CE - 520012331000201000025011SENTENCIA20230307154647

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: LUCELINA URREA MELECIO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO - Muerte de erradicador manual de cultivos ilícitos / CARGA DE LA PRUEBA - Ausencia de prueba de la imputación del daño / DENUNCIA DEL PLEITO – Semejanzas con el llamamiento en garantía – alcance.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Según la demanda, el 29 de octubre de 2007, el señor Genaro Fernández Suárez falleció por causa de “una descarga eléctrica” cuando realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, en la vereda El Bombón del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo. Su núcleo familiar pretende la reparación de los perjuicios causados, los cuales, se afirmó, deben ser pagados por el Ejército Nacional.

Guzmán, departamento del Putumayo. Su núcleo familiar pretende la reparación de los perjuicios causados, los cuales, se afirmó, deben ser pagados por el Ejército Nacional.

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2010 (f. 2-13 c-1), la señora Lucelina Urrea Melecio, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Jhoan Estiven Fernández Urrea, por conducto de apoderado judicial (f. 252

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

c-1), presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte del señor Genaro Fernández Suárez, ocurrida el 29 de octubre de 2007, como consecuencia de “una descarga eléctrica”.

En concreto, la parte actora solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Declarar que la Nación (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional) es administrativa y patrimonialmente responsable por la muerte del señor Genaro Fernández Suárez, ocurrida el 29 de octubre de 2007, en la Vereda El Bombón, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, como consecuencia de la grave falla por omisión, consistente en salvaguardar el orden público y por su grave inoperancia en el cumplimiento

El Bombón, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, como consecuencia de la grave falla por omisión, consistente en salvaguardar el orden público y por su grave inoperancia en el cumplimiento del deber de hacer.

Segundo: Como consecuencia (…), solicito se condene a la Nación

(Ministerio de Defensa-Ejército Nacional) a pagar todos los daños y perjuicios morales y materiales causados a cada uno de los integrantes del grupo familiar del finado Genaro Fernández Suárez (…), así:

Perjuicios morales: Como mínimo, el equivalente a 1.000 a (…) SMLMV a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de los integrantes del grupo familiar, siendo ellos Lucelina Urrea Melecio y su hijo Jhoan Estiven

Fernández Urrea.

Perjuicios materiales: La suma de $200’000.000 (…) para cada uno de los solicitantes (…).

Daños a la vida de relación: Como mínimo, el equivalente a 1.000 a (…) SMLMV a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de los solicitantes (…).

Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

En el año 2007, el señor Genaro Fernández Suárez se desempeñaba como “erradicador de cultivos ilícitos, (…) labor que desempeñó en el departamento del Putumayo”.

De manera general y sin ahondar en detalles, se indicó que el 29 de octubre de 2007, en la vereda El Bombón, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, el señor Fernández Suárez y otros compañeros, en el

De manera general y sin ahondar en detalles, se indicó que el 29 de octubre de 2007, en la vereda El Bombón, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo, el señor Fernández Suárez y otros compañeros, en el momento en que se encontraban ejecutando sus ac tividades como erradicadores, “murieron producto de una descarga eléctrica o electrocutados, según lo advirtieron los miembros del Ejército Nacional encargados de su cuidado y seguridad”.

Según la demanda, la muerte del señor Genaro Fernández Suárez le r esulta atribuible a la Nación Colombiana, pues la misma ocurrió por “ la falta de previsión,3

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

protección, prevención y seguridad de las fuerzas del Estad o”. En ese mismo sentido, se expuso que el daño alegado “ tuvo su génesis en la falta de control preventivo por parte de los gendarmes de la fuerza pública, ya que estas hicieron caso omiso a los mecanismos de seguridad que ameritaba la zona donde se encontraba trabajando el erradicador, causándose de esta forma una falla en la prestación del servicio”.

Finalmente, se adujo que la muerte del señor Genaro Fernández Suárez de la Hoz le generó a los demandantes múltiples perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial.

2. El trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante

le generó a los demandantes múltiples perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial.

2. El trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 23 de febrero de 2010 (f. 32 -33 c-1), decisión que fue notificada al Ejército Nacional y al Ministerio Público.

2.2. El Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 51-59 c-1). En síntesis, manifestó que la entidad no era la encargada de brindarle seguridad al señor Genaro Fernández Suárez y que dicha obligación se encontraba en cabeza de la Policía Nacional. En ese sentido, expuso que la Constitución Política no le impone una obligación de protección a los ciudadanos, pues el artículo 217 sólo prevé como objeto de las fuerzas militares la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad nacional y el orden constitucional, por lo que solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.

