CE - 500012333000201700547011AUTOQUERESUEL20230209104124

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides Demandada: Municipio de Mesetas (Meta) – Personería municipal Tema: Apelación auto rechaza demanda. Cosa juzgada. Ley 1437 de 2011. AUTO INTERLOCUTORIO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto del 12 de septiembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante el cual rechazó la demanda por haberse configurado la cosa juzgada respecto de las pretensiones de la demanda. I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda. El señor Francisco Basilio Arteaga Benavides promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Mesetas y la Personería municipal con el fin de obtener la nulidad de los oficios del 21 de mayo de 2004, 23 de junio de 2004, 10 de enero de 2007, 030 del 7 de febrero de 2007, y la Resolución 037 de 2004, expedidos por las autoridades demandadas, a través de los cuales se resolvieron sus peticiones referidas al pago de acreencias laborales por su vinculación laboral como personero desde el 10 de octubre de 2002 hasta el 29 de febrero de 2004. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías causadas desde el 16 de febrero de 2002 hasta que se verifique su pago, los

personero desde el 10 de octubre de 2002 hasta el 29 de febrero de 2004. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías causadas desde el 16 de febrero de 2002 hasta que se verifique su pago, los intereses a las cesantías por el periodo del 10 de octubre de 2002 al 29 de febrero de 2004, junto con los intereses moratorios y el sueldo del mes de febrero de 2004. Solicitó además el reconocimiento y pago de perjuicios por la responsabilidad que le atañe al ente demandado al no garantizar el funcionamiento de la personería, el respeto y protección de laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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vida de su titular y el de su familia, y por omitir cancelar los emolumentos laborales reclamados. La demanda fue rechazada el 12 de septiembre de 20191 por existir cosa juzgada respecto de las pretensiones incoadas. 1.2. Decisión apelada. El Tribunal Administrativo del Meta mediante auto interlocutorio del 12 de septiembre de 2019 rechazó la demanda por no ser susceptible de control judicial al haberse configurado la figura de cosa juzgada prevista por el artículo 303 del CGP, con fundamento en los siguientes argumentos: El señor Francisco Basilio Arteaga presentó, en causa propia, demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Mesetas y la Personería Municipal de Mesetas, con el propósito principal de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se resolvió su petición respecto del pago de unas acreencias laborales; Al expediente le correspondió el radicado 50001-33-31-003-2007-00319-00. En la primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio profirió sentencia del 31 de julio de 2013, a través de la cual declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda, por considerar que los actos administrativos demandados no eran objeto de control judicial. Apelada la anterior decisión, en el trámite de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la caducidad de la acción mediante sentencia del 16 de diciembre de 2014, sin que contra ella se hubiese interpuesto recurso extraordinario de revisión, razón por la cual, dicha decisión quedó debidamente ejecutoriada. Observó el a quo que la mencionada controversia judicial estuvo atendida por las mismas partes que conforman el actual litigio, de manera que se configura la identidad de partes. Asimismo, en relación con las pretensiones objeto del proceso

dicha decisión quedó debidamente ejecutoriada. Observó el a quo que la mencionada controversia judicial estuvo atendida por las mismas partes que conforman el actual litigio, de manera que se configura la identidad de partes. Asimismo, en relación con las pretensiones objeto del proceso 2007-00319-00 y las presentadas en el actual proceso (2017-00547-01), son sustancialmente equivalentes respecto de los 1 Folios 332 a 341.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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actos administrativos demandados y el restablecimiento del derecho derivado de la declaratoria de nulidad de los mismos. Ahora bien, en el presente proceso el demandante incluye «nuevas pretensiones», no obstante, están relacionadas con el objeto de la demanda en el proceso 2007-00319-00, sin variar en su aspecto, pues el señor Arteaga Benavides sigue pretendiendo la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que resuelven su reclamo respecto de las prestaciones sociales pendientes de reconocimiento y pago. En ese sentido, concluyó el Tribunal que el proceso 2017-00547-00 versa sobre el mismo objeto de la demanda tramitada anteriormente bajo el radicado 2007-00319-00, máxime cuando así lo ha reconocido el demandante mediante memorial obrante a folio 265. De otro lado, manifestó que la situación fáctica expuesta en ambos asuntos es exactamente igual, incluyendo el mismo contexto de conflicto armado descrito por el demandante. Así las cosas, en el sub judice concurren los tres elementos estructurales de una cosa juzgada, cuyo objetivo es evitar que se someta a un nuevo control judicial los debates jurídicos frente a los cuales ya se emitió una decisión, en armonía con los principios de economía procesal, celeridad y de manera implícitaseguridad jurídica, por lo tanto, aunque la demanda no podría ser estrictamente rechazada por encontrarse configurada la cosa juzgada, de ello si deviene que el asunto no sea susceptible de control judicial, circunstancia última que sí se encuentra contemplada como causal de rechazo en el numeral 3 del artículo 169 del CPACA. Por último, el demandante manifestó encontrarse

