CE-52001-23-31-000-2007-00081-01(2551-08)-2011

SUPRESION DE CARGO – Es causal legal de retiro del servicio / SUPRESION DE CARGO – Justificación. Estudio técnico La supresión e incorporación de empleos debe entenderse como una causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público, que se encuentra justificada por la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir. Del contenido Estudio Técnico se dedujo que la reorganización de la planta de personal era indispensable para buscar metas de eficiencia y eficacia, ajustar las necesidades de recurso humano y especialmente, la reducción de la capacidad financiera de la entidad reestructurada. De acuerdo con lo señalado, la supresión de los empleos allí denominados, obedeció a razones de índole técnico, no al capricho o decisión arbitraria de la entidad. Una de las formas de racionalizar los gastos del ente territorial consistía en introducir una reforma sustancial a la planta de personal, lo que necesariamente implicó suprimir empleos. Esta dinámica, a la que se vio obligada la entidad, respondió a motivos de índole institucional y de mejora del servicio y no a la violación de la estabilidad relativa de los empleados de carrera.

FUENTE FORMAL: LEY 443 DE 1998 – ARTICULO 41 / DECRETO 1572 DE 1998 – ARTICULO 149

NORMA DEMANDADA: ACUERDO 23 DE 2001 (14 DE

AGOSTO) INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE

NARIÑO (NO NULO)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil once (2011).- Radicación número: 52001-23-31-000-2007-00081-01(2551-08)

Actor: ELVIA TERESA PALACIOS REVELO Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DE NARIÑO AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 25 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda incoada por los ciudadanos Elvia Teresa Palacios Revelo, Luz Marina

Peña Portilla, Ilia Marina Fuelantala Hernández, Carmen Examina Álvarez Pantoja, Gloria Josefina Erazo de Portillo, Mercedes Guerrero de Delgado y Jesús Omar Bastidas Hidalgo, quienes a través de apoderado, en Acción Pública de Nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. solicitaron la nulidad del Acuerdo No. 023 de 14 de agosto de 2001, expedido por el Departamento de Nariño, Instituto Departamental de Salud.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA Y SUS FUNDAMENTOS En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, a través de apoderado, los demandantes solicitaron la nulidad del Acuerdo No. 023 de 2001, expedido por Junta Directiva de la entidad, por medio de la cual se suprimieron unos cargos de la planta de personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño,

como era el caso de los trabajadores de servicios generales y de mantenimiento (fls. 2-8). Fundamentaron sus pretensiones con base en los siguientes hechos: El Instituto Departamental de Salud fue creado por el Gobernador del Departamento a través del Decreto No. 401 de 1993 por facultades especiales concebidas mediante Ordenanza No. 004 de 1992 como establecimiento público del orden departamental. Con el fin de adaptarlo a las necesidades y funciones para este tipo de organismos, fue reestructurado por lo que, mediante los respectivos actos administrativos se incorporó su planta de personal. Para el año 2001, la entidad, argumentando falta de calidad en su planta de personal, procedió a efectuar una redistribución de cargos sin haber realizado un estudio técnico previo, conforme a las normas legales especiales que regulan la carrera administrativa; fue sí como el 14 de agosto de 2001 procedió a suprimir 54 cargos de carrera administrativa y 35 cargos de trabajadores de servicios generales y de mantenimiento. El retiro masivo de funcionarios de carrera administrativa obedeció a intereses personales del Director pues, se desvinculó excelentes empleados para poner otros de menor perfil o categoría y, además, recomendados; no se estudió los antecedentes personales y laborales de los desvinculados, ni la trayectoria dentro de la entidad ni mucho menos que habían personas a punto de alcanzar la pensión de jubilación. El Acuerdo acusado fue expedido con desviación de poder, pues lo que buscó era desvincular ciertos funcionarios de carrera con el argumento de que su perfil no se consideraba necesario para el cumplimiento de las actividades de la Institución, y con falsa motivación porque argumentando situaciones que no fueron reales y sin un estudio técnico, se afectaron