En escrito separado presentó denuncia del pleito c ontra la Policía Nacional, con fundamento en el artículo 217 del CCA y 55 del CPC. Para tal efecto, insistió en que era esta entidad la encargada de la seguridad del señor Fernández Suárez y, por tanto, la llamada a responder si se llegasen a encontrar probados los elementos de la responsabilidad (f. 62-64 c-1).

2.3. Por auto del 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la denuncia del pleito propuesta por el Ejército Nacional en contra de la

la responsabilidad (f. 62-64 c-1).

2.3. Por auto del 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la denuncia del pleito propuesta por el Ejército Nacional en contra de la Policía Nacional, por considerar que “la solicitud (…) [reunía] los requisitos exigidos por el artículo 55 del CPC”.

2.4. La Policía Nacional contestó la denuncia del pleito. En primer lugar, se opuso a su vinculación, porque en la demanda no se efectuó imputación alguna en su4

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

contra y, por el contrario, se insistió en que el deber de seguridad y cuidado de la víctima radicaba en el Ejército Nacional. Por otra parte, pidió que se negaran las pretensiones por la configuración de “ la causal de exoneración de responsabilidad de caso fortuito”, dado que la muerte del señor Fernández Suárez ocurrió por causa “de un acontecimiento natural” y no por una falla del servicio atribuible al Estado (f. 77-80 c-1).

2.5. Por auto del 13 de mayo de 2011 (92 -93 c-2), el Tribunal Administrativo de Nariño abrió el proceso a pruebas y, mediante proveído del 26 de octubre de 20171 (f. 232 c -2), ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

En sus alegatos, la parte actora pidió que se declarara la responsabilidad de la

(f. 232 c -2), ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

En sus alegatos, la parte actora pidió que se declarara la responsabilidad de la demandada principal y la entidad denunciada. A diferencia de lo narrado en la demanda, afirmó que la muerte del señor Genaro Fernández Suárez se dio en el marco del conflicto armado, cuando, en cumplimiento de sus fun ciones como erradicador, fue objeto “de un ataque con un artefacto explosivo por miembros de grupos ilegales (…) que no están de acuerdo con la eliminación de cultivos ilícitos” (f. 249-253 c-1).

El Ejército Nacional (f. 235-248 c-1) y la Policía Nacional (f. 245-263 c-1) reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y la denuncia del pleito, respectivamente.

El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. Manifestó que los hechos narrados por la parte actora no tenían respaldo probatorio alguno, pues se afirmó que la muerte del señor Fernández Suárez ocurrió como consecuencia de una descarga eléctrica, pero después se demostró que la misma ocurrió por causa de “un atentado en contra de una patrulla de la Policía”. Destacó que en el proceso no se demostró la configuración de una falla del servicio por parte del Ejército o de la Policía, lo que permitía concluir que el daño alegado le era atribuible a un tercero (f. 265-269 c-1).

1 El periodo probatorio se prolongó porque durante ese tiempo se intentó de manera reiterada la

atribuible a un tercero (f. 265-269 c-1).

1 El periodo probatorio se prolongó porque durante ese tiempo se intentó de manera reiterada la práctica de los testimonios solicitados por la parte actora y el envío del proceso penal que se adelantó por la muerte de la víctima.5

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 14 de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda (f. 271-278 c-2).

En síntesis, manifestó que en este caso se demostró el daño alegado por la parte actora, esto es , la muerte del señor Genaro Fernández Suárez, pero no las “circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos (…), lo que va de la mano con el estudio de fondo y el régimen de imputación aplicable”.

Agregó que si bien en la demanda se a firmó que el referido señor trabajaba como erradicador de cultivos ilícitos y así se indicó en el proceso penal que se allegó, lo cierto es que no se probó “en qué condición laboraba, si por contrato exclusivo con un particular, ONG o con algún programa del gobierno a través de sus instituciones”, y, por tanto, “no es posible identificar la entidad administrativa que debe responder por los daños que cause la actividad de erradicación de cultivos ilícitos”.

Expuso que, “seguramente, para el año en que sucedieron los hechos, era Acción

y, por tanto, “no es posible identificar la entidad administrativa que debe responder por los daños que cause la actividad de erradicación de cultivos ilícitos”.

