CE - 500012331000201100399011SENTENCIA20230718094745

Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

Demandantes: Nelson Andrés Cote Poveda y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 50001 – 23-31-000-2011-00399-01 (61786)

Demandantes: Nelson Andrés Cote Poveda y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

Tema: Privación de la libertad. Se confirman las decisiones de absolver a la Rama Judicial porque no fue apelada y de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se probó la ilegalidad de la medida de aseguramiento.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia dictada el 1º de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta en la que se dispuso:

<<(…) PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados con la privación de la libertad de Nelson Andrés Cote Poveda, de conformidad con lo explicado en esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia y a título de reparación del daño, condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios

de Nelson Andrés Cote Poveda, de conformidad con lo explicado en esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia y a título de reparación del daño, condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales en favor de los demandantes las siguientes cantidades:

a. Para Nelson Andrés Cote Poveda , en calidad de privado de la libertad, la suma equivalente a cien (100) SMLMV.

b. Para Alba Lilia Poveda Ospina, en calidad de madre del privado de la libertad, la suma equivalente a cien (100) SMLMV.

c. Para Dania Dayan Cote Poveda y Miguel Ángel Rojas Poveda, en calidad de hermanos del privado de la libertad, la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV.

d. Para Lilia Ospina Henao y Rosa María Peña Portilla, en calidad de abuelas del privado de la libertad, la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

Demandantes: Nelson Andrés Cote Poveda y otros

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El precio del salario mínimo legal será el que rija a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

TERCERO: Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación, pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de TREINTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($30.109.455) pesos para Nelson Andrés Cote Poveda, en calidad de privado de la libertad.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

pesos para Nelson Andrés Cote Poveda, en calidad de privado de la libertad.

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: La Nación - Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a esta sentencia en el término previsto en el artículo 176 del C.C.A., y se reconocerá los intereses en las condiciones previstas en el artículo 177 ídem, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.

SEXTO: Si esta sentencia no fuera apelada, remítase en co nsulta ante el H.

Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 del C.C.A., puesto que la condena excede de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales.

SÉPTIMO: ejecutoriada esta providencia, procédase a su archivo, no sin ant es hacer la devolución de la suma correspondiente al remanente de los gastos procesales, si a ello hay lugar.

Transcurridos dos años desde la ejecutoria de la sentencia, regrese al despacho para pronunciarse frente a la prescripción de los remanentes de l os gastos del proceso, si los hubiere. (…)>>

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 23 de agosto de 2018 1; se corrió traslado para alegar de conclusión el 17 de septiembre de 2018 2. Las partes guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

se corrió traslado para alegar de conclusión el 17 de septiembre de 2018 2. Las partes guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 24 de junio de 20113 por Nelson Andrés Cote Poveda (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de la libertad a la que fue

1 Fl. 448, c - 3 2 Fl. 450, c - 3 3 Fl. 1-24, c - 3Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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sometido el citado demandante entre el <<28 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2004>>4, es decir, por un término de dos (2) años, dos (2) meses y cuatro (4) días. En el proceso penal se le imputó el delito de extorsión en grado de tentativa.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) 1.1. DECLARAR que la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados al señor Nelson Andrés Cote Poveda por el error judicial en que incurrió la Fiscalía General de la Nación de la cual se derivó la privación injusta de la libertad personal que sufrió el señor Nelson Andrés Cote Poveda

morales causados al señor Nelson Andrés Cote Poveda por el error judicial en que incurrió la Fiscalía General de la Nación de la cual se derivó la privación injusta de la libertad personal que sufrió el señor Nelson Andrés Cote Poveda durante el tiempo comprendido entre el 28 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2004, por orden de la Fiscalía General de la Nación.

