CE - 500012333000202300005011SENTENCIA20230831095605

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 500012333000202300005011 Recurso de apelación contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta

Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS

TESIS: NO SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE

CONCEJAL QUE SIENDO EMPLEADO DE COMPAÑÍA PRESTADORA DE

SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS Y SINDICALISTA AFILIADO A UNA

ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES AFINES A ESE SECTOR, CONFORMÓ COMISIÓN ACCIDENTAL DE ASUNTOS PETROLEROS Y ADELANTÓ DEBATE DE CONTROL POLÍTICO A LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DE ACACÍAS (META)

Y ECOPETROL S.A.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual denegó la pérdida de investidura del señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA , concejal del municipio de Acacías (Meta), por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

PINILLA TRIANA , concejal del municipio de Acacías (Meta), por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS , actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta) , por hechos sucedidos dentro del per íodo constitucional 2020 -2023, al considerar que incurri ó en la causal prevista en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de pérdida de investidura invocada:

Señaló que, durante el año 2020 , el accionado ejerció simultáneamente las siguientes actividades: (i) concejal electo del

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de pérdida de investidura invocada:

Señaló que, durante el año 2020 , el accionado ejerció simultáneamente las siguientes actividades: (i) concejal electo del municipio de Acacías (Meta) para el per íodo 2020 -2023; (ii) integrante de la Comisión Accidental de Asuntos Petroleros del Concejo Municipal de Acacías (Meta); (iii) vinculado como trabajador de la empresa de servicios integrados de mantenimiento industrial

STORK LATAM L.S. SUCURSAL COLOMBIA3, en adelante STORK;

(iv) miembro sindical y secretario de Promoción Social del

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”. 3 Disponible [en línea]: [ https://www.stork.com/es/colombia]: “[…] Stork en Colombia. Ofreciendo un amplio espectro de servicios industriales, Masa & Stork es una de las principales empresas de contratación de mantenimiento de Colombia. Los servicios industriales multidisciplinarios especializados de Stork ofrecen una alta satisfacción al cliente. Las expectativas y objetivos de nuestros clientes son clave para la forma en que operamos en las industrias a las que servimos: las industrias de energía, petróleo y gas, minería y refinación. Navegue a través de los servicios industriales a continuación para obtener más información sobre nuestras capacidades […]”.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESAS

OPERADORAS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO PETROQUÍMICA Y SIMILARES, en adelante SINDISPETROL, filial de la UNIÓN SINDICAL OBRERA, en adelante USO, en el área de influencia de ese ente territorial; (v) citante a los debates de control político, el 28 de febrero de 2020, a las agencias de empleo: AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO del municipio de Acacías (Meta), Agencia de Empleo LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR , en adelante COFREM y a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., en adelante ECOPETROL S.A.

Indicó que lo anterior le gener ó al concejal ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA un conflicto de intereses, pues además de actuar para su propio beneficio , con ocasión de sus vínculos y actividades simultáneas antes descritas, abogaba de manera directa por sus electores del “[…] área de influencia del sector petrolero […]” en Acacías, Guamal y Castilla la Nueva.

Manifestó que de conformidad con la información y documentos entregados al actor por el concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, mediante oficio de 8 de junio de 2020, está probado que

Acacías, Guamal y Castilla la Nueva.

Manifestó que de conformidad con la información y documentos entregados al actor por el concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, mediante oficio de 8 de junio de 2020, está probado que el accionado violó flagrantemente la prohibición contenida en la s leyes 136 y 617 de 6 de octubre de 20004, respecto del conflicto de interés.

4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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4 Sostuvo que lo anterior pone de manifiesto que el concejal ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA violó los artículos 70 y 55, numeral 2, de la Ley 136 y 48 de la Ley 617, al igual que los numerales 8 y 10 del artículo 48 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías (Meta), Acuerdo municipal núm. 427 de 9 de diciembre del 2016, razones de hecho y de derecho por las cuales debe decretarse la pérdida de su investidura.

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la

2016, razones de hecho y de derecho por las cuales debe decretarse la pérdida de su investidura.

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a dicha pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que en aquella el actor hace una interpretación subjetiva, errada y desacertada por cuanto las pruebas presentadas no pueden demostrar un conflicto de intereses.

Anotó que sus actuaciones, en ejercicio del control político, obedecen a intereses de carácter general y que jamás utilizó su investidura para favorecer o direccionar asuntos a su favor o de sus familiares, máxime que, adicionalmente, como miembro de SINDISPETROL, nunca mencionó su condición de miembro de dicha organización.