derechos de los funcionarios de carrera administrativa. NORMAS VIOLADAS El actor consideró violadas las siguientes normas: De la Constitución Política: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53, 83, 121 y 125; 2, 3, 30 y 36 del Decreto 01 de 1984; 1, 2, 7, 13, 30, 37 y 40 de la Ley 443 de 1998; 44 a 52 del Decreto 1568 de 1998; 34 a 36 del Decreto 1569 de 1998; 3-2, 10, 11, 13, 26, 36 a 42, 104 a 119, 133, 135, 136, 148 a 150 del Decreto 1572 de 1998; 6 del Decreto 2504 de 1998. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - La Directora del Instituto Departamental de Salud, a través de apoderado, contestó la demanda indicando que los argumentos propuestos estaban dirigidos a la inconformidad respecto de la desvinculación de los actores por lo tanto, no debieron alegar esta acción sino que debieron demandar, en tiempo oportuno, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 55-65). Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo demandado pues fue expedido con el lleno de los requisitos legales; indebida escogencia de la acción y formulación de la demanda; necesidad de racionalización del gasto de la reestructuración administrativa; y cosa juzgada para el caso del señor Jesús Omar Bastidas Hidalgo a quien el Tribunal de Nariño, mediante sentencia de

11 de diciembre de 2006, le fue resuelta su situación frente a los mismo hechos. Indicó que era falso que no existiera un estudio técnico, que la reestructuración administrativa que se dio y que se mantiene en la entidad, lo que permitió es que el Instituto saliera adelante en su función administrativa y que los cargos que se suprimieron se indemnizaron de conformidad con la ley. - El Departamento de Nariño, a través de apoderada, reiteró los argumentos de su entidad descentralizada, oponiéndose a las pretensiones de la demanda por considerar que la reestructuración de la entidad se ajustó a la ley y al estudio técnico elaborado previamente. Propuso además de las ya señaladas, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva pues el acto administrativo demandado no fue expedido por el Departamento sino por una entidad descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal. La administración pública está facultada para adecuar su funcionamiento a las necesidades del servicio por lo que está legitimada para crear, modificar, reorganizar y suprimir los cargos de su planta de personal, cuando las necesidades públicas o las restricciones económicas se lo impongan. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal Administrativo de Nariño declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; no probadas las demás propuestas y negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos (fls. 443-455): Unos de los temas más controvertidos en la justicia Contenciosa Administrativa, es el de la denominada teoría de los motivos y finalidades

que analiza la procedencia de la acción pública de nulidad sin tener en cuenta la naturaleza del acto administrativo, es decir, que no depende del carácter general o particular del acto acusado, sino de los motivos y finalidades que al incoarla persigue el actor. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, los requisitos para que los actos con contenido particular y concreto puedan ser susceptibles de enjuiciamiento a través de la acción de nulidad son : i) que en la demanda no se evidencie interés diferente del de proteger la legalidad, que no involucre finalidad subjetiva alguna; ii) en el evento de prosperar la pretensión de nulidad, en principio, no se desprende reestablecimiento del derecho; iii) lo que lo diferencia de la acción del artículo 85 del C.C.A. es el interés para promoverla, es decir, la legalidad o la lesión en un derecho amparado en una norma jurídica y el restablecimiento de dicho derecho; y iv) que los actos enjuiciados tengan interés para la comunidad. Por el acto administrativo acusado se crearon “situaciones particulares que, aunque no están determinadas, si resultan determinables, pero en todo caso susceptibles de control judicial por vía de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo” (sic); por lo tanto, la excepción de indebida escogencia de la acción no prosperó. Extractó apartes del estudio técnico anexado al proceso donde, se concluyó que el recurso humano no acompañaba la misión, visión y principios corporativos del Instituto, además de que la carga laboral era excesiva lo que ocasionó duplicidad de cargos en unos casos, personal

