CE - 500012331000201100323011SENTENCIASENTENCIA20230725114524

Radicado: 500012331000201100323 01 (63632)

Demandante: Emma Cenaida Aldana Mejía y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 500012331000201100323 01 (63632) Demandantes: Emma Cenaida Aldana Mejía y otros Demandado: La Nación-Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Acción de reparación directa Tema 1: Privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Pérdida de oportunidad. Subtema 1.2. Falta de acreditación del daño antijurídico SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, . el 27 de agosto de 2018, en la que negó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS A raíz de las labores de investigación que dieron cuenta de la operación aérea coordinada por el Frente 16 de las FARC, para adquirir 10 mil fusiles procedentes de Jordania, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura con fines de indagatoria de Libardo Aldana Mejía, de quien se tenía información que era el piloto encargado de guiar el vuelo en el que ingresaron las armas al país. Durante su

de Jordania, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura con fines de indagatoria de Libardo Aldana Mejía, de quien se tenía información que era el piloto encargado de guiar el vuelo en el que ingresaron las armas al país. Durante su injurada, el capturado corroboró la información sobre su participación en el vuelo, aunque negó conocer el propósito de la operación. El Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Villavicencio profirió sentencia condenatoria en contra de Libardo Aldana Mejía por el delito de tráfico de armas, pues las pruebas recaudadas desvirtuaron el desconocimiento del procesado sobre la operación ilegal. Al condenado se le otorgó la libertad condicional, una vez se dieron los requisitos para la redención de la pena, y estando el proceso para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria, operó el término de prescripción de la acción penal, la cual fue declarada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 15 de mayo de 2009. La parte actora reclama indemnización de perjuicios, porque considera que la privación de la libertad que soportó Libardo Mejía fue injusta y, además, porque la 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: 'los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad ! (u) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... )Radicado: 500012331000201100323 01 (63632)

Demandante: Emma Cenaida Aldana Mejía y otros

privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... )Radicado: 500012331000201100323 01 (63632)

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declaración de preclusión del proceso por prescripción de la acción penal le negó la posibilidad de obtener un fallo absolutorio que dejara ert limpio su nombre.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Pretenden los accionantes que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación-Fiscalía General de la Nación y de la Nación-Rama Judicial, con ocasión de la privación de la libertad que soportó Libartio Aldana Mejía, dentro de la investigación criminal a la que fue vinculado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 22 de ágosto de 2011, dispuso la admisión de la demanda. El auto admisorio fue notificado en debida forma 2 .

Transcurrido el término para contestar la demanda, la Nación —Rama Judicial manifestó que la vinculación de Libardo Aldana Mejía al proceso penal, no fue una decisión arbitraria, sino que obedeció a una serie de razones que brindaban el convencimiento sobre su participación en los hechós delictivos investigados. También refirió que no se encuentra demostrado que en.el proceso penal se hubiera concretado una dilación injustificada a la que pueda atritkuírsele el daño, consistente en la afectación que el demandante dice que sufrió ,.como consecuencia de la declaración de prescripción, dado que al no resolvere el recurso de apelación

concretado una dilación injustificada a la que pueda atritkuírsele el daño, consistente en la afectación que el demandante dice que sufrió ,.como consecuencia de la declaración de prescripción, dado que al no resolvere el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, por la dilación injustificada de los términos establecidos para proferir decisiones judiciales, su imagen quedó "ante los ojos del pueblo colombiano como el PILOTO DE LAS FARC 113 . La Nación-Fiscalía General de la Nación se opusbia las pretensiones de la demanda y argumentó que la prescripción de la aé'áión penal no ocurrió por actuaciones de la Fiscalía, pues no existieron maniobras dilatorias a lo largo de la investigación. Así mismo, indicó que la Fiscalía actuó ,, dentro del marco de la ley penal, sin incurrir en irregularidad alguna que dé lugar a una indemnización de perjuicios a favor de la parte actora 4 . Vencida la etapa probatoria, se corrió traslado a las pjiles para que alegaran de conclusión 5 . Así lo hicieron la parte actora y las entidades demandadas NaciónRama Judicial y Nación-Fiscalía General de la Nación, Para reiterar los argumentos esgrimidos en sus contestaciones 6 . El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta encontró demost!ado que a Libardo Aldana Mejía le fue impuesta una medida de aseguramiento préventiva en establecimiento carcelario por orden de la Fiscalía General de la Nación; que el 31 de marzo de 2005, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Villavicencio profirió sentencia

Mejía le fue impuesta una medida de aseguramiento préventiva en establecimiento carcelario por orden de la Fiscalía General de la Nación; que el 31 de marzo de 2005, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Villavicencio profirió sentencia 2 Auto admisorio de la demanda y constancias de notificación, f. 319 a 321 y 330 a 331, c. 2. Contestación de la demanda, NaciónRama Judicial, f. 335 a 344, c. 2. Escrito de contestación de la demanda, Nación-Fiscalía General de la Nación, f. 355 a 359, c. 2. Auto de traslado, 30 de septiembre de 2016, f. 414, c. 3. 6 Alegatos de conclusión en primera instancia, f.405 a 410 y 415 a 425, c. 3. 2Radicado: 500012331000201100323 01 (63632)

