CE - 500012331000201200236011SENTENCIA20230201151131

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓNC

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 50001233100020120023601 (61536)

Demandante: JOSÉ ISMAEL HERNÁNDEZ MORENO Y OTROS Demandado: NACIÓN -— FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. No se acreditó un daño antijurídico imputable al Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Bogotá”, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Según la demanda, el 22 de julio de 2006, Sandra Viviana Castro Hernández y Luz Marina Lozano Hernández, amiga y prima de Verónica Patricia Villegas Ceballos, respectivamente, hurtaron varios bienes de César Augusto Reinoso Hernández. Al día siguiente, José Ismael Hernández Moreno, tío del señor Reinoso Hernández, conoció de los hechos referidos e invitó a departir a Verónica Patricia Villegas Ceballos. Ese mismo día desapareció Villegas Ceballos y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida.

El 29 de julio de 2006, la Fiscalía 2 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito

Ceballos. Ese mismo día desapareció Villegas Ceballos y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida. El 29 de julio de 2006, la Fiscalía 2 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio ordenó la apertura de una investigación previa por el homicidio de Verónica Patricia Villegas Ceballos. El 20 de agosto de 2009, el referido .ente instructor ordenó la captura de José Ismael Hernández Moreno con fines de 1 En virtud del Acuerdo PCSJA17-10693 de 30 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta remitió el expediente a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Bogotá.Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros indagatoria, por ser presunto autor del homicidio agravado de la señora Villegas Ceballos. Seguidamente, el 20 de agosto de 2009, agentes del CTI capturaron al sindicado. El 24 de agosto de 2009, la mencionada Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra el imputado por ser presunto autor del delito de homicidio agravado. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2009, la Fiscalía 35 Seccional de Villavicencio acusó a José Ismael Hernández Moreno de ser autor de la mencionada conducta punible. Sin embargo, mediante proveído del 8 de marzo de 2010, la Fiscalía 2? Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la decisión del 29 de diciembre de 2009 y en su lugar -precluyó la investigación penal seguida en contra José ismael Hernández Moreno

proveído del 8 de marzo de 2010, la Fiscalía 2? Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la decisión del 29 de diciembre de 2009 y en su lugar -precluyó la investigación penal seguida en contra José ismael Hernández Moreno por ín dubio pro reo. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto José Ismael Hernández Moreno fue injusta y arbitraria, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por ín dubio pro reo.

Il. ANTECEDENTES

1. Demanda El 10 de mayo de 2012?, José Ismael Hernández Moreno, en nombre propio y en

representación de Wilmer Fernando Hernández Jiménez; Miryam Estela Jiménez Celis, Ivonne Andrea Hernández Jiménez, John Alexander Hernández Jiménez, Yeimy Lizeth Hernández Murillo, Erick Johan Hernández Guzmán, Fausto Hernández González; y Rosalba, Armando; José Gabriel, Ana Edelmira y Luis Alberto Hernández Moreno, mediante apoderado ¡judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto José Ismael Hernández Moreno. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 50 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 50 SMLMV a cada uno de los 2F1.1a38,C. 1.! Radicado: 50001233100020120023601 (61536)

Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros

accionantes; por daño a la vida de relación, 50 SMLMV a cada uno de los 2F1.1a38,C. 1.! Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros demandantes; y por perjuicios materiales, la suma 50.000.000 a José Ismael Hernández Moreno. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 22 de julio de 2006, Sandra Viviana Castro Hernández y Luz Marina Lozano Hernández, amiga y prima de Verónica Patricia Villegas Ceballos, respectivamente, hurtaron varios bienes de César Augusto Reinoso Hernández. Indica que al día siguiente, José Ismael Hernández Moreno, tío de señor Reinoso Hernández, conoció de los hechos referidos e invitó a departir a Verónica Patricia Villegas Ceballos. Señala que ese mismo día desapareció Villegas Ceballos y posteriormente su cuerpo fue hallado sin vida. Aduce que el 29 de julio de 2006, la Fiscalía 2? Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio ordenó la apertura de una investigación previa por el homicidio de Verónica Patricia Villegas Ceballos. Indica que el 20 de agosto de 2009, el referido ente instructor ordenó la captura de José lsmael Hernández Moreno con fines de indagatoria por ser presunto autor del homicidio agravado de la señora Villegas Ceballos. Sostiene que el 20 de agosto de 2009, agentes de! CTI capturaron a José Ismael Hernández Moreno . Indica que mediante proveído del 24 de agosto de 2009, la mencionada Fiscalía

Sostiene que el 20 de agosto de 2009, agentes de! CTI capturaron a José Ismael Hernández Moreno . Indica que mediante proveído del 24 de agosto de 2009, la mencionada Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra el imputado por ser presunto autor del delito de homicidio agravado. Argumenta que el 29 de diciembre de 2009, la Fiscalía 35 Seccional de Villavicencio acusó a José Ismael Hernández Moreno de ser autor de la mencionada conducta punible.

