CE-52001-23-31-000-2008-00438-01(47374)-2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD - Accede DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SÍNTESIS DEL CASO: El demandante principal estuvo detenido por la Policía Nacional por varios días, con el fin de verificar su situación jurídica. Si bien la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal, por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas de defensa personal nunca dictó orden de captura en su contra, ni tampoco le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

COMPETENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO

CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación presentado en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

ACREDITACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de

J. J. G. O., quien estuvo retenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Pasto desde el 26 hasta el 28 de diciembre de 2004, es decir, por un período de 3 días. Si bien la parte demandante afirmó que J. G. estuvo detenido

desde el 19 de diciembre de 2004, es decir, desde el momento en que ingresó al Hospital Clarita Santos de Sandoná, al haber sido custodiado por miembros de la Policía Nacional, lo cierto es que la víctima directa efectivamente recibió atención médica durante este período, como se advierte de la historia clínica que obra en el expediente, sin que pueda concluirse que este lapso constituyó una efectiva restricción de su libertad, impuesta por dicha entidad. PRIVACIÓN INJUSTA DE LALIBERTAD / DAÑO AL BUEN NOMBRE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la detención de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad. Así las cosas, esta Subsección estima que una medida de este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como ocurrió en este caso. FLAGRANCIA - No acreditada / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO - Captura sin orden judicial / FALLA EN

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

En este caso, no se advierte que se hubiere presentado una captura en flagrancia, más cuando la detención se materializó varios días después de ocurridos los hechos y de que la fiscalía asumiera el conocimiento del caso. Además, tampoco existía para ese momento ninguna orden judicial en contra de J. G., por lo que, ante la falta de algún requerimiento por parte de las autoridades competentes, la Policía Nacional debió, tal como lo prevé la norma citada, ponerlo inmediatamente en libertad y no varios días después. De hecho, en este proceso no se alegó ni se demostró que hubiere existido algún problema con su identificación, único supuesto que habilitaba la captura por un tiempo mayor, pero que, en todo caso, no podía superar las 12 horas, contrario a lo que aquí ocurrió. De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional no podía trasladar a J. G. y mantenerlo capturado en la Permanente Central, desconociendo la normativa vigente y, lo más importante, su derecho fundamental a la libertad, el cual solo puede ser limitado en los casos señalados en la ley. Lo anterior lleva a la Sala a concluir que a la parte demandante se le generó un daño que debe ser reparado, por lo que se declarará la responsabilidad de la Policía Nacional, a título de falla del servicio. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL - Por disponer captura sin el cumplimiento de requisitos legales [L]a Fiscalía General de la Nación no profirió orden de captura ni tampoco le impuso medida de aseguramiento al demandante principal, en el curso del

proceso adelantado en su contra por el delito de porte ilegal de armas de defensa personal. En consecuencia, el daño le es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que fue esta la entidad la que dispuso su captura, sin el cumplimiento de los requisitos de ley.

PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD /

PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO /

RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE

LA LIBERTAD / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN /

PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NIVELES

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO

MORAL / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que la privación de la libertad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención, como en su núcleo familiar y afectivo. (…) Para la tasación de los montos a reconocer por este concepto, la Sala se moverá dentro de los topes mínimos y máximos de indemnización señalados por la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, en la que se asignó un valor monetario, según el tiempo de efectiva privación de la libertad.

Para ello, la tabla allí definida definió rangos de tiempo, a los cuales se les asignó topes máximos de indemnización. Así, si el tiempo de privación de la libertad fue igual o inferior a un mes, para el nivel 1, es decir, para la víctima directa, el cónyuge o compañero permanente y parientes en primer grado de consanguinidad, el valor máximo a reconocer por dicho concepto es 15 SMLMV. Por tanto, la Sala ha convenido en tasar la indemnización de manera que el valor máximo corresponda al último día del rango determinado en la tabla y el valor mínimo corresponda con el primer día de ese rango. NOTA DE RELATORÍA: Referente al reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

DAÑO AL BUEN NOMBRE / DAÑO AL BIEN CONSTITUCIONALMENTE

PROTEGIDO / MEMORIAL DE EXCUSAS POR LOS AGRAVIOS COMETIDOS / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA En relación con los perjuicios derivados del daño al buen nombre, esta Subsección advierte que el daño a derechos constitucionales con frecuencia se traslapa y confunde con el perjuicio que de él se deriva. En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás , un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad.