1.2. Declarar que la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a Alba Lilia Poveda Ospina, Dania Dayan Cote Poveda, Miguel Ángel Rojas Poveda, Lilia Ospina Hen ao y Rosa María Peña Portillo, por el error judicial en que incurrió la Fiscalía General de la Nación del cual se derivó la privación de la libertad personal que sufrió Nelson Andrés Cote Poveda, hijo, hermano y nieto respectivamente durante el tiempo comprendido entre el 28 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2004, por orden de la Fiscalía General de la Nación.

2. CONDENAS.

Cómo consecuencia de las anteriores DECLARACIONES, ruego al señor juez se condene a la NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar, a título de restablecimiento del derecho, en favor de los actores, los valores que corresponden y resulten probados por los siguientes conceptos:

2.1. Perjuicios materiales.

Daño emergente.

2.1.1. A Nelson Andrés Cote Poveda, la suma de treinta mil ($30.000) pesos moneda legal a título de daño emergente, por concepto de la adquisición de la

Daño emergente.

2.1.1. A Nelson Andrés Cote Poveda, la suma de treinta mil ($30.000) pesos moneda legal a título de daño emergente, por concepto de la adquisición de la caución prendaria por el valor de un salario mínimo legal mensual vigente.

Lucro cesante consolidado.

2.1.2. A Nelson Andrés Cote Poveda la suma equivalente a CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($41.917.683) moneda legal a título de lucro cesante consolidado correspondiente a los dineros, dejados de percibir entre el 28 de junio de 20 02 hasta el 29 de abril de 2009 (sic).

2.2. Perjuicios inmateriales.

Daño moral

4 Tiempo de la privación de la libertad según las pretensiones de la demanda.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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2.2.1. A Nelson Andrés Cote Poveda, la suma equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes que en la actualidad representan ochenta millones trescientos cuarenta mil pesos ($80.340.000) o el valor que resulte liquidado la fecha de la conciliación o sentencia que ponga fin a este litigio.

2.2.2. A Alba Lilia Poveda Ospina, Dania Dayan Cote Poveda, Miguel Ángel Rojas Poveda, Lilia Ospina Henao, y Rosa María Peña Portilla, madre, hermanos

este litigio.

2.2.2. A Alba Lilia Poveda Ospina, Dania Dayan Cote Poveda, Miguel Ángel Rojas Poveda, Lilia Ospina Henao, y Rosa María Peña Portilla, madre, hermanos y abuelas respectivamente del señor Nelson Andrés cote Poveda la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en la actualidad representan cincuenta y tres millones quinientos sese nta mil pesos ($53.560.000) para cada uno de ellos, o el valor que resulte liquidado a la fecha de la conciliación o sentencia que ponga fin a este litigio.

3. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.

3.1. La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación darán cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

3.2. La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación pagará en favor de los demandantes, los intereses moratorios condenados a partir de la ejecutoria de la sentencia según lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A., concordante con la jurisprudencia de la Corte Constitucional C - 188 de 1999 MP.: José Gregorio Hernández Galindo.

3.3. La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación cancelará en favor de mis mandantes el valor de la indexación correspondiente, sobre el total de las condenas que se ordenen a su favor, de acuerdo al cúmulo del índice de precios al consumidor certificado por el D .A.N.E., desde la fecha de exigibilidad de su derecho y hasta cuando sea reparado totalmente, según lo dispone el artículo 178 del C.C.A.

4. COSTAS PROCESALES.

al consumidor certificado por el D .A.N.E., desde la fecha de exigibilidad de su derecho y hasta cuando sea reparado totalmente, según lo dispone el artículo 178 del C.C.A.

4. COSTAS PROCESALES.

La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación pagará el valor de las costas procesales y agencias en derecho a favor de mis mandantes.>>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El proceso penal tuvo origen en la denuncia presentada por el señor Henry Rodrigo Rojas Cachay, quien trabajaba en el almacén Durán. El denunciante afirmó que su amigo, el demandante Nelson Andrés Cote Poveda , lo estaba extorsionando y que le exigió bajo amenazas la suma de $400.000, la cual debía entregársela el 28 de junio de 2002.

