CE - 520012333000201500114011SENTENCIASENTENCIA20230629175837

Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

Demandante: Superservicios de Nariño S.A.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

Demandante SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.

Demandado MUNICIPIO DE IPIALES Tema Impuesto a los juegos de suerte y azar. Sanción por no declarar. Derogatoria del tributo por la Ley 643 de 2001. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 19 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, que dispuso1: “PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones N° 241 (sic), 242, 243, 244, 245 y 246 de 4 de agosto de 2014 y la Resolución N° 353 de 35 (sic) de octubre de 2014 , expedidas por la Secretaría de Hacienda Municipal de Ipiales, por medio de las cuales se tuvo por no presentada la declaración de impuestos de juegos permitidos y se sancionó por no

expedidas por la Secretaría de Hacienda Municipal de Ipiales, por medio de las cuales se tuvo por no presentada la declaración de impuestos de juegos permitidos y se sancionó por no declarar a Superservicios de Nariño S.A. por los años gravables 2009 a 2 013 y se resolvió el recurso de reconsideración presentado por la entidad demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO.- En consecuencia, DECLARAR que Superservicios de Nariño S.A. no adeuda suma alguna por concepto d el impuesto de juegos permitidos al Municipio de Ipiales, ni la sanción por no declarar señalada en los actos declarados nulos. TERCERO.- Condenar en costas al Municipio de Ipiales - parte accionada en este asunto -, al haber prosperado las pretensiones de la demanda, en favor de Superservicios de Nariño S.A., cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en Código General del Proceso, de conformidad con lo ordenado en esta providencia. CUARTO.- Disponer que este fallo se cumpla dentro de los términos y formas establecidos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. Una vez ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento Secretaría remitirá los oficios correspondientes de conformidad con el art. 192 del CPACA. QUINTO.- Una vez en firme esta sentencia, por intermedio de Secretaría se expedirá copia auténtica y se devolverá al interesado el remanente de la suma que se ordenó pagar para los gastos ordinarios del proceso, si lo hubier e, dejándose constancia de dicha entrega. Posteriormente, se archivará el expediente.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

gastos ordinarios del proceso, si lo hubier e, dejándose constancia de dicha entrega. Posteriormente, se archivará el expediente.” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 23 de mayo de 2014, la Secretaría de Hacienda Municipal de Ipiales profirió el Emplazamiento Previo Por No Declarar Nro. 0012, mediante el cual instó a la sociedad Superservicios de Nariño S.A. a presentar la declaración de impuestos “por concepto de boletas o tiquetes de apuestas en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartición de sorteos correspondientes”, por los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. El 26 de junio de 2014, la sociedad dio respuesta al emplazamiento y solicitó la revocatoria y archivo del proceso, peticiones que fueron denegadas mediante Resolución Nro. 199 de 7 de julio de 2014.

1 Samai. Índice 2. PDF” ED_SENTENCIA_009SENTENCIA NroActua 2”. Página 31. 2 Se precisa que se expidió un documento por cada año gravable, aunque todos se identificaron como el Nro. 001.Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

Demandante: Superservicios de Nariño S.A.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El 4 de agosto de 2014 , la entidad demandada tuvo por no presentada s las declaraciones del impuesto a las apuestas y juegos permitidos por los años 2009 a 2013 e impuso sanción por no declarar, aunque no determinó su valor, mediante las

El 4 de agosto de 2014 , la entidad demandada tuvo por no presentada s las declaraciones del impuesto a las apuestas y juegos permitidos por los años 2009 a 2013 e impuso sanción por no declarar, aunque no determinó su valor, mediante las Resoluciones Nros. 242, 243, 244, 245 y 246. El 14 de octubre de 2014, la actora interpuso recurso de reconsideración contra las resoluciones sanción, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 353 de 24 de octubre del mismo año, que confirmó las sanciones. ANTECEDENTES PROCESALES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el demandante formuló las siguientes pretensiones3: “1. Que se declaren nulas las Resoluciones Nos. 242, 243, 244, 245 y 246 de fecha Agosto 4 de 2014, expedidas por el Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Ipiales – Nariño, en representación de la Administración Municipal de Ipiales (Nariño) .

2. Que se declare nula la Resolución No. 353 de fecha octubre 24 de 2014 expedida por el Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Ipiales - Nariño, proveniente del Recurso de Reconsideración interpuesto contra las Resoluciones Nos. 242, 243, 244, 245 y 246 de fecha Agosto 4 de 2014, interpuesto el día 14 de octubre de 2.014.

