CE-52001-23-33-000-2018-00107-01(6131-19)-2020

PENSIÓN GRACIA - Cosa juzgada / ELEMENTOS DE LA COSA JUZGADANo se configura / PENSIÓN GRACIA - Marco normativo / PENSIÓN GRACIAVeinte años de servicio como docentes territoriales o nacionalizados / DOCENTE NACIONAL - Tiempo laborado no es válido para el reconocimiento pensional / PENSIÓN GRACIA - No le asiste derecho en razón a la naturaleza de su vinculación / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD - No desvirtuada La pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta. Los docentes con vinculación nacional, como el accionado, no tienen el derecho de exigir el reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto para acceder a dicha prestación se requiere haber laborado como profesor del orden territorial o nacionalizado por más de 20 años y, en consecuencia, tiene vocación de prosperidad la pretensión de nulidad del acto que la concedió. Ahora bien, la

Sala aclara que el requisito relativo a que los tiempos de servicio para acceder a la pensión gracia sean del orden departamental, municipal o distrital, no es una «simple formalidad» (como lo aduce en su recurso de apelación el accionado), sino que, según se explicó en el marco normativo, constituye una de las condiciones que se debe cumplir desde la creación de la mencionada prestación, conforme a lo previsto en la Ley 114 de 1913; máxime cuando no es cierto que tal exigencia haya desaparecido como consecuencia de la expedición de la Ley 29 de 1985, toda vez que el proceso de descentralización administrativa de la educación no tiene la capacidad de mutar la naturaleza de los nombramientos efectuados con anterioridad a su existencia. Por lo expuesto, la Sala concluye que no le era dable a la Administración reconocer pensión gracia al señor Nelson Buenaventura Patiño Chamorro en razón a la naturaleza de su vinculación (nacional), motivo por el cual debe anularse el acto administrativo que la concedió, tal como lo decidió el a quo.

FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 / LEY 37 DE 1933

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 52001-23-33-000-2018-00107-01(6131-19)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Demandado: NELSON BUENAVENTURA PATIÑO CHAMORRO

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA:

RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN GRACIA; DEVOLUCIÓN DE MESADAS

PENSIONALES.

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes accionada y demandante contra la sentencia proferida el 26 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES 1.1 El medio de control (ff. 1 a 12). La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el señor Nelson Buenaventura Patiño Chamorro, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 4648 de 11 de abril de 1985, 5116 de 2 de octubre de 1992 y 14845 de 28 de diciembre de 1994, proferidas por la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), por las cuales se reconoció al demandado las pensiones de jubilación y gracia y se

reliquidó esta última. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se condene al accionado a «[...] devolver todos los dineros recibidos e indexados por concepto del ilegal reconocimiento de la pensión [...]». 1.3 Fundamentos fácticos. Relata la entidad actora que el demandado nació el 23 de noviembre de 1928 y se desempeñó como docente con vinculación del orden nacional. Dice que la extinguida Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), mediante Resolución 4648 de 11 de abril de 1985, reconoció a aquel pensión de jubilación de conformidad con la Ley 4ª de 1966, a partir del 23 de noviembre de 1983; luego, con la 5116 de 2 de octubre de 1992 resolvió un recurso de apelación y le concedió pensión gracia a partir del 29 de diciembre de 1989; y en la 14845 de 28 de diciembre de 1994, reliquidó la última prestación, por retiro del servicio, desde el 1.° de enero de 1994. Afirma que, a través de autos ADP 7153 de 20 de septiembre y 8044 de 20 de octubre, ambos de 2017, dio apertura a la etapa probatoria para revocar las dos últimas Resoluciones, y registró que el pensionado no otorgó consentimiento para ello, en su orden. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 13, 29 y 128 de la Constitución Política y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 33 de 1937, 24 de

1947, 4ª de 1966, 224 de 1972, 33 y 62 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989. Aduce que «[...] examinadas las pruebas que obran en el expediente, se observa que el demandado laboró como docente del orden nacional [...]. Así las cosas, la resolución [...] que reconocía a favor del señor [...], y los actos administrativos que se derivan de la misma, tiene como soporte los tiempos que el pensionado prestó como docente del orden nacional, pasándose por alto la exigencia de contar con 20 años al servicio de la docencia oficial municipal, departamental, distrital o nacionalizada [...]» (sic). 1.5 Medida cautelar. La UGPP, en el escrito de demanda, solicitó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de los actos controvertidos; medida cautelar decretada con auto de 16 de mayo de 2018 del Tribunal Administrativo de Nariño (ff. 17 a 24 vuelto del cuaderno 2); posteriormente, en providencia de 14 de enero de 2019 (ff. 30 a 32 vuelto del cuaderno 2), aclaró la decisión y únicamente se decretó la suspensión de la Resolución 5116 de 2 de octubre de 1992, pues, en su criterio, los otros dos actos acusados hacen referencia a la pensión ordinaria de jubilación del demandado. 1.6 Contestación de la demanda. El señor Nelson Buenaventura Patiño Chamorro confirió poder, pero su apoderado no se pronunció en esta oportunidad procesal. 1.7 Providencia apelada (ff. 363 a 381). El Tribunal Administrativo de Nariño,

mediante sentencia de 26 de junio de 2019, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (con condena parcial en costas), declaró la nulidad de la Resolución 5116 de 2 de octubre de 1992 y negó las demás pretensiones, al considerar que «[…] no existe duda en que el tipo de vinculación del demandado fue de carácter nacional, nombrado como docente en la Escuela Anexa a la Normal Nacional. Asimismo se tiene demostrado que los recursos con los que se le pagó al docente provenían del Ministerio de Educación Nacional [...]». Por tanto, «[...] se encuentra demostrado que el demandado no reúne todos los requisitos para acceder a la pensión gracia, circunstancia que obliga a este Tribunal a ordenar la nulidad de la Resolución 5116 de 2 de octubre de 1992, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Frente a la pretensión de devolución de los dineros recibidos por concepto de pago de las mesadas pensionalespensión gracia- [...] no se demostró que el señor Patiño Chamorro haya procedido de mala fe [...]». 1.8 Recursos de apelación: 1.8.1 La parte demandada (ff. 387 a 393). En desacuerdo frente al fallo, el accionado, por conducto de su apoderado, presenta recurso de apelación en el que solicita «[...] se profiera una nueva sentencia, en la que se declare que no hay lugar a determinar la nulidad de la Resolución y se revoque en su totalidad el numeral quinto donde se condena [...] al pago del 60% de las costas procesales