3.2.- Como consecuencia de la denuncia, el 28 de junio de 2002 miembros de la Unidad Investigativa del Grupo Gaula Rural del Meta realizaron un operativo para hacer la entrega controlada del dinero. En el operativo capturaron al demandante Nelson Andrés Cote Poveda junto con otra persona.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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3.3.- Mediante providencia del 4 de julio de 2002 la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda, a quien le imputó el delito de extorsión en el grado de tentativa.

los Jueces Penales del Circuito Especializado dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda, a quien le imputó el delito de extorsión en el grado de tentativa.

3.4.- El 4 de octubre de 2002 la Fiscalía 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio confirmó la medida de aseguramiento.

3.5.- El 25 de octubre de 2002 la Fiscalía 3ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio acusó al demandante Nelson Andrés Cote Poveda. Esta providencia fue confirmada el 3 de febrero de 2003 por la Fiscalía 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial.

3.6.- El 30 de agosto de 2004, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio absolvió al demandante Nelson Andrés Cote Poveda en aplicación del principio in dubio pro reo y ordenó su libertad. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía.

3.7.- El 20 de abril de 2009 el Tribunal de Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Penal, declaró la prescripción de la acción penal adelantada contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte ac tora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante Nelson Andrés Cote Poveda fue capturado en flagrancia el 28 de junio de 2002; (ii) el 4 de julio de 2002 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su

Cote Poveda fue capturado en flagrancia el 28 de junio de 2002; (ii) el 4 de julio de 2002 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra; (iii) el 30 de agosto de 2004 el juez lo absolvió y ordenó su libertad, y (iv) el 20 de abril de 2009 se declaró la prescripción de la acción penal en favor del demandante Nelson Andrés Cote Poveda.

5.- Según la parte actora, el demandante Nelson Andrés Cote Poveda fue privado injustamente de la libertad porque la investigación penal adelantada en su contra se basó en una falsa denuncia.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

6.1.- El demandante Nelson Andrés Cote Poveda no pudo obtener ingresos como consecuencia de su detención.

6.2.- El demandante Nelson Andrés Cote Poveda tuvo que asumir el pago de la caución prendaria para poder ser dejado en libertad.

6.3.- La víctima directa y sus familiares sufrieron <<el desespero, desesperanza, aflicción, tristeza, sufrimiento, la rabia, la amargura, el susto, la angustia, elRadicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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desconsuelo, la desesperanza (sic), la pe na, el complejo y la humillación de ver a su hijo, hermano y nieto allí recluido por un delito que no había cometido>>.

B. Posición de las entidades demandadas

desconsuelo, la desesperanza (sic), la pe na, el complejo y la humillación de ver a su hijo, hermano y nieto allí recluido por un delito que no había cometido>>.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que: (i) la Fiscalía contaba con dos indicios contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda; (ii) la actuación de la Fiscalía se surtió confo rme a la Constitución y a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes y por lo tanto, no fue arbitraria, ni caprichosa; (iii) el régimen objetivo de responsabilidad no era procedente porque el demandante Nelson Andrés Cote Poveda no fue absue lto por alguna de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991; (iv) los perjuicios no podían imputarse a la Fiscalía pese a que el fallo en primera instancia fue absolutorio, teniendo en cuenta la declaratoria de prescripción de la acción penal en segunda instancia.

