CE - 520012333000201400501011SENTENCIA20231209015745

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023

Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01(63178) acumulado con 86001-33-33-751-2014-00179 01

Actor: Lidia Sofía Hernández Solís y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Acción de reparación directa

Temas: reparación directa – ataques contra la infraestructura petrolera – falla del servicio – responsabilidad extracontractual del Estado por omisión de protección.

Síntesis del caso : se demanda por la muerte de un trabajador en un pozo petrolero de

Ecopetrol.

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por el Ejército Nacional y las partes demandantes en contra de la Sentencia de 22 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Trámite procesal relevante – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5. Recursos de apelación

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Trámite procesal relevante – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5. Recursos de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

Expediente 2014-00501

1. El 30 de septiembre de 2014 , Lidia Sofía Hernández Solís y otros 1 presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en

1 En relación con Heber Eduardo López Vitonco (víctima directa), las demandantes son: Lidia Sofía Hernández Solís (esposa), y Jeeimy Lysebeth y Esthefanny Lizeth López Hernández (hijas). 2 Folios 137-158 del cuaderno principal del expediente 2014-00501. La demanda fue inadmitida mediante Auto de 4 de noviembre de 2014 (folios 160 -164 del cuaderno principal) y corregidaRadicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

Actor: Lidia Sofía Hernández Solís y otros Demandado: Ejército Nacional y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la responsabilidad

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contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante el Ejército ), el Ministerio de Minas y Energía (en adelante el Ministerio), Ecopetrol S.A. (en adelante Ecopetrol) e Independence Drilling S.A. (en adelante Independence Drilling) con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

Ecopetrol S.A. (en adelante Ecopetrol) e Independence Drilling S.A. (en adelante Independence Drilling) con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):

“PRIMERA: Declarar que [las entidades demandadas] son responsables administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios morales y materiales, ocasionados a [las demandantes], como consecuencia de los hechos ocurridos el 4 de julio de 2012, en el pozo petrolero denominado SIBUNDOY 1, ubicado en el municipio de Puerto Caicedo, departamento de Putumayo, donde resultó muerto el señor HEBER

EDUARDO LÓPEZ VITONCO”.

2. Los perjuicios reclamados se resumen así:

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

4. Heber Eduardo López Vitonco (en adelante Heber Eduardo o la víctima directa) trabajaba como mecánico para Independence Drilling, sociedad que había sido contratada por Ecopetrol para realizar el mantenimiento de varios pozos petroleros.

5. El 4 de julio de 2012, el pozo Sibundoy 1 fue atacado por la guerrilla. En los hechos varios trabajadores fueron heridos y otros murieron, entre ellos, la víctima directa. El atentado iba dirigido contra “ la infraestructura petrolera y los miembros del Ejército Nacional” que custodiaban el lugar. De acuerdo con varios oficios de las entidades demandadas , era conocida la difícil

oportunamente por la parte demandante (folios 173 -197 del cuaderno principal). La demanda fue presentada oportunamente, pues los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2014 y la solicitud de

con varios oficios de las entidades demandadas , era conocida la difícil

oportunamente por la parte demandante (folios 173 -197 del cuaderno principal). La demanda fue presentada oportunamente, pues los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2014 y la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de septiembre de 2014 (folio 134 del cuaderno principal del expediente 2014-00501). Tipo de perjuicio Valor Morales 200 salarios mínimos para cada una de las demandantes “Alteración a las condiciones de existencia” 600 salarios mínimos para cada una de las demandantes Daño emergente $10.000.000 por los gastos en que incurrieron l as demandantes como consecuencia de la muerte de la víctima directa Lucro cesante consolidado $121.777.636 por lo dejado de percibir por la víctima directa, de quien dependían económicamente las demandantes Lucro cesante futuro $1.332.723.840 de acuerdo con la expectativa de vida de la víctima directa al momento de su muerteRadicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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situación de orden público en el municipio y previamente se habían presentado ataques de este tipo.

6. La muerte de Heber Eduardo afectó emocionalmente a las

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situación de orden público en el municipio y previamente se habían presentado ataques de este tipo.

