CE - 500012331000201100682011SENTENCIASENTENCIA20230725123925

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979)

Demandante: Alejandro Peralta Cáceres y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandada: Referencia: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979).

Alejandro Peralta Cáceres y otros. La Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial. Acción de reparación directa. Tema 1. Privación injusta de la libertad. Subtema 1.1. Captura con fines de indagación - Decreto 2700 de 1991. Subtema 1.2. Medida de aseguramiento - Ley 600 de 2000. Subtema 1.3. Coexistencia de normas adjefvas en aplicación del principio de favorabilidad. Subtema 1.4. Acreditación del daño antijurídico. Subtema 1.5. Culpa exclusiva de la víctima. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS

General de la Nación en contra de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS La Fiscalía vinculó a una investigación penal, con fines de indagación, a Alejandro Peralta Cáceres, sindicado de haber cometido los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documentos; no obstante, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento. Tras ello, el órgano investigador profirió resolución de acusación en contra del procesado y, además, ordenó su detención preventiva. Luego de que se hiciera efectiva la correspondiente captura, un juez penal de Villavicencio revocó la medida de aseguramiento, y, en providencia posterior, absolvió de responsabilidad al acusado. En sede de apelación, el Tribunal Superior de Villavicencio mantuvo incólume la aludida decisión absolutoria. La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por otra de las personas vinculadas a la mentada instrucción penal. La parte actora demanda al Estado, porque considera que la privación de la libertad sufrida por el señor Peralta Cáceres fue injusta.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda 2

Los accionantes pretenden que esta Jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, con ocasión de la privación de la libertad que soportó Alejandro Peralta Cáceres dentro del proceso radicado al número 56047, a consecuencia de la captura con fines de

cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, con ocasión de la privación de la libertad que soportó Alejandro Peralta Cáceres dentro del proceso radicado al número 56047, a consecuencia de la captura con fines de En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (u) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (...)". 1 Demanda. Folios 1 a 13, cuaderno 1.Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979) Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros indagación y la posterior detención preventiva, ordenadas por la Fiscalía, ante la posible comisión de las conductas punibles de peculado por apropiación, falsedad en documentos y concierto para delinquir. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia: Admitida la demanda 3 , notificada la anterior decisión 4 y corridos los traslados que la ley ordena, la Nación - Rama Judicial contestó la demandas, en el sentido de protestar que el daño, cuya reparación se pretende, no tiene el carácter de antijurídico; que en el proceso adelantado en contra de¡ señor Peralta Cáceres se respetaron las garantías procesales; y que las decisiones judiciales no son causa eficiente del menoscabo invocado en la demanda. En el auto de apertura de la etapa de pruebas 6 , el Tribunal tuvo por no contestada la demanda por parte de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

eficiente del menoscabo invocado en la demanda. En el auto de apertura de la etapa de pruebas 6 , el Tribunal tuvo por no contestada la demanda por parte de la Nación - Fiscalía General de la Nación. Agotada la etapa de pruebas, el a quo corrió traslado 7 a las partes para que alegaran de conclusión, como en efecto así ocurrió 8 ;,y al Ministerio Púbico para que emitiera su concepto, no obstante, guardó silencio. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 15 de noviembre de 2018, en la que declaró responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación del daño causado a los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad soportada por Alejandro Peralta Cáceres; y, en consecuencia, condenó a la demandada a cancelar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, el monto de $142.938.926 a favor dé la víctima directa; y por concepto de perjuicios morales, la suma de 90salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a favor del afectado principal y de su cónyuge, su hija y sus padres, monto asignado a cada uno de los mencionados, y 45 SMLMV a favor de Carolina Peralta Cáceres y Cristian Alexander Peralta Cáceres, en su condición de hermanos del directamente afectado, cifra concedida para cada uno de ellos. Como sustento de su decisión, el Tribunal encontró qÚe el señor Peralta Cáceres estuvo privado de la libertad en dos periodos. Frente a[primero, que comprendió el