8.- La Rama Judicial también se opuso a las pretensiones de la demanda. En su contestación señaló que: (i) la privación de la libertad del demandante Nelson Andrés Cote Poveda se dio exclusivamente por orden de la Fiscalía 12 Especializada de Villavicencio; (ii) el juez se limitó a proferir la sentencia absolutoria y ordenar la libertad del demandante Nelson Andrés Cote Poveda; (iii) la Rama Judicial actuó de acuerdo con la ley. En consecuencia, la intervención de la entidad no fue la causa eficiente o generadora del daño

absolutoria y ordenar la libertad del demandante Nelson Andrés Cote Poveda; (iii) la Rama Judicial actuó de acuerdo con la ley. En consecuencia, la intervención de la entidad no fue la causa eficiente o generadora del daño antijurídico alegado por el demandante Nelson Andrés Cote Poveda; (iv) la Rama Judicial no intervino en el hecho causante del presunto daño antijurídico ya que la investigación se adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000; (v) las decisiones adoptadas por los operadores jurídicos respetaron las garantías del demandante Nelson Andrés Cote Poveda.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 1º de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta adoptó las siguientes decisiones:

9.1.- Absolvió a la Rama Judicial ; consideró que el daño le era imputable únicamente a la Fiscalía General de la Nación porque la investigación se adelantó en vigencia de la Ley 600 de 2000 y la medida de aseguramiento fue proferida por la Fiscalía 12 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Villavicencio y confirmada por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio.

9.2.- En aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, condenó a la Fiscalía General de la Nación a reparar el daño causado por la privación injusta de la libertad del demandante Nelson Andrés Cote Poveda ocurrida entre el 28 de junio de 2002 y el 31 de agosto de 2004.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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de 2002 y el 31 de agosto de 2004.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

Demandantes: Nelson Andrés Cote Poveda y otros

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9.3.- En relación con los perjuicios reclamados por la parte actora, el tribunal decidió:

a.- Reparar los perjuicios morales ocasionados a la víctima directa y a sus familiares en las sumas transcritas en la presente providencia.

b.- Reparar el lucro cesante porque el demandante Nelson Andrés Cote Poveda se encontraba en último año de secundaria, lo que permitía deducir que finalizado el año escolar podría ejercer una actividad laboral. Para su liquidación aplicó la presunción del salario mínimo legal mensual vigente, concedió el 25% adicional por concepto de prestaciones sociales y adicionó el período de 8.75 meses de reubicación laboral.

c.- Reparar el daño emergente porque se probó el pago de la caución prendaria realizado por la víctima directa para ser dejado en libertad.

D. Recurso de apelación

10.- La Fiscalía General de la Nación reitera algunos de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agrega los siguientes : (i) el demandante Nelson Andrés Cote Poveda ya había tenido requerimientos por parte de la justicia; (ii) se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque el demandante Nelson Andrés Cote Poveda pretendía coaccionar al denunciante, hecho que determinó su exposición y vinculación al proceso penal; (iii) objetó el reconocimiento del lucro cesante porque no existía certeza de que,

porque el demandante Nelson Andrés Cote Poveda pretendía coaccionar al denunciante, hecho que determinó su exposición y vinculación al proceso penal; (iii) objetó el reconocimiento del lucro cesante porque no existía certeza de que, al terminar sus estudios secundarios, el demandante Nelson Andrés Cote Poveda desarrollaría una actividad laboral ; y, (iv) solicitó modificar la liquidación de los perjuicios morales.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.:

11.1.- En los eventos de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia ha señalado que el término de dos años debe contar se desde la ejecutoria de la providencia penal que absuelve a la víctima directa o, como en este caso, que declara la prescripción de la acción penal.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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11.2.- La providencia que declaró la prescripción de la acción penal, según la constancia allegada, cobró ejecutoria el 29 de abril de 2009 5, luego el t érmino para demandar por este daño vencía el 30 de abril de 2011.

11.3.- La solicitud de conciliación se presentó el 25 de abril de 2011 6 y los términos se suspendieron hasta el 21 de junio de 2011, fecha en la que se declaró fallida. En consecuencia, el término para demandar se extendió hasta el

términos se suspendieron hasta el 21 de junio de 2011, fecha en la que se declaró fallida. En consecuencia, el término para demandar se extendió hasta el 26 de junio de 2011.

11.4.- La demanda fue interpuesta el 24 de junio de 20117.