Sostiene que la actividad del concejal esta direccionada por una política de Estado que pro cura por la protección de los derechos de las personas al trabajo en zonas de influencia petrolera, por lo que no es posible atribuir le una conducta contraria a la ley, cuando es precisamente esta y sus decretos expedidos quienes han diseñado estrategias que garanticen los derechos de los trabajadores.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, denegó la

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, denegó la pérdida de investidura de l señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta), para lo cual señala, luego de hacer un recorrido del acervo probatorio obrante en el expediente, que el accionado se desempeñó como operador de facilidades de superficie para la empresa STORK desde el 24 de noviembre de 2017 hasta el 13 de enero de 2022. Que en ese período el accionado tomó posesión de su cargo de concejal, 22 de enero de 2020, y al día siguiente, -23 de enero-, inició en el cargo de secretario de Promoción Social de SINDISPETROL hasta el 17 de diciembre de 2020.

Indicó que el 12 de febrero de 2020 el concejal fue designado miembro de la Comisión Accidental de Asuntos Petroleros, siendo a la vez trabajador de la compañía STORK y, además, desempeñándose como secretario de Promoción Social de SINDISPETROL; que el 28 de feb rero de 2020 , fungiendo como miembro de esa Comisión Accidental, el concejal intervino en el debate de control político llevado a cabo con presencia de la AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO del municipio de Acacías (Meta) y

ECOPETROL S.A.

Sostuvo que del material probatorio no se desprende que el concejal haya tenido un interés particular y real en las intervenciones realizadas con relación a los asuntos petroleros, sino que

ECOPETROL S.A.

Sostuvo que del material probatorio no se desprende que el concejal haya tenido un interés particular y real en las intervenciones realizadas con relación a los asuntos petroleros, sino que simplemente estas hacen parte de la defensa del interés general deNúmero único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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6 los habitan tes del municipio de Acacías (Meta), por lo que no se configuraba la causal invocada de conflicto de intereses.

Agregó que la simple vinculación del accionado a la empresa STORK y al sindicato es un hecho que por sí solo no configura dicha causal, como quiera que debió acreditarse , fehacientemente, que su actuación no obedecía a la defensa del interés general sino que perseguía intereses privados, lo que no ocurrió en el caso concreto; y que, además, no se indicó ni se allegó prueba que demostrara que el accionado se benefició con su actuar, ni de qué manera lo hizo, por lo que las afirmaciones de la solicitud no pasan del terreno de las meras conjeturas sin ningún sustento probatorio.

Manifestó que observada con detenimiento la intervención del concejal en el debate de control político llevado a cabo el 28 de febrero de 2020, se tiene acreditado que su actuación no tenía otro fin diferente al de la defensa de los intereses de la comunidad de Acacías (Meta) frente a la actividad petrolera de la región; y que lo

febrero de 2020, se tiene acreditado que su actuación no tenía otro fin diferente al de la defensa de los intereses de la comunidad de Acacías (Meta) frente a la actividad petrolera de la región; y que lo mismo ocurre con el contenido del informe final de la Comisión Accidental de Asuntos Petroleros , en el que se encuentra una descripción de los temas antes referidos frente a la comunidad en general.

Concluyó que el concejal no tenía la obligación o deber legal de manifestar su impedimento frente a la designación realizada por el presidente del Concejo Municipal como miembro de la Comisión Accidental para Asuntos Petroleros, pues el hecho de labo rar para una empresa y pertenecer a un sindicato del sector petrolero, por sí solo no son constitutivos de esta causal, pues se requiere que laNúmero único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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7 conducta desplegada en su cargo persiga un interés diferente al general, lo cual no se acreditó por el solicitante.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El solicitante interpuso recurso de apelación en el cual pretende que se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a la pérdida de investidura del señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta) , para lo cual sostiene, como argumento novedoso, que aquel era trabajador de la

pérdida de investidura del señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, concejal del municipio de Acacías (Meta) , para lo cual sostiene, como argumento novedoso, que aquel era trabajador de la empresa STORK en el municipio de Acac ías (Meta), contratada y contratante de ECOPETROL S.A. , a quien obligatoriamente se le debía pagar con recursos públicos por ser esta última una Empresa Industrial y Comercial del Estado donde la Nación tiene la mayor participación, la que a su vez le pagaba salarios al concejal con dichos recursos, violándose así la prohibición de percibir recursos públicos al mismo tiempo por dos vías distintas.

Reitera que el accionado era integrante de la Comisión Accidental de Asuntos Petroleros del Concejo Municipal de Acacías (Meta) durante todo el año 2020 y miembro sindical de SINDISPETROL, con jurisdicción en Acacías (Meta) y toda el área de influencia del sector petrolero, por lo que era deber legal del concejal haber declarado, previamente, su impedimento ante su inmediato superior jerárquico que es la plenaria del Concejo, para que en esa instancia se hubiera resuelto el mismo, bien aprobándolo o bien negándolo, pero debía haber cumplido con ese requisito y no lo hizo.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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8 Insiste en que al concejal le pareció fácil ser citante de un debate de

