CE - 500012331000201100219011SENTENCIASENTENCIA20230719102555

Radicado: 500012331000201100219 01 (60743)

Demandante: María Nidia Gutiérrez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 500012331000201100219 01 (60743) María Nidia Gutiérrez y otros La Nación -Fiscalía General de la Nación y otros Acción de reparación directa Tema 1: Privación injusta de la libertad — Ley 600 de 2000

Subtema 1.1. Falta de acreditación del daño antijurídico SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Ada No. 10 del 25 de abril de 2013 1 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación -Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 24 de agosto de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS A raíz de las labores de investigación adelantadas por el grupo de inteligencia militar n. 4 "RIME4", la Fiscalía General de la Nación abrió investigación y ordenó la captura con fines de indagatoria de María Nidia González. Durante su injurada, la capturada corroboró la información contenida en el informe sobre su relación con un miembro de la cuadrilla Unas Rondón de las FARC y su permanencia en sus campamentos.

con fines de indagatoria de María Nidia González. Durante su injurada, la capturada corroboró la información contenida en el informe sobre su relación con un miembro de la cuadrilla Unas Rondón de las FARC y su permanencia en sus campamentos. También, confirmó algunas de las afirmaciones realizadas por una de las desmovilizadas de las FARC entrevistada durante las pesquisas, que señaló la participación de María Nidia González en labores de logística para el grupo armado ilegal, lo que sirvió de fundamento para que se profiriera en su contra una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Tras la solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal del Circuito de Granada dictó sentencia absolutoria, debido a la imposibilidad de incorporar al proceso las declaraciones de los desmovilizados interrogados por la Policía Judicial, lo que resultó en una falta de sustento probatorio para los cargos elevados en contra de la acusada.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación -Fiscalía General de la Nación, la Nación -Ministerio de Defensa1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallame por las Subsecciones, sin sujeción al turno (...)".Radicado: 500012331000201100219 01 (60743) Demandante: Marla Nidia Gutiérrez y otros Ejército Nacional y de la Nación -Rama Judicial, con ocasión de la privación de la

Demandante: Marla Nidia Gutiérrez y otros Ejército Nacional y de la Nación -Rama Judicial, con ocasión de la privación de la libertad que soportó María Nidia Gutiérrez Cruz, dentro de la investigación criminal a la que fue vinculada por la presunta comisión del delito de rebelión. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 6 de octubre de 2011, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma 2 .

Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación —Ministerio de Defensa -Ejército Nacional alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues "de la simple observación del contenido de la demanda, no existe ninguna muestra que evidencia que la entidad (..) hubiese intervenido directamente en la creación de los actos o en los hechos que son objeto de controversia en este asunto" 3 . La Nación -Fiscalía General de la Nación se opuso, a las pretensiones de la demanda y argumentó que, en el presente caso existían suficientes indicios para imponer la medida de aseguramiento y, aunque el proceso penal terminó con absolución, ello no es indicativo de que la imposición de la medida no hubiera estado ceñida al ordenamiento jurídico, sino que el recaudo probatorio no fue suficiente para lograr certeza frente a la configuración del delito, certeza que no era requerida para la etapa inicial del proceso penar'. En su contestación, la NaciónRama Judicial argumentó que no tuvo participación en el hecho que ocasionó el daño, ya que la Fiscalía General de la Nación fue la encargada de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad,