Este asunto, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de la víctima directa. Por tal motivo, se ordenará al director general de la Policía Nacional que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima directa por el daño antijurídico que le causó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, dicha entidad deberá coordinar con él si el documento le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en sus plataformas de comunicación y difusión. Esta medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional, Exp. C-489 de 2002, C-452 de 2016 y T-977 de 1999.

DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL /

VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL Según el artículo 241 del CPC, al apreciar el dictamen, el juez debe tener en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso, motivo por el cual esta Corporación ha sostenido que el funcionario judicial puede separarse de aquel, cuando no ofrezca claridad y certeza sobre la información allí consignada. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 01 de febrero de 2016, Exp. 76001-23-31-0001998-01510-02(55149), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 241

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE

LUCRO CESANTE / APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO

LEGAL / INDEMNIZACIÓN POR APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE QUE LA PERSONA SE ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL Dado que está acreditado que J. G. desempeñaba una actividad productiva, pero no el monto de los ingresos que percibía, la Sala presumirá que devengaba por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente , y como el tiempo de privación de la libertad fue de 3 días, se procederá a realizar la correspondiente liquidación, así: para calcular el ingreso base de liquidación, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos ($358.000) y se actualizará dicha suma a la fecha de esta providencia, lo cual arroja un resultado de $671.178,06. Como dicho monto es inferior al salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta sentencia ($877.803), se preferirá este este último, dado que es más favorable para la víctima. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar providencia de 25 de febrero de 2016, Exp. 48491, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. CONDENA EN COSTAS - No hay lugar a su imposición

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 52001-23-31-000-2008-00438-01(47374)

Actor: JESÚS JAVIER GUERRERO ORTIZ Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS REFERENCIA: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (DECRETO 1 DE 1984) Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000 – Decreto 1354 de 1970 – Captura sin orden judicial - Falla del servicio Síntesis del caso: El demandante principal estuvo detenido por la Policía Nacional por varios días, con el fin de verificar su situación jurídica. Si bien la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal, por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas de defensa personal nunca dictó orden de captura en su contra, ni tampoco le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia proferida el 22 de febrero de 2013 por el Tribunal

Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación presentado en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 4 de octubre de 20062, Jesús Javier Guerrero, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Naciona l 3 y la Fiscalía General de la 1 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

2 Folio 41 del cuaderno No. 1. 3 A pesar de que en las pretensiones de la demanda no se aludió a la Policía Nacional, si se hizo en otros apartes de la misma. Por esta razón, el Tribunal Administrativo de Nariño dispuso, en el auto Nación, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad, a pesar de no existir orden judicial dictada por autoridad

competente en su contra. Asimismo, al proceso fue vinculada la Rama Judicial4.

2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (se trascribe): “La Nación Colombiana – Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de La Nación, son responsables de los daños y perjuicios materiales y morales ocasionados a los

señores JESUS JAVIER GUERRERO ORTIZ – AURA FIDELIA CASTRO DE

GUERRERO, y sus HIJOS MENORES DE EDAD: ANGELA MARTINEZ CASTRO; CLARA INES GUERRERO CASTRO Y DIANA MARCELA GUERRERO CASTRO, por los perjuicios ocasionados por la DETENCIÓN ARBITRARIA de JESUS JAVIER

GUERRERO ORTIZ.”5

3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condenara a la parte demandada a pagar los siguientes montos: a título de perjuicios morales, 100

SMLMV para cada uno de los demandantes. Además, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $5.000.000 y, a título de lucro cesante, la cifra de $2.500.000, proyectados a 38 años de vida productiva. admisorio de la demanda, notificar “personalmente al señor Ministro de Defensa Nacional – Director General de la Policía Nacional, por conducto del señor Comandante del Departamento de Policía Nariño (…)”. Cfr. Folios 30 a 31 del cuaderno No. 2. 4 Si bien la demanda no se dirigió en contra de la Rama Judicial, el tribunal la vinculó como demandada en el auto admisorio. Cfr. Folios 30 a 31 del cuaderno No. 2.