de hermanos del directamente afectado, cifra concedida para cada uno de ellos. Como sustento de su decisión, el Tribunal encontró qÚe el señor Peralta Cáceres estuvo privado de la libertad en dos periodos. Frente a[primero, que comprendió el lapso entre la captura y el oficio que ordenó su libertad -í(4 al 15 de agosto de 2000) aplicó un régimen subjetivo de responsabilidad del Estado; y, tras ello, coligió que el órgano investigador respetó los términos prócesales establecidos en el Decreto 2700 de 1991, así que el procesado se encontraba en la obligación de soportar la aprehensión con fines de indagación que padeció. En cuanto al segundo periodo, que correspondió al lapso entre la medida de aseguramiento que le fue impuesta al señor Peralta Cáceres y la expedición de la correspondiente boleta de libertad (31 de marzo de 2003 al 25 de mayo de 2004), concluyó, con fundamento en un régimen objetivo de responsabilidad estatal, que estaba probado el carácter injusto de la privación de la libertad que sufrió la víctima. Auto admisorio de la demanda. Folios 218 y 219, cuaderno 2. ' Diligencias de notificación del auto admisorio. Folios 233 y 234, cuaderno 2. Contestación a la demanda. Folios 236 a 240, cuaderno 2. 6 29 de abril de 2014. Folios 243 y 244, cuaderno 2. Decisión que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 302, cuaderno 2. Alegatos de conclusión de las partes. Folios 303 a 324, cuaderno 2.

Decisión que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 302, cuaderno 2. Alegatos de conclusión de las partes. Folios 303 a 324, cuaderno 2. Sentencia de primera instancia. Folios 364 a 373, cuaderno principal. 2

LRadicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979) Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros Para la tasación de los perjuicios morales, el a quo acudió a un parámetro jurisprudencia¡ de esta Corporación (sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022) y, en ese orden, estableció que no había lugar a reconocer una indemnización a favor de los actores, Jorge Enrique Velásquez Barbosa y Floralba Piratoba Romero, por no acreditar su relación afectiva con la víctima directa. En cuanto al lucro cesante, fijó el monto conforme a la certificación que daba cuenta M sueldo que devengaba el señor Peralta Cáceres, y al tiempo que este último tardaría en conseguir un empleo. Finalmente, no encontró probada la configuración de los perjuicios materiales por daño emergente, y por daño a la vida de relación.

El Tribunal no hizo mención alguna de la Nación - Rama Judicial en el examen de fondo de la litis, así como de su legitimación en la causa por pasiva. 2.4. El recurso de apelación La Nación - Fiscalía General de la Nación, el 6 de diciembre de 2018, sustentó su recurso de apelación, con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1. La controversia objeto de estudio no debe analizarse bajo un régimen objetivo

su recurso de apelación, con fundamento en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1. La controversia objeto de estudio no debe analizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad estatal, sino a partir del estudio de la falla en el servicio. 2.4.2. La medida de aseguramiento impuesta se ajustó a las exigencias legales en materia de derecho procesal penal y estuvo sustentada en unos indicios que comprometían la responsabilidad penal del sindicado. 2.4.3. El proceder ilícito del señor Peralta Cáceres fue lo que puso en funcionamiento el aparato jurisdiccional, es decir, fue determinante para que se iniciara una investigación penal en su contra. 2.4.4. No hay lugar al reconocimiento de perjuicios a favor de la parte actora, por no configurarse una privación injusta de la libertad. 2.4.5. Respecto de la condena impuesta en primera instancia, por concepto de lucro cesante, es improcedente el reconocimiento del porcentaje correspondiente a las prestaciones sociales, en la medida en que no estaba acreditado en el expediente que la víctima tuviera un vinculo laboral del cual estuviera percibiendo dichas prestaciones. Además, resulta inválida la inclusión del periodo de 35 semanas, que comprende el tiempo que tarda una persona en acceder a un contrato de trabajo, por cuanto no hay certeza de que su vinculación laboral dependía de un tercero. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación' (), la cual fue evacuada el 26 de febrero de 201911, y hubo de declararse fallida.

Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación' (), la cual fue evacuada el 26 de febrero de 201911, y hubo de declararse fallida. 10 Auto que convocó a audiencia de conciliación judicial. Folio 422, cuaderno principal. 11 Audiencia de conciliación judicial. Folio 433, cuaderno principal. 3Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979) Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, el 8 de julio de 201912, admitió el recurso de apelación propuesto; y, el 23 de octubre del mismo año, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que.emitiera concepto 13 . La Nación - Fiscalía General de la Nación presentó sus alegaciones conclusivas 14 , en el sentido de insistir en los cargos planteados en el recurso de apelación, pero con el soporte del parámetro jurisprudencia¡ fijado en la sentencia SU-072 de 2018 por la Corte Constitucional y en un fallo proferido por esta Subsección el 30 de junio de 2015 (exp. 43018). El Ministerio Público, la parte demandante y la Nación - Rama Judicial guardaron si1encio 15 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código Géneral del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887— el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código Géneral del Proceso ("CGP") - aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887— el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión,, 16-17. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos pr,evistos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencié o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitacionØs". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisrudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciars oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada""`. 3.2. Revisada la demanda, y en atención a los cargos planteados por el apelante único (la Nación - Fiscalía General de la Nación), a esta .Subsección le corresponde resolver este problema jurídico: ¿La privación de la libertad sufrida por Alejandro Peralta Cáceres, y acaecida como