3. Que el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño declare que la sociedad SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no está obligada a presentar declaraci ón ni a cancelar ningún impuesto municipal sobre los juegos permitidos e impuestos sobre

3. Que el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño declare que la sociedad SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no está obligada a presentar declaraci ón ni a cancelar ningún impuesto municipal sobre los juegos permitidos e impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas, apuestas y premios de las mismas, previstos en el arts. 12 de la Ley 69 de 1946; 3o literal c) (parcial) de la Ley 33 de 1968, 227 y 228 inciso 1o del Decreto 1333 de 1986 a favor de la Alcaldía Municipal de Ipiales – Nariño, teniendo en cuenta que la entidad demandante incurrió en causales de nulidad consignadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las normas que se aplican a este caso en particular.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones , se manifieste por parte del Honorable Tribunal Administrativo de Nariño, que a la sociedad SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A. no se le puede imponer sanción alguna a través de las Resoluciones Nos. 242, 243, 244, 245 y 246 de fecha agosto 4 de 2014 expedidas por el Suscrito Secretario de Hacienda Municipal de Ipiales – Nariño, en representación de la Administración Municipal de Ipiales (Nariño).

5. Que en el evento en que el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño decida que se encuentran vigentes los impuestos sobre los juegos permitidos e impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas, apuestas y premios de las mismas, previstos en los arts. 12 de la Ley 69 de 1946; 3o literal c) (parcial) de la Ley 33 de 1968, 227 y 228 inciso 1o del

tiquetes y boletas de rifas, apuestas y premios de las mismas, previstos en los arts. 12 de la Ley 69 de 1946; 3o literal c) (parcial) de la Ley 33 de 1968, 227 y 228 inciso 1o del Decreto 1333 de 1986, ordene a la Alcaldía Municipal de Ipiales que solamente pueden ser los mismos objeto de cobro, mediante un Acuerdo del Concejo Municipal de Ipiales con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 643 de 2001, que desarrolle y establezca el cobr o de este impuesto de conformidad con los elementos estructurales que le son aplicables.

6. Que se le dé cumplimiento de la sentencia en los términos y condiciones que señalan los artículos 188, 189 y 196 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

7. Que se condene en costas a la parte demandada.” A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 95, 336, 338 y 363 de la Constitución Política; 643 del Estatuto Tributario; 3 y 7 de la Ley 12 de 1932; 3 de la Ley 33 de 1968; 6 de la Ley 1 de 1982; 66, 94, 95, 104, 227, 228 y 379 del Decreto 1333 de 1986 y 5, 9, 49 y 61 de la Ley 643 de 2001.

El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

3 Samai. Índice 2. PDF “ED_DEMANDAY_001DEMANDAYANEXOS NroActua 2”. Páginas 2 a 3.Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

3 Samai. Índice 2. PDF “ED_DEMANDAY_001DEMANDAYANEXOS NroActua 2”. Páginas 2 a 3.Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

Demandante: Superservicios de Nariño S.A.

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Violación de los artículos 95, 336 y 338 de la Constitución Se refirió al artículo 95 de la Constitución y advirtió que las Resoluciones Sanción 242, 243, 244, 245 y 246 de 2014 no respetan el mandato legal de la Ley 643 de 2001, que prohíbe gravar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y azar.

Señaló que si el municipio de Ipiales pretende cobrar un impuesto en su favor debe adoptar un acuerdo municipal haciendo uso de las normas nacionales. Explicó el concepto del monopolio rentístico sobre la explotación de juegos de suerte y azar en cabeza del Estado. Definió los conceptos de juegos de suerte y azar, derechos de explotación y gastos de administración a partir la Ley 643 de 2001 para resaltar que los ingresos percibidos en la explotación de monopolios de juegos de suerte y azar deben destinarse a proteger y apoyar el sector de la salud y que el demandado pretende obtener recursos gravando el juego de chance para fines distintos. Transcribió el artículo 338 constitucional y apartes de la sentencia C -488 de 2000 de la Corte Constitucional, para insistir en que para imponer contribuciones fiscales los municipios deben fijar los elementos del tributo a través de acuerdos y que en el

Transcribió el artículo 338 constitucional y apartes de la sentencia C -488 de 2000 de la Corte Constitucional, para insistir en que para imponer contribuciones fiscales los municipios deben fijar los elementos del tributo a través de acuerdos y que en el municipio de Ipiales no existe alguno vigente antes de la expedición de la Ley 643 de 2001.