Expuso que, “seguramente, para el año en que sucedieron los hechos, era Acción Social la encargada de la política de erradicación manual, la cual no fue demandada (o la entidad a la que estaba adscrita y tenía personería jurídica) y menos las instituciones administrativas que en adelante la sucedieron, por lo que se nota la falta de legitimación en la causa por pasiva”.

Como consecuencia, concluyó:

Lo anterior es suficiente para rechazar las pretensiones de la demanda, en cuanto no se probó que la muerte del señ or Genaro Fernández Suarez se produjo por una descarga eléctrica o electrocutado, y si bien aparece dentro del resumen de la sentencia penal llevada a cabo por homicidio agravado que fue por un atentado terrorista dirigido a una patrulla (…), también lo es que no demandó a las entidades estatales encargadas del programa de erradicación manual de cultivos ilícitos en ese entonces, es decir, Acción Social o la equivalente para estos programas, ni a la empresa que lo contrató.

4. El recurso de apelación

En primer lugar, frente a la forma como ocurrieron los hechos, aclaró que la víctima se desempeñaba, junto con un grupo de personas, como erradicador de cultivos ilícitos, “quienes (…) [al pisar] unos cables que activaban unos artefactos explosivos (…) generó una onda eléctrica que produjo la muerte de tres personas, entre ellas, Genaro Fernández Suárez”, por lo que no existe “ disparidad entre lo narrado en la demanda y lo probado en el proceso”.6

(…) generó una onda eléctrica que produjo la muerte de tres personas, entre ellas, Genaro Fernández Suárez”, por lo que no existe “ disparidad entre lo narrado en la demanda y lo probado en el proceso”.6

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

Agregó que con el proceso penal, especialmente con lo consignado en el escrito de acusación, se demostraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos y, por tanto, se sabe que “el señor Genaro Fernández Suárez murió como consecuencia de un artefacto explosivo que fue dejado en el camino po r grupos ilegales para ser explotado al paso de los militares y erradicadores”.

Por último, reprochó la conclusión consistente en que en este caso no se había demandado a la entidad estatal encargada de desarrollar el programa de erradicación de cultivos ilícitos, dado que el deber de seguridad y protección de los erradicadores recaía única y exclusivamente en el Ejército Nacional:

De manera que era el Ejército Nacional el encargado de proteger la integridad y vida del señor Genaro Fernández Suárez y sus compañeros, y no Acción Social como lo señala el Tribunal, pues era obligación de los militares retornarlos al seno de sus familias una vez finalizara la misión y, como eso no fue posible, recae la obligación de responder”.

5. El trámite de segunda instancia

5.2. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal de primera instancia el 16

como eso no fue posible, recae la obligación de responder”.

5. El trámite de segunda instancia

5.2. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal de primera instancia el 16 de julio de 2019 (f. 290 c -2), y admit ido por esta Corporación el 16 de agosto de 2019 (f. 295 c-2). Posteriormente, por auto del 13 de septiembre de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (f. 297 c-2).

En su intervención, el Ministerio Público hizo suyos los argumentos expuestos por el a quo en la sentencia de primera instancia y solicitó su confirmación (299 -307 c2). La parte actora, el Ejército Nacional y la Policía Nacional guardaron silencio (308 c-ppal).

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 14 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, toda vez que la c uantía de la7

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

demanda, fijada por la pretensión mayor 2, supera la exigida por la norma para tal efecto3.

2. Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 4,

demanda, fijada por la pretensión mayor 2, supera la exigida por la norma para tal efecto3.

2. Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 4, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de la muerte del señor Genaro Fernández Suárez, ocurrida el 29 de octubre de 2007.

Así las cosas, en principio, la demanda podía ser presentada hasta el 30 de octubre de 2009; sin embargo, el 28 de ese mismo mes y año se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 35 Judicial para Asuntos Administrativos de Pasto , esto es, cuando faltaban 3 días para que operara la caducidad (f. 14 c-1).

La constancia de no conciliación se expidió el 1 de febrero de 2010, esto es, después de que transcurrieran 3 meses desde que se presentó la solicitud, los cuales se cumplieron el 28 de enero de 2010, por manera que a partir de esta última fecha se reanudó el término de caducidad restante, el cual vencía el 1 de febrero de 20105, y, como la demanda se presentó ese día, resulta evidente que se hizo

fecha se reanudó el término de caducidad restante, el cual vencía el 1 de febrero de 20105, y, como la demanda se presentó ese día, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad (f. 1 c-1).

