CE - 520012333000201500732011SENTENCIA20230711221226

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

Demandante: Justino Rodríguez Benavides

Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento pensional. Régimen de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA ___________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante , contra la sentencia proferida en audiencia celebrada el 1 8 de marzo de 2020, por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Justino Rodr íguez Benavides , mediante

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Justino Rodr íguez Benavides , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de l as siguientes Resoluciones: RDP 039510 del 31 de diciembre de 2014; RDP 007541 del 2 5 de febrero de 2015 y RDP 012781 del 31 de marzo de 2015 y, por ende, la nulidad de las Resoluciones: PAP 28062 del 29 de noviembre de 2010, UGM 35861 del 28 de febrero de 2012; RDP 006590 del 30 de julio de 2012; RDP 006590 del 30 de julio de 2012;2

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides RDP 038028 del 16 de agosto de 2013; RDP 045405 del 30 de septiembre de 2013; RDP 001808 del 21 de enero de 2014 ; 005204 del 14 de febrero de 2014; ADP 001509 del 17 de febrero de 2014; 001831 del 26 de febrero de 2014 y 0 03118 del 26 de marzo de 201 4, por medio de las cuales Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez con el régimen especial de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC) y resolvió los recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmarlos.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó

funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC) y resolvió los recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmarlos.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) reconocer la pensión reclamada, de conformidad con la Ley 32 de 1986, es decir, con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio ; ii) ordenar el reconocimiento del 14% sobre la mesada pensional por la cónyuge dependiente; el descuento del aporte a salud en un porcentaje del 5% por corresponder a un régimen especi al independiente de la Ley 100 de 1993 y la devolución de los descuentos adelantados por valores dejados de aportar por el INPEC; iii) cancelar la diferencia pensional existente entre la prestación inicialmente reconocida y la que se disponga ; iv) realizar los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE; iv) dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 ; y v) condenar en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor Justino Rodríguez Benavides nació el 13 de julio de 1958 y desempeñó el empleo de dragoneante grado 11, código 4114, desde el 10 de diciembre de 1980 hasta el 30 de enero de 2012; es decir, estuvo vinculado a la entidad, 32 años y 2 meses.

empleo de dragoneante grado 11, código 4114, desde el 10 de diciembre de 1980 hasta el 30 de enero de 2012; es decir, estuvo vinculado a la entidad, 32 años y 2 meses.

1. Por medio de la Resolución PAP 028062 del 29 de noviembre de 201 0, se le reconoció una pensión de vejez , con una mesada pensional del 75% de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, en cuantía de $822.107.3

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides iii) A través de la Resolución UGM 35861 del 28 de febrero de 2012 , se le reliquidó la pensión, con el 75% de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, elevando la cuantía a $1.022.187.

1. Mediante la Resolución RDP 006590 del 30 de julio de 2012, se reliquidó la pensión sin incluir el mes de enero de 2012 y se elevó la cuantía a $1.310.252.

1. Por conducto de la Resolución RDP 038028 del 16 de agosto de 2013 se reliquidó la pensión y se elevó la cuantía a $1.454.282.

1. Con la Resolución RDP 045405 del 30 de septiembre de 2013, se modificó la cuantía a $1.374.478, por encontrar que se habían tenido en cue nta dos valores correspondientes al pago de la prima de vacaciones.

1. Mediante la Resolución RDP 00108 del 21 de enero de 2014, se reliquida le

cuantía a $1.374.478, por encontrar que se habían tenido en cue nta dos valores correspondientes al pago de la prima de vacaciones.

1. Mediante la Resolución RDP 00108 del 21 de enero de 2014, se reliquida le pensión, arrojando una cuantía de 1.320.677, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.

1. A través de la Resolución RDP 005204 del 14 de febrero de 2014, se revoca la anterior Resolución y se ordena la exclusión de nómina.

1. Mediante la Resolución RDP 039510 del 31 de diciembre de 2014, se analizó reliquidar la pensión con el 75% de los factores salariales respecto de los cuales se cotizó durante el último año de servicio; esto es, entre el 1 de febrero de 2011 y el 30 de enero de 2012 y se determinó que la mesada pensional que arrojaba era idéntica a la reconocida a través de la Resolución RDP 045405 del 30 de septiembre de 2013, que era la que se encontraba en firme, por ende, negó la solicitud de reliquidación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005; la Ley 32 de 1986; los Decretos 758 del 11 de abril de 1990 y 446 de 1994.4

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

Demandante: Justino Rodríguez Benavides

Decretos 758 del 11 de abril de 1990 y 446 de 1994.4

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

Demandante: Justino Rodríguez Benavides

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:1

1. El régimen especial de pensiones de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC fue elevado a rango constitucional mediante la expedición del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política , en el cual solo se exige que el interesado haya ingresado antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para acceder a la prestación en los términos de la Ley 32 de 1986.

1. El régimen especial al que se alude en nada tiene que ver con la transición prevista para el régimen general de pensiones establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así, en atención a que el demandante ingresó al INPEC el 10 de diciembre de 1980, es beneficiario de la prestación reclamada.

