CE - 500012331000201100163011SENTENCIASENTENCIA20230810121057

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681).

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros.

Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y Ministerio de Defensa (Policía Nacional).

Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1: Privación injusta de la libertad – Ley 906 de 2004. Subtema 1.1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Antijuridicidad del daño – acreditada. Subtema 1.3. Liquidación de perjuicios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_________________________________

La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 1, resuelve los recursos d e apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 17 de agosto de 2017 , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de junio de 2010, en el taller de raz ón social “SERVIERT” de la ciudad de

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de junio de 2010, en el taller de raz ón social “SERVIERT” de la ciudad de Villavicencio, la señora Marta Isabel Pabón Padilla fue abordada por varios sujetos quienes, con arma de fuego, la despojan de sus pertenencias personales, incluyendo una alta suma de dinero. El mismo día, en un procedi miento rutinario de requisa de la Policía Nacional, es detenido el señor Luis Carlos Roa Díaz, quien se encontraba indocumentado y portaba la suma de dos millones novecientos cuarenta mil pesos ($2.940.000) m/cte. El señor Roa Díaz fue reconocido por parte del señor Juan Bautista Guerrero Castillo, quien es el propietario del taller y se encontraba presente en el momento de ocurrencia de los hechos, como un a de las personas que cometieron el hurto, razón por la que fue capturado el 29 de junio de

2010. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio con función de control de garantías, el 30 de junio de 2010, celebró la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del señor Luis Carlos Roa Díaz, decretando aquella consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. El procediminto penal concluyó con decisión de preclusión por solicitud que hiciera la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en que el señor Roa Díaz no intervinó en el hecho investigado.

1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: “los

Nación, con fundamento en que el señor Roa Díaz no intervinó en el hecho investigado.

1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: “los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (…)”.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

La demanda fue presentada el día 29 de marzo de 2011 2-3, por Luis Carlos Roa Díaz4, Gabriel Roa Torres 5, Maria Teresina Díaz Vargas 6, Claudia Milena Roa Díaz7 y Franck Odany Roa Díaz 8. Con fundamento en los hechos referidos en la síntesis del caso, los accionantes pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación, representada en este caso por el Fiscal Gener al de la Nación o su delegado, por el Direct or Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado y por el Director General de la Policía Nacional o su delegado , con ocasión de la privación de la libertad que soportó el señor Luis Carlos Roa Díaz dentro de la investigación criminal radicada al No. 2010-81769, a consecuencia de la detención preventiva que le fue impuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

2010-81769, a consecuencia de la detención preventiva que le fue impuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Meta en auto del 28 de junio de 20119; notificado en debida forma10; el término de traslado de la demanda corrió de confor midad con lo previsto en la ley 11; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Rama Judicial12 y por la Fiscalía General de la Nación 13, quien formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; en tanto que la Policía Nacional guardó silencio14.

Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin r eparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo del Meta , en auto del 15 de febrero de 2017 15, corrió

2 Esto, de conformidad con la diligencia de presentación personal adelantada ante la Oficina Judicial de Villavicencio, Meta, visible al reverso del folio 13 del cuaderno 1. 3 El escrito de demanda obra a folios 1-13 del cuaderno 1. Por su parte, el poder otorgado por los demandantes a los abogados Arsenio Monroy Benitez y Gladys Bellanit Velasquez Cespedes, para que estos ejercieran su representación judicial en el presente caso, obra a folios 14-16 del cuaderno 1. 4 El nombre del señor “Luis Carlos Roa Díaz” aparece registrado en los términos anteriormente referidos en el registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 2863524, visible a folio 24 del cuaderno 1, y

4 El nombre del señor “Luis Carlos Roa Díaz” aparece registrado en los términos anteriormente referidos en el registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 2863524, visible a folio 24 del cuaderno 1, y en la cédula de ciudadanía No. 1.121.840.602, que obra a folio 17 del mismo cuaderno. 5 El nombre del señor “Gabriel Roa Torres” aparece registrado en los términos anteriormente referidos en el registro civil de nacimiento de su hijo, el señor Luis Carlos Roa Díaz, y en la cédula de ciudadanía No. 97.600.283, que obra a folio 18 del cuaderno 1. 6 El nombre de la señora “Maria Teresina Díaz Vargas” aparece registrado en los términos anteriormente referidos en el registro civil de nacimiento de su hijo, el señor Luis Carlos Roa Díaz, y en la cédula de ciudadanía No. 30.020.065 del cuaderno 1. 7 El nombre de la señora “Claudia Milena Roa Díaz” aparece registrado en los términos anteriormente referidos en el registro civil de nacimien to identificado con el indicativo serial No. 0000204102, visible a folio 20 del cuaderno 1. 8 El nombre del señor “Franck Odany Roa Díaz” aparece registrado en los términos anteriormente referidos en el registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 8158657, visible a folio 25 del cuaderno 1. 9 Folios 34 y 35 del cuaderno 1. 10 Folios 44, 46 y 47 del cuaderno 1. 11 De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta, visible a folio

