CE - 520012331000201200103011SENTENCIA20230824145509

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 52001-23-31-000-2012-00103-01 (58099)

Actor: MARÍA AUGUSTA NOVILLO ABARCA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACCIDENTE DE TRÁNSI TO – Colisión entre vehículo de propiedad de la Policía Nacional y motocicleta / FALLA DEL SERVICIO – Las irregularidades en la elaboración de los informes de accidente de tránsito realizados por el primer respondiente y la contradicción existente en los i nformes efectuados en el presente proceso y en el proceso penal militar por el técnico en seguridad vial del Departamento de Policía Nariño, no permiten concluir que la causa eficiente del accidente de tránsito correspondiera a la conducta imprudente, a la falta de precaución o a la violación de alguna norma de tránsito por parte de la teniente de la Policía Nacional / RIESGO EXCEPCIONAL POR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS - Si bien en el accidente de tránsito estuvo involucrada una oficial de la Policía Nacional y un vehículo de la institución, las pruebas no permiten establecer que causalmente hubieran determinado o incidido en la causación del siniestro.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y

Policía Nacional y un vehículo de la institución, las pruebas no permiten establecer que causalmente hubieran determinado o incidido en la causación del siniestro.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y la llamada en garantía contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016, por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 5 de marzo de 2011, en la vía que de Ipiales conduce a Pasto, un vehículo de propiedad de la Policía Nacional conducido por la teniente Sandra Milena Ángel Flórez colisionó con una motocicleta en la que se desplazaban los señores Santiago Arturo Proaño Arellano y María Augusta Novillo Abarca. Como consecuencia del siniestro, resultaron gravemente heridos los ocupantes de la motocicleta, quienes2

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Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

fueron trasladados al Hospital Universitario Departamental de Nariño, en el cual falleció el primero de los men cionados y a la segunda se le realizó una cirugía de amputación de su pierna izquierda.

La parte demandante plantea que la declaratoria de responsabilidad de la Policía Nacional procede con fundamento en un régimen de carácter objetivo, en consideración a la realización de una actividad peligrosa, la cual fue desarrollada con un vehículo de s u propiedad y que era conducido por una agente de la

Nacional procede con fundamento en un régimen de carácter objetivo, en consideración a la realización de una actividad peligrosa, la cual fue desarrollada con un vehículo de s u propiedad y que era conducido por una agente de la institución en servicio activo y en cumplimiento de una misión oficial.

Por su parte, la Policía Nacional alega que se configuró la causal eximente de responsabilidad de la culpa personal del agente, porque la teniente Sandra Milena Ángel Flórez no se encontraba en servicio, sino en desarrollo de una actividad personal.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 23 de marzo de 2012 (fls. 1 a 50 c. 1), los señores María Augusta N ovillo Abarca, Johana Carolina Dillon Novillo, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Joaquín Sánchez Dillon, Juan Esteban Proaño Rosero, Daniel Eduardo Proaño Rosero, Verónica Proaño Rosero, Ana Bárbara Proaño Torres, Esteban Proaño Gálvez, Juan Diego Proaño Gálvez y Franchesca Erika Diharce Dillon, por conducto de apoderado judicial (fls. 51 a 53 c. 1), interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa -Policía Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano y las lesiones personales padecidas por la señora María Augusta Novillo Abarca, como consecuencia del accidente de tránsito ocurr ido el 5 de marzo de 2011, en la vía que de Ipiales conduce a Pasto, al ser arrollada la motocicleta en la

Abarca, como consecuencia del accidente de tránsito ocurr ido el 5 de marzo de 2011, en la vía que de Ipiales conduce a Pasto, al ser arrollada la motocicleta en la que se desplazaban por un vehículo de propiedad de la entidad demandada.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las siguientes indemnizaciones:3

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Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

1. Por concepto de perjuicios morales

Se solicitó a favor de la señora María Augusta Novillo Abarca, una suma equivalente a cien (100) s.m.l.m.v., por las lesiones personales de que fue víctima y, ciento (150) s.m.l.m.v., por la muerte de su esposo, el señor Santiago Arturo Proaño Arellano.

