CE - 500012331000201200092011SENTENCIASENTENCIA20230811162745

Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa Maria Báez Daza y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandante:

Demandado: Referencia: 50001-23-31-000-2012-00092-01(59993).

Rosa María Báez Daza y otros. La Nación - Fiscalía General de la Nación Judicial -. Acción de reparación directa. y Rama Tema 1: Privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Falta de acreditación del daño antijurídico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 25 de abril de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO El alcalde municipal de San Carlos de Guaroa (Meta), en razón a la presentación de múltiples procesos ejecutivos en contra de dicha entidad territorial, sin que existieran documentos contractuales que soportaran los cobros pretendidos, presentó denuncia por la probable comisión de los delitos de peculado, contrato

de múltiples procesos ejecutivos en contra de dicha entidad territorial, sin que existieran documentos contractuales que soportaran los cobros pretendidos, presentó denuncia por la probable comisión de los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y privado contra el anterior mandatario municipal y otras personas. La señora Rosa María Báez Daza fue vinculada a la investigación criminal mediante diligencia de indagatoria, que fue evacuada el 28 de marzo de 2008, y fue capturada por agentes de la Policía Judicial el 8 de agosto del mismo año. En la misma fecha de la captura, la Fiscalía 23 Seccional de Acacías profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de la señora Báez Daza, en condición de interviniente en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; medida que luego fue sustituida por la de detención en el sitio de residencia. El Juzgado Penal del Circuito de Acacias, en sentencia proferida el 27 de noviembre de 2009, absolvió a la señora Rosa María Báez Daza de los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía 23 Seccional de AcacIas, por la configuración de "una atipicidad relativa en relación con el sujeto activo". Los demandantes consideran que la privación de la libertad que soportó la señora Báez Daza fue injusta. 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (u) conscriptos y, (iü)

1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (u) conscriptos y, (iü) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... )".Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda La demanda fue presentada el día 17 de febrero de 201223, por Rosa María Báez Daza, Pablo Emilio Acosta Saldaña, Ariel Acosta Báez, Alberto Acosta Báez, Arley Acosta Báez y Eh Báez Dueñas 4 . Con fundamento en los hechos referidos en la síntesis del caso, los accionantes pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación, representada en este caso por el Fiscal General de la Nación o su delegado y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado, con ocasión de la privación de la libertad que soportó la señora Rosa María Báez Daza. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrati'io del Meta en auto del 13 de marzo de 2012; notificado en debida forma 6 ; el término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley 7 ; y esta fue contestada, en oportunidad, por la Rama Judicial 8 y por la Fiscalía General de la Nación 9 .

En el término de traslado del auto admisorio de la demanda, la parte actora radicó

en oportunidad, por la Rama Judicial 8 y por la Fiscalía General de la Nación 9 . En el término de traslado del auto admisorio de la demanda, la parte actora radicó escrito de adición del libelo introductorio 10 , a través del cual adicionó los hechos 16, 17 y 1811, y allegó copia del fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 30 de abril de 201212. La adición de la demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Meta, en proveído del 31 de enero de 201413 . 2 De acuerdo con el sello de "Diligencia de Presentación Personal" de la Oficina Judicial de Villavicencio, Meta, visible a folio 14 del cuaderno 1. El escrito de demanda obra a folios 1-14 del cuaderno 1, en tanto que elpoder otorgado a la abogada Maria Custodia Prieto Moreno se encuentra a folios 15 y 16 del mismo cuaderno.:,,. Los nombres de los señores "Rosa María Báez Daza", "Pablo Emilio A q ósta Saldaña", "Ariel Acosta Báez", "Alberto Acosta Báez", "Arley Acosta Báez" y "Eh Báez Dueñas" apar'écen registrados en los términos anteriormente relacionados en los registros civiles de nacimiento que obran'a folios 17-20 del cuaderno 1. Folios 60 y 61 del cuaderno 1. 6 Folios 69 y 70 del cuaderno 1. - De acuerdo con la constancia de fijación en lista expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta, visible a folio 104 del cuaderno 1. 8 Folios 105-110 del cuaderno 1.