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condenatoria por el delito de concierto para delinquir y; que, finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el 15 de mayo de 2009, declaró la prescripción de la acción penal y dio por terminado el proceso. Sin embargo, concluyó que el daño ocurrió como consecuencia de la conducta del encartado y no se configuró ningún defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que permita calificar la privación de su libertad como injusta, por lo que declaró probada la excepción consistente en la culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones. La anterior determinación tuvo como fundamento que la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra del demandante, debido a su participación en una operación ilegal para traer armas al país, que fueron recibidas por las FARC,

La anterior determinación tuvo como fundamento que la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra del demandante, debido a su participación en una operación ilegal para traer armas al país, que fueron recibidas por las FARC, situación que fue admitida por el procesado. La decisión de la Fiscalía no fue deliberada ni arbitraria, pues contaba con serias pruebas e indicios que apuntaban la responsabilidad penal, como una serie de testimonios que inequívocamente hablaban de la colaboración del demandante como piloto en la misión dirigida a ingresar armamento a Colombia, así como de su cercanía con integrantes del frente 16 de la guerrilla de las FARC. Por lo tanto, dado que el comportamiento de Libardo Aldana Mejía fue el que dio lugar a que se iniciara en su contra investigación penal, debido a la colaboración que brindó con el ingreso de armamento a territorio colombiano, participación que él mismo reconoció, al punto de proferirse sentencia condenatoria en su contra, es posible concluir que las actuaciones adelantadas tanto por la Fiscalía, como por los jueces penales se ajustaron a derecho, pues estuvieron fundadas en motivos previamente definidos en la ley, por lo cual no puede predicarse la configuración de una falla en el servicio. 2.4. El recurso 2.4.1. La parte actora sustentó su recurso de apelación y solicitó la revocación de la sentencia con el fin de acceder a las pretensiones, con fundamento en los siguientes cargos 7 : 2.4.1.1. Si bien las pruebas en contra del procesado demuestran que este fue escogido por su experiencia y conocimiento, para entregar unas coordenadas en la selva, que estuvo en Jordania y, que conoció a todas las personas que

2.4.1.1. Si bien las pruebas en contra del procesado demuestran que este fue escogido por su experiencia y conocimiento, para entregar unas coordenadas en la selva, que estuvo en Jordania y, que conoció a todas las personas que integraron el vuelo, la sentencia desconoció que Libardo Aldana inmediatamente se enteró que el vuelo estaba siendo utilizado para llevar armas, renunció, descendió del avión y, al llegar a Colombia, informó a las autoridades. 2.4.1.2. Las circunstancias en las que se desarrolló la operación aérea fueron descritas con detalle en el libro del autor Germán Castro Caicedo, en el que describió cómo dicha operación fue diseñada por la CIA y Vladimiro Montesinos, como asesor de inteligencia del presidente de Perú, Alberto Fujimori, para que los gobiernos Estadounidense y Colombiano pudieran justificar internacionalmente el Plan Colombia. Así mismo, esta situación está demostrada con los periódicos y revistas aportados al expediente a los que el Tribunal no les dio valor probatorio. 2.4.1.3. Durante el proceso penal, Libardo Aldana Mejía solicitó una rápida resolución del caso al ver que la acción penal estaba cerca de prescribir, sin Recurso de apelación, f. 940, c. ppal. 3Radicado: 500012331000201100323 01 (63632) Demandante: Emma Cenaida s41dana Mejía y otros

embargo, el proceso concluyó con la cesación por prescripción, lo que dejó en duda su inocencia. 2.4.1.4. Existe una desproporción entre la efectiva satisfacción del propósito buscado por la medida de aseguramiento y la afectación de la esfera de

en duda su inocencia. 2.4.1.4. Existe una desproporción entre la efectiva satisfacción del propósito buscado por la medida de aseguramiento y la afectación de la esfera de derechos fundamentales del piloto Aldana Mejía, quien no estaba en la obligación de soportar los daños irrogados con la detención. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto de¡ 30 de julio de 2019: 8 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 'sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 27 de agosto de 2018. Por auto del 23 de octubre de 2019, se corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera concepto de fondo. La Fiscalía General de la Nación presentó sus alegatos, en los que señaló que la privación de la libertad del demandnte no puede ser objeto de reparación, en tanto el proceso penal seguido en su contra cesó por la declaración de prescripción de la acción penal, y no porque se hubiera comprobado que el hecho no existió, el delito no se cometió o por aplicación del principio in dubio pro reo. Además, indicó que las decisiones que condujeron a la privación de la libertad del demandante estuvieron determinadas por su comportamiento, por lo que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código Geneyal del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de l Ley 153 de 188710.11_ el

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código Geneyal del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de l Ley 153 de 188710.11_ el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior ekamine la cuestión decidida, únicamente en re/ación con los reparos concretos form'ulados por e/ apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En r±ón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por /a ley', como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como 1 misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir ma decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de ° Auto que admite recurso de apelación, t. 461, c. ppal. Auto de traslado, 23 de octubre de 2019, f. 463, e. ppal. 10 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad: de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo los recursos interpuestos la

