título de imputación era el de dañ o especial por la instalación del artefacto explosivo en tanto la demandada no acreditó que la mina que le causó las lesiones al señor González Conde no hubiera sido de su propiedad. En este sentido, el Ejército Nacional fundamentó su defensa en alegar la configuración del hecho exclusivo y determinante de un tercero y de ahí, la imposibilidad del Estado de identificar la ubicación y señalizar cada una de las minas antipersonales sembradas por los grupos subversivos, pues se trata de artefactos que por su propia naturaleza se sitúan para no ser hallados y atacar de manera indiscriminada a la población civil y castrense. En virtud de lo anterior, al apuntar que fue el Ejército Nacional el que plantó la mina antipersonal que causó la lesión al señor González Conde y no un grupo subversivo, la parte demandante varió la imputación realizada a la institución castrense a través del marco fáctico propuesto en el libelo inicial. Pronunciarse sobre los nuevos argumentos planteados en el recurso de apelación, configur aría una afrenta al debido proceso y al

a la institución castrense a través del marco fáctico propuesto en el libelo inicial. Pronunciarse sobre los nuevos argumentos planteados en el recurso de apelación, configur aría una afrenta al debido proceso y al derecho de defensa de la accionada, lo que de paso desconocería los límites de la competencia de esta Corporación para resolver el recurso de alzada, pues tal medio de impugnación no es una instancia para mejorar la demanda o para reforzarla con nuevas imputaciones, ni mucho menos una oportunidad procesal para modificar la causa petendi de la demanda, sino para abogar por que lo decidido se revoque o modifique, conforme a la postura que previamente esbozaron las partes. 10 Si bien la Convención fue suscrita en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, quedó abierta a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de ese mismo año. 11 Esta Ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-991/2000 y entró finalmente en vigor el 1° de marzo de 2001.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

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minadas que estén bajo su jurisdicción o control , lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.

2.- Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas

Convención para ese Estado Parte.

2.- Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y o tros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

3.- Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1o. dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal ” (se resalta).

20. La normativa antes referida fija obligaciones sometidas a plazo, bajo premisas modales de distinto orden. Así, cada Estado parte deberá destruir o asegura r la

resalta).

20. La normativa antes referida fija obligaciones sometidas a plazo, bajo premisas modales de distinto orden. Así, cada Estado parte deberá destruir o asegura r la destrucción total de minas antipersonal en el territorio de su jurisdicción y para el cumplimiento de esa obligación se fijó un plazo máximo de 10 años. No obstante, el Estado colombiano, a través del Progra ma Presidencial para la Acción Integral contra Minas AntipersonalPAICMA, en el marco de la décima reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra -Suiza, solicitó una extensión de diez años más para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de desminado humanitario, plazo que le fue concedido a Colombia, hasta el 1 o de marzo de 2021 y, posteriormente, a raíz de la “ Solicitud de Extensión Colombia 2020”, se le concedió un plazo de cuatro años y 10 meses, entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.

21. La segunda obligación que previene el referido instrumento internacional, impone a cada Estado parte el deber de “esforzarse” en identificar, demarcar y cercar las zonas donde sepa o sospeche que hay minas antipersonales y “adoptar(á) todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible”; por manera que, se trata de unas obligaciones de medio. Así, “ la obligación de identificación y demarcación de las zonas en las que se sepa o sospeche que hay minas antipersona no está suje ta a un plazo determinado, sino que, por el contrario, exige el cumplimiento de manera progresiva y en la medida de las posibilidades materiales de cada Estado”12.

minas antipersona no está suje ta a un plazo determinado, sino que, por el contrario, exige el cumplimiento de manera progresiva y en la medida de las posibilidades materiales de cada Estado”12.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2018. Exp. 49.851. C.P. María Adriana Marín.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

