CE - 50001233100020110073001120230713160451

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00730-01(61596)

Actor: RAFAEL EDUARDO SAMANIEGO MOSQUERA Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA IMPEDIMENTO-Dar concepto como agente del Ministerio Público, artículo 150.12 CPC. APELANTE ÚNICOLímites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio.

RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIOS POR DAÑOS A SUS ALUMNOS-Se configura cuando se acredita falla en el servicio (art. 2341 CC). RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO-Ámbito de aplicación del artículo 2347 CC. RESPONSABILIDAD DIRECTA POR ABSTENCIÓN DE LOS COLEGIOS-Se gobierna por el artículo 2341 y no por el 2347 CC. DEBER DE VIGILANCIA Y CUIDADO-Inversamente proporcional a la edad y capacidad de los estudiantes. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración probatoria. BBREMOS EN PERJUICIOS-Las sentencias de unificación sirven como parámetro de guía, pero la tasación del perjuicio depende siempre de la valoración judicial. ARBITRIO HURIS-No es sinónimo de arbitrariedad. DAÑOS MORALES EN CASOS DE MUERTE-Aplicación de los parámetros de sentencias de

tasación del perjuicio depende siempre de la valoración judicial. ARBITRIO HURIS-No es sinónimo de arbitrariedad. DAÑOS MORALES EN CASOS DE MUERTE-Aplicación de los parámetros de sentencias de unificación. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 19 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 25 de marzo de 2010, el menor Pedro Manuel Samaniego Palacios desapareció en el colegio «Mayavi Buenos Aires» en el corregimiento de «Buenos Aires Pacoa», Departamento del Vaupés. Doce días después, lo encontraron muerto, en la orilla del río Cananarí. Alegan que la institución educativa fue negligente en la vigilancia y custodia del menor que estaba bajo su cuidado. ANTECEDENTES El 15 de diciembre de 2011, Rafael Eduardo Samaniego y otros, a través de2 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra el Departamento del Vaupés. Solicitaron 1.000 SMLMV por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 25 de marzo de 2010, Pedro Manuel Samaniego Palacios, de 7 años de edad, desapareció en el colegio «Mayavi Buenos Aires», del corregimiento de «Buenos Aires Pacoa», Vaupés. Dos días después, el colegio informó al padre la desaparición y el 12 de abril de 2010,

«Mayavi Buenos Aires», del corregimiento de «Buenos Aires Pacoa», Vaupés. Dos días después, el colegio informó al padre la desaparición y el 12 de abril de 2010, el menor apareció muerto. Adujo falla del servicio del colegio por falta de vigilancia y cuidado del menor. El 20 de marzo de 2012 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el Departamento del Vaupés alegó caducidad y ausencia de nexo causal. Sostuvo que el colegio está ubicado en una zona apartada, de difícil acceso y las condiciones locativas de la institución no ofrecían condiciones de seguridad, que permitieran ejercer vigilancia estricta a los alumnos. El 8 de marzo de 2017 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. El Departamento del Vaupés sostuvo que el daño se produjo por la evasión del menor del colegio «Mayavi Buenos Aires» y no se demostró omisión o falla en la prestación del servicio educativo. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. El 19 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones, al considerar que como el menor Pedro Manuel Samaniego Palacios estaba matriculado, el colegio era responsable por su vigilancia y custodia mientras estuviera bajo su cuidado y protección. La demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de mayo de 2018 y admitido el 6 de agosto siguiente. Esgrimió que, para analizar los deberes de custodia de la institución, debe tenerse en cuenta que el colegio quedaba «en medio

interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 15 de mayo de 2018 y admitido el 6 de agosto siguiente. Esgrimió que, para analizar los deberes de custodia de la institución, debe tenerse en cuenta que el colegio quedaba «en medio de la selva» y las medidas de seguridad no podían ser las mismas de un colegio ubicado en la ciudad. El 26 de octubre de 2018 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. El Departamento del Vaupés alegó culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero. El Ministerio Público conceptuó que la entidad demandada era responsable porque el menor murió mientras se encontraba bajo el cuidado y la custodia del colegio. La demandante guardó3 Expediente n”. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones silencio.