ARadicado: 50001233100020120023601./61536) Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros Aduce que mediante proveído del 8 de marzo de 2010, la Fiscalia 2? Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la decisión del 29 de diciembre de 2009 y en su lugar precluyó la investigación penal seguida en contra José Ismael Hernández Moreno por in dubio pro reo.

Los demandantes consideran que la privación de la libertad de la que fue objeto José Ismael Hernández Moreno fue injusta y arbitraria, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por ín dubio pro reo.

2. Contestación El 21 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La NaciónFiscalía General de la Nación contestó la demanda de forma extemporánea”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 9 de septiembre de 2016, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. r +

extemporánea”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 9 de septiembre de 2016, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. r + 3.1. La demandante? reiteró lo expuesto en el escrito de la demanda. 3.2. La Nación - Fiscalía General de la Nación” argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque decretó la medida de aseguramiento en contra del procesado en cumplimiento de las prerrogativas sustanciales y formales que le habían sido conferidas. | | 3 Fl 135 y 136, C. 1. 4 Fl 175, C. 1. 5 Fl 298, C. 2. 8 Fl 299 a 321, C. 2. 7 Fl. 322 a 334, C. 2.Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: josé Ismael Hernández Moreno y otros 3.3. El Ministerio Público guardó silencio?.

4. Sentencia de primera instancia .

Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2017?, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Bogotá?" negó las pretensiones de la demanda, al constatar que José Ismael Hernández Moreno “se expuso a ser objeto de [una] investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo que conllevó a su detención y al proferimiento de la medida de aseguramiento en su contra”, ya que no justificó adecuadamente el motivo que tuvo para invitar a departir a Verónica Patricia Villegas Ceballos, a pesar de haber conocido que el día anterior sus amigas habían

proferimiento de la medida de aseguramiento en su contra”, ya que no justificó adecuadamente el motivo que tuvo para invitar a departir a Verónica Patricia Villegas Ceballos, a pesar de haber conocido que el día anterior sus amigas habían robado a su sobrino, César Augusto Reinoso, con quien mantenía una estrecha relación, lo cual, en últimas, habría permitido inferir, de forma preliminar, que podía haber participado de su homicidio, perpetrado ese mismo día.

Al efecto sostuvo que: “f...] Evidentemente, como se observa de lo anterior, José Ismael tuvo conocimiento de la perpetración del hurto por parte de unas amigas de la fallecida Verónica de unos objetos de propiedad de su sobrino, con el cual realizaban actividades comerciales. Como consecuencia de lo anterior, el hoy demandante, realizó el reclamo a Verónica por el proceder de las amigas, inclusive llegó a pronunciar amenazas en su contra, lo que provocó que la prima de la occisa llevara los elementos hurtados a la Fiscalía General de la Nación. Con posterioridad a tal hecho, el señor Hernández invitó a Verónica, presuntamente con fines de conquista, con el fin de departir unas bebidas alcohólicas en zona aledaña al lugar donde fue encontrado horas después el cadáver de ésta. Por lo anterior, es claro entonces, que fue el proceder del propio investigado el que propició el proceso penal que se adelantó en su contra, pues se destaca que su actuación fue culposa, ya que, primeramente, realizó el reclamo con varias amenazas a la víctima del homicidio y con posterioridad a ello invitó a departir unas bebidas en una zona cercana a donde fue encontrado el cadáver, supuestamente con fines de cortejo, lo

que, primeramente, realizó el reclamo con varias amenazas a la víctima del homicidio y con posterioridad a ello invitó a departir unas bebidas en una zona cercana a donde fue encontrado el cadáver, supuestamente con fines de cortejo, lo 8 Fl, 348, C. 2. Fl. 303 a325,C.P. 19 En virtud del Acuerdo PCSJA17-10693 de 30 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta remitió el expediente a la Sala Transitoria del Tribuna! Administrativo de Bogotá.Radicado: 59001233100020120023601 (61536) Demandante: José Ismael Hernández Morena y otros que demuestra que se expuso a ser objeto de investigación por parte de la FiscalíaGeneral de la Nación y lo que conllevó a su detención y al proferimiento de la medida de aseguramiento en su contra [...]”1. 5, Recurso de apelación El 10 de abril de 2018?, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 17 de abril de 201813 y admitido el 7 de junio de 2018. 5.1. La parte demandante! argumentó que los medios de convicción decretados y practicados en el proceso permitian acreditar la causación de un daño antijurídico, pues la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de José Ismael Hernández Moreno sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley procesal penal.

Al efecto sostuvo: “[...] De lo señalado por la segunda instancia en el proceso penal, | podemos colegir que efectivamente no existía ningún asomo de certeza en relación

Hernández Moreno sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley procesal penal.

