CE - 520012333000201600308011SENTENCIA20230927205022

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C. veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 52001-23-33-000-2016-00308-01 (0901-2019)

Demandante: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Demandado: E.S.E. Hospital Civil de Ipiales

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relaci ón laboral subyacente o encubierta, solución de continuidad, prescripción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto po r la parte demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, de 11 de julio de 2018 , por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Mónica del Carmen Arcos Ramírez , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio G-864 de 24

la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Mónica del Carmen Arcos Ramírez , mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad del oficio G-864 de 24 de noviembre de 2015 , expedido por el gerente de la E.S.E. Hospital Civil de Ipiales (Nariño), por medio del cual se le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar que entre la demandante y la E.S.E. demandada existió una relación laboral desde el 2 de septiembre de 2002 hasta el 10 de septiembre de 2013; ii) ordenar a la demandada a pagar los salarios y las prestaciones sociales generadas y no pagadas en el período señalado; iii) reconocer y pagar la sanción moratoria por impago de cesantías e intereses sobre estas; iv) devolver los aportes realizados a la Seguridad Social; v) reconocer y pagar a favor de Porvenir S.A. el cálculo actuarial por omisión y «subcotización» pensional; y, vi) indexar las sumas dejadas de cancelar.2

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora Mónica del Carmen Arcos Ramírez prestó sus servicios profesionales de

www.consejodeestado.gov.co 1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora Mónica del Carmen Arcos Ramírez prestó sus servicios profesionales de médico especialista en patología, de manera personal e ininterrumpida, en la E.S.E.

Hospital Civil de Ipiales, desde 2 de septiembre de 2002 hasta el 10 de septiembre de 2013, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

1. Durante el tiempo en que estuvo vinculad a, cumplió con un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; además, debía estar disponible los fines de semana y festivos para «necropsias clínicas».

1. Tuvo que cumplir con reglamento s, cronogramas y metas impuest as por la entidad; recibió órdenes de sus superiores en relación con la ejecución de su labor y respecto de las cuales debía presentar informes periódicos.

1. Los materiales y utensilios para el desarrollo de su actividad los proporcionó la entidad demandada.

1. Por sus funciones percibió una remuneración económica mensual «denominada de diferentes maneras: compensaciones y honorarios».

1. El 23 de septiembre de 2015, presentó derecho de petición ante la E.S.E. Hospital Civil de Ipiales , donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales.

1. El 24 de noviembre de 2015, a través del oficio G-864, el gerente de la E.S.E. negó las peticiones.

prestaciones sociales.

1. El 24 de noviembre de 2015, a través del oficio G-864, el gerente de la E.S.E. negó las peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 25, 48 y 53 de la Constitución; 32 de la Ley 80 de 1993, y 22 y 23 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, las leyes 65 de 1946 y 344 de 1996; y los decretos 2567 de 1946, 1160 de 1947, 1045 de 1978, 2712 de 1999, 1267 de 2001 y 1919 de 2002. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo siguiente:

1. En el caso concreto se prueba que la demandante fue vinculada bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios para disimular el verdadero carácter de una relación laboral, pues en su ejecución se presentaron los tres elementos constitutivos de un contrato de trabajo: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

1. Como la entidad demandada se abstuvo de realizar los aportes al sistema de la Seguridad Social, la señora Arcos Ramírez se vio obligada a efectuarlos; razón por la cual deben serle devueltas las sumas por ella asumidas.

1. El elemento de la subordinación está plenamente acreditado, comoquiera que a lo largo de su vinculación estuvo sometid a a órdenes directas de sus jefes inmediatos, cumplió3

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

de su vinculación estuvo sometid a a órdenes directas de sus jefes inmediatos, cumplió3

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co horarios, reglamentos y asistió a reuniones y capacitaciones; sin que pueda concluirse que fueron tareas de coordinación propia de contratistas, «puesto que, en su caso, las pautas impartidas por la entidad demandada, por conducto de sus funcionarios, dejaron de serlo para convertirse en órdenes». En síntesis, no tenía ningún tipo de autonomía.

1. Por todo lo anterior, aunque entre la señora Arcos Ramírez y la demandada se hayan pactado diversos contratos de prestación de servicios directos y a través de cooperativas , la realidad que subyace a ellos es la de una auténtica relación laboral, la cu al se extendió por un per iodo continuo de más de once años ; en consecuencia, cabe acceder a las pretensiones de la demanda.