1.2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de P ensiones, por intermedio de apoderad o, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, 2 manifestando que no es posible tener en cuenta todos los factores salariales solicitados por el demandante ; específicamente los siguientes: sobresueldo; subsidio familia r; bonificación especial por recreación y sueldo por vacaciones; toda vez que respecto de estos no realizó las respectivas cotizaciones.

en cuenta todos los factores salariales solicitados por el demandante ; específicamente los siguientes: sobresueldo; subsidio familia r; bonificación especial por recreación y sueldo por vacaciones; toda vez que respecto de estos no realizó las respectivas cotizaciones.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 18 de marzo de 2020, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos: 3

1. Comoquiera que al actor le aplica el régimen de transición previsto en el artículo 36

1 Aplicativo samai. Expediente digital «2. Folio 1 a 200». 2 Aplicativo samai. Expediente digital «2. Folio 1 a 200». 3 Aplicativo samai. Expediente digital «2015 732 fallo».5

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides de la Ley 100 de 1993 , no es posible tener en cuenta los factores salariale s devengados durante el último año de servicios, por cuanto el IBL no hace parte del régimen de transición; por ende, debe calcularse teniendo en cuenta los últimos 10 años de servicios, de conformidad con el artículo 21 de la aludida Ley.

1. En cuanto a los factores salariales, de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, solo pueden tenerse en cuenta aquellos respecto de los cuales se cotizó ; por este motivo, no puede prosperar la solicitud del demandante.

1.4. El recurso de apelación

Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, solo pueden tenerse en cuenta aquellos respecto de los cuales se cotizó ; por este motivo, no puede prosperar la solicitud del demandante.

1.4. El recurso de apelación

El señor Justino Rodr íguez Benavides , por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

1. El a quo desconoció el contenido normativo del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 , según el cual, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Naciona l del INPEC, que ingresen ante s de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, pueden beneficiarse de la pensión prevista en la Ley 32 de 1986.

1. Es el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 el que excluye de sus contenidos y regulación normativa a estos servidores, razón por la cu al es equivocado aplicar las exigencias del artículo 36 ibidem al caso particular del actor.

1. De acuerdo con lo anterior, debe ordenarse la reliquidación de la pensión de conformidad con el régimen de la Ley 32 de 1986 ; es decir, con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.5

4 Aplicativo samai. Expediente digital «7. Recurso apelación». 5 Aplicativo samai. Constancia en el índice 21.6

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

4 Aplicativo samai. Expediente digital «7. Recurso apelación». 5 Aplicativo samai. Constancia en el índice 21.6

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides 1.6. El ministerio público

El Procurador Tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el que solicitó, 6 modificar el recurrido fallo en el sentido de reconocer que al demandante le aplica el régimen especial de la Ley 32 de 1986, pero no la inclusión de los factores solicitados; por cuanto respecto de estos no se probó que se hayan realizado las correspondientes coti zaciones, de conformidad con el párrafo transitorio 5.° del Acto Legislativo 01 de 2005.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, 7 se circunscribe a establecer si el señor Justino Rodríguez Benavides tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio , de conformidad con la Ley 32 de 1986, en su condición de ex servidor del INPEC.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen pensional de los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a

Carcelario

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a todos los habitantes del territorio nacional, conservando los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos «conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,

6 Aplicativo samai. Memorial en el índice 19. 7 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.7

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general».8

Sin embargo , en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos». Al respecto, esta Sala recientemente señaló que, con fundamento en esta norma, era evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa clasificación».9

derechos adquiridos». Al respecto, esta Sala recientemente señaló que, con fundamento en esta norma, era evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los trabajadores comprendidos en esa clasificación».9

Ahora bien, el Gobierno nacional expidió el Decreto 407 de 1994, por el cual estableció el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:

Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003] Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determ inados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezc a el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].

Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126 del

Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas en la Ley 100 de 1993. [Resalta la Sala].

Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126 del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y

8 Artículo 11 de la Ley 100 de 1993. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001 -2339-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.8

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

En consecuencia, corresponde analizar la Ley 32 de 1986, 10 que definió que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional es un organismo armado, de carácter civil y permanente al servicio del Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado». Además, el artículo 96 de esta norma dispuso q ue «[l]os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades

derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta la edad».

Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas en el numeral 2.º del artículo 17 11 de la Ley 797 de 2003, que reformó «algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades».12 Esta norma, en lo pertinente, preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo.

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: […]

10 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia». 11 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

11 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para: […]

2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar l as tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema». 12 Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.9

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

Demandante: Justino Rodríguez Benavides

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inp ec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establ ecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.

[…]

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en for ma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo

con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en for ma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pens ión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[13].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

De la disposición trascrita se concluye que la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de internos del INPEC y de otros establecimientos carcelarios tiene el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.

custodia y vigilancia de internos del INPEC y de otros establecimientos carcelarios tiene el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.

Sin embargo, esta disposición estableció un régimen de transición consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían derecho a que una vez cumplida s 1000 semanas cotizadas,14 la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Esto señala la norma:

13 «Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015». 14 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «A par tir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».10

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

Demandante: Justino Rodríguez Benavides

Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>15 Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número

Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>15 Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 par a acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas de cotización especial, ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensió n; y iii) el cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo. Sobre cada requisito en particular se advierte lo siguiente:

1. En relación con las 500 semanas de cotización especial a que alude la norma, esta Corporación,16 en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, ha señalado que la interpretación más favorable a los trabajadores «es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto

permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003». [Resalta la Sala].

1. Sobre el segundo requisito, según el cual se debe atender lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, de acue rdo con la interpretación que ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la norma, el aludido requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición necesaria para ser beneficiario del

15 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 sema nas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo”. 16 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000 2012 00100 01 (3287 -2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.11

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021)

proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.11

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00732 01 (3466-2021) Demandante: Justino Rodríguez Benavides régimen de transición y no como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado:17

La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200318, hubieren cotizado cuando menos 500 sem anas en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas personas deben cumplir con “ el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión ”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de

2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho pensional; iii) una vez c umplido el número mínimo de mil semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º. [Resalta la Sala].

establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º. [Resalta la Sala].

1. En cuanto al último requisito, esto es, el cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:19

En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, ex ige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reco nocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las c ondicione