Al efecto sostuvo: “[...] De lo señalado por la segunda instancia en el proceso penal, | podemos colegir que efectivamente no existía ningún asomo de certeza en relación con el supuesto grado de participación -en el reato investigado, por parte de la Fiscalía, frente a la muerte de Verónica Villegas, que comprometiera la responsabilidad del señor José Ismael Hernández Moreno. y sín embargo, en (sic) el ente acusador insistió y mantuvo de manera absurda e injustaprivado de la libertad a mi mandante, sin ningún tipo de respaldo probatorio [...].

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 13 de agosto de 20181 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 11 Fl, 360, C. P. 12 Fl. 366 a 388, C. P. 13 FI, 389, C.P. 14 Fl 393, C.P. 15 Fl. 322 a 329. C. P. 18 Fl, 396, C. P.Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José ismael Hernández Moreno y otros 6:1. La parte demandante” y la Nación - Fiscalía General de la Nación?? reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia. 6.2. El Ministerio Público guardó silencio?.

Il. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo Sala Transitoria de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo Sala Transitoria de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86% del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia. 17 Fl, 418 a 447, C.P. 18 Fl, 397 a403, C.P 19 Fl, 448, C.P. 20 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas O hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.”Radicado; 50001233100020120023601 (61536)

Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros

3. Vigencia de la acción

por la actuación de un particular o de otra entidad pública.”Radicado; 50001233100020120023601 (61536)

Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general?!, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción??, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la-salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida Justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 2 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 ...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo, oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo, oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”.Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José ismael Hernández Moreno y otros La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de fos actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jure? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia? cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad

propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “... [s]í el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".10

Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José ismael Hernández Moreno y otros sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el - carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad”.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 8 de marzo de 2010%, mediante el cual se precluyó la investigación penal seguida en contra de José Ismael Hernández Moreno, quedó ejecutoriado ese mismo día, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 600 de 20007”; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 5 de marzo de 2012, la cual se declaró fallida el 9 de mayo de 2012; y iii) que la demanda se presentó el 10 de mayo siguiente?.

4. Legitimación en la causa

4.1. José Ismael Hernández Moreno (víctima), Miryam Estela Jiménez Celis (esposa), Wilmer Fernando Hernández Jiménez (hijo), Ivonne Andrea Hernández

4. Legitimación en la causa

4.1. José Ismael Hernández Moreno (víctima), Miryam Estela Jiménez Celis (esposa), Wilmer Fernando Hernández Jiménez (hijo), Ivonne Andrea Hernández Jiménez (hija), John Alexander Hernández Jiménez (hijo), Yeimy Lizeth Hernández Murillo (hija), Erick Johan Hernández Guzmán (hijo), Fausto Hernández González (hermano), Rosalba Hernández Moreno (hermana), Armando Hernández Moreno (hermano), José Gabriel Hernández Moreno (hermano), Ana Edelmira Hernández Moreno (hermana) y Luis Alberto Hernández Moreno (hermano) están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 180.601, según da cuenta copia auténtica 25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 26 Fl. 34 a 54, Anexo 4. 2 “Artículo 187, Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de

después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente (...).” 28 Fl 89,C. 1. 29 FI89,C. 1. 30F1 12a38,C.1. 31 Anexos 1 a 3.11

Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José ismael Hernández Moreno y otros de las providencias proferidas en dicha causa penal, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen las copias auténticas de sus registros civiles de matrimonio? y nacimiento, respectivamente. 4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Nación - Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que agentes del CTI fueron quienes capturaron a José Ismael Hernández Moreno y, posteriormente, esta entidad fue la que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado.

5. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala determinar: i) si las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura cumplieron con los presupuestos legales, o si estas generaron un daño antijuridico que el Estado deba indemnizar; ¡i) si el Estado cumplió los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria y para definir la situación jurídica del procesado, o si se prolongó injustificadamente la

generaron un daño antijuridico que el Estado deba indemnizar; ¡i) si el Estado cumplió los términos procesales para realizar la diligencia de indagatoria y para definir la situación jurídica del procesado, o si se prolongó injustificadamente la detención del procesado generando un daño antijurídico que el Estado debe reparar, iii) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si esta generó un daño antijurídico que el Estado deba resarcir; y iv) si el Estado cumplió con los términos procesales para calificar el mérito de la instrucción penal, o si por el contrario, con su incumplimiento, se generó un daño antijurídico que el Estado debe reparar.

6. Solución de los problemas jurídicos Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el desarrollo jurisprudencial frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad.

32F 129, €. 1. 33 Fl. 116 a 126, 128, C. 1. 34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.12

Radicado: 50001233100020120023601 (61536) Demandante: José Ismael Hernández Moreno y otros > 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el

declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derechoS, que contraría el orden legal?” o que está desprovista de una causa que la justifique?, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida?, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elabóren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. 35 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 38 Consejo