sin funciones en otros, lo que afectaba la sostenibilidad económica de la entidad. Indicó que la parte demandante no demostró la falsa motivación ni la desviación de poder ya que era a los demandantes a quienes correspondía la carga de la prueba pues, pretender demostrar este vicio con la sola argumentación de la demanda no es suficiente; al contrario, el estudio técnico revela que se hizo un análisis ponderado para adoptar la decisión de reestructurar la entidad sin que se pueda entrever fines políticos como los señalado. Tampoco se dio violación a la regla de derecho sustancial con la expedición el Acuerdo pues, el hecho que se haya suprimido cargos de carrera administrativa, por sí sólo, no entraña vulneración de derechos laborales ya que se encontró justificada la reestructuración, además que esta necesidad fue corroborada con testimonios, por quienes participaron en el estudio técnico. En cuanto a la cosa juzgada, para uno de los demandantes, indicó que no se anexó al proceso copia auténtica del fallo proferido por el Tribunal Administrativo y que, además, por ser esta una acción de simple nulidad y no de restablecimiento del derecho, la decisión adoptada en otro expediente, si la hubo, no podría afectar al implicado pues la finalidad de la acción pública es el respeto del principio de legalidad de los actos administrativos en abstracto, en interés común y no únicamente respecto de las personas que promovieron la demanda. EL RECURSO DE APELACIÓN Los demandantes, a través de apoderado, sustentaron el recurso de alzada con los siguientes argumentos (fls. 459-462): No dio el a quo una correcta valoración a toda la evidencia recaudada, como

deber primordial para establecer la responsabilidad de la entidad demandada, además, dio valor probatorio a unos cuantos testimonios de ex funcionarios de la entidad, pero, sin detenerse a analizar en forma imparcial sus versiones y violando el derecho sustancial. No observó la entidad los principios que gobiernan toda actuación como el de imparcialidad y de la buena fe contenidos en el Decreto Ley 01 de 1984. La acción de simple nulidad busca sacar al acto enjuiciado del mundo jurídico, si el juzgador encuentra mérito para ello, esto fue lo que los actores solicitaron pues, el Acuerdo demandado quebrantó el ordenamiento jurídico y, además, fue expedido irregularmente con violación de los artículos 149 y 150 del Decreto 1572 de 1998 ya que intervinieron terceras personas y organismos interesados en la producción del mismo como el Sindicato ANTOHC quien junto con el Director señalaron quienes se reincorporaban y quienes se retiraban y, además, se comprometió a hacer firmar el oficio de notificación de retiro de los funcionarios. En el proceso de reestructuración, el Director del Instituto se comprometió a reincorporar algunos funcionarios de carrera administrativa dentro de los seis (6) meses siguientes; sin embargo, no lo cumplió y fue precisamente esta circunstancia la que hizo que los interesados no demandaran su retiro o desvinculación dentro del término legal de los cuatro (4) meses, argumento que usó la demandada al señalar que si los interesados no estaban de acuerdo, debieron demandar en tiempo; pero como demandar si estaban en la espera?. Se hizo un Estudio Técnico que resulta un contrasentido si se tiene en

cuenta que se dieron algunos casos irregulares como el de la señora Carmen Álvarez Pantoja quien se encontraba próxima a jubilarse, sin embargo fue retirada del servicio, o el de Gloria Josefina Eraso a quien se retiró y luego se volvió a contratar a través de una Cooperativa; es decir, debió tener en cuenta el Tribunal el principio de la carga de la prueba en su doble aspecto. Concluyó que al no haber una valoración de las pruebas aportadas, se incurrió en vía de hecho por parte del Tribunal y que, los demandantes, con la presente acción pretendían se protegiera el interés jurídico general y no particular pues, la entidad tuvo un manejo irregular a través de sus funcionarios, quienes usando determinados argumentos y frases técnicas señaladas en la ley, usaron sus poderes para otros fines. EL MINISTERIO PÚBLICO El procurador Segundo Delgado ante el Consejo de Estado, presentó escrito en el que solicitó negar las súplicas de la demanda por considerar que no se desvirtuó la legalidad del Acuerdo demandado (fls. 484-495). Consideró que contrario a la señalado por los demandantes, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, sí realizó el estudio técnico respectivo tendiente a reestructurar su planta de personal, ante la grave crisis económica por la que atravesaba esa entidad, el cual constituye un requisito sine qua non para adelantar dicho proceso. Dicho estudio constituyó un verdadero diagnóstico de la entidad que permitió optimizar su función, disminuir el costo de infraestructura del recurso humano y prestar un mejor servicio. Es decir, aparece probado en el plenario que se cumplió con la Ley 443 y sus decretos reglamentarios por la entidad, por lo