Para los señores Juan Esteban Proaño Rosero, Daniel Eduardo Proaño Rosero y Verónica Proaño Rosero, una suma equivalente a ciento cincuenta (150) s.m.l.m.v., para cada uno, por la muerte de su padre.

A favor de los señores Ana Bárbara Proaño Torres, Esteban Proaño Gálvez y Juan Diego Proaño Gálvez, una suma equivalente a cincuenta (50) s.m.l.m.v., para cada uno, por la muerte de su abuelo.

Para la señora Johana Carolina Dillon Novillo, una suma equivalente a cien (100) s.m.l.m.v., por la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano y, ochenta (80)

uno, por la muerte de su abuelo.

Para la señora Johana Carolina Dillon Novillo, una suma equivalente a cien (100) s.m.l.m.v., por la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano y, ochenta (80) s.m.l.m.v., por las lesiones personales de su madre.

A favor de Joaquín Sánchez Dillon y Franchesca Erika Diharce Dillon, una suma equivalente a treinta (30) s.m.l.m.v., para cada uno, por las lesiones personales de su abuela.

Para los señores Juan Esteban Proaño Rosero, Daniel Eduardo Proaño Rosero y Verónica Proaño Rosero, una suma equivalente a treinta (30) s.m.l.m.v., para cada uno, por las lesiones personales de su “madrastra”.

2.- Daño a la vida de relación

Se reclamó una suma equivalente a doscientos (200) s.m.l.m.v., para la señora María Augusta Novi llo Abarca, por la pérdida anatómica de su miembro inferior izquierdo, lo que afectó su vida personal, familiar, laboral y social.

3.- Por concepto de perjuicios materiales

Daño emergente

Se solicitó la suma de $20’067.738, por concepto de gastos funerarios, consultas médicas, reparación de la motocicleta, honorarios de perito avaluador, tiquetes aéreos y hospedaje, teniendo en cuenta que los demandantes residían en Ecuador.4

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Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Lucro cesante

Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Lucro cesante

Se deprecó a favor de la señora María Augusta Novillo Abarca, la suma de $319’200.000, en consideración a los ingresos dejados de percibir por la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano y la suma de $90’829.500, con ocasión de su incapacidad durante 180 días.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 5 de marzo de 2011, un grupo de amigos de nacionalidad ecuatoriana, entre quienes se encontraban los señores Santiago Arturo Proaño Arellano y Mar ía Augusta Novillo Abarca, organizaron un viaje en motocicletas para ser realizado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cali.

Aproximadamente a las 4:10 p.m., en la vía que de Ipiales conducía a Pasto, a la altura de la vereda “El Placer” , jurisdic ción del municipio de Yacuanquer, en el departamento de Nariño, la motocicleta en la que viajaban los señores Santiago Arturo Proaño Arellano y María Augusta Novillo Abarca fue embestida por un vehículo de propiedad de la Policía Nacional, el cual era cond ucido por la agente Sandra Milena Ángel Flórez, quien invadió el carril contrario, según se consignó en el informe de accidente de tránsito.

Como consecuencia del anterior siniestro, resultaron gravemente heridos los ocupantes de la motocicleta, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario

el informe de accidente de tránsito.

Como consecuencia del anterior siniestro, resultaron gravemente heridos los ocupantes de la motocicleta, quienes fueron trasladados al Hospital Universitario Departamental de Nariño, en el cual falleció el señor Santiago Arturo Proaño Arellano y a la señora María Augusta Novillo Abarca se le realizó una cirugía de amputación de su pierna izquierda que le generó una discapacidad física del 30%.

La agente de la Policía Nacional causante del accidente conducía el vehículo de propiedad de la institución en cumplimiento de una misión oficial, de conformidad con lo indicado en el oficio No. 0117 -DIRAN-GRUIC de 3 de agosto de 2012, suscrito por el jefe del Grupo de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos.