En su contestación, la NaciónRama Judicial argumentó que no tuvo participación en el hecho que ocasionó el daño, ya que la Fiscalía General de la Nación fue la encargada de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, basándose en la evidencia recopilada. En cuanto a la absolución de la acusada, esta no se produjo por ninguna de las causales establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por lo que el régimen aplicable para determinar la responsabilidad es el subjetivo. En el caso en cuestión, no se demostró la existencia de una falla en el servicio, ya que los actos jurisdiccionales que restringieron la libertad de la acusada fueron legales y ajustados al ordenamiento jurídico, por lo que no pueden ser considerados arbitrarios 5 . Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión 6 . Así lo hicieron las entidades demandadas Nación -Rama Judicial y Nación -Fiscalía General de la Nación, para reiterar los argumentos esgrimidos en sus contestaciones 7 . El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, fundamentándose en un régimen objetivo de responsabilidad, con base en el cual concluyó que la entidad responsable por el daño causado con la privación de la libertad es la Nación -Fiscalía General de la Nación, por ser la encargada de la 2 Auto admisorio de la demanda y constancias de notificación, f. 68, 80, 81, 131 y 141, c. 3.

de la libertad es la Nación -Fiscalía General de la Nación, por ser la encargada de la 2 Auto admisorio de la demanda y constancias de notificación, f. 68, 80, 81, 131 y 141, c. 3. 3 Escrito de contestación de la demanda, Nación -Ministerio de Defensa Ejército Nacional, f. 83 a 86, c. 3. 4 Escrito de contestación de la demanda, Nación -Fiscalía General de la Nación, f. 123 a 130, c. 3. 5 Contestación de la demanda, NaciónRama Judicial, f. 143 a 147, c. 3. 6 Auto de traslado, 17 de mayo de 2017, f. 224, c. 2. 7 Alegatos de conclusión en primera instancia, f. 225 a 240, c. 2. 2Radicado: 500012331000201100219 01 (60743) Demandante: María Nidia Gutiérrez y otros imposición de la medida de aseguramiento. De acuerdo con su argumentación, María Nidia Gutiérrez Cruz no se encontraba jurídicamente obligada a soportar la privación de su libertad, ya que su absolución fue prueba suficiente para evidenciar la injusticia en la imposición de la medida de aseguramiento. 2.4. El recurso 2.4.1. La Nación -Fiscalía General de la Nación sustentó su recurso de apelación con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia 8 : 2.4.1.1. María Nidia Gutiérrez fue procesada penalmente por el delito de rebelión, cuya pena oscila entre 6 y 9 años de prisión, por lo que, objetivamente, era procedente la imposición de una medida de

2.4.1.1. María Nidia Gutiérrez fue procesada penalmente por el delito de rebelión, cuya pena oscila entre 6 y 9 años de prisión, por lo que, objetivamente, era procedente la imposición de una medida de aseguramiento, de conformidad con lo exigido por el Código de Procedimiento Penal (artículo 357). 2.4.1.2. La Fiscalía contaba con prueba testimonial suficiente, que le permitía inferir razonablemente que María Nidia Gutiérrez era autora del delito de rebelión y que constituía los indicios graves requeridos por la ley, para imponer la medida de aseguramiento. 2.4.1.3. El comportamiento de María Nidia Gutiérrez causó que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra, pues quedó demostrado, según su versión, que pernoctó en lugares de asentamiento de las FARC, porque tenía una relación sentimental con un integrante de dicho grupo armado ilegal, circunstancia que dio lugar a que varios testigos dieran cuenta de dicha situación. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación 9 , la cual fue declarada fallida el 28 de noviembre de 2017 1 °, ante la inasistencia del apoderado de la parte actora y la falta de ánimo conciliatorio expresado por la entidad demandada Nación -Fiscalía General de la Nación. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 15 de febrero de 2018 11 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación -Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 24 de agosto de 2017.