tanto, la falsa motivación alegada, no se encuentra demostrada. Concluyó que los casos de las señoras Eraso y Pantoja debieron ser discutidos en un proceso de restablecimiento del derecho pues esos derechos afectados no se podían discutir en una simple nulidad. CONSIDERACIONES Problema Jurídico El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala, consiste en determinar si el acto administrativo acusado está incurso en violación de las normas superiores, al suprimir los cargos que venían ocupando, entre otras personas, los demandantes, socavando sus derechos laborales derivados de la carrera administrativa. Acto demandado El Acuerdo No. 23 de 2001, expedido por la Junta Directiva del Instituto Departamental de Salud de Nariño, según el documento aportado al proceso, prevé: “Acuerdo N. 023 de 14 de agosto de 2001 Por el cual se suprime unos cargos de la Planta de Personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño. LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, en uso de sus atribuciones legales y Considerando: Que mediante Acuerdo Número 021 del 8 de agosto de 2001, LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, fija el Plan de Cargos y Asignaciones del Instituto Departamental de Salud para el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2001. Que el PRIYECTO DE MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y AJUSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, contempla la supresión de los cargos que

por necesidades del servicio y nuevos procesos de reorganización administrativa ya no corresponden a la misión y visión del I.D.S.N., como es el caso de los trabajadores de Servicios Generales y de mantenimiento, así como también de algunos cargos de carrera administrativa que actualmente se encuentran ocupados con base en nombramientos provisionales que no se consideran indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y otros cargos de Carrera Administrativa que por el perfil y la justificación anteriormente anotada no se consideran necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Institución. Que existe la disponibilidad presupuestal Código 2110110 “Indemnización de personal” en el presupuesto de la actual vigencia año 2001. Que en el PROYECTO anterior, se encuentran identificados los cargos objeto de supresión. Que con base en las anteriores consideraciones se hace necesario determinar los cargos que se suprimen en la entidad. ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO.- Suprimir de la Planta de Personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño a partir del 15 de agosto de 2001 los siguientes cargos de carrera administrativa.

CÓDIG CARG NÚMERO SUELDO

O O DE MENSUA CARGOS L 335 Profesional 2 1.446.442 Especializado 340 Profesional 2 1.335.178 Universitario 340 Profesional 4 1.251.230 Universitario 340 Profesional 3 1.223.913 Universitario 340 Profesional 4 1.001.383 Universitario 340 Jefe de División 3 1.758.115 401 Técnico 4 971.278

401 Técnico 7 707.589 401 Técnico 1 848.691 401 Técnico 1 659.960 401 Técnico 1 1.323.957 565 Auxiliares 6 558.847 525 Secretarias 3 802.814 Ejecutivas 527 Auxiliares de 3 558.847 Laboratorio 540 Secretaria 4 550.576 565 Aux. Salud 1 558.847 Familiar y comunitaria 545 Supervisor 1 826.081 555 Auxiliar de 2 683.772 Enfermería 615 Celador 1 430.314 605 Aux. de 1 430.314 Servicios Generales

TOTA 5

L 4 ARTÍCULO SEGUNDO.- Suprimir de la Planta de Personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño, a partir del 10 de agosto de 2001, los siguientes cargos de trabajadores de servicios generales y de mantenimiento:

CÓDIGO CARGO NÚMERO SUELD

DE O CARGOS MENS UAL 62 Conductor 3 0 Auxiliar 1 65 53 Aux. Salud 1 3 Familiar y comunitaria 60 Aux. de Servicios 2 5 Generales 61 Celador 1 5

