CE - 500012331000201200209011SENTENCIA20230201150615

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA |

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 50001233100020120020901 (62325)

Demandante: MARIO JAVIER CORTES BAUTISTA Y OTROS Demandado: NACIÓN — FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA A La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda. Il. SÍNTESIS DEL CASO Según la demanda, el 22 de julio de 2006, Sandra Viviana Castro Hernández y' Luz Marina Lozano Hernández, amiga y prima de Verónica Patricia Villegas Ceballos, respectivamente, hurtaron varios bienes de César Augusto Reinoso Hernández. Al día siguiente, José Ismael Hernández Moreno, tío del señor Reinoso Hernández, conoció de los hechos referidos e invitó a departir a Verónica Patricia Villegas Ceballos. Ese mismo día César Augusto Reinoso Hernández, Mario Javier Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya fueron a buscar a Verónica Patricia Villegas Ceballos, haciéndose pasar por funcionarios de la Policía, para recuperar los elementos que :

Ceballos. Ese mismo día César Augusto Reinoso Hernández, Mario Javier Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya fueron a buscar a Verónica Patricia Villegas Ceballos, haciéndose pasar por funcionarios de la Policía, para recuperar los elementos que : le habían sido hurtados al primero de ellos. Horas más tarde desapareció Villegas Ceballos y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida. El 29 de julio de 2006, la Fiscalía 2 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio ordenó la apertura de una investigación previa por el homicidio de Verónica Patricia Villegas Ceballos. En vista de lo expuesto, los días 2, 3 y 8 deRadicado: 58001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros junio de 2009, agentes de la Policía Judicial de Villavicencio capturaron a César Augusto Reinoso Hernández, Mario Javier Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya, respectivamente, por ser presuntos autores del homicidio agravado de Verónica Patricia Villegas Ceballos. Seguidamente, el 11 de junio de 2009, la Fiscalía 35 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los procesados, por ser presuntos autores del delito referido. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2009, el ente instructor acusó a los sindicados de ser autores del delito de homicidio agravado de Verónica Patricia Villegas Ceballos. No obstante, el 8 de marzo de 2010, la Fiscalía 2? Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

agravado de Verónica Patricia Villegas Ceballos. No obstante, el 8 de marzo de 2010, la Fiscalía 2? Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio revocó la Resolución de Acusación y en su lugar precluyó la investigación penal seguida en contra de los procesados por ín dubio pro reo. Los demandantes consideran que la detención de Mario Javier Cortés Bautista, Carlos Andrés Aya y César Augusto Reinoso Hernández fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarles la comisión del delito de homicidio agravado.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda 1.1. El 20 de abril de 2012, Mario Javier Cortés Bautista, Ana Lucila Cortés Bautista, José Manuel Cortés Bautista, María Magdalena Cortés Bautista y Henry Darío Marín Cortés, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Mario Javier Cortés Bautista.

Como pretensiones de su demanda, estos demandantes solicitaron condenar a las entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño 1FL1a17,C.1.sar | Radicado: 50001233100020120020901 (62325)

Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros

ellos; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño 1FL1a17,C.1.sar | Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros emergente, la suma de $10.000.000 a Mario Javier Cortés Bautista; y por lucro cesante, la suma de $25.000.000 a Mario Javier Cortés Bautista. 1.2. En el mismo escrito, Carlos Andrés Aya, Yizeth Paola Cruz Aya, Duberney Cruz Aya, Elías Antonio Cruz Aya y Naida Karina Aya Martínez, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación —Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Carlos Andrés Aya. Como pretensiones de su demanda, estos demandantes solicitaron condenar a las entidades accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño emergente, la suma de $7.500.000 a Carlos Andrés Aya; y por lucro cesante, la suma de $17.500.000 a Carlos Andrés Aya. 1.3. Finalmente, en el mismo documento César Augusto Reinoso Hernández, Ricaurte José Reinoso, Heidy Eliana Calderón Rey, Emity Tatiana Reinoso Calderón y Sebastián Reinoso Calderón, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la

Calderón y Sebastián Reinoso Calderón, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación — Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto César Augusto Reinoso Hernández. Como pretensiones de su demanda, estos demandantes solicitaron condenar a la parte accionada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por daño emergente, la suma de $10.000.000 a César Augusto Reinoso Hernández; y por lucro cesante, la suma de $20.000.000 a César Augusto Reinoso Hernández. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 22 de julio de 2006, Sandra Viviana Castro Hernández y Luz Marina Lozano Hernández, amiga y prima de Verónica Patricia Villegas Ceballos, respectivamente, hurtaron varios bienes de César Augusto Reinoso Hernández.Radicado: 50001233100020120020901 (623 25) Demandante: Mario javier Cortes Bautista y Otros Señala que al día siguiente, José Ismael Hernández Moreno, tío de señor Reinoso Hernández, conoció de los hechos referidos e invitó a departir a Verónica Patricia Villegas Ceballos. > Sostiene que ese mismo día César Augusto Reinoso Hernández, Mario Javier Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya fueron a buscar a Verónica Patricia Villegas Ceballos haciéndose pasar por funcionarios de la Policía, para recuperar los elementos que le habían sido hurtados al primero de ellos,

Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya fueron a buscar a Verónica Patricia Villegas Ceballos haciéndose pasar por funcionarios de la Policía, para recuperar los elementos que le habían sido hurtados al primero de ellos, Indica que horas más tarde desapareció Villegas Ceballos y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida. Señala que el 29 de julio de 2006, la Fiscalia 2? Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio ordenó la apertura de una investigación previa por el homicidio de Verónica Patricia Villegas Ceballos. indica que los días 2, 3 y 8 de junio de 2009, agentes de la Policía Judicial de Villavicencio capturaron a César Augusto Reinoso Hernández, Mario Javier Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya, respectivamente, por ser presuntos autores del homicidio agravado de Verónica Patricia Villegas Ceballos. Áduce que el 11 de junio de 2009, la Fiscalia 35 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio impuso medida de aseguramiento cónsistente en detención preventiva en contra de los procesados por ser presuntos autores del delito referido. Sostiene que el 29 de diciembre de 2009, el ente instructor acusó a los sindicados de ser autores del delito de homicidio agravado de Verónica Patricia Villegas Ceballos. | Concluye que el 8 de marzo de 2010, la Fiscalía 2? Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio revocó la Resolución de Acusación y, en su lugar, precluyó la investigación penal seguida en contra de los procesados

Concluye que el 8 de marzo de 2010, la Fiscalía 2? Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio revocó la Resolución de Acusación y, en su lugar, precluyó la investigación penal seguida en contra de los procesados por ín dubio pro reo..Radicado: 50001233100020120020901 (02325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros Los demandantes consideran que la detención de Mario Javier Cortés Bautista, Carlos Andrés Aya y César Augusto Reinoso Hernández fue injusta, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarles la comisión del delito de homicidio agravado.

2. Contestaciones El 28 de junio de 2012?, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a tas entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalia General de la Nación? manifestó que no. ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le habían sido conferidos. 2.2. La Rama Judicial argumentó que el daño alegado por los accionantes devino de las actuaciones adelantadas por la Fiscalia General de la Nación, pues fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra de los sindicados. Por ello, formuló como excepción la de “indebida representación de la Nación a través de la

Rama Judicial”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 26 de abril de 2017, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

formuló como excepción la de “indebida representación de la Nación a través de la Rama Judicial”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 26 de abril de 2017, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 2 FL 260, C. 2. 3 Fl. 282 a 291, C. 2. 4 Fl. 262 a 266, C. 2,

5F1.551,C.3, -Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros 3.1. La parte demandante, la Fiscalía General de la Nación” y la Rama Judicial? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio. 4, Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 26 de abril de 2017? el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, al constatar que Mario Javier Cortés Bautista, Carlos Andrés Aya y César Augusto Reinoso Hernández fueron privados de la libertad, porque existían graves indicios de responsabilidad que permitieron inferir, de forma preliminar, que podían ser autores del homicidio de Verónica Patricia Villegas Ceballos, pues se probó que el día en que ella desapareció la habian buscado en su domicilio, haciéndose pasar por funcionarios de la “Fiscalía”. Al efecto sostuvo en la sentencia que: “f...] pese a que la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en providencia del 8 de marzo de 2010, al ocuparse de resolver el recurso de apelación

Al efecto sostuvo en la sentencia que: “f...] pese a que la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en providencia del 8 de marzo de 2010, al ocuparse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución que calificó el mérito del sumario, resolvió precluir la investigación adelantada contra César Augusto Reinoso Hernández, Mario Javier Cortés Bautista y Carlos Andrés Aya por no existir suficiente certeza de “la participación de los sindicados en la comisión del delito, para esta Sala, y desde el punto de vista del derecho civil, fue precisamente el actuar imprudente de los privados de la libertad, consistente en dirigirse al sector donde residía la occisa, se hicieron pasar como funcionarios de la Fiscalía, con el ánimo de recibir información de la ubicación de la joven Verónica Patricia y así recuperar unos elementos que le fueron sustraídos a. César Augusto el 23 de julio de 2006, el que dio lugar a su aprehensión y vinculación a la investigación penal [...] Conforme lo anterior, no puede menos que concluirse que dentro del sub lite ha operado la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima, pues está plenamente acreditada la 6 Fl. 554 a 558, C. 7 FI. 569 a 580, €. 8 Fl. 552 a 553, €. Cc. 3

3. 3. 9 Fl. 6252634, C. 4Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros inexistencia del vinculo causal entre la aprehensión y los peruicios cuya indemnización se reclaman, y por ende, las pretensiones de la demanda habrán de

Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros inexistencia del vinculo causal entre la aprehensión y los peruicios cuya indemnización se reclaman, y por ende, las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas [...]”.