Esta Corporación, en auto del 15 de febrero de 2018 11 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación -Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 24 de agosto de 2017. Por auto del 10 de mayo de 2018 12 , corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. La Fiscalía General de la Nación presentó sus alegatos, en los que reiteró que la detención de María Nidia Gutiérrez fue legítima y no se configuró error judicial alguno que dt:-: lugar a una declaración de responsabilidad. La parte actora guardó silencio. El Ministerio Público emitió su concepto, en el que solicitó la revocación de la decisión de primera instancia. Argumentó que la conducta de la 8 Recurso de apelación, f. 940, c. ppal. 9 Auto del 8 de noviembre de 2017, -. 290, c. ppal. 1 ° Acta de audiencia de concil iación, f. 294, c. ppal . l'Auto que admite recurso de apelación, f. 307, c. ppal. 12 Auto de traslado, 10 de mayo de 2018, f. 310, c. ppal . 3Radicado: 500012331000201100219 01 (60743) Demandante: María Nidia Gutiérrez y otros víctima fue la causa eficiente del daño, ya que decidió involucrarse sentimentalmente con un miembro de las FARC, por lo que tenía información sobre los lugares donde operaba este grupo armado ilegal y, sin embargo, omitió informar a las autoridades competentes, lo que sin lugar a dudas ameritaba su vinculación a

sentimentalmente con un miembro de las FARC, por lo que tenía información sobre los lugares donde operaba este grupo armado ilegal y, sin embargo, omitió informar a las autoridades competentes, lo que sin lugar a dudas ameritaba su vinculación a la investigación penal 13 . Mediante auto de 9 de julio de 2019, el despacho declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales para conocer el presente asunto, por estar inmerso en la causal que dispone el numeral 12 del artículo 141 del CGP 14 .

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 15-16 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley', como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas

adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 17 . 3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargos de la apelación, es preciso resolver el siguiente problema jurídico: ¿Es patrimonialmente responsable la Nación -Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de María Nidia Gutiérrez, como consecuencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva que le fue impuesta dentro de un proceso penal por el delito de rebelión? Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso penal adelantado en contra de la demandante concluyó con sentencia absolutoria. 13 Concepto del Ministerio Público, f. 335 a 347, c. ppal. 14 Auto del 9 de julio de 2019, f. 353, c. ppal. 15 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes

práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado fuera del texto original). 16 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 17 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 4Radicado: 500012331000201100219 01 (60743)

Demandante: Mana Nidia Gutiérrez y otros

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto 18 , así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda dentro de los dos (2) años previstos en el artículo 136.8 CCA 18 , según dieron cuenta las pruebas obrantes en el expediente así: i) el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) profirió sentencia de absolución el 29 de enero de

según dieron cuenta las pruebas obrantes en el expediente así: i) el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) profirió sentencia de absolución el 29 de enero de 2009, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 11 de febrero de 2009 20 ; ii) la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 9 de noviembre de 2010, e interrumpió el término de caducidad hasta la audiencia de conciliación que se declaró fallida el 22 de diciembre de 2010 21 ; iii) y la demanda fue presentada el 8 de marzo de 2011, cuando aún no había vencido el término de caducidad. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: María Nidia Gutiérrez Cruz, Luis Ernesto Fuentes Vergara, Julián Andrés Gutiérrez Cruz, Maroly Daniela Rodríguez Gutiérrez, Drenid Alejandra Cañón Gutiérrez, Julia Teresa Cruz Gómez y Salvador Gutiérrez Sánchez. Esto, por cuanto acreditaron ser la afectada directa con la privación de la libertad, su compañero permanente, sus hijos y sus padres 22 . Y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la causa a la Nación -Ministerio de Defensa Ejército Nacional, la Nación -Fiscalía General de la Nación y Nación -Rama Judicial, por ser los organismos que intervinieron en la actuación que la parte actora considera le generó un daño antijurídico. La primera con el suministro de los datos, fotografías y entrevistas recopilados por los analistas de la Regional de Inteligencia Militar n. 4 "RIME4" y

antijurídico. La primera con el suministro de los datos, fotografías y entrevistas recopilados por los analistas de la Regional de Inteligencia Militar n. 4 "RIME4" y entregados al CTI Seccional Villavicencio para la elaboración del informe que dio origen a la investigación y, las últimas, con la investigación y el juzgamiento adelantado en contra de la demandante. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u 18 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 18 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). 28 Constancia de ejecutoria, f. 136, anexo 1.