6. La muerte de Heber Eduardo afectó emocionalmente a las demandantes, quienes dependían económicamente de él. Su esposa se dedicaba al cuidado del hogar y sus hijas eran estudiantes.

Expediente 2014-00179

7. El 23 de septiembre de 2014 , Martha Cecilia Caicedo Jurado y otros 3 presentaron demanda4, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Ecopetrol e Independence Drilling con el fin de que se hiciera la siguiente declaración

(se trascribe):

“[Las entidades demandadas] son administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a [los demandantes] con ocasión del acto terrorista ocurrido el 4 de julio de 2012, en el pozo de petróleo SIBUNDOY I, en el departamento del Putumayo, que ocasionó la muerte del señor HEBER EDUARDO LÓPEZ VITONCO (q.e.p.d.), compañero permanente, padre, hijo y hermano (…)”.

8. Los perjuicios reclamados se resumen así:

3 En relación con la víctima directa los demandantes son: Martha Cecilia Caicedo Jurado (compañera permanente), Jen yffer Dayana y Erick Steven López Caicedo (hijos), Mercedes Vitonco de López (madre) y Gladys María López Vitonco (hermana) . La demanda fue presentada oportunamente, pues los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2014 y la solicitud de

Vitonco de López (madre) y Gladys María López Vitonco (hermana) . La demanda fue presentada oportunamente, pues los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2014 y la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término entre el 12 de junio de 2014 y el 4 de septiembre de 2014 (folios 37-38 del cuaderno principal 1 del expediente 2014-00179). 4 Folios 67-77 del cuaderno principal del expediente 2014-00179. Tipo de perjuicio Valor Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes “Alteración en las condiciones de existencia” 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes Daño emergente $5.000.000 para la compañera permanente por los gastos en que incurrió para “ las honras fúnebres” y “los honorarios de abogado”. Lucro cesante consolidado $55.506.201 para la compañera permanente y $27.753.100 para cada uno de los hijos Lucro cesante futuro $317.492.405 para la compañera permanente, $103.212.439 para Jeniffer Dayana y $122.093.085 para Erick Steven López Caicedo (hijos)Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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9. Respecto de las circunstancias de la muerte, la parte demandante hizo

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9. Respecto de las circunstancias de la muerte, la parte demandante hizo afirmaciones similares a las contenidas en la demanda del proceso 201400501.

10. Heber Eduardo, para le época de los he chos, había conformado una familia con Martha Cecilia Caicedo, con quien tuvo dos hijos . Los tres dependían económicamente de la víctima directa.

11. Destacó que el pozo era propiedad del Estado y que la seguridad estaba a cargo de las entidades demandadas. El daño les era atribuible porque “ omitieron [los] elementales deberes de cuidado, protección y seguridad que estaban obligadas a brindar a las personas y bienes que se encontraban en el pozo petrolero”.

1.2. Posición de la parte demandada

Expediente 2014-00501

12. El Ministerio de Minas contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones.

Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, porque sus funciones, relacionadas con la elaboración de las políticas públicas para el sector de hidrocarburos y minero energético, no guardaban relación con los hechos. Por tal motivo, solicitó la desvinculación del proceso.

13. Independence Drilling contestó la demanda6. Sostuvo que “la seguridad física del pozo se encontraba a cargo de las fuerzas militares, en cabeza del Ejército Nacional ”, de acuerdo con un convenio suscrito entre este y Ecopetrol. Sin embargo, según las declaraciones de quienes sobrevivieron, el día anterior las tropas encargadas de la seguridad dejaron desprotegido el lugar.

Ejército Nacional ”, de acuerdo con un convenio suscrito entre este y Ecopetrol. Sin embargo, según las declaraciones de quienes sobrevivieron, el día anterior las tropas encargadas de la seguridad dejaron desprotegido el lugar.

14. Indicó que la muerte ocurrió en un inmueble propiedad de Ecopetrol, por lo que debía considerarse que el ataque se “ dirigió contra un objetivo militar del Estado ”. Por este motivo, propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa.

