CE - 500012331000201100174011SENTENCIA20230621212711

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

Demandantes: Rubén Herrera Cuéllar y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

Demandantes: Rubén Herrera Cuéllar y otros

Demandados: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Tema: Privación de la libertad. Se confirma la decisión de condenar a la Rama Judicial porque, si bien la medida de aseguramiento privativa de la libertad dictada contra la víctima directa cumplió los requisitos legales, se demostró que la detención le causó un daño especial o antijurídico. Se revoca la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es imputable.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve los recursos de ape lación interpuestos por las demandadas contra la sentencia dictada el 14 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural Nº3, en la que se decidió:

<<(…) PRIMERO.- DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la

<<(…) PRIMERO.- DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓNFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, por los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el ciudadano RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNRAMA JUDICIAL, al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios de orden moral:

-Para RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, CONSUELO CUÉLLAR SÁNCHEZ y JOSE ARTURO ARIAS SALGUERO, la suma equivalente a CINCUENTA (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

-Para ZILIA ADRIANA ARIAS CUÉLLAR, VIVIANA CRISTINA ARIAS CUÉLLAR y JUAN M ANUEL ARIAS CUÉLLAR la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

TERCERO.- CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNRAMA JUDICIAL, a pagar al señor RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($156.478).Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

Demandantes: Rubén Herrera Cuéllar y otros

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CUARTO.- CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNDemandantes: Rubén Herrera Cuéllar y otros

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CUARTO.- CONDENAR a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓNRAMA JUDICIAL, a pagar al señor RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de DOCE

MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($

12.099.480).

QUINTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia (…)>>

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 199 6 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 3 de agosto de

20171. Se corrió traslado para alegar de conclusión el 30 de agosto de 2017 2. La Fiscalía presentó sus alegatos; la parte demandante y la Rama Judicial guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 8 de abril de 2011 por Rubén Herrera Cuéllar (en adelante, la víctima directa) y sus familiares. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía) y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que

contra la Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía) y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que fue sometida la víctima directa entre <<el 12 de octubre de 2008 y el 10 de febrero de 20093>>, esto es, por un término de 3 meses y 30 días. La investigación pe nal se adelantó por el delito de hurto calificado.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) Declárese a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN — RAMA JUDICIAL, responsables solidariamente en materia administrativa por el daño antijurídico causado a los demandantes (1) RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, (2) CONSUELO CUÉLLAR SÁNCHEZ, (3) JOSÉ ARTURO A RIAS SALGUERO, (4) ZILIA ADRIANA ARIAS CUÉLLAR, (5) VIVIANA CRISTINA ARIAS CUÉLLAR y (6) JUAN MANUEL ARIAS CUÉLLAR, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, por el periodo de tiempo comprendido entre el 12 de octubre de 2008 y el 10 de febrero de 2009, dentro del expediente adelantado por el delito de HURTO CALIFICADO.

2. Condénese a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN COLOMBIANA — RAMA JUDICIAL, a pagar solidariamente a los demandantes, por concepto de perjuicios morales subjetivados, los salarios mínimos legales

1 Fl. 415, cConsejo de Estado. 2 Fl. 417, cConsejo de Estado.

concepto de perjuicios morales subjetivados, los salarios mínimos legales

1 Fl. 415, cConsejo de Estado. 2 Fl. 417, cConsejo de Estado. 3 Según se afirma en las pretensiones de la demanda.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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mensuales que a continuación se indican (por el valor en pesos a la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso), junto con los intereses moratorios que se causen a partir de tal ejecutoria:

RUBÉN HERRERA CUÉLLAR Victima, 100 SMLMV $53.550.000

CONSUELO CUÉLLAR SÁNCHEZ Madre, 80 SMLMV $42.840.000

JOSÉ ARTURO ARIAS SALGUERO Padre, 80 SMLMV $42.840.000

ZILIA ADRIANA ARIAS CUÉLLAR Hermano, 80 SMLMV $42.840.000

VIVIANA CRISTINA ARIAS CUÉLLAR Hermano, 80 SMLMV $42.840.000

JUAN MANUEL ARIAS CUÉLLAR Hermano, 80 SMLMV $42.840.000

TOTAL $267.750.000

3. Condénese a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN COLOMBIANA — RAMA JUDICIAL, a pagar solidariamente a RUBÉN H ERRERA CUÉLLAR, por concepto de perjuicios materiales, que se estiman bajo juramento, en las siguientes sumas de dinero.