TOTAL 8

ARTÍCULO TERCERO.- Suprimir de la Planta de Personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño, a partir del 15 de agosto de 2001, los siguientes cargos de trabajadores de servicios generales y de mantenimiento: CÓDIGO CARGO NÚMERO DE SUELDO CARGOS MENSUAL 625 Operarios 2 515.833 620 Conductor 9 509.267 565 Auxiliar 1 430.314

605 Aux. de 8 430.314 Servicios Generales 615 Celador 6 430.314 401 Técnico 1 659.960

TOTA 27

L ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” Solución al problema jurídico. Alegan los demandantes que el Acuerdo es nulo por cuanto fue proferido en forma irregular, ilegal e injusta ya que: i) se dio con desviación de poder, pues se persiguió un fin diferente de aquel que le asignó la ley ya que con la expedición de los actos administrativos lo que se buscó fue desvincular ciertos funcionarios de carrera con el argumento de que su perfil no se consideraba necesario para el cumplimiento de las actividades de la Institución; ii) con falsa motivación porque argumentó situaciones que no fueron reales para terminar las relaciones reglamentarias, sin realizar un estudio técnico de acuerdo con lo establecido para los funcionarios de carrera administrativa; y iii) con violación del derecho sustancial, pues al Acuerdo se expidió afectando los derechos que tienen los funcionarios de carrera administrativa y, además, hubo aplicación indebida de normas legales en relación con dichos empleados. Señaló que “en nuestro Estado de Derecho, la administración debe sujetarse al ordenamiento jurídico y el derecho que tienen los administrados de exigir ese acatamiento, eventualidad, que de no cumplirse, acarrea una sanción que para la administración podrá ser la nulidad por ilegalidad y/o la responsabilidad” (sic). Trascribió las normas constitucionales señaladas como violadas para indicar que las autoridades administrativas deben ceñirse a la

Constitución y la ley para cualquier procedimiento so pena de incurrir en desvío de poder. Cuando la Junta Directiva del Instituto Departamental de Salud de Nariño expidió el Acuerdo No. 023 de 2001, violó las normas que consagran los derechos para los empleados de carrera administrativa, entre ellos la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso. Que se vulneraron los derechos de los empleados a participar con criterios de igualdad y equidad en las reestructuraciones, pues no se permitió que otras entidades participaran en tal proceso como el sindicato y no directamente los trabajadores; y que no se tuvo como regla principal el mérito, lo que implica un desconocimiento de que permanencia en los cargos de carrera está determinada por la demostración permanente de las calidades académicas y la experiencia. El estudio técnico del Instituto no se hizo como lo ordena el Decreto 1572 de 1998 pues sólo existía un “Proyecto de Mejoramiento, Fortalecimiento y Ajuste de Gestión Administrativa” que, además, no tuvo en cuenta los antecedentes personales y laborales de los funcionarios de carrera administrativa como los demandantes pues, no se hizo dentro de un criterio de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. La Sala encuentra que los cargos de anulación propuestos no están llamados a prosperar, por las siguientes razones: El Acuerdo antes mencionado, como se lee de sus considerandos, se soportó en el Acuerdo 21 del 8 de agosto de 2001, que obra de folios 269 y 270, por medio del cual fijó “el plan de cargos” y asignaciones de Instituto Departamental de Salud de Nariño y en el artículo 3º, le otorgó las facultades