5 Folio 6 del cuaderno No. 1.

4. Adicionalmente, se pidió que se cancelaran los intereses causados a partir de la ejecutoria de la sentencia, se condenara en costas a la parte demandada y se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

5. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la parte demandante expuso, en síntesis, lo siguiente: 6. 1) El 18 de diciembre de 2004, en un festival realizado en la Vereda el Guabo, ubicada en el Municipio de Sandoná (Nariño), Jesús Javier Guerrero fue agredido por Humberto Rosero Morales y Danilo Bolaños, quienes le causaron múltiples lesiones con arma corto punzante. 7. 2) En medio de la riña, una persona le lanzó un arma de fuego a Jesús Guerrero, quien la utilizó para defenderse de sus agresores. Por su grave estado de salud, fue llevado al Hospital Clarita Santos de Sandoná y, posteriormente, al Hospital Departamental de Pasto. 8. 3) En cumplimiento de la orden impartida por la Fiscalía 27 Local de Sandoná, la Policía Nacional lo detuvo en el hospital por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas y, una vez fue dado de alta, lo remitieron al Centro de Reclusión Permanente de Pasto. 9. 4) La Personería Delegada para Asuntos Penales de dicha ciudad interpuso una acción de Habeas Corpus a favor de Jesús Guerrero, lo que le permitió recuperar su libertad, luego de estar más de 7 días detenido. 10. 5) La investigación adelantada por la Fiscalía 15 Seccional de Pasto contra el

demandante principal, por la conducta punible de porte ilegal de armas, finalizó con preclusión de la investigación.

11. De acuerdo con lo afirmado por la parte demandante, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 18 de diciembre de 2004, Jesús Guerrero fue llevado al Hospital Clarita Santos de Sandoná, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud de la orden proferida por la Fiscalía 27 Local de dicho municipio, por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas; 2) posteriormente, fue llevado al Centro de Reclusión Permanente de Pasto; 3) luego de estar más de 7 días detenido, recuperó su libertad en razón de una acción de Habeas Corpus y 4) la Fiscalía 15 Seccional de Pasto precluyó la investigación adelantada en su contra por el punible de porte ilegal de armas. 1.2. Posición de la parte demandada

12. La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación de la demanda, en el que afirmó que la Fiscalía 27 Local de Sandoná nunca libró orden de captura en contra del demandante principal6. Por tanto, en el presente asunto no se configuró una falla del servicio, toda vez que Jesús Guerrero solo fue detenido por agentes de la Policía Nacional y conducido a la Permanente Central con el propósito de verificar si existía alguna orden de captura en su contra y, por ello, fue dejado en libertad cuando se confirmó la inexistencia de algún requerimiento. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa.

13. La Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones allí

formuladas7. Al respecto, indicó que, en atención a la absolución dictada a favor de la víctima directa en aplicación del principio de in dubio pro reo, este caso debía analizarse bajo un régimen subjetivo de responsabilidad. En consecuencia, al no estar probada la falla del servicio, no se podía acceder a las pretensiones de la demanda. Además, propuso las excepciones de “inexistencia de nexo causal con la Nación – Rama Judicial”, “falta de objeto para demandar” y “la innominada o genérica”. Como petición subsidiaria, indicó que, en caso de que se declarara la responsabilidad de la Rama Judicial, se condenara en lo pertinente a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que esta última entidad tenía autonomía administrativa y presupuestal. 6 Folios 39 a 44 del cuaderno No. 2. 7 Folios 60 a 65 del cuaderno No. 2.

14. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardó silencio8. 1.3. Sentencia de primera instancia

15. El 22 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Nariño dictó Sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda9.