Asimismo, se indicó que el automotor se encontraba en excelentes condiciones técnicas y de funcionamiento, como se consignó en el formato de revista úni co de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.5

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Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Según la demanda, procedía la declaratoria de responsabilidad de la Policía Nacional con fundamento en un régimen de carácter objetivo, en consideración a la realización de una act ividad peligrosa, la cual fue desarrollada con un vehículo de su propiedad y que además era conducido por una agente de la institución en servicio activo y en cumplimiento de una misión oficial.

2.- El trámite en primera instancia

realización de una act ividad peligrosa, la cual fue desarrollada con un vehículo de su propiedad y que además era conducido por una agente de la institución en servicio activo y en cumplimiento de una misión oficial.

2.- El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 13 de junio de 2012, que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fls. 528 a 530 c. 1).

La Policía Nacional contestó la demanda d entro de la respectiva oportunidad procesal y sostuvo que se desconocían los motivos por los cuales la señora Sandra Milena Ángel Flórez conducía un vehículo oficial que estaba asignado a otro integrante de la institución, de modo que no se le podía atribuir una falla del servicio o una responsabilidad de tipo objetivo por el ejercicio de una actividad peligrosa, cuando los hechos de la demanda eran ajenos a la actividad que constitucionalmente le correspondía desarrollar.

Expresó que si bien la señora Ángel Flórez hacía parte de la Policía Nacional, para el momento del accidente desarrollaba una actividad de índole personal, lo cual configuraba la causal eximente de responsabilidad de culpa personal del agente (fls. 539 a 549 c. 1).

En escrito separado, solicitó que se llamara en garantía a la señora Sandra Milena Ángel Flórez, porque era la persona que conducía el vehículo de propiedad de la Policía Nacional que colisionó con la motocicleta en la que se transportaban las víctimas. Señaló que se declarara responsable a la referida oficial y se le ordenara pagar las sumas a la que resultara condenada la institución, en atención a su

Policía Nacional que colisionó con la motocicleta en la que se transportaban las víctimas. Señaló que se declarara responsable a la referida oficial y se le ordenara pagar las sumas a la que resultara condenada la institución, en atención a su conducta gravemente culposa (fls. 567 a 570 c. 1).

El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de auto fechado el 9 de abril del 2013, admitió el llamamiento en garantía formulado por la Policía Nacional, porque la señora Sandra Milena Ángel Flórez tenía un vínculo legal o contractual con esa institución, lo que en todo caso no excluía su responsabilidad (fls. 594 a 596 c. 1).6

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La teniente Sandra Milena Ángel Flórez contestó el llamamiento en garantía y manifestó que la entidad desconoció la operación que realizaba el día de los hechos y la razón por la que conducía el vehículo oficial, en atención a que no ofició a l a Dirección de Antinarcóticos, con lo que hubiera podido confirmar que se encontraba en servicio activo y en cumplimiento de sus funciones como investigadora autorizada por el director general de la Policía Nacional.

Reprochó la información consignada e n el informe de accidente de tránsito, en cuanto a la hipótesis referente a la invasión del carril contrario, porque el patrullero que lo suscribió no contaba con idoneidad y experiencia, aunado a que las medidas

cuanto a la hipótesis referente a la invasión del carril contrario, porque el patrullero que lo suscribió no contaba con idoneidad y experiencia, aunado a que las medidas que tomó no concordaban con el lugar de lo s hechos y en esas condiciones tal prueba no demostraba la forma en que ocurrieron los hechos.

Adicionalmente, propuso la excepción que denominó “Inexistencia de obligación legal o contractual que sirva de fundamento al llamamiento en garantía”, toda vez que no se había demostrado su responsabilidad por culpa grave o dolo (fls. 594 a 596 c. 1).

El 12 de noviembre de 2013, el tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 16 de marzo de 2015, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 679 a 683; 852 c. 1).