15. Afirmó haber cumplido todas sus obligaciones como empleador . A raíz de la muerte se causó la pensión de sobrevivientes para la compañera permanente y los hijos reportados por la víctima directa . Para la empresa era imposible conocer la existencia de otros familiares o personas dependientes de Heber Eduardo . En todo caso, pagó la liquidación del contrato y fue reclamada la indemnización de un seguro de vida.

5 Folios 268-296 del cuaderno principal 2 del expediente 2014-00501. 6 Folios 308-336 del cuaderno principal 2 del expediente 2014-00501.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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16. Ecopetrol contestó la demanda 7. Señaló que el daño fue causado por un grupo al margen de la ley y la obligación de garantizar la seguridad en el lugar era del Ejército, como constaba en uno de los informes rendidos por

16. Ecopetrol contestó la demanda 7. Señaló que el daño fue causado por un grupo al margen de la ley y la obligación de garantizar la seguridad en el lugar era del Ejército, como constaba en uno de los informes rendidos por esa entidad. Añadió que se trataba de “ una zona de alto riesgo, muy propensa a ser objeto de ataques subversivos y en donde con anterioridad se ha [bían] producido hostigamientos ”, según algunos documentos del Ejército y de la Defensoría Regional del Pueblo. En este contexto, a su juicio, la fuerza pública “incurrió en notables fallas en la prestación del servicio de seguridad”.

17. Afirmó que el ataque se dirigió exclusivamente en contra de Independence Drilling y no contra el pozo, si se tenía en cuenta el panfleto de 11 de junio de 2012, en el que el comandante del frente 32 de las Farc requería a los trabajadores de dicha empresa para reunirse con ellos.

18. Indicó que no procedía la indemnización por perjuicios materiales porque todos los trabajadores afectados en el ataque recibieron las indemnizaciones legales del sistema de seguridad social y, adicionalmente, la indemnización prevista en un seguro de vida. Propuso las excepciones de falta de legitimación pasiva en la causa y de hecho de un tercero.

19. El Ejército contestó la demanda 8. Sostuvo que no era cierto que el ataque se hubiera dirigido en su contra , porque no estaba probada su presencia en el lugar de acuerdo con los documentos aportados por la parte actora. Tampoco podía concluirse, a partir de los oficios aportados con la demanda, que correspondiera a la entidad la custodia de la infraestructura petrolera en ese lugar.

presencia en el lugar de acuerdo con los documentos aportados por la parte actora. Tampoco podía concluirse, a partir de los oficios aportados con la demanda, que correspondiera a la entidad la custodia de la infraestructura petrolera en ese lugar.

Expediente 2014-00179

20. Independence Drilling contestó la demanda 9 y se opuso a las pretensiones en los mismos términos del proceso 2014-00501.

21. El Ejército contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones en los mismos términos del proceso 2014-00501. Destacó que, el pozo no estaba incluido en los lugares en que debía brindar seguridad en los términos del convenio suscrito con Ecopetrol.

22. Ecopetrol contestó la demanda11. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación pasiva en la causa, pues la obligación de protección de las personas era de la fuerza pública; ii) inexistencia de nexo causal entre sus

7 Folios 485-497 del cuaderno principal 2 del expediente 2014-00501. 8 Folios 537-550 del cuaderno principal 2 del expediente 2014-00501. 9 Folios 108-130 del cuaderno principal del expediente 2014-00179. 10 Folios 316-326 del cuaderno principal del expediente 2014-00179. 11 Folios 367-382 del cuaderno principal del expediente 2014-00179.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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actividades y la muerte de la víctima directa, y; iii) hecho de un tercero porque el ataque provino de un grupo guerrillero.

1.3. Trámite procesal relevante

23. Mediante Auto de 13 de octubre de 2015 , el Tribunal Administrativo de Nariño decretó la acumulación de los procesos de la referencia12.

1.4. Sentencia de primera instancia

24. Mediante Sentencia de 22 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo

de Nariño decidió13 (se trascribe):

“PRIMERO: DECL ARAR administrativa, patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios causados en uno y otro proceso, a la parte demandante en virtud de la muerte del señor Heber Eduardo López Vitonco acaecida el día 4 de julio del año 2012 como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por la Organización Narcoterrorista FARC, de conformidad con lo indicado en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas por los conceptos y en favor de las personas que a continuación se relacionan, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, en uno y otro proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, en uno y otro proceso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

12 Folios 624-626 del cuaderno principal 3 del expediente 2014-00501 13 Folios 931-985 del cuaderno del Consejo de Estado.