2. Violación del objetivo de los recursos extraordinarios de la Ley 12 de

1932. Adujo que la Ley 12 de 1932 autorizó al Gobierno Nacional para obtener recursos extraordinarios hasta la cantidad de diez millones de pesos, bien como préstamo o en forma de anticipo de rentas, y que el artículo 7 permitió la creación de gravámenes a apuestas y juegos para atender el servicio de los bonos del empréstito patriótico, los cuales debían desaparecer cuando se hubiere amortizado el empréstito. Comentó que, si se tiene en cuenta la finalidad de la Ley 12 de 1932 que buscaba proteger las fronteras nacionales, han transcurrido ochenta años desde su sanción y las circunstancias que ameritaron su expedición cambiaron, por lo que no se ha instituido algún impuesto para defender las fronteras. De allí que es ilegal cobrar tributos a las apuestas y juegos con fundamento en el artículo 7 de la Ley 12 de 1932 pues di cho cobro debió sustentarse en un acuerdo municipal vigente antes de la Ley 643 de 2001.

3. Violación e incumplimiento de la organización del recaudo de impuestos de la Ley 33 de 1968.

Relató que la Ley 33 de 1968 se expidió para fortalecer los fiscos municipales y que, desde enero de 1969, se entregó propiedad exclusiva a estos de los impuestos

de la Ley 33 de 1968. Relató que la Ley 33 de 1968 se expidió para fortalecer los fiscos municipales y que, desde enero de 1969, se entregó propiedad exclusiva a estos de los impuestos causados en sus jurisdicciones, como el de billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas. Indicó que, en este caso se extrañan las bases normativas adecuadas por cuanto el Municipio de Ipiales no había adoptado el cobro del tributo mediante acuerdo municipal, por lo cual no podía ser sujeto activo del impuesto a juegos de suerte y azar.

4. Violación de la Ley 1 de 1982

Precisó que el artículo 6 de la Ley 1 de 1982 prohibió establecer impuestos directos o indirectos sobre juegos de apuestas permanentes, sobre lo cual citó la sentencia C-521 de 1997 de la Corte Constitucional, por lo que concluyó que el municipio demandado desbordó sus competencias en violación a dicha disposición.Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

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5. Violación al Decreto 1333 de 1986

Hizo alusión a las atribuciones de los concejos municipales, dentro de las cuales figura la reglamentación del recaudo tributario y el trámite para la aprobación de los acuerdos municipales . Sostuvo que el artículo 228 del Decreto 1333 de 1986 declara la propiedad exclusiva en cabeza de los municipios de los impuestos sobre

figura la reglamentación del recaudo tributario y el trámite para la aprobación de los acuerdos municipales . Sostuvo que el artículo 228 del Decreto 1333 de 1986 declara la propiedad exclusiva en cabeza de los municipios de los impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, con las tarifas y sobre las bas es normativas en vigencia, por lo que no se puede omitir el procedimiento para cobrar un tributo no consignado en un acuerdo municipal ni autorizado por la ley y que, de haberlo estado, fue modificado o suprimido por una nueva ley.

6. Violación a la Ley 643 de 2001

Manifestó que la vigilancia de la explotación de monopolios rentísticos de los juegos de suerte y azar está en cabeza de la Superintendencia de Salud y no en los municipios, pues los recursos se destinan única y exclusivamente al área de la salud. Resaltó que la Ley 643 de 2001 establece un pago de los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance a la entidad concedente a título de derechos de explotación del 12% de los ingresos brutos, sobre lo cual transcribió apartes de la cartilla sobre explotación del juego de apuestas permanentes o chance de 2014 publicada por la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República. Destacó que el artículo 49 de la Ley 643 de 2001 prohíbe gravar el monopolio de juegos de suerte y aza r por parte de los municipios pues en ellos no se delega la función de inspección, vigilancia y control, y que el artículo 61 ibidem derogó los artículos 7 y 12 de las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, respectivamente.