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

12.- A partir de las actas de derechos de los capturados 8, la sentencia absolutoria9 y la caución prendaria 10 , está probado que el demandante Nelson Andrés Cote Poveda estuvo privado de la libertad desde el 28 de junio de 2002 hasta el 30 de agosto de 2004, es decir, por un periodo de dos (2) años, dos (2) meses y tres (3) días.

13.- Está demostrado que mediante providencia del 20 de abril de 2009, el Tribunal de Distrito Judicial de Villavicencio - Sala Penal declaró la prescripción de la acción penal a favor del demandante Nelson Andrés Cote Poveda.

14.- En esta providencia, la Sala:

14.1.- Confirmará la decisión de absolver a la Rama Judicial porque no fue apelada.

14.2.- Condenará a la Fiscalía General de la Nación porque se demostró la ilegalidad de la medida de aseguramiento dictada contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda . La Fiscalía no contaba con elementos de convicción que permitieran inferir razonablemente su participación en el delito que le fue imputado y tampoco justificó la necesidad de la medida de acuerdo con los fines constitucionales.

14.3.- Imputará a la Fisca lía General de la Nación únicamente el daño

imputado y tampoco justificó la necesidad de la medida de acuerdo con los fines constitucionales.

14.3.- Imputará a la Fisca lía General de la Nación únicamente el daño correspondiente al tiempo que la víctima directa estuvo detenida por cuenta de esta entidad.

5 Fl. 181, c - 2 6 Fl. 182, c - 2 7 Fl. 6-24, c - 2 8 Fl. 19, c - 7 9 Fl. 154167, c - 2 10 Fl. 168, c - 2Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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G. Plan de exposición

15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad11. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y su reparación.

H. La ilegalidad de la privación de la libertad

16.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, norma bajo la cual se adelantó el proceso penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357, y eran los siguientes:

16.1.- La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida

que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos 355, 356 y 357, y eran los siguientes:

16.1.- La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida era necesaria <<para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria>> (art. 355).

16.2.- La existencia de <<por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>> (art. 356).

16.3.- La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 357).

17.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque:

17.1.- La Fiscalía no contaba con dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda y,

17.2.- No justificó la necesidad de la medida de aseguramiento , de acuerdo con los fines constitucionales.

1. La inexistencia de dos indicios graves de responsabilidad en contra del demandante.

18.- Con la resolución del 4 de julio de 2002 12 está demostrado que la Fiscalía 12 Especializada impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante, a quien le imputó el delito de extorsión en grado de tentativa. L o anterior, porque consideró que existían suficientes indicios para

11 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

tentativa. L o anterior, porque consideró que existían suficientes indicios para

11 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata. 12 Fl. 331 – 336, c3Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

Demandantes: Nelson Andrés Cote Poveda y otros

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inferir razonablemente que el demandante Nelson Andrés Cote Pov eda había extorsionado al denunciante Henry Rodrigo Rojas Cachay, pidiéndole el pago de $400.000 bajo amenazas.

19.- Esta imputación tuvo como fundamento los siguientes elementos de convicción:

19.1.- La denuncia de Henry Rodrigo Rojas Cachay en la que manifestó que el demandante Nelson Andrés Cote Poveda le estaba exigiendo la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) , o de lo contrario le diría al gerente del almacén donde trabajaba el denunciante que este estaba haciendo <<chanchuyos>> y que tenía preparado un robo de tuberías y soldadura de PVC.

19.2.- El Informe de captura No. 383 de fecha 28 de 2002 de la Unidad del Grupo Gaula Rural del Meta , de Jack Libaniel González Franco, menor de edad , y del demandante Nelson Andrés Cote Poveda. Según el informe, el Gaula realizó un operativo para la entrega controlada del dinero exigido al denunciante y durante su desarrollo capturó a los procesados en el momento en que recibieron el paquete señuelo.

demandante Nelson Andrés Cote Poveda. Según el informe, el Gaula realizó un operativo para la entrega controlada del dinero exigido al denunciante y durante su desarrollo capturó a los procesados en el momento en que recibieron el paquete señuelo.