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8 Insiste en que al concejal le pareció fácil ser citante de un debate de control político de tal envergadura, sin declarar que podía ten er un conflicto de intereses por los resultados a obtener y, efectivamente obtenidos, de los que se benefició al punto que pudo mantener su vínculo laboral hasta casi todo el año 2022, en desarrollo de una competencia que les otorga la ley en dicha corpora ción pública , control político al cual no pueden rehusarse quienes sean citados so pena de ser objeto de investigaciones; que en este caso el accionado fungió como : a) concejal electo de Acacías (Meta) 2020-2023, b) empleado de STORK y se beneficiaba de esa condición, como la de ser también c) líder sindical de SINDISPETROL, d) integrante de la Mesa Directiva del Concejo de Acacías (Meta) , e) integrante de la Comisión de Asuntos Petroleros , -creada para esos asuntos exclusivamente-, pergaminos todos que le daban la exaltación ante los citados y, por eso, al ser ‘juez y parte’ debió declararse impedido para no incurrir en el conflicto de interés que regula y señala la Ley.

Anota que el objeto del control político es claramente un juicio que se le hace a quienes son allí citados con ocasión de sus actividades, por lo que al ser el Concejo y los concejales los voceros de la ciudadanía, deben mantener total independencia para que su s actuaciones puedan mantenerse al margen de cualquier interés personal, como evidentemente quedó probado con su actuación; y

por lo que al ser el Concejo y los concejales los voceros de la ciudadanía, deben mantener total independencia para que su s actuaciones puedan mantenerse al margen de cualquier interés personal, como evidentemente quedó probado con su actuación; y que al ser citante del control político , ejerció un poder intimidante ante las empresas petroleras, la estatal Ecopetrol, las agen cias de empleo y la misma comunidad que lo advirtieron como el promotor de la defensa de sus derechos , desconociendo la mayoría de las empresas y ciudadanos , durante ese día de la sesión de control político, las cinco condiciones de privilegio que mantenía el concejal.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14, numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, no fue descorrido por el accionado ni por el Agente del Ministerio Público.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Respecto del nuevo cargo incluido por el apelante en su recurso, relativo a que el accionado violó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, por cuanto el salario que recibía en la empresa STORK provenía del pago de los contratos suscritos por esta con ECOPETROL S.A. , Empresa Industrial y

relativo a que el accionado violó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público, por cuanto el salario que recibía en la empresa STORK provenía del pago de los contratos suscritos por esta con ECOPETROL S.A. , Empresa Industrial y Comercial del Estado en la que la Nación tiene una participación mayoritaria, lo que significa, presuntamente, que también percibía recursos públicos por esta vía, además de los correspondientes a su labor de concejal municipal de Acacías (Meta), la Sala advierte que se abstendrá de proferir pronunciamiento alguno por tratarse de un argumento no expuesto en la solicitud de desinvestidura inicial, por lo que su formulación en el escrito de alzada resulta extemporáneo e impide su oportuna discusión y debate probatorio, ello en garantía de los principios del debido proceso, contradicción y congruencia.

Dicho lo anterior, le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del recurso de apelación interpuesto y en consonancia con

5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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10 la solicitud inicial, si el concejal municipal de Acacías (Meta), señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA , incurrió en la causal

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10 la solicitud inicial, si el concejal municipal de Acacías (Meta), señor ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA , incurrió en la causal prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136, esto es la violación del régimen de conflicto de intereses al haber citado a debate de control político a la AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO de Acacías (Meta) y ECOPETROL S.A., así como haber participado en su realización el 28 de febrero de 2020, -sin declararse impedido-, con el fin de atender la problemática laboral en el área de influencia de ese ente territorial, ostentando para ello sus condiciones simultáneas de miembro de la Comisión Para Asuntos Petroleros de esa corporación pública, empleado de la empresa STORK y secretario de Promoción Social del sindicato SINDISPETROL.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de concejales6

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por: (...)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación 05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación 25000231500020190021701.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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11 “[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición

en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al conflictos de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizarNúmero único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizarNúmero único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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12 investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Con tencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido de la causal en comento y su incursión en sede judicial, consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de controversias de desinvesti dura de congresistas de la República, orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de controversias de desinvesti dura de congresistas de la República, orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011 , de la Sala Plena, se recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen los arts. 182 y 183.1 de la C.P. , poseen un contenido mínimo clarificador, que es importante destacar a continuación antes de abordar el caso concreto:

1. El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue caracterizando la institución.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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1. La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a

tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones respectivas…’.”

1. El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto de intereses del congresista demandado que par ticipó en la correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de interés que puede presentarse en un asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha

correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de interés que puede presentarse en un asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha precisado la Sala Plena7, los miembros del Congreso tienen otras funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón, ha dicho la Sala8, que la situación de conflicto debe analizarse en cada caso específico, para determinar si las particulares circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen con el interés comprometido en el asunto o materia en el que intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 1100103-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa Briceño7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de 2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.Número único de radicación: 50001 23 33 000 2023 00005 01

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En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse por la participación o votación en una decisión o asunto de que conozca el Congreso de la República, sea que se trate de deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de intereses para conocer y participar