al Director de dicho Instituto de distribuir los cargos de la planta global y de ubicar al personal conforme a la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, en el cual todos los funcionarios, servidores públicos y todas las ramas del poder público tienen sus atribuciones expresamente señaladas y delimitadas por las normas que estructuran el ordenamiento jurídico; por ello, nadie puede tomar para sí facultades, atribuciones o competencias que no le han sido señaladas en la Constitución, en las leyes o en los reglamentos, como lo previene el artículo 122 de la Carta Política. El inciso 1 del artículo 209 de la Constitución estableció el fin y los principios con arreglo a los cuales se debe cumplir la función administrativa. “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…).”. (subrayado fuera de texto). De acuerdo con esta norma la función administrativa se debe ejercer consultando el bien común; esto es, persiguiendo objetivos que van más allá del interés particular del titular de la función, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la Ley, en especial en el artículo 2 de la Carta Política: “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”. La importancia de estos fines respecto del ejercicio de la función administrativa consiste en que son criterios que deben guiar la actuación de las autoridades, de manera que el ejercicio de sus competencias se avenga con los propósitos del Estado Social de Derecho. De acuerdo con estos supuestos, la supresión e incorporación de empleos debe entenderse como una causa legal de retiro del servicio de los empleados del sector público, que se encuentra justificada por la necesidad de adecuar las plantas de personal de las distintas entidades públicas a los requerimientos del servicio para hacer más ágil, eficaz y eficiente la función que deben cumplir. En el mismo orden, el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 dispone:

“ARTICULO 41. REFORMA DE PLANTAS DE PERSONAL.

Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la

reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional, incluidos sin excepción los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública llevará el balance de cargos deficitarios que, requiriéndose para el cumplimiento de los fines de las entidades nacionales, no hubiere sido posible crearlos en las respectivas plantas de personal por razones de orden presupuestal. Dicho balance se justificará en estudios técnicos de planta consultando exclusivamente las necesidades del servicio y las técnicas de análisis ocupacional con prescindencia de cualquier otro concepto1. [El parágrafo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-372-99 de 26 de mayo de 1999, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.]. Por su parte, el artículo 149 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el artículo 7º del Decreto 2504 de 1998, señaló: “Artículo 149. Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:

1. Fusión o supresión de entidades.

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones

generales de la entidad.

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.

7. Introducción de cambios tecnológicos.

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad.

9. Racionalización del gasto público. 10.Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades públicas.

PARÁGRAFO: Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros 1 El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C994-00 de 2 de agosto de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.”.

Para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se hallaba vigente la Ley 443 de 1998, y su artículo 41 ya había sido reglamentado por el Decreto 1572, normatividad que fijó los parámetros y procedimientos para la modificación de plantas de personal, modificado a su vez, en algunas de sus disposiciones, por el Decreto 2504 de 1998. En el año 2001, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a través de un

equipo multidisciplinario, elaboró un estudio técnico, documento este que sirvió de base para discutir la reestructuración de dicho ente descentralizado por parte de la respectiva Junta Directiva, cuyo producto final lo comporta la reestructuración administrativa ordenada por el Acuerdo 21 del 8 de agosto de 2001 y, con base en dicho estudio, también la supresión de algunos cargos de la planta de personal ordenada por el Acuerdo demandado No. 23 del 14 de agosto de 2001. Del contenido Estudio Técnico se dedujo que la reorganización de la planta de personal era indispensable para buscar metas de eficiencia y eficacia, ajustar las necesidades de recurso humano y especialmente, la reducción de la capacidad financiera de la entidad reestructurada (folio 97) 2. 2 El estudio se justificó en los siguientes términos: “Para el caso del Instituto Departamental de la Salud, el problema se identifica por el poco compromiso de los funcionarios, teniendo en cuenta que la efectividad de una organización está dada por la eficacia y la eficiencia, es decir, por los procesos que permiten realizar una acción y los resultados cualificados y cuantificados de los funcionarios, para lo cual es importante resaltar que la maximización no se mide por la cantidad de personas que laboran en la Institución. El número de funcionarios no está relacionado con la efectividad sino que se asocia a la capacidad técnica conjugada con el factor humano que en cada uno de los procesos se aplique, “REINGENIERÍA” y para ello es indispensable establecer claramente los perfiles profesionales, condiciones éticas, sentido de pertenencia, interés de crecimiento personal y profesional,

compromiso con la visión, misión, metas y objetivos que se plantea la institución. Por consiguiente las organizaciones públicas conciben