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS

PROCESO N° 2014-00179

N°

Demandante

PERJUICIOS

INMATERIALES

PERJUICOS MATERIALES

PERJUICIOS

MORALES

LUCRO CESANTE

CONSOLIDADO FUTURO

1 Martha Cecilia Caicedo Jurado (compañera permanente) 100 SMMLV $204.728.544 $405.065.642 2 Jeniffer Dayana López Caicedo (hija) 100 SMMLV $51.182.082 $126.628.131 3 Erick Steven López Caicedo (hijo) 100 SMMLV $51.182.082 $158.359.302 4 Mercedes Vitonco de López (madre) 100 SMMLV - - 5 Gladys María López Vitonco (hermana) 50 SMMLV - - PROCESO N° 2014-00501 1 Lidia Sofía Hernández Solís (esposa) 54 SMMLV - - 2 Jeeimy Lysebeth López Hernández (hija) 73 SMMLV $29.490.4163 Estheffanny Lizeth López Hernández (hija)

73 SMMLV

$15.354.328 -Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

(hija)

73 SMMLV

$15.354.328 -Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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CUARTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a Ecopetrol S.A., Independence Drilling S.A. y el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: CONDENAR en costas en primera instancia a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y en favor de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Dese aplicación a lo normado en los arts. 365 y 366

del Código General del Proceso.

SEXTO: CONDENAR en costas en primera instancia a la parte demandante en un 50% y en favor de la parte demandada Ecopetrol S.A., la Sociedad Independence Drilling S.A. y el Ministerio de Minas y Energía en el proceso 2014-00501, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Dese aplicación a lo normado en los arts. 365 y 366 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas en primera instancia a la parte demandante en un 50% y en favor de la parte demandada Ecopetrol S.A. y la Sociedad Independence Drilling S.A en el proceso 2014-00179, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

demandante en un 50% y en favor de la parte demandada Ecopetrol S.A. y la Sociedad Independence Drilling S.A en el proceso 2014-00179, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Dése apl icación a lo normado en los arts. 365 y 366 del Código General del Proceso. (…)”.

25. De acuerdo con el tribunal, respecto del daño, consistente en la muerte de Heber Eduardo el 4 de julio de 2012 en Puerto Caicedo, Putumayo, no existía controversia entre las partes. Tampoco sobre el hecho de que ocurrió en un ataque de un grupo al margen de la ley contra el pozo Sibundoy 1. En este contexto, el título de imputación aplicable era el de falla del servicio, pues se trataba de analizar una omisión de protección.

26. Estaba probado que Ecopetrol e Independence Drilling suscribieron un contrato con el objeto de reacondicionar y hacer mantenimiento al pozo referido. También que, de manera previa , la entidad había suscrito dos convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa con el fin de fortalecer la capacidad de la fuerza pública en determinadas áreas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.

27. Aunque el pozo Sibundoy 1 no estaba expresamente incluido, sí lo estaban el oleoducto Mansoyá-Orito y la batería Mansoyá, ubicados en la vereda Nueva Arabia, en la que se encontraba el pozo que fue atacado.

En consecuencia , debía analizarse si el ataque resultaba previsible y, por tanto, correspondía a la fuerza pública la protección del pozo Sibundoy 1.

vereda Nueva Arabia, en la que se encontraba el pozo que fue atacado. En consecuencia , debía analizarse si el ataque resultaba previsible y, por tanto, correspondía a la fuerza pública la protección del pozo Sibundoy 1. No era necesaria la suscripción de un convenio para “ garantizar la seguridad de la infraestructura del país, habida cuenta que la obligación de protección de las personas y bienes del Estado dev [enía] del mandato constitucional”.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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28. Los documentos del Ejército, la motivación del convenio referenciado y los testimonios practicados en el proceso demostraban que l as circunstancias de orden público en la vereda Nueva Arabia “representaban una amenaza clara, no solo para la infraestructura petrolera —pozos y líneas de transportación— de la región, sino también para el personal que en ellas trabajaban y las personas que resid[ía]n en zonas aledañas”. Los atentados de este tipo eran “ una estrategia reiterativa utilizada por los grupos al margen de la ley”.