En esta oportunidad, la parte demandante manifestó que la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano y las lesiones personales de la señora María Augusta Novillo Abarca fueron consecuencia directa de la conducta desarrollada por una agente de la Policía Nacional en el desempeño de las funciones propias de su cargo, en atención a que invadió el carril contrario, lo cual permitía que el caso fuera analizado bajo el régimen de responsabilidad objetivo, por el desarrollo de una actividad peligrosa y la concreción del riesgo creado (fls. 854 a 879 c. 2).

Por su parte, la Policía Nacional alegó que aunque existían documentos en el plenario que indicaban que la funcionaria realizaba labores investigativas propias de la especialidad a la que pertenecía, no se probó la misión específica que cumplía

Por su parte, la Policía Nacional alegó que aunque existían documentos en el plenario que indicaban que la funcionaria realizaba labores investigativas propias de la especialidad a la que pertenecía, no se probó la misión específica que cumplía el día del siniestro, luego no se podía concluir que desarrollaba funciones del servicio (fls. 880 a 885 c. 1).7

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La llamada en garantía, teniente Sandra Milena Ángel Flórez, señaló que el procedimiento que realizó el patrullero que levantó el informe de accidente de tránsito presentó varias falencias que no permitían determinar con certeza la causa del accidente, ni su autor, de modo que no se le podía imputar ningún tipo de responsabilidad en el siniestro (fls. 886 a 893 c. 1).

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, el a quo explicó que la causa eficiente del daño, consistente en la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano y las lesiones personales de la señora María Augusta Novillo Abarca, fue la acción de la oficial llamada en garantía, porque tenía la obligaci ón de manejar por el carril que le correspondía, pero invadió el contrario, lo cual constituía el incumplimiento del deber

personales de la señora María Augusta Novillo Abarca, fue la acción de la oficial llamada en garantía, porque tenía la obligaci ón de manejar por el carril que le correspondía, pero invadió el contrario, lo cual constituía el incumplimiento del deber previsto específicamente en el artículo 68 de la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Resaltó que la oficial de la Policía Nacional, con desconocimiento de un deber propio y con clara negligencia, aun cuando demostró su idoneidad para conducir, sin medir las consecuencias invadió el carril contrario, lo que ocasionó el siniestro, como lo permitía corroborar el informe de accidente de tránsito.

Descartó la configuración de la causal eximente de responsabilidad del hecho personal del agente, porque obraba en el expediente el oficio No. 0331 DIRAN – GRUIC de 3 de agosto de 2012, que demostraba que la teniente llamada en garantía se encontraba en cumplimiento de una orden oficial cuando ocurrió el accidente, circunstancia que permitía concluir que la Policía Nacional debía responder por los daños ocasionados a los señores Santiago Arturo Proaño Arellano y María Augusta Novillo Abarca.

Sin embargo, precisó que la llamada en garantía debía asumir las consecuencias pecuniarias de la condena, en proporción a su responsabilidad en los hechos. Sobre este aspecto, expresó que la conducta negligente e imprudente de la teniente Sandra Milena Ángel Flórez fue gravemente culposa, por esta razón debía reembolsar a la Policía Nacional el 40% del total de las sumas que la institución8

este aspecto, expresó que la conducta negligente e imprudente de la teniente Sandra Milena Ángel Flórez fue gravemente culposa, por esta razón debía reembolsar a la Policía Nacional el 40% del total de las sumas que la institución8

Radicación número: 52001-23-31-000-2012-00103-01 (58099)

Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

demandada cancelaría a los actores, decisión que permitía determinar que la Policía Nacional asumiría el 60% de la suma total a la que ascendía la condena.

Precisó que la Policía Nacional cancelaría el 100% del valor de la condena a los demandantes, sin perjuicio del derecho que le asistía para repetir por el 40% a cargo de la llamada en garantía (fls. 939 a 963 c. ppal).