[...]», puesto que «[...] la designación como docente nacional, no pasa de ser hoy día y desde hace mucho tiempo, una simple formalidad [...] en razón de que el carácter nacional, dejó de tenerse en cuenta o desapareció en la práctica, como consecuencia del proceso de descentralización administrativa, que inicia a partir de la Ley 29 del 15 de febrero de 1989 [...] que municipalizó al personal docente que era nacional en ese entonces [...]. El tipo de vinculación [...] dejó de ser nacional y mutó por otro, convirtiéndose en un docente territorial [...]». Además, afirma que «[...] desde el 15 de febrero de 1989 con la promulgación de Ley 29 de 1989, el nominador para todos los docentes del sector oficial ha sido el mismo Alcalde o el mismo Gobernador y el pago de los salarios y de sus prestaciones económicas provienen de la misma fuente La Nación [...]» (sic). Para finalizar, sostiene que las costas no están demostradas en el proceso. 1.8.2 La parte demandante (ff. 394 a 395). Inconforme con la anterior sentencia, la UGPP, a través de apoderado, formuló alzada, al estimar que el accionado actuó «[…] de mala fe, [porque] a pesar de conocer su tipo de vinculación docente, esto es, de carácter Nacional al ser nombrado por el Ministerio de Educación Nacional: a) guardó silencio y aceptó convenientemente un reconocimiento desacertado y desfasado de las normas de derecho y b) aunque fue requerido por la demandante para aportar un consentimiento previo con la finalidad de revocar el acto administrativo que reconoció la pensión gracia, nunca, fue aportado ni se

obtuvo una comunicación al respecto [...]».

II. TRÁMITE PROCESAL Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 7 de octubre de 2019 (ff. 397 a 398 vuelto) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 29 de enero de 2020 (f. 407), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, por medio de proveído de 10 de julio de 2020 (f. 414), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el accionado para reiterar los planteamientos de su recurso1.

III. CONSIDERACIONES 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si al demandado le asistía derecho al reconocimiento de la pensión gracia por 1 Memorial adjunto a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI. haber colmado los requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan, o por el contrario, carece de fundamento, pues su vinculación a la docencia oficial fue de carácter nacional; y

(ii) en caso de no tener derecho a lo anterior, se examinará si procede o no la devolución de las sumas sufragadas por dicho concepto. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta para el asunto sub examine. En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación de carácter especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos: El artículo 1.º de la Ley 114 de 19132 consagró por primera vez la pensión gracia, así: Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley. El numeral 3 del artículo 4.º de la aludida Ley determina que para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional [...]». De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones

que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19033, la educación pública primaria 2 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 3 «[S]obre Instrucción Pública». estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación. Posteriormente, la Ley 116 de 19284 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así: Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Política de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual5. La Ley 37 de 19336 tampoco introdujo modificaciones a las condiciones establecidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los educadores que prestaran sus servicios en el nivel

secundario. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó: En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la 4 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 5 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 6 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella. Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de

una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley. Posteriormente, a raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 19757, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2.º), respecto de las pensiones estableció:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la 7 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional (se destaca).

Las normas transcritas nos permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón que antes enunciamos, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, seguimos el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: [...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[...] otra pensión o recompensa de carácter nacional”. [...]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual

promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley8. En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b), de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso: Los apartes acusados de la norma demandada son exequibles. 8 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. 3.2.1. De la propia evolución históricolegislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la

Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal. Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. […] Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos

últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso. La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho. La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso

Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación9 (se subraya y resalta). De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos

establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta. 3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca: a) Cédula de ciudadanía del demandado (f. 224 vuelto), en la que consta que nació el 23 de noviembre de 1928. b) Los señores rector y pagadora de la Escuela Normal Nacional de Pasto (Nariño) certificaron el 14 de enero de 1994 que el accionado laboró en ese plantel educativo «[...] como profesor de enseñanza primaria, desde el 1°. de abril de 1963 hasta el 31 de diciembre de 1993. Nombrado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 604 del 20 de marzo de 1963. Laboró ininterrumpidamente [...]» (f. 174). c) A través de Resolución 4648 de 11 de abril de 1985, la extinguida Cajanal reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación al citado docente, con fundamento en la Ley 4ª de 1966, por los servicios prestados al Ministerio de

Educación Nacional, efectiva a partir del 23 de noviembre de 1983 (ff. 96 a 98). 9 En la sentencia C480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico. d) Por conducto de la Resolución 5116 de 2 de octubre de 1992, la mencionada entidad resolvió un recurso de apelación interpuesto por el señor Patiño Chamorro contra el acto presunto negativo configurado frente a la petición de reconocimiento de pensión gracia y otorgó la prestación según la Ley 116 de 1928, desde el 29 de diciembre de 1989, sin acreditar retiro por ser del ramo docente (ff. 128 a 130). e) Con Resolución 14845 de 28 de diciembre de 1994, la desaparecida Cajanal reliqu