3.1. LUCRO CESANTE: La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($

CUÉLLAR, por concepto de perjuicios materiales, que se estiman bajo juramento, en las siguientes sumas de dinero.

3.1. LUCRO CESANTE: La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), correspondientes al dinero dejado de percibir al habérsele da do por disuelto el contrato del cercado del predio que se le había otorgado, precisamente el día de la privación de su libertad, por parte del grupo de reincorporación, adjudicatarios de los predios Gualas, La Ilusión y San Juan, ubicados en el municipio de San Martín de los Llanos, conforme consta en certificación que se anexa.

3.2. DAÑO EMERGENTE La suma de CINCO MILLONES DE PESOS M. CTE. ($5.000.000), correspondientes al dinero que el señor RUBÉN HERRERA CUÉLLAR tuvo que invertir para su defensa.

4. C ondénese a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA — RAMA JUDICIAL, a pagar solidariamente al señor RUBÉN HERRERA CUÉLLAR, por concepto de perjuicios por daños en la vida, pues la actuación antijurídica por parte de estas entidades que ocasionaron la priva ción injusta de su libertad, han producido en él, daños especiales diferentes a los simplemente morales. Los salarios mínimos legales mensuales que a continuación se indican (por el valor en pesos a la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin al proceso), junto con los intereses moratorios que se causen a partir de tal ejecutoria:

Demandante RUBÉN HERRERA CUÉLLAR Victima, 100 SMLMV. Valor Actual $53.550.000

los intereses moratorios que se causen a partir de tal ejecutoria:

Demandante RUBÉN HERRERA CUÉLLAR Victima, 100 SMLMV. Valor Actual $53.550.000

5. Condénese a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN COLOMBIANA — RAMA JUDICIAL solidariamente a pagar a los demandantes, las demás sumas dinerarias que resulten acreditadas en el proceso, independientemente de la denominación jurídica que se les dé.

6. Condénese a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a LA NACIÓN COLOMBIANA — RAMA JUDICIAL solidariamente a pagar a los demandados las costas judiciales a que haya lugar (…)>>.

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal allegadas por la parte actora, se extrae que:Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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3.1.- El 12 de octubre de 2008, en horas de la noche, la Policía capturó al demandante Rubén Herrera Cuéllar, cuando lo encontró sentado en una motocicleta, apagada y estacionada , que momentos antes había sido reportada como hurtada.

3.2.- El 13 de octubre de 2008 el Juzgado 2º Penal Municipal con función de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía 35 local, legalizó la captura y dictó medida de ase guramiento de detención preventiva en centro carcelario contra el demandante Rubén Herrera Cuéllar, a quien le imputó el delito de hurto calificado.

de garantías, a solicitud de la Fiscalía 35 local, legalizó la captura y dictó medida de ase guramiento de detención preventiva en centro carcelario contra el demandante Rubén Herrera Cuéllar, a quien le imputó el delito de hurto calificado.

3.3.- El 10 de febrero de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal con función de conocimiento de San Martín , Meta anunció el sentido del fallo y absolvió al demandante Rubén Herrera Cuéllar en aplicación del principio in dubio pro reo. Por lo anterior, ordenó su libertad inmediata.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante fue capturado el 12 de octubre de 2008, y el 13 de octubre de 2008 el juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra por el delito de hurto calificado; (ii) el 10 de febrero de 2009 el Juzgado Promiscuo Municipal con función de conocimiento de San Martín , Meta absolvió al demandante del cargo imputado y ordenó su libertad inmediata.