CONSIDERACIONES l. impedimento El Consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo 141.12 CGP, pues intervino en el proceso como agente del Ministerio Público. El artículo 150.12 CPC dispone que el juez deberá apartarse de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Como los hechos en los cuales se funda el impedimento manifestado se subsumen en la causal invocada, porque en el asunto actuó como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación y emitió concepto, se aceptará el impedimento. ll. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las

Primero Delegado ante esta Corporación y emitió concepto, se aceptará el impedimento. ll. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1? de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 157

CPACA -aplicable según lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011-— el valor de la única pretensión, que es inmaterial, supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $267.800.000. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2011, $535.600, por 500.4 Expediente n”. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por el incumplimiento de los deberes de cuidado y vigilancia de una institución educativa

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso por el incumplimiento de los deberes de cuidado y vigilancia de una institución educativa (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y ss. CC). Demanda en tiempo

3. La parte demandada señaló que operó la caducidad porque el auto admisorio de la demanda se le notificó un año después de la notificación de la providencia a la parte demandante, conforme a lo previsto en el artículo 90 CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 CCA. La Sala advierte que no es necesario acudir al CPC para aplicar normas relativas a la caducidad, porque la jurisdicción contencioso administrativa cuenta con una regulación íntegra acerca de esta institución.

El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Según la demanda, se configuró falla del servicio, porque la entidad demandada omitió el deber de vigilancia y cuidado. Como está acreditado que Pedro Manuel Samaniego Palacios murió el 25 de marzo de 2010 [hecho probado 8.2], la demanda se interpuso en tiempo el 15 de diciembre de 2011. Legitimación en la causa

que Pedro Manuel Samaniego Palacios murió el 25 de marzo de 2010 [hecho probado 8.2], la demanda se interpuso en tiempo el 15 de diciembre de 2011. Legitimación en la causa ? Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744-746, disponible en https://bit ly/3gjiduK.5 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones

4. Rafael Eduardo Samaniego Mosquera, Gladiz Lucila, Diana María y Judith Janeth Samaniego Palacios son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, pues conforman el núcleo familiar de Pedro Manuel Samaniego Palacios [hecho probado 8.5]. El Departamento del Vaupés está legitimado en la causa por pasiva, pues el colegio «Mayavi Buenos Aires» estaba adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento del Vaupés, conforme al hecho décimo de la demanda, que no fue controvertido por la parte demandada.

1. Probiema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio de una institución educativa oficial, por incumplimiento del deber de protección y cuidado, al permitir

1. Probiema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró falla del servicio de una institución educativa oficial, por incumplimiento del deber de protección y cuidado, al permitir que un estudiante menor de edad saliera de las instalaciones, sin permiso, y por no informar a los padres ni buscar al menor cuando conocieron de su desaparición.

IV. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.

7. Las fotografías aportadas al proceso (f. 127 a 137 c. 1) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244

CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge, Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjguK.

1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjguK. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 28.832 [fundamento jurídico 9.11].6 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. En 2010, el menor de edad Pedro Manuel Samaniego Palacios estaba matriculado en el grado primero del colegio «Mayavi Buenos Aires», corregimiento «Buenos Aires Pacoa», Vaupés, según da cuenta copia simple de la comunicación del rector del 30 de marzo de 2010 (f. 14 c. 1). 8.2. El 25 de marzo de 2010, Pedro Manuel Samaniego Palacios murió en el corregimiento «Buenos Aires Pacoa», Vaupés, según da cuenta original del registro civil de defunción (f. 13 c. 1). 8.3. El 30 de marzo de 2010, Bernardo Uribe, rector del colegio «Mayavi Buenos Aires», informó al corregidor que en la noche del jueves 25 de marzo de 2010, un estudiante «interno» desapareció. Conforme al documento, a la fecha de la comunicación, realizaron viajes de verificación por tierra y agua en el territorio comprendido entre «el caserío» del menor, la comunidad «Buenos Aires Pacoa» y la comunidad «Villareal», sin ninguna pista o huella que confirmara la muerte o

comunicación, realizaron viajes de verificación por tierra y agua en el territorio comprendido entre «el caserío» del menor, la comunidad «Buenos Aires Pacoa» y la comunidad «Villareal», sin ninguna pista o huella que confirmara la muerte o supervivencia del menor, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 14 c. 1). 8.4. El 20 de abril de 2010, Rafael Eduardo Samaniego Mosquera presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo. Conforme al documento, el 25 de marzo de 2010, su hijo Pedro Manuel Samaniego Palacio, de 7 años, estudiante «interno» del colegio «Mayavi Buenos Aires», salió de la institución, fue al río en canoa y no regresó. El 12 de abril encontraron al menor muerto. Solicitó que investigaran el caso para encontrar a los responsables, según da cuenta copia simple del formato de atención y trámite de quejas n”. 060100130 01 (f. 15 c. 1). 8.5. Pedro Manuel Samaniego Palacios era hijo de Rafael Samaniego Mosquera, hermano de Gladiz Lucila, Diana María y Judith Janeth Samaniego Palacios, según da cuenta copia de los registros civiles de nacimiento (f. 9 a 12 c. 1). Responsabilidad de los colegios por daños a sus alumnos7 Expediente n”. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones

9. Con fundamento en el artículo 2347 CC, la jurisprudencia administrativa, en el pasado, estudió la responsabilidad de los centros educativos por el daño causado a sus estudiantes. Este criterio se soportaba en que esos centros tienen un deber de seguridad y protección frente a los estudiantes, debido a la relación de

pasado, estudió la responsabilidad de los centros educativos por el daño causado a sus estudiantes. Este criterio se soportaba en que esos centros tienen un deber de seguridad y protección frente a los estudiantes, debido a la relación de subordinación. Esta responsabilidad cesa si, con la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho? La Sala precisa que el título XXXIV del libro cuarto del Código Civil regula la responsabilidad civil por el delito y la culpa. Ese título podría dividirse para su estudio en tres partes. La primera (arts. 2341 a 2345 CC) prevé las reglas sobre la responsabilidad por el hecho personal del agente. La segunda (arts. 2346 a 2349 CC y 2352 CC) trata la responsabilidad por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro. La tercera (arts. 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356 CC) regula la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas. La ley distingue, pues, tres supuestos de responsabilidad diferentes. El juez, por ello, debe ser especialmente cuidadoso en su aplicación y así invocar la norma que gobierne el evento de responsabilidad correspondiente. El segundo grupo de normas es el relativo a la responsabilidad indirecta. Se trata de un régimen en que se obliga a responder frente a terceros por los daños causados por las actividades de otras personas que se encuentran bajo su dependencia. El artículo 2347 CC, entonces, establece que toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, por ejemplo, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras

responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, por ejemplo, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia inicialmente interpretó que esa norma se limitaba en señalar casos de responsabilidad civil por el hecho ajenof. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2004, Rad.14.869 [fundamento jurídico 2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 551-552, disponible en https://bit ty/3gjiduK. 6 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 12 de mayo de 1939, Gaceta Judicial n.?1947, Tomo XLVIII [fundamento jurídico párrafo 10].8 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones Posteriormente, esa Corporación concluyó que la norma no se limitó a unos casos específicos, sino que contenía la regla general de responsabilidad indirecta y que los eventos referidos en la norma no eran taxativos”.

El artículo 2347 CC, pues, contiene una regla general de acuerdo con la cual toda persona que tenga la obligación legal o contractual de cuidar a otra persona es responsable de los daños que esta última cause. Además, impone una «presunción

El artículo 2347 CC, pues, contiene una regla general de acuerdo con la cual toda persona que tenga la obligación legal o contractual de cuidar a otra persona es responsable de los daños que esta última cause. Además, impone una «presunción de culpa» en contra del civilmente responsable, por los daños causados por quien se encuentra bajo su dependencia. Para exonerarse de esa responsabilidad se debe probar que, con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho. De modo que, la responsabilidad de los colegios o instituciones educativas por el daño que sufren sus alumnos se gobierna por las reglas de la responsabilidad directa (art. 2341 CC) y no por las reglas de la responsabilidad indirecta (art. 2347 CC). En efecto, el artículo 2347 CC regula la responsabilidad por el hecho ajeno, que sería, según su inciso cuarto, la que se deriva de los daños que causen sus estudiantes mientras estén bajo su dependencia. Por ello, los daños producidos a los estudiantes, mientras se encuentran bajo el cuidado de instituciones educativas, se gobiernan por las reglas generales del artículo 2341 CC, y no por las reglas especiales de la responsabilidad por el hecho de terceros. El fundamento de la responsabilidad por daños a estudiantes es el general basado en la culpa. La Sala reitera que en el ámbito de la responsabilidad civil del Estado la circunstancia no es distinta. Si se reclama el daño que sufrieron estudiantes mientras estaban bajo el cuidado y responsabilidad del colegio de instituciones educativas, las reglas aplicables son las de la responsabilidad directa (art. 2341 CC). En estos eventos debe probarse la falla del servicio [culpa de la Administración]: se debe demostrar que el centro educativo ha incumplido su deber