2 Según el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, antes de la modificación efectuada por la Ley 1395 de 2010, la cuantía se determinaba así: “ Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”. 3De conformidad con el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma equivalente a 500 SMLMV a la fecha de la presentación de la demanda -1 de febrero de 2 010-. En la demanda se pidió por concepto de perjuicios morales en favor de cada uno de los demandantes un total de 1000 SMLMV, suma que superaba el monto exigido para el efecto. 4 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 5 Los días 30 y 31 de enero no fueron hábiles.8

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 5 Los días 30 y 31 de enero no fueron hábiles.8

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

3. Legitimación en la causa

3.1. En el presente asunto, la señora Lucelina Urrea Melecio acudió al proceso en calidad de compañera permanente del señor Genaro Fernández Suárez y, para acreditar tal condición, junto con la demanda se aportaron unas declaraciones extrajuicio (f. 18,19, 30 y 31 c-1).

La Sala advierte que las referidas declaraciones carecen de eficacia probatoria, dado que la ley restringió esa clase de declaraciones como medio de prueba en actuaciones judiciales en dos situaciones, a saber: (i) cuando la persona que declara se encuentra enferma y (ii) cuando la declaración tiene como propósito servir de prueba sumaria “ en determinado asunto para el cual la ley autoriza esta clas e de prueba” (artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil), y ocurre q ue ninguno de estos supuestos se da en este caso, a lo cual se suma que tales declaraciones no fueron ratificadas en este proceso, ni practicadas con audiencia de la parte contraria.

Además, se debe destacar que en el proceso no obra ninguna otra pruebadocumental o testimonialque permita tener por acreditado que la señora Lucelina Urrea Melecio era la compañera permanente del señor Genaro Fernández Suárez, por lo que la Sala declarará su falta de legitimación en la causa por activa.

documental o testimonialque permita tener por acreditado que la señora Lucelina Urrea Melecio era la compañera permanente del señor Genaro Fernández Suárez, por lo que la Sala declarará su falta de legitimación en la causa por activa.

No sucede lo mism o con el menor Jhoan Estiven Fernández Urrea, pues con el respectivo registro civil de nacimiento probó ser el hijo del referido señor, de ahí que la Sala encuentre probada la legitimación en la causa por activa de este demandante (f. 15 c-1).

3.2. Según la demanda y el recurso de apelación, el Ejército Nacional está llamado a responder por la muerte del señor Genaro Fernández Suárez, porque al margen de la entidad estatal que tenía a su cargo el despliegue del plan de erradicación de cultivos ilícitos, era esta demandada la encargada de la seguridad y protección de los “erradicadores” que el 27 de octubre de 2007 se encontraban en desarrollo de tales funciones en la vereda El Bombón, del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo.

Así las cosas, la Sala advierte que frente a esta demandada la parte actora efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.9

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

La Policía Nacional tiene legitimación formal en la causa por pasiva, en tanto fue

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

La Policía Nacional tiene legitimación formal en la causa por pasiva, en tanto fue vinculada al proceso como denunciada en el pleito. La material también se estudiará más adelante, teniendo en cuenta el alcance de la figura por la cual compareció.

4. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuestos por la parte actora, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si en el presente asunto se encuentran acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte del señor Genaro Fernández Suárez, quien, según la demanda, para la época de los hechos se desempeñaba como erradicador manual de cultivos ilícitos.

De encontrarse probado lo anterior, será necesario establecer si el daño alegado le resulta atribuible al Ejército Nacional por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y protección que, se afirmó, tenía con la víctima, así como la responsabilidad de la entidad frente a la cual se denunció el pleito, esto es, la Policía Nacional.

5. Elementos de la responsabilidad

5.1. El daño

En la sentencia de primera instancia, el tribunal a quo encontró probado el daño alegado en la demanda con el respectivo registro civil de defunción del señor Genaro Fernández Suárez (f. 16 c -1) y las anotaciones que en ese sentido se hicieron en el proceso penal que se allegó. Como este punto de la contienda no fue cuestionado en la apelación, la Sala prescindirá del análisis sobre la existencia del

Genaro Fernández Suárez (f. 16 c -1) y las anotaciones que en ese sentido se hicieron en el proceso penal que se allegó. Como este punto de la contienda no fue cuestionado en la apelación, la Sala prescindirá del análisis sobre la existencia del daño y pasará a abordar el juicio de atribución.