19.3.- La indagatoria del demandante Nelson Andrés Cote Poveda, en la que manifestó que: (i) le había prestado $300.000 al denunciante; (ii) el denunciante se negó a pagarle el dinero prestado, razón por la cual el demandante lo investigó y se enteró de que estaba haciendo transacciones fraudulentas en su lugar de trabajo; (iii) por lo tanto, le dijo al denunciante que si no le pagaba la deuda, le contaría todo al dueño del almacén; (iv) el demandante le había contado todo lo anterior a Rodrigo, un compañ ero de trabajo del denunciante; y, (v) el denunciante le tendió una trampa para que lo capturaran y no pagar la deuda.

19.4.- La ampliación de la denuncia de Henry Rodrigo Rojas Cachay en la que afirmó que: (i) el demandante Nelson Andrés Cote Poveda nunca le prestó dinero porque ni siquiera trabaja ba; y, (ii) se había enterado que el demandante Cote Poveda <<le metió cuentos>> a Rodrigo, el compañero de trabajo del denunciante.

19.5.- La declaración de Ober Yamith Villalobos Caviativa en el que manifestó: (i) que conocía al denunciante y que jugaba microfútbol con el demandante; y (ii) el denunciante le contó a la madre del declarante que el demandante Cote Poveda lo estaba extorsionando.

19.6.- El testimonio de Rodrigo Dur án Rojas , el compañero de trabajo del

denunciante le contó a la madre del declarante que el demandante Cote Poveda lo estaba extorsionando.

19.6.- El testimonio de Rodrigo Dur án Rojas , el compañero de trabajo del denunciante Henry Rodrigo Rojas Cachay, quien manifestó que: (i) había visto en varias oportunidades en el almacén al denunciante entregándole dinero al demandante Nelson Andrés Cote Poveda ; (ii) el demandante Cote Poveda le contó que el denunciante le debía $400.000 y que robaba mercancía del almacén.Radicado: 5000123-31-000-2011-00399-01 (61786)

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20.- A partir de estos medios de prueba, la Fiscalía infirió la responsabilidad penal del demandante Cote Poveda en la comisión del delito de extorsión porque: (i) destacó que <<era admirable (…) la habilidad que tiene Nelson Andrés Cote Poveda, a pesar de s u corta edad, para inventar una película>>. Lo anterior, porque consideró que su versión era contradictoria debido a que había afirmado en la indagatoria que le había prestado trescientos mil pesos al denunciante, pero luego le cobró cuatrocientos mil peso s; (ii) la víctima directa fue capturada cuando recibió el dinero en el operativo de la entrega controlada.

21.- Los anteriores medios de convicción no permitían construir dos indicios graves de responsabilidad contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda debido a que:

21.1.- El hecho de que en la versión rendida por el demandante en la indagatoria no coincidieran la suma que le prestó al denunciante con la suma que

graves de responsabilidad contra el demandante Nelson Andrés Cote Poveda debido a que:

21.1.- El hecho de que en la versión rendida por el demandante en la indagatoria no coincidieran la suma que le prestó al denunciante con la suma que posteriormente le cobró, no permitía inferir que su versión no era creíble o que estaba mintiendo.

21.2.- Por el contrario, las pruebas recaudadas por la Fiscalía ofrecían dudas en relación con la existencia de una extorsión . Al ente investigador le correspondía descartar la ve rsión del demandante Cote Poveda, según la cual le estaba cobrando al denunciante un dinero que le había prestado. Sin embargo, la Fiscalía, con una argumentación muy precaria, desechó la versión dada por la víctima directa.

21.3.- En consecuencia, la pre sencia del demandante Cote Poveda en el lugar donde se realizó el operativo de la entrega controlada del dinero y el hecho de que hubiera recibido el dinero eran hechos indicador