4. Los recursos de apelación

4.1.- Inconforme con la anterior decisión, la llamada en garantía interpuso recurso de apelación y como sustento manifestó que el a quo tuvo en cuenta el informe que rindió en el presente proceso el técnico en seguridad vial Andrés Pinzón Campos, sin embargo, no consideró que éste cambió su posición en el proceso penal militar y emitió un concepto favorable para la teniente Sandra Milena Ángel Flórez, lo cual demostraba su pérdida de credibilidad y las contradicciones en las que incurrió el primer respondiente. En este sentido, solicitó que se decretara como prueba en segunda instancia el informe rendido en el proceso penal militar por el técnico en seguridad vial Andrés Pinzón Campos y que aportó con los alegatos de conclusión

primer respondiente. En este sentido, solicitó que se decretara como prueba en segunda instancia el informe rendido en el proceso penal militar por el técnico en seguridad vial Andrés Pinzón Campos y que aportó con los alegatos de conclusión de primera instancia.

En adición a lo dicho, indicó que el a quo no consideró que al momento de la colisión el señor Santiago Arturo Proaño Arellano se encontraba cansado debido a su edad y a la larga conducción que había realizado, lo que causó que se saliera del carril, perdiera el control de la motocicleta por su peso y se estrellara con el vehículo de la Policía Nacional.

Finalmente, expresó su discrepancia con el fallo de primera instancia en lo atinente a la indemnización de perjuicios materiales, en consideración a que el a quo accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en la historia clínica y en el acta de la junta de calificación de invalidez, sin tener en cuenta que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses era la única autoridad facultada para determinar las secuelas e incapacidades definitivas de la afectada (fls. 979 a 986 c. ppal).

4.2.- De manera oportuna, la Policía Nacional controvirtió la decisión de primera instancia, porque si bien la señora Sandra Milena Ángel Flórez pertenecía a la institución, para el momento de los hechos no se encontraba en servicio, sino en desarrollo de una a ctividad personal, lo cual no guardaba nexo con el servicio y,9

Radicación número: 52001-23-31-000-2012-00103-01 (58099)

Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

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Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

por ende, se configuraba la causal eximente de responsabilidad de la culpa personal del agente (fls. 987 a 991 c. ppal).

4.3. La parte demandante impugnó la decisión del a quo de no reconocer la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para la señora María Augusta Novillo Abarca, en su condición de perjudicada directa, por su labor como funcionaria del Banco Pichincha y por espacio de seis meses.

Para fundament ar su inconformidad argumentó que frente a la magnitud del accidente en el que la señora María Augusta Novillo Abarca perdió su miembro inferior izquierdo, a raíz del cual fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, se debía entender que no pudo continuar con su actividad laboral de manera normal, porque fue incapacitada por seis meses, como se demostraba con la certificación expedida por el Área de Ortopedia y Traumatología del Hospital Departamental de Nariño, la cual resultaba concordante con el informe técnico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, término que además se superó con las siguientes intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida en la ciudad de Quito, como lo acreditaban las historias clínicas del Hospital Metropolitano.

En adición a lo dicho, argumentó que en el expediente obraba la certificación expedida por el Banco Pichincha, en la que constaba que la señora María Augusta

acreditaban las historias clínicas del Hospital Metropolitano.

En adición a lo dicho, argumentó que en el expediente obraba la certificación expedida por el Banco Pichincha, en la que constaba que la señora María Augusta Novillo Abarca laboraba como líder de gestión de la Unidad Gestión Créditos Especiales, con una asignación mensual de 7967,5 dólares.

Cuestionó la decisión del a quo de negar la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora María Augusta Novillo Abarca por la pérdida de su esposo, el señor Santiago Arturo Proaño Arellano, el cual contribuía al sostenimiento del hogar, ayuda económica que también proporcionaba a su hija Verónica Proaño, a fin de que adelantara sus estudios en Argentina, los cuales tuvo que suspender por la muerte de su padre.

Finalmente, sostuvo que las indemnizaciones solicitadas por concepto de lucro cesante fueron determinadas en el dictamen pericial rendido en el presente proceso, en el cual se estableció los valores en dólares y su conversión en pesos colombianos (fls. 969 a 978 c. ppal).10

Radicación número: 52001-23-31-000-2012-00103-01 (58099)

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5. El trámite en segunda instancia

Los recursos fueron concedidos el 15 de septiembre de 2016 y admitidos el 20 de septiembre siguiente (fls. 1016 a 1017; 1029 c. ppal).