Por otra parte, con la respectiva copia del registro civil de nacimiento allegado al plenario se probó que el menor Jhoan Estiven Fernández Urrea es hijo del señor Genaro Fernández Suárez (f. 15 c -1), de ahí que la S ala encuentre acreditado el daño alegado por aquel, entendido como el dolor y padecimiento que ha debido de soportar por la muerte de su padre.

5.2. La imputación

Previo a determinar si la muerte de la víctima le resulta atribuible o no a las entidades mencionadas en el problema jurídico y el fundamento de dicha10

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

determinación, es necesario precisar que, con las únicas pruebas allegadas al plenario6, relacionadas con la ocurrencia del hecho dañoso, se probó lo siguiente:

Según la noticia criminal, se ti ene que el 27 de octubre de 2007, el señor Genaro Fernández Suárez y otros “erradicadores” de cultivos ilícitos, así como los miembros de la Policía Nacional que los acompañaban, fueron víctimas de un atentado con artefactos explosivos que causó la muerte de varias personas, entre ellos, la del

Fernández Suárez y otros “erradicadores” de cultivos ilícitos, así como los miembros de la Policía Nacional que los acompañaban, fueron víctimas de un atentado con artefactos explosivos que causó la muerte de varias personas, entre ellos, la del referido señor, y heridas a otros (f. 112 c-1).

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación inició la respectiva investigación con el fin de verificar la veracidad de los hechos en cuestión y lograr la individualización y captura de los responsables. En el desarrollo de esa labor, el fiscal del caso escuchó el testimonio de un “ ex miliciano del frente 49 de las FARC ”, quien afirmó que fue el señor “Fabio Tello Santacruz” quién instaló los explosivos. Con base en esa declaración, el ente investigador solicitó ante un juez de control de garantías la expedición de la orden de captura, petición que fue avalada por el funcionario judicial en audiencia del 7 de abril de 2008. La aprehensión se hizo efectiva el 27 de abril siguiente (f. 117-119 c-1).

El mismo día de la captura, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento en contra del señor Fabio Tello Santacruz (f. 126-127 c-1).

Durante el desarrollo de las diligencias, la Fiscalía solicitó que se declarara la legalidad de la captura del referido señor, petición que fue aceptada por el juez de control de garantías; luego, se iniciaron las audiencias de formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, oportunidad en la que se le

legalidad de la captura del referido señor, petición que fue aceptada por el juez de control de garantías; luego, se iniciaron las audiencias de formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, oportunidad en la que se le imputó al señor Tello Santacruz los delitos de terrorismo, homicidio agravado y lesiones personales, y se ordenó su reclusión en establecimiento carcelario.

En lo que tiene que ver con este proceso, se destaca la exposición de los hechos realizada en ese momento por la Fiscalía:

La Fiscalía manifestó que conforme a la orden de captura emitida por el Juzgado 20 Penal Municipal con funciones de garantía de Mocoa 7 de Abril de 2008, fue capturado el encausado (…) a quien se le imputa los delitos establecidos como consecuencia del ate ntado terrorista realizado en el Putumayo el 29 de octubre de 2007, cuando colocó unos explosivos donde

6 Al proceso solo se allegaron las actuaciones del proceso penal que se adelantó por l a muerte de la víctima, por lo que la Sala solo se referirá a estas.11

Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00025 (64455)

Actor: Lucelina Urrea Melecio y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa

se encontraban unos erradicadores de coca y personal uniformado, dando muerte a 3 erradicadores, 2 policías heridos y 4 erradicadores igualmente heridos. Lo anterior fue informado por el desmovilizado (…), quien manifestó ser compañero miliciano de las filas de las FARC con el indiciado.

muerte a 3 erradicadores, 2 policías heridos y 4 erradicadores igualmente heridos. Lo anterior fue informado por el desmovilizado (…), quien manifestó ser compañero miliciano de las filas de las FARC con el indiciado. Igualmente, señaló que realizan estos atentados con el fin de no dejar acabar la coca, pues es el elemento que utilizan para vender y negociar con mafiosos.

El 5 de mayo de 2008, la Fiscal del caso presentó escrito de acusación en contra del señor Tello Santacruz por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, homicidio agravado y lesiones personales. La acusación se formuló en los siguientes términos:

Los hechos se originaron con el atentado terrorista ocurrido el día 29 de octubre de 2007, en la vereda el Bombón del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, cuando una de las patrullas dedicadas al área de erradicación de cultivos Ilícitos al mando del intendente (…), fue objeto de atentado terrorista c