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22. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha valorado los importantes avances desarrollados p or el Estado colombiano desde el año 2002 precisamente en cuanto concierne a las obligaciones contenidas en el artículo 5.2 de la Convención de Ottawa, dentro de los cuales se destacan: (i) la implementación de una estrategia de gestión de información diri gida a recopilar y sistematizar los datos disponibles sobre el fenómeno de las MAP/MUSE/AEI en Colombia, a través del IMSMA13, administrado por el PAICMA 14, el cual constituye la primera fuente utilizada para determinar la existencia de zonas sospechosas que requieren ser intervenidas; (ii) la creación, mediante la Ley 759 de 2002, de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal CINAMAP, encargada, entre otras cosas, del diseño de la acción del Estado en aplicación de la Conven ción de Ottawa; (iii) la creación del primer pelotón de desminado humanitario en el año 2005 y de tres pelotones adicionales a finales del año 2006,

encargada, entre otras cosas, del diseño de la acción del Estado en aplicación de la Conven ción de Ottawa; (iii) la creación del primer pelotón de desminado humanitario en el año 2005 y de tres pelotones adicionales a finales del año 2006, así como la instauración del Batallón de Ingenieros No. 60 de Desminado Humanitario como parte de la Brigad a Especial de Ingenieros en el año 2009; (iv) la puesta en marcha del Observatorio de Minas Antipersonal a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el año 2002, encargado de “recopilar, sistematizar, centralizar y actualiz ar toda la información sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas’’ 15. En este punto, conviene mencionar que el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional no es la autoridad llamada a tomar por sí sola la decisión de delimitar y desminar un perímetro determinado, ya que, por disposición legal, son varias las entidades del Gobierno las que participan en distintos frentes para hacer efectivos los compromisos adquiridos en la materia. Por lo tanto, el componente de desminado humanitario de las Fuerzas Militares debe someter sus actividades a las decisiones que adopte la instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario y la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (CINAMP), y llevarlas a cabo con la coordinación, asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA)16.

Antipersonal (CINAMP), y llevarlas a cabo con la coordinación, asesoría técnica y el seguimiento que efectúe el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA)16.

23. Consecuente co n los altos propósitos que se ha fijado en la Convención de Ottawa, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en 2018 en el sentido de determinar que el Estado de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de MAP/MUSE/AEI en atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado en Colombia,

13 Sistema de información recomendado por las Naciones Unidas par a la gestión de los datos básicos acerca de los programas de acción integral contra minas antipersonal. 14 Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. 15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2018. Ex p. 49.851. C.P. María Adriana Marín. 16 “El Estado colombiano expidió la Ley 759 de 2002, la cual estableció que la labor de desminado humanitario y demarcación de tales zonas afectadas con MAP y MUSE, es una labor interinstitucional y, por esa razón, dispuso que son varias las entidades del Gobierno colombiano las que participan en distintos frentes para hacer efectivos los compromisos adquiridos en la materia, entre las que se encuentran: La Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra l as Minas Antipersonal (CINAMP), autoridad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, integrada por el Vicepresidente de la

Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra l as Minas Antipersonal (CINAMP), autoridad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, integrada por el Vicepresidente de la República, los Ministros del Interior, de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Salud, e l Director del Departamento de Planeación Nacional, el Director del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario; el Fiscal General de la Nación, el Comandante Genera l de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional ”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2018. Exp. 49.851. C.P. María Adriana Marín.Radicación: 50001-23-31-000-2010-00211-01 (62.602)

Actor: Luis Carlos González Conde

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

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así como al marco legislativo dispuesto por el Estado para adelantar labores de desminado humanitario incluidas las disposiciones adoptadas en materia de indemnización mediante la ley de víctimas y sus decretos reglamentarios. En este sentido se indicó, entre otros, que el simple hecho de que se presente una violación de un derecho contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no constituye por sí mismo un incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado colombiano17.

Caso concreto

24. El daño causado al demandante representado en la “amputación infracondilea derecha”18 como consecuencia de la act ivación de un artefacto explosivo –mina

Caso concreto

24. El daño causado al demandante representado en la “amputación infracondilea derecha”18 como consecuencia de la act ivación de un artefacto explosivo –mina antipersonal-, en hechos ocurridos el 12 de junio de 2008 en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta, está probado y es un hecho no debatido por las partes; no obstante, no resulta imputable a la demandada ba jo ningún título de i