educativas, las reglas aplicables son las de la responsabilidad directa (art. 2341 CC). En estos eventos debe probarse la falla del servicio [culpa de la Administración]: se debe demostrar que el centro educativo ha incumplido su deber de protección y cuidado, es decir, compromete la responsabilidad de forma directa 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 2 de febrero de 1959, Gaceta Judicial, Tomo XC [fundamento jurídico 11.9 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones por omisión. Además, el deber de vigilancia y cuidado de los centros educativos por los daños que los estudiantes causen o sufran es inversamente proporcional a su edad y capacidad de discernimiento y autodeterminación. La Sala reitera que es necesario establecer si se trata de estudiantes menores de edad, en algunos casos con limitaciones físicas o psicológicas, o si se trata de estudiantes mayores de edad, quienes en principio tendrían mayor capacidad para entender y determinar sus conductasf. La entidad demandada, por su parte, puede exonerarse si demuestra diligencia y cuidado o que el daño se produjo como consecuencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o la culpa de la víctima?.

10. Según la demanda, el Departamento del Vaupés incurrió en falla del servicio por omisión al deber de vigilancia del menor Pedro Manuel Samaniego Palacios, que murió cuando estaba bajo el cuidado del colegio «Mayavi Buenos Aires».

Está acreditado que, en 2010, Pedro Manuel Samaniego Palacios estaba matriculado en el grado primero del colegio «Mayavi Buenos Aires», del

murió cuando estaba bajo el cuidado del colegio «Mayavi Buenos Aires». Está acreditado que, en 2010, Pedro Manuel Samaniego Palacios estaba matriculado en el grado primero del colegio «Mayavi Buenos Aires», del corregimiento de «Buenos Aires Pacoa», Vaupés [hecho probado 8.1]. En la noche del 25 de marzo de 2010, un estudiante «interno» desapareció del colegio «Mayavi Buenos Aires» . El 30 de marzo siguiente, el rector del colegio informó al corregidor la desaparición y que realizaron viajes de verificación por tierra y agua en el área, pero no encontraron pistas de la ubicación del niño [hecho probado 8.3]. El 20 de abril de 2010, Rafael Eduardo Samaniego Mosquera, padre de Pedro Manuel Samaniego Palacios, presentó queja ante la Defensoría del Pueblo y solicitó que se investigaran los hechos, porque su hijo salió del colegio el 25 de marzo de 2010 y encontraron su cuerpo el 12 de abril siguiente [hecho probado 8.4]. El menor Pedro Manuel Samaniego Palacios murió el 25 de marzo de 2010 [hecho probado 8.2].

11. Bernardo Uribe Jaramillo —rector encargado del colegio «Mayavi Buenos Aires» en 2010declaró que el colegio estaba adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento del Vaupés y en el 2010, el menor Pedro Manuel Samaniego 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad.5.693 [fundamento jurídico 11], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B,

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad.5.693 [fundamento jurídico 11], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 602-603, disponible en https://bit.ly/3gjiduK. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2021, Rad. 48.804 [fundamento jurídico 11).10 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones Palacios estaba matriculado en grado primero en calidad de «interno». Narró que el jueves 25 de marzo de 2010, hacia las 6 p.m., el menor se escapó del colegio, consiguió un potrillo (canoa) y navegó por el río Cananarí hacia el río Apaporis, para ir a su casa. El director interno, al revisar a los niños para «la dormida», se dio cuenta que el niño no estaba. Como no era la primera vez que el menor salía sin avisar, optaron por esperar al padre. El viernes el niño no llegó a su casa, el sábado el papá fue al colegio a averiguar por su hijo y, al revisar el registro de salidas, el menor «figuraba como escapado». A partir de ese momento, el colegio coordinó la búsqueda con el padre y la comunidad. Relató las actividades de búsqueda y afirmó que encontraron el cadáver, aproximadamente, doce días después de la desaparición. Un pescador vio flotar un cuerpo y avisó al colegio. De inmediato, Uribe Jaramillo fue a la casa del padre del menor y le informó. Con la presencia del