5.- Según la parte actora , el demandante Rubén Herrera Cuéllar fue privado injustamente de la libertad, toda vez que la Fiscalía no cumplió los requisitos legales para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento y, en todo caso, el juez de control de garantías la impuso.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que : i) los demandantes sufrieron perjuicios morales debido a la angustia, zozobra y dolor por la privación del demandante Rubén Herrera Cuéllar; ii) padecieron daños a la vida de relación

sufrieron perjuicios morales debido a la angustia, zozobra y dolor por la privación del demandante Rubén Herrera Cuéllar; ii) padecieron daños a la vida de relación debido a que las actuaciones de las entidades demandadas produjeron otros perjuicios inmateriales diferentes a los simplemente morales; iii) el demandante Rubén Herrera Cuéllar incurrió en gastos derivados de la defensa penal; iv) el demandante Herrera Cuéllar dejó de recibir los ingresos provenientes de la ejecución de una obra para la cual había sido contratado el mismo día en que fue detenido; v) los demandantes incurrieron en otros gastos que no especificaron.

B. Posición de la parte demandada

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Solicitó declarar probadas las excepciones de: i) la culpa exclusiva de la víctima, pues el demandante fue capturado en flagrancia cuando se encontraba montado en una motocicleta hurtada, por lo que la Fiscalía dio aplicación al artículo 301 deRadicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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la Ley 906 de 20044; ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, como quiera que fue un juez de control de garantías quien impuso la medida de aseguramiento. Como argumentos de defensa expuso que: i) las actuaciones de la Fiscalía se ajustaron a la ley y a la Constitución; ii) no se acreditó que las actuaciones desplegadas por la Fiscalía hubieran sido deficientes, negligentes o arbitrarias; iii) la parte actora no allegó ni solicitó pruebas para acreditar los

Fiscalía se ajustaron a la ley y a la Constitución; ii) no se acreditó que las actuaciones desplegadas por la Fiscalía hubieran sido deficientes, negligentes o arbitrarias; iii) la parte actora no allegó ni solicitó pruebas para acreditar los perjuicios materiales y el daño a la vida en rel ación y sobreestimó los perjuicios morales.

8.- La Rama Judicial también se opuso a las pretensiones de la demanda. En su contestación propuso la excepción de indebida representación de la Nación por parte de la Rama Judicial, toda vez que fue la Fiscalía la que solicitó la imposición de la medida de aseguramiento, sin advertir las falencias probatorias que existían. Como argumentos de defensa expuso que: (i) el proceso se adelantó en cumplimiento de la Constitución y la ley; (ii) el juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento por solicitud de la Fiscalía y , en todo caso, la medida se dictó porque se reunían los requisitos legales; (iii) el demandante fue capturado en flagrancia cuando se encontraba en posesión de la motocicleta que había sido reportada como hurtada, lo que permitía inferir su autoría en el delito imputado y justificaba la imposición de la medida restrictiva de la libertad; (iv) la parte actora no acreditó que la detención hubiera sido injusta ya que la absolución del demandante se dio por duda; (v) el demandante tenía el deber de soportar la investigación.

C. Sentencia recurrida

9.- En sentencia de primera instancia proferida el 14 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta , Sala de Decisión Escritural Nº3 adoptó las siguientes decisiones:

investigación.

C. Sentencia recurrida

9.- En sentencia de primera instancia proferida el 14 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta , Sala de Decisión Escritural Nº3 adoptó las siguientes decisiones:

9.1.- Declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas.

9.2.- Condenó de manera solidaria a la Fiscalía y a la Rama Judicial al aplicar un régimen objetivo d e responsabilidad porque; i) se acreditó que el demandante Rubén Herrera Cuéllar fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo y que la intervención de ambas entidades fue indispensable para la imposición de la medida restrictiva de la libertad, ya que fue solicitada por la Fiscalía e impuesta por la Rama Judicial; ii) no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de la víctima directa; y, iii) no encontró probada la culpa exclusiva de la víctima porque no se demostró una actuación dolosa o gravemente culposa por parte del demandante que tuviera incidencia en la producción del daño, toda vez que el hecho de estar en

4 <<La persona es sorprendida y capturada con objetos instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él>>.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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el lugar donde se encontraba la motocicleta hurtada no significaba que fuera el autor material del hurto.