9 Folios 34 y 35 del cuaderno 1. 10 Folios 44, 46 y 47 del cuaderno 1. 11 De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta, visible a folio 50 del cuade rno 1, la fijación en lista del auto admisorio de la demanda se llevó a cabo el 13 de febrero de 2012, que fue desfijado el día 24 del mismo mes y año. De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta, visible a folio 118 del cuaderno 1, la fijación en lista del auto admisorio de la demanda se llevó a cabo el 23 de mayo de 2012 y el término para la presentación de la contestación de la demanda venció el 5 de junio del mismo año. 12 Folios 51-54 del cuaderno 1. 13 Folios 58-66 del cuaderno 1. 14 El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 27 de abril de 2012 [folios 81 -83 del cuaderno], resolvió: “Téngase por no contestada la demanda por parte de la POLICÍA NACIONAL”. 15 Folio 210 del cuaderno 2.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros

3 traslado a las partes y al Ministerio Público , para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora16, la Rama Judicial17, la Policía Nacional18 y la Fiscalía General de la Nación19.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Meta , en sentencia proferida el 17 de agosto de

Rama Judicial17, la Policía Nacional18 y la Fiscalía General de la Nación19.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Meta , en sentencia proferida el 17 de agosto de 201720: (i) negó la excepción de falta de legitimación en la c ausa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación; (ii) declaró responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial –, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Luis Carlos Roa Díaz ; (iii) condenó a dichos órganos al pago de los perjuicios morales causados a los accionantes; y (iv) ordenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, a fin de reparar el daño causado a los bienes constitucionalmente protegidos (la honra y el buen nombre), que divulguen, a través de un periódico de amplia circulación de la ciudad de Villavicencio, que el joven Luis Carlos Roa Díaz no cometió el delito por el cual estuvo privado injustamente de la libertad. Como sustento de su decisión, el Tribunal de primera instancia expuso:

“Así las cosas, para la Sala no existe ninguna duda que el demandante estuvo privado de la libertad desde el 29 de junio de 2010 al 30 de julio de 2010, (1 mes y 1 día), como se desprende de la audiencia de legalización de captura efectuada el 30 de junio de 2010, y la audiencia del 30 de julio de 2010, en la cual se anunció el sentido de la decisión y se ordenó la libertad inmediata del señor ROA DÍAZ (CD visible a folio 169), situación cuyo análisis debe hacerse bajo la perspectiva d e la responsabilidad objetiva, según se

2010, en la cual se anunció el sentido de la decisión y se ordenó la libertad inmediata del señor ROA DÍAZ (CD visible a folio 169), situación cuyo análisis debe hacerse bajo la perspectiva d e la responsabilidad objetiva, según se explicó en el acápite anterior, puesto que en este caso se concluyó que el actor no cometió el hecho imputado, siendo entonces conclusión forzada que el demandante sufrió un daño antijurídico, pues el Estado, no pudo desvirtuar su presunción de inocencia, ni en este proceso contencioso administrativo se acreditó la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad, imponiéndose así una declaratoria de responsabilidad patrimonial y su consecuente condena.

Ciertamente, el señor LUIS CARLOS ROA DÍAZ, no tenía el deber jurídico de soportar la privación de la libertad, así como tampoco el ordenamiento jurídico se lo imponía, pues no existía razón para limitar los derechos afectados, toda vez que, la decisión de preclusi ón en su favor, porque no cometió el hecho investigado, en este caso es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica de la privación de la libertad, pues como se dijo, en estos eventos, se debe calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta”.

2.4. Los recursos de apelación

2.4.1. La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 31 de agosto de 201721, apeló la sentencia de primera i nstancia. Como fundamento de su recurso de alzada, el órgano investigad or argumentó que e n el régimen procesal penal

201721, apeló la sentencia de primera i nstancia. Como fundamento de su recurso de alzada, el órgano investigad or argumentó que e n el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de 2004, la facultad de imponer la medida de aseguramiento y, como consecuencia de ello, restringir la libertad del imputado le corresponde a la Rama Judicial, a través del juez de contro l de garantías, por lo que es dicho

16 Folios 211-224 del cuaderno 2. 17 Folios 225 y 226 del cuaderno 2. 18 Folios 233-238 del cuaderno 2. 19 Folios 239-246 del cuaderno 2. 20 Folios 265-277 del C.ppal. 21 Folios 279-292 del C.ppal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

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4 organismo el llamado a responder por la privación de la libertad del señor Luis Carlos Roa Díaz.