función de inspección, vigilancia y control, y que el artículo 61 ibidem derogó los artículos 7 y 12 de las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, respectivamente. En apoyo de sus argumentos, se refirió a las Sentencias C-537 y C-253 de 1995 sobre el principio de legalidad tributaria en los tributos territoriales y, en particular, en el impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y su temporalidad, para concluir que dicho tributo debía destinarse a la salud o a los gastos de las entidades de salud y que a los concejos les correspondía su regulación. Comentó las Sentencias C-584 y C-1191 de 2001 de la Corte Constitucional que indicaron que las Leyes 33 de 1968 y 69 de 1946 y el Decreto 1333 de 1986 estaban derogadas y que los entes territoriales gozan de facultad tributaria derivada, supeditada a la Constitución y la ley. Agregó que la amplia facultad de regulación de los entes territoriales ha dado lugar a un doble gravamen de las apuestas permanentes de chance, rebasando su facultad de imposición y violando los principios de equidad y justicia tributaria. Invocó el boletín de la Dirección General de Apoyo Fiscal de septiembre de 2009 para insistir en que los impuestos del Decreto Ley 1333 de 1986 debían adoptarse por la entidad territorial antes de que se expidiera la Ley 643 de 2001. Mencionó que el pago de un impuesto no adoptado a través de acuerdo carecería de motivación y enriquecería sin causa al Estado. Se refirió al Oficio Nro. 2-2013que el pago de un impuesto no adoptado a través de acuerdo carecería de motivación y enriquecería sin causa al Estado. Se refirió al Oficio Nro. 2-2013021671 del 2013 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en sentido semejante.

7. Violación al principio fundamental de igualdad y legalidad Explicó que se violó el principio de igualdad por cuanto la sociedad recibió un trato discriminatorio y se encuentra en una situación de inferioridad frente al municipio.

Agregó que el tributo es ilegal por cuanto hay una doble tributación al gravar el juego de apuestas permanentes con un impuesto al 10% y los derechos de explotación del monopolio.Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

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8. Sanción indeterminada Estimó que no se dieron los elementos para imponer las sanciones propuestas en los actos y que el municipio lo hace de manera abierta, amplia e indeterminable, violando el artículo 643 del Estatuto Tributario.

Oposición de la demanda El Municipio de Ipiales controvirtió las pretensiones de la actora argumentando lo siguiente4: Preliminarmente, señaló que el Consejo de Estado 5 ha expresado que la Ley 643 de 2001 no derogó el impuesto a los juegos de suerte y azar y ha diferenciado entre los derechos de explotación del monopolio dirigidos al sector salud y el impuesto.

Preliminarmente, señaló que el Consejo de Estado 5 ha expresado que la Ley 643 de 2001 no derogó el impuesto a los juegos de suerte y azar y ha diferenciado entre los derechos de explotación del monopolio dirigidos al sector salud y el impuesto. Citó las sentencias C -587 de 1995, C -332 de 2010 y C -169 de 2004 de la Corte Constitucional para advertir que la Ley 643 de 2001 es ordinaria y no posee la fuerza derogatoria atribuida por la demandante. Anotó que la actora omitió importantes fuentes jurisprudenciales y que los conceptos de la Dirección de Apoyo Fi scal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no son vinculantes. Sobre la violación del artículo 95 de la Constitución, explicó que el Municipio de Ipiales no gravó los juegos de suerte y azar a que se refiere la Ley 643 de 2001, sino que lo hizo el Congreso de la República, por lo cual el demandado solo ha cumplido con el mandato legal de cobrar un impuesto creado por el legislador que proviene desde 1932. Al respecto citó las sentencias C -521 de 1997 y C -1191 de 2001 de la Corte Constitucional. Precisó que el artículo 49 de la Ley 643 de 2001 no derogó ni expresa ni tácitamente el régimen tributario vigente al momento de su expedición 6 y que, según la Corte Constitucional, dicha ley es ordinaria sin superioridad respecto de las demás leyes. Frente a la ausencia de acuerdo municipal mediante el cual se adopta el impuesto, indicó que este solo es necesario cuando la ley no ha regulado el tributo, sobre lo que se refirió a la Sentencia C-537 de 1995 de la Corte Constitucional. Por esto, si

Frente a la ausencia de acuerdo municipal mediante el cual se adopta el impuesto, indicó que este solo es necesario cuando la ley no ha regulado el tributo, sobre lo que se refirió a la Sentencia C-537 de 1995 de la Corte Constitucional. Por esto, si la ley reguló los elementos del tributo, no se hace necesari o la expedición del Acuerdo. Advirtió que el Consejo de Estado 7 señaló que los acuerdos municipales no pueden modificar lo consagrado por el legislador nacional, de lo cual concluyó que hay una identidad de criterios entre las Cortes. Resaltó que la existencia del Acuerdo Municipal contentivo de los elementos del tributo es residual o supletoria y no imperativa, pues estos se encuentran en leyes de los años 1932, 1946 y 1968. Sobre la violación del artículo 336 de la Constitución Política, estimó que la demandante confundió los derechos de explotación destinados al sector salud que se causan por la concesión y operación de juegos de suerte y azar que se entregó a la sociedad para explotar la venta de chance y el impuesto a las apuestas y juegos, que son obligaciones independientes que coexisten como deberes para el sujeto pasivo. Dijo que, para efectos del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de explotación y gastos de administración, el Estado autorizó a los entes

4 Samai. Índice 2. PDF “ED_CONTESTACI_003CONTESTACIONYA NroActua 2”. 5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo y del 26 de septiembre de 2002, exp. 12669, C.P. Juan Ángel Palacio.