convencido de la viabilidad de la demanda teniendo en cuenta que en la sentencia que se adjuntaba, la alta corporación había declarado que no se configuraba la cosa juzgada respecto de las providencias del 31 de julio de 2013 y 16 de diciembre de 2014, a saber, las que resolvieron la primera y segunda instancia en el proceso 2007-00319. En el efecto, en el fallo de tutela del 15 de diciembre de 2017, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió revocar la sentencia del 11 de septiembre de 2016, indicando que en el asunto constitucional –que fue el que se puso bajo su conocimiento, más no el ordinario- «no se configura la temeridadNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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ni la cosa juzgada respecto de las providencias del 31 de julio de 2013 y 16 de diciembre de 2014 proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». Sin embargo, al remitirse a la parte motiva, el Consejo de Estado claramente señaló que la cosa juzgada objeto de debate en ese momento, versaba sobre la «acción de tutela dirigida en contra de las providencias del 31 de julio de 2013 y 16 de diciembre de 2014[…]», es decir, las proferidas en el proceso ordinario, por cuanto desataba un segundo trámite constitucional en contra de las mismas, pero en ningún momento se refirió al objeto, causa e identidad jurídica de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en 2007 por el demandante. Para concluir, el Tribunal Administrativo del Meta expresó que, si en gracia de discusión no se hubiese configurado una cosa juzgada, la presente demanda tampoco sería susceptible de admisión, toda vez que, reconociendo el extenso paso del tiempo para el ejercicio del derecho de acción, el demandante solicita tener en cuenta su condición de víctima de desplazamiento forzado y otros actos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de dar aplicación a las excepciones jurisprudenciales para el término de caducidad del medio de control, contenidas en el auto del 30 de marzo de 2017 proferido por el Consejo de Estado en la Acción de Grupo núm. 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG), y el 26 de julio de 2011 proferido por el mismo alto tribunal en el proceso de reparación directa radicado 08001-23-31-000-2010-00762-01. Pues bien, la excepción invocada por el demandante no es aplicable al presente asunto, toda vez que ella está

de julio de 2011 proferido por el mismo alto tribunal en el proceso de reparación directa radicado 08001-23-31-000-2010-00762-01. Pues bien, la excepción invocada por el demandante no es aplicable al presente asunto, toda vez que ella está contemplada –tal y como lo señala la providencia citada por la parte actorapara aquellos «casos en los que las pretensiones se fundamentan en un daño de carácter continuado»2, verbigracia, como cuando lo que se pretende es la reparación de un daño causado a quien acuda a la jurisdicción, esto es, que las pretensiones se deriven directamente del daño alegado; mientras que en el presente asunto, las pretensiones se derivan del presunto menoscabo a los derechos del demandante causado al proferirse los actos administrativos acusados. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 26 de julio de 2011; Consejero ponente: Enrique Gil Botero; radicación: 08001-23-31-000-2010-00762-01 (41037).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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1.3. Recurso de apelación. El demandante presentó recurso de apelación contra la decisión del Tribunal que rechazó la demanda. En síntesis, expresó que no se configura cosa juzgada respecto del proceso de nulidad y restablecimiento tramitado en anterior oportunidad bajo el radicado 2007-00319, pues aunque se demandan los mismos actos administrativos que negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de cesantías, intereses a las cesantías y la sanción moratoria, en la presente demanda, dentro del radicado 2017-00547 se incluyen otras pretensiones con el fin de que se «reconozca la calidad de perseguido político en el marco del genocidio político en contra de la UP». Lo anterior, expresa el demandante, significa que pese a haber manifestado que la demanda 2007-0319 y 2017-0547 eran iguales no lo son porque en la segunda se incluyen otras pretensiones. De otro lado, reiterativamente afirmó que no hay lugar a decretar la «cosa juzgada» en el presente asunto porque en la sentencia del 15 de diciembre de 2017, dictada dentro de la acción de tutela 2017-01962-01, la Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo con claridad que no puede predicarse temeridad ni cosa juzgada respecto de las sentencias del 31 de julio de 2013 y 16 de diciembre de 2014, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia

Es competencia de esta corporación conocer el recurso de apelación formulado en primera instancia contra el auto del 12 de septiembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso. De otra parte, la Sala de Decisión es competente para proferir el auto, pues este se encuentra previsto en el numeral 3 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 125 ibídem. 2.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si ¿procede el rechazo de la demanda por haberse configurado la cosa juzgada de que trata el artículo 303 del Código General del Proceso?.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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Para resolver la cuestión se hace necesario referirse a la cosa juzgada. 2.3. La cosa juzgada. Es una institución jurídico procesal que permite tener certeza sobre lo decidido judicialmente dentro un pleito, en el sentido de que no puede ser debatido un mismo asunto en el que lo pretendido ya fue estudiado, analizado, se surtieron los actos procesales del caso y se resolvió de fondo, reabriendo un nuevo proceso sin que aquel tenga un fin. El Estado busca con este principio brindar seguridad jurídica y estabilidad en las sentencias, por lo que una vez ejecutoriadas, las ha dotado de un carácter inmutables, vinculantes, definitivas y coercitivas, siempre y cuando guarden protección y aval de los derechos fundamentales. Con ella se garantiza la confianza legítima sobre determinada materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes del proceso, terminando así la disputa de manera definitiva para que no se extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual los efectos que imprime la cosa juzgada, no habilitan al juez ni a las partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la controversia litigiosa que ya ha sido objeto de decisión. En el ordenamiento jurídico se han distinguido dos conceptos de cosa juzgada, la formal y la material, al respecto esta corporación ha indicado de la primera que «opera cuando la sentencia queda ejecutoriada, porque no se hizo uso de los recursos dentro del término de ley, o porque interpuestos estos, se resolvieron por parte de la autoridad correspondiente; aunque, cabe la posibilidad del ejercicio de algunos de los llamados recursos extraordinarios que se esgrimen contra las

providencias ya ejecutoriadas y, de la segunda, que tiene lugar cuando contra la sentencia no existe posibilidad alguna de recurso, bien porque contra el fallo no procede recurso alguno, bien porque el término del recurso extraordinario precluyó, o porque éstos fueron decididos de manera desfavorable»3. Por su parte, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, refirió: 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, magistrada, Ibarra, Vélez, Sandra Lisset, proceso número 25000 23 42 000 2012 01576 01. Interno:0561-2015.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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«Cuando una sentencia queda ejecutoriada, esto es, vencen los términos de notificación sin que se interponga en su contra recurso alguno, o cuando habiéndose interpuesto es resuelto, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada formal, es decir, dentro del mismo proceso no puede ser desconocido lo decidido en ella y debe ser cumplida la determinación; no obstante, mediante el empleo del recurso extraordinario de revisión o del de anulación si se trata de laudos arbitrales, es posible impugnar lo decidido, si se da alguna de las causales que lo permiten. […] Empero, cuando no existe posibilidad de impugnación, bien porque los términos para interponer el recurso extraordinario precluyeron, porque éste no es procedente, o porque se empleó y fue denegado, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada material, donde el fallo se torna inexpugnable que, en estricto rigor, es la verdadera cosa juzgada porque la decisión se torna inatacable y fatalmente serán inmutables4». En materia de lo contencioso administrativo el legislador dispuso en el artículo 189 del CPACA que los efectos de la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes, la que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Ahora, en el artículo 303 del Código General del Proceso, al que nos remitimos por disposición del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispuso que las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos tienen fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre i) el mismo objeto, ii) se funde en la misma causa que el anterior y iii) entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. De manera que para que una decisión alcance

ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos tienen fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre i) el mismo objeto, ii) se funde en la misma causa que el anterior y iii) entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. De manera que para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere que presenten las tres identidades, esto es: «Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.

4 López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, parte general. Páginas 674-675.Dupre Editores Ltda., 2017.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8

Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente. Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa»5. Por lo anterior, debe decirse que cuando un juez advierta dentro del conocimiento de un nuevo proceso que la controversia planteada ya fue objeto de pronunciamiento mediante sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada e identifique que se hallan los tres elementos mencionados, tendrá que abstenerse de tramitar y decidir de fondo el asunto, por haberse configurado la institución de la cosa juzgada, so pena de quebrantar el principio de seguridad jurídica, certeza y firmeza de las decisiones judiciales. 2.3. El caso concreto. El Tribunal Administrativo del Meta profirió auto por el cual rechazó la demanda por haberse configurado la cosa juzgada prevista en el artículo 303 del CGP. En el recurso de apelación el demandante afirma que no se configuró cosa juzgada respecto del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 2007-00319, pues aunque se demandan los mismos actos administrativos que negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de cesantías, intereses a las cesantías y la sanción moratoria, en la presente demanda con radicado

del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 2007-00319, pues aunque se demandan los mismos actos administrativos que negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de cesantías, intereses a las cesantías y la sanción moratoria, en la presente demanda con radicado 2017-00547 se incluyen otras pretensiones lo que significa que los dos procesos no guardan similitud en la causa petendi. 5 Sentencia Corte Constitucional C-774 de 2001, ponente: Escobar Gil, Rodrigo.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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Conforme con lo expuesto y descendiendo al caso en concreto la sala ha de verificar si entre el proceso 5000333100320070031902 y el sub lite se configuró la institución jurídico procesal de la cosa juzgada, por lo que se hace necesario realizar un paralelo a fin de identificar si se cumplen las tres identidades procesales antes mencionadas. - Identidad de partes Proceso anterior: acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 50001 33 31 003 2007 00319 02. Proceso actual: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 50001 23 33 000 2017 00547 01 Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides. Demandado: Municipio de Mesetas - Personería Municipal y Presidencia de la República. Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides.

Demandado: Municipio de Mesetas - Personería Municipal y Presidencia de la República. Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides. Demandado: Municipio de Mesetas - Personería Municipal. Del cotejo que precede se observa que el señor Francisco Basilio Arteaga Benavides ha sido el demandante en ambos procesos y que la entidad demandada fue el municipio de Mesetas y la Personería Municipal. Por tales lineamientos legales, es claro que existe identidad de partes, en los dos procesos judiciales, tanto en el sujeto activo como en el pasivo. - Identidad de objeto.

Proceso anterior: acción de nulidad y restablecimiento del derecho 50001 33 31 003 2007 00319 02 Proceso actual: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 50001 23 33 000 2017 00547 01 PRIMERO: Declarar nulo el acto administrativo del 10 de enero de 2007, emitido por el alcalde Municipal de Mesetas que negó la petición de reconocimiento y pago de acreencias laborales y el acto administrativo del 21 de mayo de 2004. SEGUNDO: Declarar nulo el acto administrativo emanado por el personero de Mesetas, oficio 030 de 7 de febrero de 2007. TERCERO: Declarar que la alcaldesa de Mesetas, quien tenía la dirección del orden público en la época de los hechos, incurrió en conducta omisiva al no continuar reajustando los presupuestos de personería para los respectivos años fiscales, dando cumplimiento al artículo 11 de la Ley 617 de 2000. CUARTO: Declarar que la Alcaldía de Mesetas debió desplegar conductas solidarias en pro de garantizar el funcionamiento de la personería y el respeto y protección de la vida e integridad física del personero como de su familia, por ende debió asumir comportamientos en pro de proteger

PRIMERO: Declarar que Francisco Basilio Arteaga Benavides es víctima de desplazamiento forzado, secuestro, exilio y persecución política en el marco del exterminio o genocidio político en contra de la «Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano». SEGUNDO: Dar aplicación a las excepciones jurisprudenciales al término de caducidad de la acción citadas en el auto del 30 de marzo de 2017, proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 25000-23-41-000-2014-01449-01. TERCERO: Declarar nula la Resolución 037 del 1º. de abril de 2004, mediante la cual la alcaldesa del municipio de Mesetas negó y omitió el reconocimiento de unas acreencias laborales CUARTO: Declarar nulo el Oficio del 21 de mayo de 2004, emitido por la alcaldesa y el personero de Mesetas, a través del cual se da respuesta al derecho de petición del 2 de abril de 2004. QUINTO: Declarar nulo el Oficio del 23 de junio de 2004, mediante el cual laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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mi vida e integridad física y asumir los gastos que se ocasionaron para mantener la función pública de la personería, en esos momentos difíciles; en consecuencia incurrió en desacato del artículo 2 Constitucional y 95 ibidem. Al no apropiar los recursos establecidos para el periodo de transición de la Ley 617 de 2000 o inyectar recursos para asumir y soportar esta difícil situación de caso fortuito y fuerza mayor (violencia generalizada generadas por grupos al margen de la ley) porque la vigencia y permanente servicio del organismo de control y vigilancia y ministerio público es una función propia del Estado, y que por lo tanto, corresponde a éste asumir tales costos para su plena vigencia. QUINTO: Declarar que la alcaldesa de la época y actual personero municipal incurrieron en acto abusivo y que debieron declararse impedidos para resolver mis peticiones, por existir grave enemistad de ellos hacia mí. SEXTO: Declarar que la alcaldesa y actual alcalde y personero municipal incurrieron en acto abusivo al negarse a cancelar los emolumentos laborales reclamados, aduciendo que no hay dinero y a la desproporcionalidad de la reclamación, cuando lo lógico era que ellos como entidades de derecho público debieron elaborar la respectiva liquidación de los derechos reclamados de acuerdo con la ley y efectuar el reconocimiento y posterior pago. En consecuencia desatendieron la jurisprudencia, sentencia de tutela de febrero 9 núm. 098 de 2004, proferida por la Honorable Corte Constitucional, que fue colocada en su conocimiento en las diferentes actuaciones. SEPTIMO: Declarar que el interés general no se