Como argumentos de fondo señaló que, según lo acreditado en el proceso, la Fiscalía General de la Nación nunca emitió orden de captura en contra de Jesús Guerrero. En relación con la Policía Nacional, indicó que, inicialmente, integrantes de esta institución tenían custodiado al aquí demandante con el fin de evitar una nueva agresión en el establecimiento de salud donde estaba siendo atendido, tal como lo informó el comandante de la Estación de Pasto a la Personera Delegada

para los Derechos Humanos de esa ciudad. Si bien, posteriormente, se trasladó a Jesús Guerrero a la Permanente Central, esto se hizo con el único propósito de verificar si había alguna orden de captura en su contra y, una vez se constató la ausencia de cualquier requerimiento, fue dejado en libertad. Finalmente, concluyó que la parte demandante no cumplió con la carga de probar los hechos alegados en la demanda, como lo exige el artículo 177 del C.P.C. 1.4. Recurso de apelación

16. La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las

8 Constancia secretarial de 2 de diciembre de 2009 (folio 78 del cuaderno No. 2). 9 Folios 262 a 283 del cuaderno del Consejo de Estado. pretensiones de la demanda10. En su escrito afirmó que, en el curso del proceso, se demostró que Jesús Guerrero fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional desde su ingreso al Hospital de Sandoná y solo recuperó su libertad en razón de la acción de Habeas Corpus interpuesta por la Personera Delegada para Asuntos Penales de Pasto, con la cual se constató la inexistencia de alguna orden judicial de detención en su contra o su captura en flagrancia.

17. Adicionalmente, anotó que, si bien en el expediente no obraba el registro de entradas y salidas del detenido de la Permanente Central, lo cierto era que, al hacer una valoración en conjunto de los medios de prueba, se podía concluir que efectivamente estuvo privado de la libertad. Por tanto, no era cierto lo afirmado por

el comandante de la Estación de Policía de Pasto, en el sentido de que Jesús Guerrero estuvo custodiado en el centro de salud con el propósito de evitar atentados contra su vida, dado que, una vez fue dado de alta por los médicos del hospital, fue trasladado por agentes de policía hasta la Permanente. Para tal efecto, debía tenerse en cuenta lo manifestado por la fiscalía, según la cual el aquí demandante fue retenido “al ser dado de alta por los médicos que lo atendieron, posiblemente por unidades de la Policía Nacional”.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se imputa el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

18. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que le fueron causados, con ocasión de la detención a la que fue sometido Jesús Javier 10 Folios 288 a 295 del cuaderno del Consejo de Estado.

Guerrero por varios días. Por su parte, las entidades demandadas señalan que el propósito de su retención fue el de verificar su situación jurídica y, al constatar que no existía ninguna orden de captura en su contra, se dispuso su libertad.

19. Se encuentra probado en el expediente que Jesús Guerrero estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Pasto desde el 26

hasta el 28 de diciembre de 200411. Además, que la Fiscalía General de la Nación adelantó un proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas de defensa personal, el cual finalizó con preclusión de la investigación12.

20. En esta sentencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término legal. En efecto, la providencia que precluyó la investigación fue proferida el 1 de marzo de 200613 y la demanda fue presentada el 4 de octubre del mismo año14, es decir, dentro del plazo de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. 11 Copia de la minuta de entradas y salidas de detenidos del Permanente Central de la Policía de Pasto, según la cual Javier Jesús Guerrero Ortiz ingresó y salió de dichas instalaciones en las fechas

señaladas (folios 114 a 116 del cuaderno No. 2) 12 Folios 204 a 209 del cuaderno No. 2. 13 Folio 204 del cuaderno No. 2. Si bien no obra en el expediente la constancia de ejecutoria de dicha providencia, lo cierto es que según la certificación expedida por Gladys Yolanda León Patiño, Asistente de Fiscal (folio 118 del cuaderno No. 2), las copias “tomadas del Sumario No. 118904, seguido en contra de JESÚS JAVIER GUERRERO ORTIZ, por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE DEFENSA PERSONAL, son fieles a su original, constante de noventa y un (91) folios”, las cuales se

allegaron en su integridad al proceso (folios 119 a 210 del cuaderno No. 2). Del análisis de dichas copias es posible advertir que contra la decisión de preclusión no se interpusieron recursos, ni tampoco se adelantaron actuaciones con posterioridad a dicha decisión.

21. En esta providencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la falla en el servicio presentada con ocasión de la detención arbitraria de Jesús Guerrero. Si bien dicha entidad podía verificar su situación jurídica y, de ser el caso, presentarlo ante la autoridad competente, en este caso, excedió el ejercicio de sus facultades legales.

22. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación al derecho a la libertad y otro derivado de la afectación del buen nombre. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y profundizará en las razones por las cuales no se cumplió con los requisitos de ley. Ante la ausencia de culpa de la víctima, como única causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, imputará el daño que le es atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas. 2.2. Identificación del daño a. Daño derivado de la afectación del derecho a la libertad 14 Folio 41 del cuaderno No. 1.

23. En este caso, el hecho generador del daño deriva de la privación de la

libertad de Jesús Javier Guerrero Ortiz, quien estuvo retenido en las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Pasto desde el 26 hasta el 28 de diciembre de 2004, es decir, por un período de 3 días15.

24. Si bien la parte demandante afirmó que Jesús Guerrero estuvo detenido desde el 19 de diciembre de 2004, es decir, desde el momento en que ingresó al Hospital Clarita Santos de Sandoná, al haber sido custodiado por miembros de la Policía Nacional, lo cierto es que la víctima directa efectivamente recibió atención médica durante este período, como se advierte de la historia clínica que obra en el expediente16, sin que pueda concluirse que este lapso constituyó una efectiva restricción de su libertad, impuesta por dicha entidad.

b. Daño derivado de la afectación al derecho al buen nombre

25. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la detención de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad. Así las cosas, esta Subsección estima que una medida de este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva 15 Copia de la minuta de entradas y salidas de detenidos del Permanente Central de la Policía de Pasto, según la cual Javier Jesús Guerrero Ortiz ingresó y salió de dichas instalaciones en las fechas

señaladas (folios 114 a 116 del cuaderno No. 2) 16 Folios 146 a 190 del cuaderno No. 1. necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como ocurrió en este caso. 2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad

26. Por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. El respectivo proceso penal se adelantó en contra de Jesús Javier Guerrero, por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas de defensa personal, en razón de la riña presentada entre éste y los señores Humberto Erasmo Rosero y Henry Danilo Bolaños Delgado, en la Vereda el Guabo, Municipio de Sandoná (Nariño).

27. Ahora bien, en relación con la detención de Jesús Guerrero por cuenta de este proceso penal, resulta relevante la constancia expedida el 28 de diciembre de 2004 por el Fiscal 15 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Pasto, y dirigida a la Personera Delegada para los Derechos Humanos de la misma ciudad, en la que se consignó lo siguiente: “(…)en horas de la tarde del día de ayer correspondió por asignación diligencias remitidas por la Fiscalía 27 Local de Sandoná, radicadas con el No. 116.197, en donde se da cuenta de una riña ocurrida dentro de la primera hora del día 19 de diciembre del presente año, al parecer protagonizada por los señores JESUS GUERRERO y HENRY DANILO BOLAÑOS y pone a disposición únicamente un revolver calibre 32 largo, informando que como consecuencia del enfrentamiento

resultaron lesionados los mentados quienes luego de permanecer en el Hospital Clarita Santos de la citada población fueron remitidos al Hospital Departamental de esta ciudad, en donde fue retenido el primero de los mencionados al ser dado de alta por los médicos que lo atendieron, posiblemente por unidades de la Policía Nacional. Clarificando en consecuencia que revisadas detenidamente las diligencias en referencia no existe orden de autoridad judicial ordenando la retención o captura del señor JESUS GUERRERO, por los presuntos delitos de Lesiones Personales y Porte Ilegal de Arma de Fuego, que dan cuenta las prementadas diligencias. (…)”17 (Resaltado fuera de texto)

28. Además, al revisar el expediente se constata que, no solo al inicio de la investigación penal la fiscalía se abstuvo de dictar orden de captura en contra del entonces sindicado, sino que en el desarrollo del proceso no se profirió ninguna decisión que comportara la restricción de su libertad. De hecho, la actuación finalizó con resolución de preclusión de la investigación adoptada por la Fiscalía 2

Seccional de la Unidad de Vida e Integridad Personal de Pasto, con fundamento en los siguientes argumentos (se trascribe): “Realmente la excusa que presenta el sindicado Guerrero Ortiz de haberse encontrado el revolver en el sitio de la riña no ha sido d