único (la Nación - Fiscalía General de la Nación), a esta .Subsección le corresponde resolver este problema jurídico: ¿La privación de la libertad sufrida por Alejandro Peralta Cáceres, y acaecida como consecuencia de la captura con fines de indagación y de la posterior medida de aseguramiento, ambas ordenadas por la Fiscalía, en un proceso cuyo objeto de investigación era la comisión de los delitos de peculado por apropiación, de 12 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 440, cuaderno principal. 13 A u to que corrió traslado para que alegaran de conclusión en segunda instancia. Folio 442, cuaderno principal. 14 Alegatos de conclusión de la Nación - Fiscalía General de la Nación. Folios 445 a 455, cuaderno principal. 15 Constancia secretarial. Folio 470, cuaderno principal. 16 'Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligenciad iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se reqirán por las leves vicientes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". (subrayado fuera del texto original). 17 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio

notificaciones. (...)". (subrayado fuera del texto original). 17 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(1J). 18 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación de16 de abril de 2018, exp. 46005. 4Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979)

Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros

concierto para delinquir y de falsedad en documento, produjo un daño antijurídico a la parte actora, pese a. que el aludido trámite judicial concluyó con decisión absolutoria, por aplicación del principio in dubio pro reo? En el evento de que la respuesta al problema jurídico sea afirmativa, la Sala deberá establecer las condiciones para la imputación del daño al extremo demandado, incluyendo dentro de este análisis, si a ello hay lugar, el estudio pertinente a si la conducta de la víctima fue determinante para que el órgano investigador ordenara su detención preventiva. Decantado lo anterior, esta Subsección verificará si los reconocimientos efectuados por el a quo están demostrados y si satisfacen los parámetros jurisprudenciales de esta Corporación.

W. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la Litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 19 , así como

4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la Litis, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 19 , así como del oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el 30 de noviembre de 201120 y solicitó la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial el 22 de octubre de 2010 (que se celebró el 22 de diciembre siguiente) 21 , esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 22 al día siguiente a la ejecutoria de la sentencia con la que la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por otro de los sujetos vinculados a la investigación penal que también cursaba en contra del señor Peralta Cáceres 2324 (3 de diciembre de 200925) . 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: Alejandro Peralta Cáceres 26 , 19 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34985. 20 Demanda. Folio 13, cuaderno 1. 21 Constancia del Ministerio Público. Folio 215, cuaderno 1. 22 Código Contencioso Administrativo. Artículo 136. "1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 1...) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa

tiempo a partir de la expedición del acto. 1...) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. [ ... ] 23 La Sala precisa que si bien la' decisión absolutoria, en primera instancia, que benefició al señor Peralta Cáceres, no fue objeto de cuestionamiento en sede de apelación ni de casación, los efectos ejecutorios de ese fallo quedaron suspendidos hasta que el Tribunal Superior de Villavicencio y la Corte Suprema de Justicia resolvieran tales recursos -as¡ no atacara esa parte de la decisión-, bajo el entendido de que en nuestro sistema penal no existen ejecutorias parciales de las decisiones, pues debe conservarse la unanimidad de ejecución de las providencias, de suerte que la mencionada sentencia cobró ejecutoria cuando se decidió la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, mediante auto dictado el 3 de diciembre de 2009 por el la Corte Suprema de Justicia. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 46549. También ver: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto del 3 de junio de 2009, exp. 31912. Reiterado en auto del 10 de julio de 2013, exp. 33973. 24 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 1996, exp. 11425. 25 Constancia de la Secretaría de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Villavicencio. Folio 330, cuaderno 2.

cuaderno 2. 26 En su condición de víctima directa la privación de la libertad objeto de estudio. 5Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979)

Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros

Neissa Maritza Velásquez Piratoba 27 , Stefanie Peralta Velásquez 28 , Alejandro Peralta Acuña 29 , María del Carmen Cáceres 30 , Carolina Peralta Cáceres 31 , Cristian Alexander Peralta Cáceres 32 , Jorge Enrique Velásqyez Barbosa 33 y Floralba Piratoba Romero 34 . Respecto de estos dos últimos demandantes, si bien se acreditó la legitimación, en el evento que se llegara a confirmar la decisión de condena, aquella no se haría extensiva a estos dos demandantes, habida cuenta que en primera instancia no se les reconoció indemnización alguna y ese aspecto de la sentencia no fue apelado. En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, está legitimada la Nación, Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o su delegado, en cuanto fue el órgano que ordenó la vinculación del señor Peralta Cáceres, con fines de indagación, al proceso penal objeto de estudio; y que, por conducto de la resolución de acusación, impuso detención preventiva en contra del sindicado. Ahora bien, aunque el Tribunal haya pasado por alto estudiar la legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama Judicial, representada por el Director(a) Administrativo de Administración Judicial, la Sala, encuentra procedente su habilitación en ese sentido, dado que fue la autoridad que definió la responsabilidad

pasiva de la Nación - Rama Judicial, representada por el Director(a) Administrativo de Administración Judicial, la Sala, encuentra procedente su habilitación en ese sentido, dado que fue la autoridad que definió la responsabilidad penal del señor Peralta Cáceres frente a los delitos que se le acusaban, y que decidió la revocación de la medida de aseguramiento qup, en su momento, le había sido impuesta al procesado. 4.2. Hechos probados relevantes para la solución de los problemas jurídicos Conforme a las pruebas documentales practicadas en l presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. El representante legal de la empresa de servicios públicos domiciliarios, Electrificadora del Meta Sociedad Anónima (E.M.S.A.), denunció ante la Fiscalía General de la Nación, que al interior de la empresa estaban ocurriendo 27 Conforme a la copia del registro civil de matrimonio entre Alejandrb Peralta Cáceres y Neissa Maritza Velasquez Piratoba, con indicativo serial 03942241 y fecha de inscripción el 24 de septiembre de 2010. Folio 191, cuaderno 1. 28 En la copia del registro civil de nacimiento de Stefanie Peralta Velasquez, con indicativo serial 25970846 y fecha de inscripción el 6 de septiembre de 1976 ante la Notaría Primera del Circulo de Villavicencio, se encuentra referenciado que los padres de aquella son Alejandro Peralta Cáceres y Neissa Maritza Velasquez Piratoba. Folio 193, cuaderno 1. Por tanto, está acreditada la condición de hija de la víctima directa que detenta

encuentra referenciado que los padres de aquella son Alejandro Peralta Cáceres y Neissa Maritza Velasquez Piratoba. Folio 193, cuaderno 1. Por tanto, está acreditada la condición de hija de la víctima directa que detenta la señora Peralta Velasquez. 29 En la copia del registro civil de nacimiento de Alejandro Peralta Cáceris se reporta que el padre de este es Alejandro Peralta Acuña. Folio 189, cuaderno 1. 30 En la copia del registro civil de nacimiento de Alejandro Peralta Cáceres se reporta que la madre de este es María del carmen Cáceres. Folio 189, cuaderno 1. 31 En la copia del registro civil de nacimiento de Carolina Peralta Cáceres, con indicativo serial 7349505 y fecha de inscripción el 1° de octubre de 1983 ante la Notaría Segunda del Circulo de Villavicencio, se encuentra referenciado que sus padres son Alejandro Peralta Acuña y María del Carmen Cáceres, es decir, los mismos progenitores de Alejandro Peralta Cáceres, Folio 196, cuaderno 1. Así las cosas, está acreditado que Carolina Peralta Cáceres es hermana de la víctima directa. 32 En la copia del registro civil de nacimiento de Cristian Alexander Peralta Cáceres, con indicativo serial 2535049 y fecha de inscripción el 16 de febrero de 1976 ante la Notaria Segunda del Circulo de Villavicencio, se encuentra referenciado que sus padres son Alejandro Peralta Acuña y María del Carmen Cáceres, es decir, los mismos progenitores de Alejandro Peralta Cáceres. Folio 192, cuaderno 1. Asilas cosas, está acreditado

se encuentra referenciado que sus padres son Alejandro Peralta Acuña y María del Carmen Cáceres, es decir, los mismos progenitores de Alejandro Peralta Cáceres. Folio 192, cuaderno 1. Asilas cosas, está acreditado que Cristian Alexander Peralta Cáceres es hermano de la víctima dirécta. 11 En la copia del registro civil de nacimiento de Neissa Maritza Velasquez Piratoba, con indicativo serial 1363212 y fecha de inscripción el 10 de junio de 1975 ante la Notaria Segunda del Circulo de Villavicencio, se encuentra referenciado que el padre de aquella es Jorge Enrique Velasquez Barbosa, por lo que está acreditada la condición de este último como suegro de la víctima directa. Folio 190, cuaderno 1 14 En la copia del registro civil de nacimiento de Neissa Maritza Velasquez Piratoba, con indicativo serial 1363212 y fecha de inscripción el 10 de junio de 1975 ante la Notaría Segunda del Circulo de Villavicencio, se encuentra referenciado que la madre de aquella es Floralba Piratoba Romero, por lo que está acreditada la condición de esta última como suegra de la víctima directa. Folio 190, cuaderno 1. 6Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979) Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros irregularidades que podían constituir hechos ilícitos 35 . En concreto, se detectó que, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1999, algunos funcionarios estarían llevando a cabo estos dos actos fraudulentos que afectaban el patrimonio de la empresa y, por ende, el del Estado, dada su naturaleza jurídica:

durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1999, algunos funcionarios estarían llevando a cabo estos dos actos fraudulentos que afectaban el patrimonio de la empresa y, por ende, el del Estado, dada su naturaleza jurídica: i) se contactaban con algunos vendedores que promocionaban y vendían productos en establecimientos de comercio de algunos municipios, para que estos recaudaran el dinero que los usuarios cancelaban por la prestación del servicio de energía eléctrica, y, luego, colocaran un sello falso de cancelado de un banco de la ciudad de Villavicencio, de tal manera que así pudieran apoderarse, para su propio beneficio, de una parte del dinero recaudado, porque, al mes siguiente, aparecía reportado como si legamente se hubiese efectuado el pago; u) acordaban con usuarios industriales y comerciales para que estos les cancelaran, para su propio provecho, una suma de dinero inferior al consumo del servicio de energía facturado; y en contraprestación, los funcionarios registraban los datos como si se hubiese recaudado el valor integral de la factura. Destacó que, una vez realizados los anteriores comportamientos, en las áreas de recaudo, facturación, tesorería, contabilidad y sistemas de la empresa, se registraban los pagos ficticios en el sistema de la empresa 36 . 4.23.2. Con motivo de las diligencias adelantadas, la Fiscalía 19 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, el 4 de agosto de 2000, vinculó en una investigación penal, con fines de indagación, a Alejandro Peralta Cáceres y a otras seis personas 37 . Ese mismo día 38, fue capturado el señor Peralta Cáceres, quien, el 9 de agosto siguiente, rindió indagación 39 .

a otras seis personas 37 . Ese mismo día 38, fue capturado el señor Peralta Cáceres, quien, el 9 de agosto siguiente, rindió indagación 39 . 4.2.3.3. La misma fiscalía delegada, el 14 de agosto de 2000 0 , se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra del señor Peralta Cáceres, al considerar que, para ese momento procesal, no era posible atribuirle algún indicio grave de responsabilidad por los delitos investigados. En consecuencia, dispuso que se expidiera la correspondiente orden de libertad. 4.2.3.4. El órgano investigador, el 15 de agosto de 200041, solicitó al Director de la Cárcel Distrital que dejara en libertad al señor Peralta Cáceres; petición que se hizo efectiva ese mismo día mediante la suscripción del acta de compromiso 42 . 4.2.3.5. La Fiscalía 19 'Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, el 28 de marzo de 2003, profirió resolución de acusación en contra del señor Peralta Cáceres y de otras personas, porque, al parecer, habían cometido el concurso heterogéneo sucesivo de las conductas punibles de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documentos. En esa misma oportunidad procesal, el órgano investigador ordenó la detención preventiva del acusado, al estimar que este último representaba un peligro para la comunidad y defraudó la confianza que la sociedad depositó en ellos como servidores públicos; y dada la gravedad de las conductas punibles que se

preventiva del acusado, al estimar que este último representaba un peligro para la comunidad y defraudó la confianza que la sociedad depositó en ellos como servidores públicos; y dada la gravedad de las conductas punibles que se 31 Comunicación dirigida a la Fiscalía. Folio 3, cuaderno C.C.1. 36 Conforme a lo descrito a la resolución de acusación presentada por la Fiscalía. Folios 63 y 64, cuaderno C.c.1. r Resolución de vinculación a una investigación penal. Folio 270, cuaderno C.C.3. 38 Acta de derechos del capturado. Folio 5, cuaderno C.C.4. ° Indagación. Folio 82, cuaderno C.C.4. 40 Resolución que definió la situación jurídica del procesado. Folios 169 a 182, cuaderno C.C.4. 41 Oficio. Folio 185, cuaderno C.C.4. 42 Acta de compromiso. Folio 188, cuaderno C.C.4. 41 Resolución de acusación, cuaderno C.C.8. 7Radicado: 50001-23-31-000-2011-00682-01 (63979) Demandantes: Alejandro Peralta Cáceres y otros investigaban y el monto de la pena fijado en la ley para castigar esos hechos ilícitos 44 . 4.2.3.6