De acuerdo con la constancia de fijación en lista expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta, visible a folio 104 del cuaderno 1. 8 Folios 105-110 del cuaderno 1. Folios 123-127 del cuaderno 1. 10 Folios 71-73 del cuaderno 1. 11 A saber: "16°. Con la privación injusta de la libertad de la señora ROSA MARIA BÁEZ DAZA, PABLO EMILIO ACOSTA SALDAÑA, en su calidad de compañero permanente, sus hijos ARIEL, ALBERTO Y ARLEY ACOSTA BÁEZ, as¡ como su progenitor ELI BÁEZ DUEÑAS, tuvieron que soportar el profundo dolor y sufrimiento que la detención de su compañera, madre e hija, les causó, no solo por la ausencia de ella en su hogar durante el tiempo que soportó detención intramural, sino por el profundo amor quCle profesan, al verla expuesta al escarnio público.

170. El grupo familiar conformado por todos los demandantes se caracteriz" por su solidez, allí reinan el amor, el respeto y el apoyo mutuos, siendo ROSA MARIA el soporte y columna vertebral de su hogar, adicionándole además la compleja y difícil situación que dos de sus miembros sufren corro son su compañero permanente PABLO EMILIO ACOSTA anciano y enfermo que supera los 70 años y su.»ijo, ARLEY ACOSTA BÁEZ, que sufre discapacidad mental, los cuales requieren el cuidado permanente de lá señora BÁEZ DAZA. 18 0 . El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, conforme al plan de Descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, desató el recurso de apelación. interpuesto por el defensor del

18 0 . El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, conforme al plan de Descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, desató el recurso de apelación. interpuesto por el defensor del procesado LIBARDO BADILLO CONDE, compañero de causa de ROSA MARIA BAEZ DAZA, contra la sentencia del 27 de noviembre de 2009 proferida por el Juzgado Penal del, Circuito de Acacias, confirmándola en su totalidad". 12 Folios 74-101 del cuaderno 1. 13 Folio 178 del cuaderno 1. 2Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros

Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 23 de noviembre de 201514, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Así lo hizo la parte actora 15 , en tanto que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial guardaron silencio 16 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 25 de abril de 2017 17 y en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado 18 , declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación -, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Rosa María Báez Daza, y, como consecuencia de esta declaración, condenó al órgano demandado al pago de los perjuicios morales y materiales causados a los accionantes. Además, negó la declaración de responsabilidad solicitada en contra de la Rama Judicial 19 . 2.4. Los recursos de apelación

demandado al pago de los perjuicios morales y materiales causados a los accionantes. Además, negó la declaración de responsabilidad solicitada en contra de la Rama Judicial 19 . 2.4. Los recursos de apelación 2.4.1. La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 15 de mayo de 201720, formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes cargos: 2.4.1.1. La medida privativa de la libertad de la que fue objeto la señora Rosa María Báez Daza cumplía con todos los requisitos legales previstos para su imposición por lo que no puede calificarse de "injusta" y, en consecuencia, la demandante tenía la carga de soportar la restricción de su libertad. Lo anterior, en aplicación del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado por falla del servicio. 2.4.1.2. Cuestionó la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado, por atipicidad de la conducta punible, puesto que la señora Rosa María Báez Daza ostentaba la condición de contratista en un contrato de suministro celebrado con el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta, y, en consecuencia, "contaba con pruebas que le indicaban que la actora en este proceso podía estar incursa en los delitos antes señalados", esto es, 14 Folios 246 y 247 de¡ cuaderno 2. 15 Folios 248-260 de¡ cuaderno 2. 16 Así lo establece el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia proferida el 25 de abril de 2017, específicamente en el parágrafo 5 del título V del fallo, denominado "TRAMITE PROCESAL", en el cual el a quo indicó:

16 Así lo establece el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia proferida el 25 de abril de 2017, específicamente en el parágrafo 5 del título V del fallo, denominado "TRAMITE PROCESAL", en el cual el a quo indicó: "Ahora, vencido el término probator io, mediante auto del 23 de noviembre de 2015, visto a folio 246 al 247, se corrió traslado para alegar de conclusión, derecho del cual hizo uso únicamente la parte accionante". 17 Folios 304-317 del C.ppal. 18 Al punto, el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 25 de abril de 2017, indicó: "De conformidad con lo anterior, no cabe duda para esta Corporación que el presente asunto deberá estudiarse de fondo bajo el RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO con base en la privación LEGAL E INJUSTA de la demandante, como quiera que el objeto de estudio versa es en el INJUSTO de la privación, es decir, en el daño antijurídico soportado por la actora". 19 Al respecto, el Tribunal de primera instancia argumentó: "Finalmente, es de aclarar que tanto la resolución mediante la cual se resolvió la situación jurídica de la señora Báez Daza, como el proceso investigativo fue llevado a cabo por la Fiscalía 23 Seccional, por lo cual se exonera de responsabilidad a la Nación - Rama Judicial, en razón a los hechos acaecidos el 08 de agosto de 2008 al 01 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta además, que el actuar de esta entidad únicamente se presentó en la etapa de juzgamiento del proceso penal, es decir, la señora Báez Daza ya se encontraba

de 2008 al 01 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta además, que el actuar de esta entidad únicamente se presentó en la etapa de juzgamiento del proceso penal, es decir, la señora Báez Daza ya se encontraba privada de la libertad por disposición del Fiscal de turno, y el actuar del Juez penal solo se suscribió a proferir sentencia de primera instancia, en la cual absolvió a la demandante por atipicidad de la conducta endilgada, es por ello que corresponderá absolver de responsabilidad a la Nación-Rama Judicial". 20 Folios 319-331 del C.ppal. 3Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además, de acuerda con los mismos argumentos, solicitó la declaración de la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. 2.4.1.3. Finalmente, reprochó el reconocimiento y tasación de los perjuicios morales, materiales e inmateriales, por daños;a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, realizado por el Tribunal Administrativo del

Meta. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201021, el Tribunal Administrativo del Meta convocó a las partes a audiencia de conciliación 22 , la cual fue evacuada los días 5 de julio 23 y 2 de agosto de 201724, y hubo de declararse fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las parjes. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 4 de agosto de 201725, concedió el

fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las parjes. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 4 de agosto de 201725, concedió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia de primera instancia. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del 1 de noviembre de 201726, admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta. Así mismo, por auto del 6 de diciembre de 201727, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la Fiscalía General de la Nación 28 , quien reiteró los argumentos expuestos en su recurso de alzada y añadió que debían negarse las pretensiones de la demanda en razón a que el daño cuya reparación se pretende no se había configurado o era inexistente en el momento en que la parte actora incoó Japresente acción; la parte demandante 29 , quien solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia; y el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales, quien rindió el concepto No. 21 del 13 de enero de 2018 0 , a través del cual solicitó que se confirmará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta. 21 "Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio

Meta. 21 "Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria.

PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso". 22 Esto, a través de auto del 9 de junio de 2017, que obra a folio 332 del Cppal. 23 El acta de la audiencia de conciliación obra a folio 336 del C.ppal, diligencia que fue suspendida en razón a que no existia concepto del Comité de Conciliación de la Fiscalía Generalde la Nación sobre la posibilidad de conciliar la condena que le fue impuesta a dicho organismo. 11 24 El acta de la audiencia de conciliación, que hubo de declararse fallida,' se encuentra a folios 339 y 340 del C.ppal. 25 Folio 343 del C.ppal. 26 Folio 347 del C.ppal. 27 Folio 349 del C.ppal. 28 Folios 351-370 del C.ppal. 29 Folios 386 y 387 del C.ppal. ° Folios 388-408 del C.ppal.

4Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros 2.7. Manifestación de impedimento En sesión del 19 Td6jli6'EJ2023, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros 2.7. Manifestación de impedimento En sesión del 19 Td6jli6'EJ2023, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP) 31 , por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público. Con el fin de resolver el impedimento, el doctor Yepes Corrales se retiró del recinto para que los demás integrantes de la Sala decidieran de conformidad, luego de lo cual, aquellos encontraron fundada la manifestación de impedimento y aceptaron la solicitud del doctor Yepes Corrales de separarse del asunto.

W. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188732-33, el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de ¡a Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta

norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 1,34. 3.2. En este orden de ideas, en asocio a los cargos de los recursos de apelación da lugar al siguiente problema jurídico: ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Rosa María Báez Daza, con ocasión de la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, que luego fue sustituida por la de detención en el sitio de residencia, por no observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición? 11 "Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: ( ... ) 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo ( ... ). 32 Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se reqirán por las leves víqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado fuera del texto original). 13 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (1,1). 14 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 5Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros

Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer si en el presente caso se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Si lá respuesta al anterior problema resulta negativa, la Sala deberá determinar: (u) el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores, y (Hi) decidir sobre la condena a que haya lugar.

W. CONSIDERACIONES ! 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis

(Hi) decidir sobre la condena a que haya lugar.

W. CONSIDERACIONES ! 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 35 y a la naturaleza del asunto 36 , así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa hizo la parte demandante, quien radicó su demanda el 17 de febrero de 2012, esto es, antes de que iniciara el conteo del termino de caducidad de la acción, toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de Libardo Badillo Conde, quien fue investigado penalmente junto con la señora Rosa María Báez Daza, mediante auto del 11 de diciembre de 201338 . 4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Rosa María Báez Daza, en su condición de víctima directa; Pablo Emilio Acosta Saldaña, quien acreditó su condición de compañero permanente de aquella 39 ; Ariel, Alberto Acosta Báez y Arley Acosta Báez, quienes demostraron ser hijos de la víctima directa 40 ; y Eh Báez Dueñas; quien probó actuar como padre de la señora Báez Daza 41.

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala en c uentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala en c uentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de la Nación quien impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad a la señora Rosa María Báez Daza. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, ara que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) 11 "Articulo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de 'repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de compétencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos". 36 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo`, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 31 Ver nota al pie No. 1. 11 Folios 6-19 del cuaderno de pruebas No. 6. 39 Esto, de conformidad con los registros civiles de nacimiento de los señores Ariel, Alberto y Arley Acosta Báez y los testimonios de los señores José Dario Montenegro, Clara Matilde Noguera Morales, María Inés Arévalo de Abaunza y José Clemente Hernández Gutierrez, que fuéron recepcionados por el Juzgado

Báez y los testimonios de los señores José Dario Montenegro, Clara Matilde Noguera Morales, María Inés Arévalo de Abaunza y José Clemente Hernández Gutierrez, que fuéron recepcionados por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, en audiencia pública cefebrada el 12 de febrero de 2014. El acta de dicha diligencia obra a folios 198-210 del cuaderno No. 2. 40 De acuerdo con los registros civiles de nacimiento identificados con 1 os indicativos seriales No. 2897328, 12087273 y 897048, respectivamente. Estos documentos se encuentran a folios 18-20 del cuaderno 1. 41 Conforme con el registro civil de nacimiento, sin indicativo serial, que obra a folio 17 del cuaderno 1. 6Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).

Demandante: Rosa María Báez Daza y otros

un daño antijurídico y (u) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2000[ 42 ]. Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 43, lleva a entender que, en

Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 43, lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley, y de la principalistica rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño 44 . Debe surgir, una inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medidaa 4546 y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico con sustento en los 42 "Articulo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención

inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medidaa 4546 y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico con sustento en los 42 "Articulo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. ¡¡Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:

III. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. E..]". 43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 44 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del articulo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del titulo de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. [ ... ]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018. "Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo

"Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los limites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de