29. El día de los hechos el Ejército tenía información de inteligencia que alertaba sobre un posible ataque en Puerto Caicedo. En cumplimiento de órdenes de “ desubicación” la unidad militar que brindaba seguridad al pozo fue retirada la noche anterior del lugar. Según el sargento Mario Alonso Alzate Álvarez, el Ejército prestaba seguridad al pozo y tenía un radio para

órdenes de “ desubicación” la unidad militar que brindaba seguridad al pozo fue retirada la noche anterior del lugar. Según el sargento Mario Alonso Alzate Álvarez, el Ejército prestaba seguridad al pozo y tenía un radio para comunicarse con la empresa Independence Drilling, con la que mantenía contacto permanente. Similares circunstancias se desprendían de la entrevista rendida en el proceso penal por comandante del batallón de infantería 25, con jurisdicción en Puerto Caicedo, en la que el pozo Sibundoy era reconocido como uno de “los puntos críticos”.

30. Por lo anterior, afirmó el tribunal, no era de recibo el argumento del Ejército sobre la imposibilidad de vigilar a cada persona, porque el mandato constitucional, las condiciones notorias de orden público en Puerto Caicedo y los ataques previos, la importancia económica de la infraestructura petrolera, y la ubicación del pozo atacado dentro del área de cobertura del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol llevaban a la conclusión contraria . En las condiciones anotadas , el Ejército “ sí tuvo la posibilidad de prever el atentado terrorista ”, sin que hubiera hecho nada para evitarlo.

31. Aunque no era exigible un resultado, sí lo era la “ intervención oportuna y efectiva utilizando todos los medios a su alcance ”. La intervención de la entidad solo ocurrió después , cuando el ataque había cesado . Así, la muerte de la víctima directa fue consecuencia de “falla en el servicio por parte del Ejército Nacional, pues, a sabiendas de los riesgos que representaban los grupos al margen de la ley, entre ellos las Farc, para la infraestructura petrolera y los antecedentes de ataque perpetrados, el día 4

parte del Ejército Nacional, pues, a sabiendas de los riesgos que representaban los grupos al margen de la ley, entre ellos las Farc, para la infraestructura petrolera y los antecedentes de ataque perpetrados, el día 4 de julio de 2012 no hicieron presencia oportuna para repeler” el atentado.

32. Para la liquidación de perjuicios en el expediente 2014-00179, tuvo en cuenta que varias declaraciones extraprocesales y en el proceso reconocieron la calidad de compañera permanente de Martha Cecilia Caicedo, con quien la víctima directa tenía dos hijos. El mismo Heber Eduardo, en su hoja de vida de Independence Drilling, la incluyó comoRadicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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compañera permanente . Por lo anterior, fijó los perjuicios morales de conformidad con el criterio unificado del Consejo de Estado.

33. Sobre el lucro cesante, fue acreditada la dependencia económica de la compañera permanente y de sus hijos con esta, respecto de quienes se presumía recibirían apoyo de su padre hasta los 25 años.

34. Para la liquidación de perjuicios en el expediente 2014-00501, señaló que Lidia Sofía Hernández demostró ser la esposa de la víctima directa con el registro civil de matrimonio, documento frente al que no se hizo ninguna manifestación y gozaba de validez. Con la referida demandante, la víctima

Lidia Sofía Hernández demostró ser la esposa de la víctima directa con el registro civil de matrimonio, documento frente al que no se hizo ninguna manifestación y gozaba de validez. Con la referida demandante, la víctima directa tenía dos hijas. A juicio del tribunal, d e la interpretación de la demanda debía entenderse que se solicitaron 200 salarios mínimos, en total, para las tres demandantes. Por tanto, reconoció 73 salarios mínim os para cada hija y 54 para la esposa, pues “ el causante tenía otro hogar ” y la decisión unificada respecto de los perjuicios morales hacía referencia a un tope, sin que se tratara de una obligación su reconocimiento.