10.- Respecto de los perjuicios causados por la privación de la libertad del demandante Rubén Herrera Cuéllar:

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el lugar donde se encontraba la motocicleta hurtada no significaba que fuera el autor material del hurto.

10.- Respecto de los perjuicios causados por la privación de la libertad del demandante Rubén Herrera Cuéllar:

10.1.- Ordenó la reparación de los perjuicios morales en los montos transcritos al principio de esta providencia, tanto para la víctima directa como para sus familiares.

10.2.- Reconoció la suma de DOCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 12.099.480) a favor de la víctima directa por concepto de los ingresos que dejó de recibir durante su detención, debido a que se acreditó que el demandante Rubén Herrera Cuéllar iba a ser contratado para realizar el cercamiento de un predio. Como no se acreditaron sus ingresos, el tribunal realizó el cálculo teniendo como base el salario mínimo para el momento en que se profirió la providencia de primera instancia, más un 25% por concepto de prestaciones sociales. Así mismo, adicionó al periodo a indemnizar 8,75 meses, correspondientes al período de reubicación laboral.

10.3.- Reconoció una indemnización por concepto de <<gastos varios de la detención>>, toda vez que se aportaron 3 consignaciones que se realizaron durante el tiempo de la detención a ordenes de la cárcel de Granada, con código de establecimiento 13, dirigida al demandante Rubén Herrera Cuéllar.

10.4.- Negó el reconocimiento del daño a la vida en relación debido a que no se acreditó una alteración trascendental a las condiciones de existencia, o la afectación a un derecho constitucionalmente protegido que se encontrara por fuera

10.4.- Negó el reconocimiento del daño a la vida en relación debido a que no se acreditó una alteración trascendental a las condiciones de existencia, o la afectación a un derecho constitucionalmente protegido que se encontrara por fuera de la órbita del reconocimiento de los perjuicios morales previamente reconocidos.

10.5.- Negó la indemnización por concepto << pago de honorarios de la de fensa penal>> debido a que no fueron acreditados.

D. Recurso de apelación

11.- La Fiscalía y la Rama Judicial apelan el fallo de primera instancia. Solicitan que se revoque integralmente y que se nieguen las pretensiones de la demanda.

11.1.- La inconformidad de la Fiscalía se centra en que: i) la entidad actuó en cumplimiento de un deber legal y constitucional; ii) en vigencia de la Ley 906 de 2004, fue el funcionario judicial quien dictó la medida de aseguramiento contra el demandante; iii) las funciones de los jueces en la fase de garantías no están sujetas a las solicitudes del fiscal, por lo que a pesar de que la Fiscalía solicitó dictar la medida, el juez de garantías pudo optar por no imponerla.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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11.2.- La Rama Judicial manifiesta que: i) el daño no es imputable a la Rama Judicial, ya que el demandante fue capturado en flagrancia, por lo que resultaba viable que el juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento en su contra; ii) la privación de la libertad del demandante se dio en cumplimiento de los

Judicial, ya que el demandante fue capturado en flagrancia, por lo que resultaba viable que el juez de control de garantías dictara medida de aseguramiento en su contra; ii) la privación de la libertad del demandante se dio en cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y la Constitución; iii) en la audiencia en la que se impone la medida de aseguramiento no se discute la responsabilidad penal del imputado, por lo que basta con que se pueda inferir la partic ipación del sindicado en la conducta investigada para su imposición.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

12.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la víctima, momento en el cual se concreta el daño en los términos del artículo 136 del C.C.A., según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos de privación injusta de la libertad. En efecto: i) la providencia que absolvió al demandante Rubén Herrera Cuéllar y ordenó su libertad definitiva quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 20095; ii) en principio, la parte actora tenía hasta el 20 de febrero de 2011 para interponer la demanda de reparación directa; (iii) la parte actora presentó solicitud de conciliación el 14 de febrero de 2011, es decir, cuando aún restaban seis días para el vencimiento del término de caducidad, que en virtud de la solicitud se suspendió hasta el 6 de abril de 2011, fecha en la que se declaró fallida la solicitud de

el vencimiento del término de caducidad, que en virtud de la solicitud se suspendió hasta el 6 de abril de 2011, fecha en la que se declaró fallida la solicitud de conciliación6; y (iv) la demanda fue radicada oportunamente el 8 de abril de 2011.