2.4.2. La Rama Judicial, a través de escrito del 12 de septiembre de 2017 22, presentó recurso de apelación contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, con base en los siguientes cargos:

2.4.2.1. La medida de aseguramiento de detención preventiva que le fue impuesta al señor Luis Carlos Roa Díaz fue decretada en cumplimiento de los requisitos legales previstos en la Ley 906 de 2004.

2.4.2.2. En el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de 2004, el órgano responsable de la privación de la libertad del señor Luis Carlos Roa

los requisitos legales previstos en la Ley 906 de 2004.

2.4.2.2. En el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de 2004, el órgano responsable de la privación de la libertad del señor Luis Carlos Roa Díaz y, por ende, aquel que debe indemnizar le, es la Fiscalía General de la Nación, dado que este organismo es el titular de la acción penal, es quien recolectó las pruebas necesarias para la imposición de la medida de aseguramiento y es quien elevó dicha solicitud ante el juez de control de garantías; y este último se limitó a v erificar el cumplimiento de los requisitos legales previstos para la imposición de la medida de aseguramiento. Además, fue la misma Fiscalía General de la Nación quien solicitó la preclusión de la investigación penal, en razón a que el señor Luis Carlos Roa Díaz no participó en la comisi ón de la conducta punible, por lo que no existe nexo causal entre las actuaciones desplegadas por la Rama Judicial y la privación de la libertad de la que fue objeto el aquí demandante.

2.4.2.3. De conformidad con los mismo s argumentos que sustentan el anterior cargo, la Rama Judicial aduce la configuración de la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, que, en este caso, sería la Fiscalía General de la Nación.

2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 23, el Tribunal Administrativo del Meta convocó a las partes a audiencia de conciliación 24, la cual fue evacuada el 28 de noviembre de 2017 25, y hubo de declararse fallida por

Administrativo del Meta convocó a las partes a audiencia de conciliación 24, la cual fue evacuada el 28 de noviembre de 2017 25, y hubo de declararse fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes. En el trámite de la misma diligencia, el a quo concedió los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial contra la sentencia de primera instancia.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en a uto del 15 de febrero de 201826, admitió los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Así mismo, p or auto del 9 de mayo de 2018 27, corrió traslado a las partes para que

22 Folios 307-312 del C.ppal. 23 “Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”. 24 Esto, a través de auto del 8 de noviembre de 2017, que obra a folio 317 del C.ppal. 25 El acta de la audiencia de conciliación obra a folios 322 y 323 del C.ppal. 26 Folio 339 del C.ppal.

24 Esto, a través de auto del 8 de noviembre de 2017, que obra a folio 317 del C.ppal. 25 El acta de la audiencia de conciliación obra a folios 322 y 323 del C.ppal. 26 Folio 339 del C.ppal. 27 Folio 342 del C.ppal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros

5 presentaran alegatos de conclus ión y a l Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de alegatos de conclusión 28, a través del cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación . Por su parte, el Procurador Primero Dele gado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales, rindió el concepto No. 134 del 15 de junio de 201829, en el que concluyó:

“En virtud de lo expuesto el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea modificado en cuanto a DECLARAR la excepci ón de falta de legitimación por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación y en lo demás el fallo sea confirmado, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión, respetuosamente”.

2.7. Manifestaciones de impedimento

El magistrado Nicolás Yepes Corrales, a través de escrito del 25 de abril de 2019 30, manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente asunto, de conformidad con la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP) 31. Esto, en razón a que, en su condición Procurador

manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente asunto, de conformidad con la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP) 31. Esto, en razón a que, en su condición Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado rindió el concepto No. 134 del 15 de junio de 2018. El d espacho del magistrado ponente, por auto del 9 de julio de 201932, declaró fundado el impedimento manifestado por el M agistrado Nicolás Yepes Corrales.

Adicionalmente, sometido el proyecto a sorteo de conjueces, este le correspondió al conjuez Gustavo Quintero Navas, quien, a través de escrito presentado el 23 de junio de 2023 33, manifestó su impedimento para conocer y de cidir el presente asunto, de conformidad con la causal prevista en el numeral 6 del artículo 141 del CGP34. La Subsección, mediante proveído del 12 de julio de 2023 35, declaró infundado el impedimento manifestado por el doctor Quintero Navas.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 36-37, el

28 Folios 344-355 del C.ppal. 29 Folios 369-378 del C.ppal. 30 Folio 382 del C.ppal. 31 CGP. “Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…)

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso,

30 Folio 382 del C.ppal. 31 CGP. “Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…)

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo (…)” 32 Folios 384 y 385 del C.ppal. 33 Documento que se encuentra en el índice No. 00029 de SAMAI. 34 CGP. “Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

(…)

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado (…)”. 35 Documento que se encuentra en el índice No. 00032 de SAMAI. 36 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos , la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos , se decretaron las pruebas, s e iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original). 37 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, auto de unificación del 25 de

notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original). 37 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros

6 “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “ pronunciarse solamente sobr e los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse o ficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante c omo fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”38.

como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante c omo fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”38.