5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 11 de agosto de 2011, exp. 17785, C.P. William Giraldo Giraldo y del 26 de septiembre de 2002, exp. 12669, C.P. Juan Ángel Palacio. 6 Sobre el tema, además de las providencias antes referidas, citó la sentencia del Consejo de Estado del 14 de octubre de 2004, exp. 13830, C.P. Juan Ángel Palacio. 7 Citó en apoyo las sentencias del 31 de mayo de 2012, exp. 18350, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 16 de agosto de 2022, exp. 12230, C.P. Germán Ayala Mantilla.Radicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

Demandante: Superservicios de Nariño S.A.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co territoriales para contratar concesiones, en el caso concreto con la demandante. Manifestó que, a partir de las sentencias C-587 de 1995 y C-332 de 2010 de la Corte Constitucional, los valores destinados a l sector salud en el marco del contrato de concesión son independientes del tributo pagadero con ocasión de las ventas brutas de chance. En cuanto a la violación del artículo 338 constitucional , se remitió a los argumentos frente al cargo de nulidad relac ionado con la necesidad del acuerdo municipal para regular el impuesto, agregando que no existe norma que lo exija y que los elementos del tributo existen antes de la Ley 643 de 2001. Respecto al objetivo del legislador en la creación del impuesto, comentó que el

municipal para regular el impuesto, agregando que no existe norma que lo exija y que los elementos del tributo existen antes de la Ley 643 de 2001. Respecto al objetivo del legislador en la creación del impuesto, comentó que el artículo 7 de la Ley 12 de 1932 contempló un listado de impuestos para atender los gastos de la guerra librada en dicha época contra el Perú, los cuales tenían carácter transitorio y destinación específica. No obstante, en el artículo 12 de la Ley 69 de 1946, el legislador restableció el impuesto a los juegos de suerte y azar, sin destinación específica, con carácter permanente y cuyo sujeto activo era la Nación, el cual fue posteriormente cedido a los municipios mediante la Ley 33 de 1968. Sostuvo que los objetivos inicialmente previstos en la creación del impuesto desaparecieron con el restablecimiento de este en 1946, sin destinación específica. En lo que refiere a la inexistencia de Acuerdo Municipal antes de la Ley 643 de 2001, se remitió al argumento de la naturaleza supletoria de los acuerdos. Sobre la violación a la organización del recaudo de los impuestos de la Ley 33 de 1968, también reiteró los argumentos expuestos en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Con respecto a la violación de la Ley 1 de 1982, replicó los argumentos de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración en el sentido de que dicha ley sí consagra una prohibición para crear impuestos a las apuestas permanentes en el orden terri torial, que no en el nacional. Precisó que el impuesto cobrado no fue creado por la administración municipal actual, ni las anteriores, sino por el Congreso

sí consagra una prohibición para crear impuestos a las apuestas permanentes en el orden terri torial, que no en el nacional. Precisó que el impuesto cobrado no fue creado por la administración municipal actual, ni las anteriores, sino por el Congreso de la República, por lo cual su origen es nacional con beneficio municipal. Mencionó que la Corte C onstitucional aclaró que la Ley 1 de 1982 no desnaturalizaba ni derogaba la normatividad vigente en favor de los municipios en la Sentencia C-177 de 1996. Frente a la violación del Decreto 1333 de 1986, insistió en la exposición sobre el rol supletorio de los acuerdos municipales. Respecto a la violación de la Ley 643 de 2001, adujo que el impuesto a los juegos de suerte y azar inicialmente no tuvo destinación exclusiva a los servicios de salud, lo cual solo ocurrió hasta la Ley 69 de 1946. Aclaró que los valores destinados al sector salud corresponden a los derechos de explotación en el marco del contrato de concesión, concepto diferente al del impuesto, según jurisprudencia transcrita previamente. Concluyó que no existe doble tributación para el contribuyente cuando se reclama el pago del impuesto, pues una cosa son los derechos de explotación y otra los impuestos y que, frente a la ausencia de acuerdo, mantenía los argumentos expuestos previamente. Puntualizó, con relación a la sentencia C -584 de 2001 , que posteriormente la Corte emitió pronunciamientos, como la sentencia C-1191 de 2001, en donde reiteró que existen gravámenes a las actividades de juegos de suerte y azar por normas de vieja data vigentes que fueron declaradas exequibles y que lo que pretende la