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

13.- Con el CD de las audiencias preliminares llevadas a cabo en el proceso penal7 y el certificado de libertad emitido por el INPEC 8, se probó que el demandante Rubén Herrera Cuéllar estuvo detenido entre el 12 de octubre de 2008 y el 10 de febrero de 2009, es decir por un término de tres (3) meses y treinta (30) días.

14.- También e stá demostrado que mediante providencia del 19 de febrero de 2009 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de conocimiento de San Martín, Meta absolvió al demandante por el delito de hurto calificado debido a que existían dudas acerca de su parti cipación en el delito imputado y , por el contrario, su versión de los hechos fue respaldada por las pruebas testimoniales practicadas en el proceso penal.

5 Según consta en el acta de audiencia de lectura de fallo, suscrita por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de conocimiento, el 19 de febrero de 2009. Fl. 59 y 60, cuaderno del tribunal. 6 Fl. 15, cuaderno principal. 7 Fl. 126, cuaderno del tribunal. 8 Fl. 37, cuaderno del tribunal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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7 Fl. 126, cuaderno del tribunal. 8 Fl. 37, cuaderno del tribunal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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15.- En esta providencia, la Sala:

15.1.- Confirmará la decisión de condenar a la Rama Judicial a indemnizar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Rubén Herrera Cuéllar porque, si bien se demostró que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales, está acreditado que sufrió un daño especial.

15.2.- Revocará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es imputable.

G. Plan de exposición

16.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 9. En consecuencia, se referirá a: (i) la legalidad de la privación de la libertad; (ii) el análisis del daño especial; (iii) las entidades imputadas; (iv) el análisis de la culpa de la víctima y (v) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. La legalidad de la privación de la libertad

17.- En vigencia de la Ley 906 de 2004, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 308 a 313, y eran los siguientes:

17.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito o la pena del delit o

debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 308 a 313, y eran los siguientes:

17.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito o la pena del delit o imputado (art. 313).

17.2.- La existencia de evidencia física, elementos materiales probatorios o información obtenida legalmente que permitieran <<inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se invest iga>> (art. 308).

17.3.- Que la medida fuera necesaria porque: (i) se requiriera para evitar que el imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia; (ii) el imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) resultaba probable que el imputado no compareciera al proceso o que no cumpliera la sentencia.

18.- Con la grabación de la audiencia preliminar del 13 de octubre de 200810, está probado que el juez de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante Rubén Herrera Cuéllar, a quien le imputó el delito de hurto calificado. De acuerdo con el juez de control de garantías, los elementos

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata. 10 Cfr. CD Número 3, Fl. 55, c. tribunal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

Demandantes: Rubén Herrera Cuéllar y otros

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10 Cfr. CD Número 3, Fl. 55, c. tribunal.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

Demandantes: Rubén Herrera Cuéllar y otros

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materiales probatorios permitían inferir que el demandante era el autor del hurto de una motocicleta.

19.- La medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales porque:

19.1.- La medida era procedente debido a que el delito que se imputaba al sindicado era el de hurto calificado sobre un bien automotor, para el que se contemplaba una pena mínima de 7 años.