debe garantizar vulnerando derechos propios de un funcionario y por ende la administración municipal debió asumir una posición consecuente y solidaria con la personería y su personero, disponiendo los recursos transitorios de que trata el artículo 11 de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal 2001, 2002, 2003 y 2004 e inyectar recursos para soportar la situación de caso fortuito y fuerza mayor y no apropiarse de manera indebida. OCTAVO: Declarar que no es dable que la alcaldía o administración municipal y personería de Mesetas se apropie de los recursos que fueron destinados por este ex servidor de peculio personal, salario y demás derechos laborales para garantizar la vigencia de función pública, en tiempo que el orden público se encontraba turbado, por tanto ha incurrido en enriquecimiento sin justa causa. Y de

alcaldesa del municipio de Mesetas dio respuesta a «nuevas peticiones salariales y prestacionales». SEXTO: Declarar nulo el Oficio del 10 de enero de 2007, mediante el cual el alcalde de Mesetas da respuesta a la petición del 20 de diciembre de 2006, que refiere a la insistencia en el pago de las cesantías y demás derechos laborales del señor Francisco Basilio Arteaga. SÉPTIMO: Declarar nulo el Oficio 030 del 7 de febrero de 2007, proferido por el personero de Mesetas, mediante el cual da respuesta a la petición del pago de acreencias laborales. OCTAVO: Declarar que la alcaldesa de Mesetas, quien tenía la dirección del orden público en la época de los hechos, incurrió en conducta omisiva al no continuar reajustando los presupuestos de personería para los respectivos años fiscales, dando cumplimiento al artículo 11 de la Ley 617 de 2000. NOVENO: Declarar que la Alcaldía de Mesetas debió desplegar conductas solidarias en pro de garantizar el funcionamiento de la personería y el respeto y protección de la vida e integridad física del personero como de su familia, por ende debió asumir comportamientos en pro de proteger mi vida e integridad física y asumir los gastos que se ocasionaron para mantener la función pública de la personería, en esos momentos difíciles; en consecuencia incurrió en desacato del artículo 2 Constitucional y 95 ibidem. Al no apropiar los recursos establecidos para el periodo de transición de la Ley 617 de 2000 o inyectar recursos para asumir y soportar esta difícil situación de caso fortuito y fuerza mayor (violencia generalizada generadas por grupos al margen de la ley) porque la vigencia y permanente servicio del organismo de control y vigilancia y ministerio público es una función propia del Estado, y que por lo tanto, corresponde a éste asumir tales costos para su plena vigencia. DÉCIMO:

mayor (violencia generalizada generadas por grupos al margen de la ley) porque la vigencia y permanente servicio del organismo de control y vigilancia y ministerio público es una función propia del Estado, y que por lo tanto, corresponde a éste asumir tales costos para su plena vigencia. DÉCIMO: Declarar que la alcaldesa y actual alcalde y personero municipal incurrieron en acto abusivo al negarse a cancelar los emolumentos laborales reclamados, aduciendo que no hay dinero y a la desproporcionalidad de la reclamación, cuando lo lógico era que ellos como entidades de derecho público debieron elaborar la respectiva liquidación de los derechos reclamados de acuerdo con la ley y efectuar el reconocimiento y posterior pago. En consecuencia desatendieron la jurisprudencia, sentencia de tutela de febrero 9 núm. 098 de 2004, proferida por la Honorable Corte Constitucional, que fue colocada en su conocimiento en las diferentes actuaciones. ONCE: Declarar que el interés generalNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 50001-23-33-000-2017-00547-01 (6304-2019) Demandante: Francisco Basilio Arteaga Benavides

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