35. Desestimó el reconocimiento del lucro cesante para Lidia Sofía Hernández, porque no acreditó su dependencia económica. Respecto de Esthefanny Lizeth López Hernández indicó que se acreditó que estudiaba en el Sena y que la fecha de finalización del programa académico fue el 20 de julio de 2014, por lo que hasta ese momento debía liquidarse el perjuicio. En relación con Jeeimy Lysebeth López Hernández se demostró que estudiaba ingeniería industrial, pero, como cumplía los 25 años antes de la terminación estimada, tomaría esta fecha como límite para la indemnización.

36. De forma conjunta , s eñaló que el concepto de alteración a las condiciones de existencia fue abandonado , en beneficio de l daño a la salud. Que el Consejo de Estado, excepcionalmente, había reconocido este perjuicio a demandantes diferentes a la víctima directa, siempre que se acreditara debidamente la afectación. Sin embargo, en el presente caso

salud. Que el Consejo de Estado, excepcionalmente, había reconocido este perjuicio a demandantes diferentes a la víctima directa, siempre que se acreditara debidamente la afectación. Sin embargo, en el presente caso no se demostró , por lo que debía negarse. Finalmente, s ostuvo que en ninguno de los procesos se acreditaron erogaciones por concepto de daño emergente.

1.5. Recursos de apelación

37. El Ejército interpuso recurso de apelación14. Insistió en que el ataque del grupo al margen de la ley configuraba la excepción de hecho de un tercero. Indicó que la presencia del Ejército en la zona no garantizaba que no se presentaran acciones violentas y que sus obligaciones eran de medio y no de resultado. En cualquier caso, el Pozo Sibundoy 1 no estaba en las

14 Folios 993-1004 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 52001-23-33-000-2014-00501 01 (63178) 86001-33-33-751-2014-00179-01

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áreas incluidas en el convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol.

38. Destacó que el ataque se dirigió en contra de las instalaciones petroleras y no, como se afirmó en la demanda, en contra del Ejército Nacional. De acuerdo con el testimonio Asdrúbal Daniels, la empresa Independence Drilling no había recibido amenazas y tampoco constaba la denuncia ante

y no, como se afirmó en la demanda, en contra del Ejército Nacional. De acuerdo con el testimonio Asdrúbal Daniels, la empresa Independence Drilling no había recibido amenazas y tampoco constaba la denuncia ante el Gaula por extorsión. Por último, señaló que el lucro cesante reconocido no estaba acreditado.

39. La parte demandante en el proceso 2014-00179 presentó recurso de apelación15. Señaló que Ecopetrol e Independence Drilling debían ser declarados solidariamente responsables, porque ambas incidieron en la causa del daño, de acuerdo con lo consignado en el reporte del accidente de la empresa.

40. Solicitó que se indemnizara por concepto de daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, toda vez que, con la muerte de la víctima directa se afectó la estructura familiar y la vida en pareja. Por los mismos motivos , debía reconocerse la indemnización por alteración a las condiciones de existencia.

41. Por el contexto referido, de grave afectación a los derechos humanos, solicitó una medida no pecuniaria consistente en el “ perdón público a las víctimas”. Esta decisión, de acuerdo con el Consejo de Estado, podía adoptarse de oficio.

42. Finalmente, solicitó que en la liquidación se hiciera el acrecimiento en favor de Martha Cecilia Caicedo una vez que los hijos cumplieran la edad límite.

43. La parte demandante en el proceso 2014-00501 interpuso recurso de apelación16. Cuestionó la interpretación que hizo el tribunal de la pretensión sobre perjuicios morales, pues era claro que la petición de 200 salarios mínimos era para cada una de las demandantes. Además, estaba probado

apelación16. Cuestionó la interpretación que hizo el tribunal de la pretensión sobre perjuicios morales, pues era claro que la petición de 200 salarios mínimos era para cada una de las demandantes. Además, estaba probado el mayor sufrimiento de las demandantes, por lo