que encontraron el cadáver, aproximadamente, doce días después de la desaparición. Un pescador vio flotar un cuerpo y avisó al colegio. De inmediato, Uribe Jaramillo fue a la casa del padre del menor y le informó. Con la presencia del inspector, recogieron el cuerpo. Sobre las condiciones de cuidado del menor, sostuvo que, una vez el estudiante estaba matriculado, el director delegaba las funciones de responsabilidad de los internos a un docente. Ese docente hacía un acuerdo con el padre de familia acerca de cómo debía manejar o convivir con el niño. El menor Samaniego Palacios se había «escapado» varias veces y, según el papá, llegaba a la casa hacia las 9 o 10 p.m. Por eso, habían acordado con el colegio que el niño durmiera en la noche con la hermana para evitar que sucediera algún accidente, pero, en todo caso, el niño estaba bajo la responsabilidad de la institución. El colegio asignó un estudiante joven para que estuviera pendiente de cualquier salida sin permiso. El padre del menor dijo que la hermana pudo haber regañado al menor Samaniego Palacios y, por eso, el niño salió sin avisar al director interno. Frente a las condiciones de seguridad del colegio, indicó que está dentro de la comunidad, pero no tenía una cerca, mural o señalización que indicara los límites o linderos del colegio, porque estaba coliííbba con las viviendas de la comunidad. El pabellón de «internos» del colegio quedaba sobre la orilla del río Cananarí, a unos 50 o 60 metros, aproximadamente (CDf. 169 c. 1). Como Bernardo Uribe Jaramillo fue rector delegado del colegio «Mayavi Buenos

pabellón de «internos» del colegio quedaba sobre la orilla del río Cananarí, a unos 50 o 60 metros, aproximadamente (CDf. 169 c. 1). Como Bernardo Uribe Jaramillo fue rector delegado del colegio «Mayavi Buenos Aires» para la época de los hechos, es un testigo sospechoso, en los términos del11 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones artículo 217 CPC, pues era dependiente de la entidad demandada y tuvo relación directa con los hechos de la demanda. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad”. Aunque se trata de un testigo sospechoso, su relato es claro, completo y verosímil. El declarante narró cómo presenció los hechos que relató; su dicho es coincidente con la comunicación que él suscribió [hecho probado 8.3] y no se advierten inconsistencias en su versión de los hechos.

12. Antonio Suárez Uribe —vecino y «pariente» de Rafael Eduardo Samaniego Mosquera— declaró que Miller Rojas, Iván Borrero y Héctor Rojas encontraron el cuerpo del menor en el río Cananarí y le pidieron apoyo para transportar el cadáver.

Llevaron el cuerpo hasta Buenos Aires, tras doce horas de trayecto (f. 109 c. 1). Aunque también se trata de un testigo sospechoso, por su relación de «parentesco» y amistad con el demandante (arts. 217 y 218 CPC), su relato sobre los hechos que

Aunque también se trata de un testigo sospechoso, por su relación de «parentesco» y amistad con el demandante (arts. 217 y 218 CPC), su relato sobre los hechos que presenció es puntual, completo y creíble.

13. Conforme a las pruebas, en 2010, Pedro Manuel Samaniego Palacios tenía 7 años y era estudiante «interno» en el colegio «Mayavi Buenos Aires», ubicado en el corregimiento de «Buenos Aires Pacoa» y adscrito al Departamento del Vaupés.

Antes del 25 de marzo de 2010, como el niño había salido sin permiso del colegio, los docentes acordaron con su padre que el menor dormiría con la hermana y le asignaron un «estudiante joven» para que estuviera pendiente. El jueves 25 de marzo de 2010, Pedro Manuel Samaniego Palacios salió del colegio sin permiso, y esa tarde un docente notó su ausencia. Los docentes del colegio no buscaron al menor ese día, ni avisaron a sus padres. Como el niño había salido sin permiso del colegio en otras ocasiones, los docentes decidieron esperar que el papá confirmara si el niño llegaba a la casa. El sábado 27 de marzo de 2010, Rafael Eduardo Samaniego preguntó por su hijo en el colegio y le informaron que el menor se había «escapado» dos días antes. Hasta esa fecha —dos días después de que el niño salió sin permiso—, el colegio 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262 [fundamento jurídico 2.3].12 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones

jurídico 2.3].12 Expediente n. 61.596

Demandante: Rafael Eduardo Samaniego y otros Accede a las pretensiones inició la búsqueda y el 12 de abril de 2010, su cuerpo apareció a orillas del río Cananarí. Según las pruebas, el colegio no tenía muros ni cercas que indicaran límites o brindaran seguridad a los alumnos, y el rector conocía que la seguridad de los niños estaba a cargo del colegio, con independencia de las medidas que adoptaran los familiares u otros estudiantes.

Los funcionarios de