3.2. En este orden de ideas, en asocio a los cargos de la apelación da lugar al siguiente problema jurídico:

¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la qu e fue objeto el señor Luis Carlos Roa Díaz , con ocasión de la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario , por no observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición?

Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer: (i) si la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Luis Carlos Roa Díaz es imputable a la Fiscalía General de la Nación , o a la Rama Judicial , o a ambas ; (ii) el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores y , (iii) decidir sobre la condena a que haya lugar.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 39 y a la naturaleza del asunto40, así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte demandante , ya que presentó su demanda el 29 de marzo de 2011 41,

asunto40, así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte demandante , ya que presentó su demanda el 29 de marzo de 2011 41, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores al 6 de agosto de 2010, momento en el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio con función de conocimiento decretó la preclusión de la investigación penal adelantada en contra del señor Luis Carlos Roa Díaz; incluso p rescindiendo del tiempo durante el cual el plazo para la presentación oportuna de la demanda estuvo suspendido, en razón

38 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 39 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”. 40 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 41 Ver nota al pie No. 1.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Díaz y otros

7 de la presentación de la solicitu d para la realización de la audiencia de conciliación prejudicial.

4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Luis Carlos Roa Díaz, en su

prejudicial.

4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Luis Carlos Roa Díaz, en su condición de víctima direc ta; Gabriel Roa Torres y Maria Teresina Díaz Vargas , quienes acreditaron ser los padres del señor Roa Díaz 42; y Claudia Milena Roa Díaz y Franck Odany Roa Díaz , quienes demostraron ser los hermanos de la víctima directa43

4.1.3. En lo que atañe al extremo p asivo de la litis, l a Sala encuentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de la Nación quien solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva ante el juez de control de garantías 44; y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, dado que fue el juez de control de garantías quien impuso la medida de aseguramiento de de tención preventiva en contra del señor Luis Carlos Roa Díaz45.

Ahora, la Subsección observa que los demandantes también solicitaron la declaración de responsabilidad de la Policía Nacional, pero esta fue negada por parte del Tribunal Administrativo del Meta46. Como la anterior decisión no fue objeto de reproche en los recursos de alzada presentados por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, la Sala no dirá nada al respecto por tratarse de un asunto de la litis que quedó definido con la decisión de primera instancia . Lo anterior, en recta aplicación d e los artículos 320 y 328 del CGP, aplicable por

Nación y la Rama Judicial, la Sala no dirá nada al respecto por tratarse de un asunto de la litis que quedó definido con la decisión de primera instancia . Lo anterior, en recta aplicación d e los artículos 320 y 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 267 del CCA47 y de la sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación48.

4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada

42 De conformidad con el registro civil de nacimiento del señor Luis Carlos Roa Díaz, identificado con el indicativo serial No. 2863524, que obra a folio 21 del cuaderno 1. 43 Esto, de acuerdo con el registro civil de nacimiento del señor Luis Carlos Roa Díaz, identificado con el indicativo serial No. 2863524 [folio 21 del cuaderno 1], y los registros civiles de nacimiento de los señores Claudia Milena Roa Díaz, identificado con el indicativo serial No. 0000204102 [folio 20 del cuaderno 1], y Franck Odany Roa Díaz, identificado con el indicativo serial No. 8158657 [folio 22 del cuaderno 1]. 44 “Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimi ento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión (…)” 45 Ibidem. 46 Al respecto, el Tribunal de primera instancia concluyó:

defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión (…)” 45 Ibidem. 46 Al respecto, el Tribunal de primera instancia concluyó: “En ese sentido y como quiera que, no se cuenta con los elementos de juicio necesarios para concluir que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al m omento de la detención rutinaria del joven ROA DÍAZ, acaecida el 10 de junio de 2010, al parecer porque éste se encontraba indocumentado, y portaba consigo la suma de $2.940.000, no hay lugar a declararla administrativamente responsable”. 47 La demanda fue presentada el 29 de marzo de 2011, por lo que el presente proceso se rige por el Código Contencioso Administrativo (CCA), de conformidad con lo previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a saber: “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00163-01 (60681)

Demandante: Luis Carlos Roa Día