CE - 500013333007201800322011AUTOQUERESUEL20230509093120

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Detalles

Título
CE - 500013333007201800322011AUTOQUERESUEL20230509093120
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Impedimento - Ley 1437 de 2011

Radicación: 50001 33 33 007 2018 00322 01 (2248-2023)

Demandante: John Hernando Reyes Ochoa

Demandado: Fiscalía General de la Nación

. Tema: Bonificación judicial

RESUELVE IMPEDIMENTO __________________________________________________________________

Decide la Subsección 1 el impedimento que manifestaron los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, para conocer del asunto de la referencia.

1. Antecedentes 1.1. La demanda

El señor John Hernando Reyes Ochoa , actuando por intermedio de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se inaplique por inconstitucional la expresión « y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013.

También solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio 30900-248 del 13 de diciembre de 2017, emitido por el subdirector Regional

contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013.

También solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio 30900-248 del 13 de diciembre de 2017, emitido por el subdirector Regional de Apoyo – Orinoquía de la Fiscalía General de la Nación; y ii) Resolución 2-0752 del 8 de marzo de 2018, proferida por la subdirectora de Talento Humano de esa

1 En sesión virtual de Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, celebrada el 11 de junio de 2020, se definió que la resolución de impedimentos manifestados por los Tribunales Administrativos del país sería resuelta por la subsección a la que pertenezca el magistrado al que le correspondió por reparto el proceso.2

Radicado: 50001 33 33 007 2018 00322 01 (2248-2023) Demandante: John Hernando Reyes Ochoa entidad, mediante los cuales se negó el reconocimiento de la bonif icación judicial creada por el Decreto 382 de 2013, como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales.

1.2. La manifestación de impedimento

Los magistrados del Tribunal Administrativo de l Meta manifestaron que se encuentran incursos en la causal de impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del Código General del Proceso, 2 pues les asiste interés indirecto en las resultas del proceso, pues los criterios que en la sentencia se lleguen a tener en cuenta para considerar que la bonificación judicial es factor salarial para liquidar las prestaciones, podrían ser los mismos para determinar los efectos similares frente a la bonificación por compensación, que ellos perciben.

2. Consideraciones

cuenta para considerar que la bonificación judicial es factor salarial para liquidar las prestaciones, podrían ser los mismos para determinar los efectos similares frente a la bonificación por compensación, que ellos perciben.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el numeral 5.º del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 3 la Sala es competente para resolver el impedimento que manifestaron los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta.

2.2. Análisis de la Subsección

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden comprometer su criterio en la decisión y, por otra parte, constituye una garantía de

2 «Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso». 3 «Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrati vo, el expediente se enviará a la Sección o Subsección del Consejo de Estado que conoce la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes d eberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite».3

Radicado: 50001 33 33 007 2018 00322 01 (2248-2023) Demandante: John Hernando Reyes Ochoa imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite en los casos puestos en su conocimiento.

Demandante: John Hernando Reyes Ochoa imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite en los casos puestos en su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de taxativas y de aplicación restrictiva; son una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional; se encuentran debidamente delimitadas y no pueden ampliarse discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

El artículo 130 del CPACA establece como causales de impedimento y recusación para los magistrados y jueces administrativos, entre otras, la señalada en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

[…]

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

[…]

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que, una vez confrontada la causal invocada con las razones expuestas, se estima que a los magistrados del Tribunal Administrativo de l Meta les asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, teniendo en cuenta que la discusión que se plantea se refiere a la rel iquidación y pago de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial, respecto de la cual se pretende una incidencia salarial para todos los efectos prestacionales; por ende, persiguen similar interés que la parte demandante en su ca lidad de funcionarios de la Rama Judicial, pues tal connotación también se predica respecto de la bonificación por compensación

salarial para todos los efectos prestacionales; por ende, persiguen similar interés que la parte demandante en su ca lidad de funcionarios de la Rama Judicial, pues tal connotación también se predica respecto de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, que ellos perciben.

Así las cosas, se les separará del conocimiento del asunto de la referencia en procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996, y se ordenará el sorteo de los conjueces que deberán resolver la controversia.4

Radicado: 50001 33 33 007 2018 00322 01 (2248-2023)

Demandante: John Hernando Reyes Ochoa

Debido a lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Resuelve:

Primero. Declarar fu ndado el impedimento que manifestaron los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Meta. En consecuencia, se les separa del conocimiento del presente asunto.

Segundo. Devolver el expediente al tribunal de origen, para que proceda a sortear los conjueces que habrán de reemplazarlos.

Notifíquese y cúmplase

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI . En consecuencia, se

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI . En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

AMVM/DDG

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