5. El trámite en segunda instancia

Los recursos fueron concedidos el 15 de septiembre de 2016 y admitidos el 20 de septiembre siguiente (fls. 1016 a 1017; 1029 c. ppal).

El 20 de octubre de 2022, el Despacho resolvió tener como prueba el informe que rindió en el proceso penal militar el t écnico en seguridad vial Andrés Pinzón Campos, el cual fue aportado por la llamada en garantía, señora Sandra Milena Ángel, en los alegatos de conclusión de primera instancia, visible a folios 894 a 897 del cuaderno No. 2., porque fue emitido en ese proces o con posterioridad al vencimiento del término para pedir pruebas ante la primera instancia (SAMAI – índice 30).

Posteriormente, el 9 de mayo de 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su c oncepto (SAMAI – índice 60).

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación referentes al reconocimiento de la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por las lesiones y la muerte de las víctimas y, adicionalmente, arg umentó que no se configuraba la causal eximente de responsabilidad de la culpa personal del agente, porque la propia entidad demandada informó que la teniente Sandra Milena Ángel Flórez se encontraba el día del accidente en cumplimiento de una orden de ser vicios emanada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la cual embistió a las víctimas al invadir el carril contrario, según se estableció en el informe de accidente de tránsito (SAMAI – índice 64).

Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la cual embistió a las víctimas al invadir el carril contrario, según se estableció en el informe de accidente de tránsito (SAMAI – índice 64).

En su intervención, la llamada en gar antía, teniente Sandra Milena Ángel Flórez, alegó que el informe elaborado el día del accidente fue totalmente errado y, por tanto, no podía dar claridad sobre las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial, de modo que no existía fundamento para llamarla en garantía y para condenar a la institución policial, como se concluyó en el informe de reconstrucción de los hechos realizado en el proceso penal y aportado con los alegatos de conclusión de primera instancia (SAMAI – 65).

En su concepto, el Ministe rio Público solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, porque la teniente de la Policía Nacional Sandra Milena Ángel11

Radicación número: 52001-23-31-000-2012-00103-01 (58099)

Actor: María Augusta Novillo Abarca y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia - Acción de reparación directa

Flórez impactó la motocicleta en la que se transportaban las víctimas, debido a que invadió el carril contrario y conducía con exceso de velocidad un vehículo oficial, en el momento en el que desempeñaba actividades propias del servicio, sin que hubiera sido demostrada ninguna causal eximente de responsabilidad.

Argumentó que no procedía el reconocimiento de la indemnizaci ón de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, porque la certificación expedida por

hubiera sido demostrada ninguna causal eximente de responsabilidad.

Argumentó que no procedía el reconocimiento de la indemnizaci ón de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, porque la certificación expedida por el Banco Pichincha, en la que constaba la remuneración recibida por la señora María Augusta Novillo Abarca, no permitía establecer si ese monto fue dejado d e cancelar, el motivo y durante cuanto tiempo.

En cuanto a la indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por la muerte del señor Santiago Arturo Proaño Arellano, sostuvo que no resultaba procedente, porque sus hijos eran may ores de edad; por tanto, se entendía que ya no dependían de sus padres y tampoco demostraron que tuvieran alguna discapacidad u otra limitación que les impidiera procurarse sus propios medios.

Frente a la indemnización solicitada por la señora María Augus ta Novillo Abarca, en calidad de cónyuge del señor Santiago Arturo Proaño Arellano, señaló que no se aportaron los soportes probatorios para verificar de manera particular la afectación económica que aparentemente le produjo el fallecimiento de su esposo

(SAMAI – 65).

La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, debido a los recursos de apelación interpuestos por las partes y la llamada en garantía contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016, por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la

interpuestos por las partes y la llamada en garantía contra la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016, por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía1, según lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011