28 Constancia de ejecutoria, f. 136, anexo 1. 21 Acta de audiencia de conciliación extrajudicial, f. 60, c. 1. 22 Registros civiles de nacimiento de Julián Andrés Gutiérrez Cruz, indicativo serial n. 1981436; de Maroly Daniela Rodríguez Gutiérrez, indicativo serial n. 33934998, y de Drenid Alejandra Cañón Gutiérrez, indicativo serial n. 837573, en los que figura María Nidia Gutiérrez Cruz como su madre. Registro civil de nacimiento de Drenid Alejandra Cañón Gutiérrez, indicativo serial n. 000043, en el que figuran Julia Teresa Cruz Gómez y Salvador Gutiérrez Sánchez como sus padres. En cuanto a Luis Ernesto Fuentes Vergara, el testimonio rendido por David Martínez Durán (f. 173 a 175, c. 1) da cuenta de que el demandante convivía con la afectada con la privación de la libertad, como compañero permanente. De ello también es indicio que en acta de derechos del capturado, la aprehendida registró que vivía en unión libre con Luis Ernesto Fuentes Vergara, f. 112, anexo 3. 5Radicado: 500012331000201100219 01 (60743) Demandante: María Nidia Gutiérrez y otros omisión de las autoridades públicas. Así, para que se cpnfigure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de.autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva prodedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas

4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva prodedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2000 123 ]. Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto,que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar", lleva a entender'que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del

detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño 25 . Debe surgir de una adecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida 26-27 , y la contribución que haya prestado la conducta del penalmente procesado a la configuración de la convicción con el grado de probabilidad que exigía la ley para 23 "Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. IISe impondrá cuando aparezcan podo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: II 1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. [...]". 24 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo dé 1992, exp. 6771. 25 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del

exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. [...]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU -072 de 2018. . 26 "Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N° 35, párr. 77. 27 "Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. U.]

se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. U.]

105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)". COMISIÓN IDH.

Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105. 6Radicado: 500012331000201100219 01 (60743) Demandante: María Nidia Gutiérrez y otros su decreto, de una apariencia de su responsabilidad en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito 28 . Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debía incrementarse a medida que avanzara el proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario 29 , y luego a la certidumbre" requerida, por último, para dictar sentencia condenatoria que supere la presunción de inocencia 31 . 4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. El 15 de mayo de 2008, la Fiscalía Veintisiete delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Granada (Meta) dispuso vincular a la investigación por el

asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. El 15 de mayo de 2008, la Fiscalía Veintisiete delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Granada (Meta) dispuso vincular a la investigación por el delito de rebelión a María Nidia Gutiérrez Cruz, por la supuesta realización de labores de inteligencia a favor del grupo armado ilegal FARC, por lo que libró la respectiva orden de captura 32 . 4.2.3.2. El 17 de mayo de 2008, la Policía Judicial -Seccional de investigación Criminal del Metasuscribió informe con el que dejó a disposición de la Fiscalía Veintisiete Seccional de Granada a las capturadas María Nidia Gutiérrez Cruz y Mayerli Gutiérrez Cruz, en cumplimiento de la mencionada orden de captura 33 . 4.2.3.3. El 22 de mayo de 2008, la Fiscalía Veintisiete Seccional delegada ante el Juez penal del Circuito de Granada (Meta) resolvió la situación jurídica de las vinculadas al proceso sindicadas del delito de rebelión y profirió en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Como fundamento de esta decisión, encontró satisfecho el requisito formal, puesto que la pena mínima por el delito de rebelión es de 6 años, lo que rebasa el tiempo exigido por la norma para la procedencia de la medida. Además, consideró que obraban indicios contra las sindicadas que permitían inferir su participación en el grupo armado ilegal. En primer lugar, por cuanto las implicadas, en su indagatoria, corroboraron la información 28 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una

lugar, por cuanto las implicadas, en su indagatoria, corroboraron la información 28 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación raciona/ entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal

restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. 29 "Artículo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción. [...] Artículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado. [...] Artículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de