19.2.- Existían elementos materiales probatorios que permitían inferir que el demandante era autor de la conducta penal investigada, tales como: i) el informe de captura del demandante Rubén Herrera Cuéllar, según el cual la Policía lo capturó en flagrancia, cuando se encontraba en un sitio oscuro y sentado en una motocicleta que se encontraba estacionada y que momentos antes había sido reportada como hurtada. Además, le fue encontrada una navaja en uno de sus bolsillos; ii) la declaración de los dos policí as que participaron en la captura del demandante y quienes ratificaron lo consignado en el informe de captura; iii) la denuncia presentada por la propietaria de la motocicleta en la que mencionaba que había dejado el vehículo frente a su casa y que momento s después había sido hurtada.

19.3.- El juez de control de garantías justificó la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento en la aplicación del artículo 308, numerales 2º y 3º. Al respecto manifestó que: i) la naturaleza y forma cómo se dio la materialización del

medida de aseguramiento en la aplicación del artículo 308, numerales 2º y 3º. Al respecto manifestó que: i) la naturaleza y forma cómo se dio la materialización del delito permitía inferir que el sindicado representaba un peligro para la sociedad, <<pues el imputado no tuvo reparo en llevarse el automotor de un lugar concurrido y frente a la presencia de la comunidad>>; ii) resultaba probable que el imputado no compareciera al proceso debido a que no se acreditó ningún tipo de arraigo familiar, laboral o de estudio que diera cuenta de que comparecería al proceso. Tampoco se informó si la vivienda en la que residía era propia o arrendada y una vez se trató de indagar sobre la ubicación suministrada por el sindicado, no se encontró a nadie en el inmueble que pudiera corroborar que el demandante sí residía ahí. La Sala resalta que el solo hecho que el sindicado represent ara un peligro para la sociedad no era suficiente para acreditar la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento. Sin embargo, esta se hacía necesaria debido a que para el momento de los hechos se probó la falta de arraigo familiar y laboral por parte del demandante.

I. El análisis del daño especial

20.- A pesar de que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales, está probado que el demandante Rubén Herrera Cuéllar sufrió un daño especial con ocasión de su detención porque no se acreditó su autoría en la comisión del delito investigado.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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delito investigado.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00174-01 (59694)

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21.- Si bien los agentes de policía encontraron al demandante con la moto hurtada, lo que permitía inferir un indicio de presencia, en la sentencia penal absolutoria se destacó que este no pudo haber cometido el hurto porque, según se pudo corroborar, en el momento en el cual debió ocurrir el hurto el demandante estaba en una taberna, en compañía de un amigo. Al respecto, se destaca lo siguiente:

<<Se recibió el testimonio bajo juramento al incriminado RUBÉN HERRERA, quien voluntariamente renuncia a su derecho a guardar silencio y relata su versión sobre los hechos (…). A renglón seguido hace un recuento algo pormenorizado de lo que hizo el día 12 de octubre de 2008 fecha de los hechos investigados. De ellos dice que, hacia las cinco de la tarde, se encuentra con su amigo MIGUEL ANTONIO GASCA con quien departe hasta las 9:46 de la tarde, hora que recuerda con precisión pues es la misma en que recibió una llamada a su celular. Terminada esta actividad despide a su contertulio y se dirige a unos puestos de comida que se encuentran cerca al banco de Bogotá, donde consume algunos alimentos actividad en la que, calcula, se demoró aproximadamente quince minutos. Es de resaltar que sumados los tiempos da la hora de las 10:01 pm. Luego, a esa hora, se dirige a su lugar de residencia ubicada en el molino viejo por la vía antigua hacia Granada, molino que, aclara, es posesión de una tía, cuyo nombre es BERTINA PIRABAN.

lugar de residencia ubicada en el molino viejo por la vía antigua hacia Granada, molino que, aclara, es posesión de una tía, cuyo nombre es BERTINA PIRABAN. En este lugar pernocta HERRERA cada quince días que es cuando debe trasladarse a estudiar. Dice que al dirigirse a esa vivienda pasa alguien en moto y lo saluda, luego, faltando 20 metros para llegar a la residencia, encuentra la motocicleta, se detiene a mirar si había ocurrido algún accidente y es en ese momento en que llega la policía (…)

El ciudadano testigo MIGUEL ANTON