5. Recurso de apelación El 11 de julio de 2018, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 1? de agosto de 20181! y admitido el 11 de diciembre de 201812.

51. La parte actora! argumentó que la Fiscalía General de la Nación era patrimonialmente responsable del daño antijuridico, toda vez que no existían pruebas para sustentar la solicitud de captura en contra de Mario Javier Cortés Bautista, Carlos Andrés Aya y César Augusto Reinoso Hernández e imponerles posteriormente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Al efecto sostuvo que: “f...] quedó establecido que falló la labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, porque no se decretaron las pruebas en su momento; pues lo hicieron cuando se habían causado los daños irreparables a mis representados Mario Javier Cortes Bautista, César Augusto Reinoso Hernández y Carlos Andrés Aya [...] Se hubiese evitado el daño causado a mis representados sí desde un principio se hubiere realizado el perfeccionamiento de la investigación que realizó hasta el día 5 de junio de 2009, es decir, no esperaron los resultados de las pruebas sino que el poder dominante de la Fiscalía, procedieron a privar de la libertad a unas personas inocentes [..] Quedó totalmente demostrado que expusieron a las víctimas a una carga superior a la que debía soportar todo ciudadano del común, por la negligencia en la administración de justicia y omisión

libertad a unas personas inocentes [..] Quedó totalmente demostrado que expusieron a las víctimas a una carga superior a la que debía soportar todo ciudadano del común, por la negligencia en la administración de justicia y omisión de las mismas en las labores investigativas [...]”. 10 Fl. 636 a 650, C. 4. 11 Fl. 680, C. 4. 12 Fl, 735, C. 4. 13 FI. 618 a627, C. 4.Radicado: 50001233100020120020901 (62325)

Demandante: Marto Javier Cortes Bautista y otros .

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 23 de septiembre de 201914 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante! y la Fiscalía General de la Nación? reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 6.2. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio””.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo.

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo. 14 Fl, 744, C. 4. 15 FI, 745 a753,€0.4. 16 Fl, 754a761,C.4. “FL 776,C. 4. +8 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del dafío cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.”Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general? estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Éstos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

protección del interés general? estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Éstos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. 18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legistador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fín de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...ef derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...) El término de caducidad, fiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”10

Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure” que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia??, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u :operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de. propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es

tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”, 2 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perdertos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros Así mismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la

reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad?. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 8 de marzo de 2010, mediante el cual se precluyó la investigación adelantada en contra de Mario Javier Cortés Bautista, Carlos Andrés Aya y César Augusto Reinoso Hernández, quedó ejecutoriado ese mismo día, de conformidad con lo establecido en el artículo 187? de la Ley 600 de 2000; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de marzo de 2012, la cual se declaró fallida el 8 de agosto de 20122; y ¡¡¡) que la demanda se presentó el 20 de abril de 20122”.

4. Legitimación en la causa 4.1. Mario Javier Cortés Bautista (víctima), Ana Lucila Cortés Bautista (hermana),

José Manuel Cortés Bautista (hermano), María Magdalena Cortés Bautista (hermana) y Henry Dario Marín Cortés (sobrino), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 160.801, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta

activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 160.801, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta copia simple” de la Resolución del 11 de junio de 2009 dictada por la Fiscalía 35 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898, Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 24 “Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas sí no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya fa sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente f...)”. (Se resalta) 25 F1, 214, 0.2. 28 Ibidem. 7Fl.1a17,C. 1. 28 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. i12 F.

Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio??, y los demás hacen

i12 F.

Radicado: 50001233100020120020901 (62325) Demandante: Mario Javier Cortes Bautista y otros Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio??, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento. 4.2. Carlos Andrés Aya (víctima), Yizeth Paola Cruz Aya (hermana), Duverney Cruz Aya (hermano), Elías Antonio Cruz Aya (hermano) y Naida Karina Aya Martínez (hermana), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 160.801, en el cual fue

privado de la libertad, según da cuenta copia simple de la Resolución del 11 de junio de 2009, dictada por la Fiscalia 35 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dán cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento%, a 4.4. Heidy Eliana Calderón Rey no está legitimada en la causa por activa, pues no aportó prueba para acreditar que tenía un vínculo familiar con César Augusto Reinoso Hernández o que era tercera perjudicada en el proceso por tener interés en las resultas del mismo, 2 Fl 1a15,C.5 20 Fl, 25, 28,27, 30, y 34, C. 1 3 Fl. 1a15,C. 5. %2 Fl 39, 44, 47, 46, y 42, C. 1. 3% Fl. 1218,C.5. 34 Fl 53, 55, 57, y 58, C. 1.13

Radicado: 50001233190020120020001 (62325) Demandante: Marlo Javier Cortes Bautista y otros 4.5. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección”, puesto que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Mario Javier Cortés Bautista, Carlos Andrés Aya y César Augusto Reinoso Hernández, y posteriormente precluyó la investigació