Corte emitió pronunciamientos, como la sentencia C-1191 de 2001, en donde reiteró que existen gravámenes a las actividades de juegos de suerte y azar por normas de vieja data vigentes que fueron declaradas exequibles y que lo que pretende la Ley 643 de 2001 es que no se creen impuestos nuevos a los existentes antes de su promulgación. Insistió en que el impuesto sobre apuestas y juegos permitidos no fue derogado. Anotó que no existe una doble tributación, pues insistió en que una cosa son los derechos de explotación de la concesión y otra el impuesto a los juegos de suerte yRadicado: 52001-23-33-000-2015-00114-01 (27186)

Demandante: Superservicios de Nariño S.A.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co azar. Con relación a los conceptos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público advirtió que no son vinculantes y que las posiciones de las Cortes son contrarias a estos. Acerca de la prohibición de gravar el juego de apuestas permanentes con impuestos territoriales, comentó que en la Ley 12 de 1932, el legislador hizo una descripción abstracta y general de juegos y apuestas que existieran o pudiesen existir hacia el futuro y que el chance es una apuesta permanente y un juego de azar gravado. Añadió que la prohibición para gravar juegos de apuestas es territorial y no nacional, de all í que el impuesto cobrado es del orden nacional, aun cuando beneficie al municipio, por lo cual el demandado no violó la ley. En lo concerniente a los principios de igualdad y legalidad, afirmó que no fueron

y no nacional, de all í que el impuesto cobrado es del orden nacional, aun cuando beneficie al municipio, por lo cual el demandado no violó la ley. En lo concerniente a los principios de igualdad y legalidad, afirmó que no fueron violados por el municipio por cuanto dio cumplimiento al artículo 315 constitucional, las Leyes 136 de 1994, 69 de 1946, 33 de 1968, el Decreto 1333 de 1986 y demás normas concordantes, los precedentes jurisprudenciales, y que la demandante no se encuentra en situación de inferioridad y desigualdad. Recalcó que no existe una doble tributación pues, además, las rentas de monopolios son no tributarias. Sobre la indeterminación de la sanción, manifestó que el municipio ha respetado las normas del debido proceso y que la cuantificación de la sanción puede llevarse a cabo en el momento procesal posterior a la resolución sanción, en el marco de la determinación oficial del tributo, de suerte que la demandante confunde dicho procedimiento con el sancionatori o 8 . Relató que el municipio formuló emplazamientos previos por no declarar, que fueron respondidos por la actora y, posteriormente, impuso sanción por no declarar, sin que las normas exijan una liquidación previa o en firme para cuantificar la deuda del contribuyente, lo cual se predica del procedimiento de determinación.9 Diferenció entre el impuesto y la obligación tributaria, acepción última que incluye sanciones, intereses y agravantes o atenuantes y afirmó que, si para cuando se produce la resolución sanción, no se conocen las ventas brutas del contribuyente, la administración debe anunciar la multa sobre la base de la renuencia de este a

sanciones, intereses y agravantes o atenuantes y afirmó que, si para cuando se produce la resolución sanción, no se conocen las ventas brutas del contribuyente, la administración debe anunciar la multa sobre la base de la renuencia de este a declarar y pagar el impuesto, con valores determinables con la liquidación oficial de aforo, pues en la determinación oficial se materializan las cifras de la obligación. Explicó que como el municipio no conocía el valor de las ventas, anunció la sanción con base en lo preceptuado en la Ley. Hizo una relación de las actuaciones adelantadas por la Administración y se refirió a la sentencia C -485 de 2003 de la Corte Constitucional para so stener que la sanción por no declarar se puede imponer en la liquidación oficial de aforo y no es imperativo hacerlo en la resolución sanción debido a la redacción de la norma. Comentó que no pudo establecerse el valor de las ventas brutas debido a que la demandante no remitió la información solicitada por la incapacidad de su contadora, y, finalmente, aportó cifras de ventas de orden departamental que no interesan a la administración. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segun