10 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad: de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se redirán por las leves viqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado fuera del texto original). 11 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrati v o, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (1,1). 4Radicado: 500012331000201100323 01 (63632) Demandante: Emma Cenaida Aldana Mejía y otros la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 12 . 3.2. En este orden de ideas, de acuerdo con los cargos de la apelación, es preciso resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿Es patrimonialmente responsable la Nación-Fiscalía General de la Nación y/o la Nación Rama Judicial por la privación de la libertad de Libardo Aldana Mejía, como consecuencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva y, posterior condena que le fue impuesta dentro de un proceso penal por los delitos de tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir?

consecuencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva y, posterior condena que le fue impuesta dentro de un proceso penal por los delitos de tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir? ¿La pérdida de oportunidad de obtener un fallo absolutorio, durante el curso del proceso penal seguido en contra de Libardo Aldana Mejía, constituyó un daño antijurídico resarcible? Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso penal adelantado en contra de la demandante concluyó con preclusión por prescripción de la acción penal.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la Iitis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto 13 , así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda dentro de los dos (2) años previstos en el artículo 136.8 CCA 14 , según dieron cuenta las pruebas obrantes en el expediente así: i) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio profirió decisión en la que declaró la prescripción de la acción penal, el 15 de mayo de 2009, la cual quedó debidamente ejecutoriada en esta misma fecha 15 ; U) la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2011, e interrumpió el término de caducidad hasta la audiencia de conciliación que se declaró fallida el 15 de junio de 201116; Ui) y la

presentó el 28 de marzo de 2011, e interrumpió el término de caducidad hasta la audiencia de conciliación que se declaró fallida el 15 de junio de 201116; Ui) y la demanda fue presentada el 16 de junio de 2011, cuando aún no había vencido el término de caducidad. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Libardo Aldana Mejía, Leonor Aldana Mejía, Emma Cenaida Aldana Mejía, Óscar Aldana Mejía y Zoraida 12 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 13 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 14 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un daño antijurídico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y 18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de

julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37410). 15 Ley 600 de 2000, artículo 187: "Las providencias quedan eiecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente". 16 Acta de audiencia de conciliación extrajudicial, f. 286, c. 2. 5Radicado: 500012331000201100323 01 (63632)

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Aldana Mejía. Esto, por cuanto acreditaron ser el afectado directo con la privación y sus hermanos 17 . El Tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Julio Hernán Aldana Mejía, por cuanto únicamente aportó un certificádo de partida de bautismo, que no constituye prueba idónea para demostrar parentesco. En el recurso de apelación no se presentó ningún cargo contra esta decisión, por lo que a la Sala no le corresponde su estudio. Y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra legitimada en la causa a la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial, por ser los organismos que intervinieron en la actuación que lá parte actora considera le generó un daño antijurídico. 4.2. Consideraciones referentes al primer problema jurídico

los organismos que intervinieron en la actuación que lá parte actora considera le generó un daño antijurídico. 4.2. Consideraciones referentes al primer problema jurídico 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (u) su imputación al Estado por la acción u omisión de -" autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva proCedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en prubas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 3572de la Ley 600 de 20001 1 81. Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 19 , lleva a entenderque, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialistica rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a lá juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo

la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a lá juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con ¡ajusticia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del 17 Registros civiles de nacimiento de Libardo Aldana Mejía, sin indicativo ¿ e rial; de Leonor Aldana, sin indicativo serial; de Emma Cenaida Aldana Mejía, sin indicativo serial; de óscarAldána Mejía, indicativo serial 31513042; y de Zoraida Aldana, sin indicativo serial, f. 31, 39,43,47 y 51, c. 1. ° 'Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. uSe impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de

las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: 111. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. [ ... ]". 19 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo dé 1992, exp. 6771.Radicado: 500012331000201100323 01 (63632) Demandante: Emma Cenaida Aldana Mejía y otros proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causacióri del daño 20 . Debe surgir de una adecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida 21-22 , y la contribución que haya prestado la conducta del penalmente procesado a la configuración de la convicción con el grado de probabilidad que exigía la ley para su decreto, de una apariencia de su responsabilidad en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delit0 23 . Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debía incrementarse a medida que avanzara el proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario 24 , y luego a la certidumbre 25 requerida, por último, para dictar sentencia condenatoria que supere la presunción de inocencia 26 .

de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario 24 , y luego a la certidumbre 25 requerida, por último, para dictar sentencia condenatoria que supere la presunción de inocencia 26 . 4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. Libardo Aldana Mejía fue capturado el 17 de agosto de 2002, por orden de la Fiscalía 22 Especializada, dentro de la investigación adelantada por los delitos de 20 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del titulo de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. [ ... ]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018. 21 "Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar,

detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N°35, párr. 77. 22 'Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias as¡ lo permitan. [ ... ]

105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)". COMISIÓN IDH.

Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 100y 102y 105. 23 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en

evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no seria posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. 24 'Articulo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción. [ ... ] Artículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán

resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado". 25