1.2. Contestación de la demanda

La E.S.E. Hospital Civil de Ipiales , por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó negarlas, de acuerdo con las siguientes razones:1

1. La vinculación que mantuvo la E.S.E. con la señora Mónica Arcos Ramírez se estructuró bajo el marco legal de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; por este motivo no es posible el reconocimiento de una relación laboral o de las prestaciones sociales que se deriven de esta.

bajo el marco legal de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; por este motivo no es posible el reconocimiento de una relación laboral o de las prestaciones sociales que se deriven de esta.

1. La demandante estuvo vinculada a través de cooperativas de trabajo «y una S.A.S.», las cuales contrataban con el Hospital Civil de Ipiales para prestarle servicios especializados que este no tenía en su planta de personal, pero que debía cubrir dada su calidad de

Empresa Social del Estado.

1. Entre la demandante y la demandada nunca se dieron lo s elementos de una relación laboral y, menos, el de la subordinación. En cambio, lo surgido entre las partes fue una relación de simple coordinación, necesaria para articular la forma y el tiempo en que se iba a recibir el servicio contratado. Por consiguiente, no es cierto que la señora Arcos recibiera órdenes e instrucciones de forma verbal o escrita por parte de las directivas de la E.S.E., como tampoco lo es que sobre ella se ejerciera la potestad disciplinaria.

1. Los mencionados contratos fueron ce lebrados de buena fe , en el ejercicio pleno de la autonomía contractual; atendiendo a las necesidades específicas de la demandada, así como a las calidades y experiencia acreditada por el contratista , que en virtud de su autonomía, asumió el cumplimiento d e los horarios pactados y de las actividades contratadas.

1. No hay lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales , toda vez que éstas no son propias de los contratos de prestación de servicios, pues de conformidad con la Ley 80 de 1993, en ningún caso este tipo de actos jurídicos generan vínculos de naturaleza laboral.

1. La demandante tenía la calidad de independiente (empresa unipersonal) dentro del

de 1993, en ningún caso este tipo de actos jurídicos generan vínculos de naturaleza laboral.

1. La demandante tenía la calidad de independiente (empresa unipersonal) dentro del sistema integral de la Seguridad Social , contenido en la Ley 100 de 1993, por lo que los aportes por ella realizados fueron los legalmente previstos y exigibles.

1 Folios 614 al 632.4

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vii) En ese orden de ideas, propuso como excepciones las de legalidad del acto administrativo, inexistencia de la relación laboral, inexistencia de las obligaciones laborales, falta de legitimación la causa por pasiva, cobro de lo no debido, inexistencia de la causa jurídica para demandar, prescripción de los derechos que se rec laman y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada2

El Tribunal Adm inistrativo de Nariño, mediante sentencia de 11 de julio de 2018 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

1. Está demostrado que l a demandante prestó sus servicios profesionales como médico especialista en patología, en la E.S.E. Hospital Civil de Ipiales, entre el 2 de septiembre de 2002 y el 10 de septiembre de 2013.

1. De acuerdo con los testimonios recibidos y a las pruebas documentales aportadas, se

especialista en patología, en la E.S.E. Hospital Civil de Ipiales, entre el 2 de septiembre de 2002 y el 10 de septiembre de 2013.

1. De acuerdo con los testimonios recibidos y a las pruebas documentales aportadas, se pudo establecer qu e si bien la demandante suscribió con la entidad demandada y varias cooperativas distintos contratos d e prestación de servicios , el vínculo entre l as partes presentó las características propias de una relación laboral, toda vez que:

a) La actora estuvo sometida a un horario laboral de 8 horas diarias, de lunes a viernes, comprendido entre las 7:00 a.m. y las 12:00 p.m. y 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.; bajo la continua y permanente dirección del subdirector científico de la entidad, el señor Víctor Hugo Ortega.

b) Las labores desarrolladas por la actora, en cuanto médico líder del proceso de patología, eran permanentes y propias de la actividad misional de la entidad demandada.

c) La naturaleza de las actividades exigía que los servicios se prestaran de forma personal y en las instalaciones del centro hospitalario.

d) Por los servicios prestados, la demandante recibió una remuneración económica mensual «denominada compensaciones o honorarios».

1. Si bien no existen certificados de tiempo de servicio ni contratos de prestación de servicios para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con los testimonios recibidos y «los oficios c ruzados entre funcionarios del Hospital y la señora Mónica Arcos Ramírez, que datan del 2009, 2010, 2011 y 2012 (...)», puede inferirse que la demandante «permaneció de manera continua en dicha

del Hospital y la señora Mónica Arcos Ramírez, que datan del 2009, 2010, 2011 y 2012 (...)», puede inferirse que la demandante «permaneció de manera continua en dicha institución (...)».

1. Las razones anteriores llevan a concluir que la demandante no desarrolló funciones meramente temporales, pues duró vinculad a a la E.S.E. por más de 11 años, prestando servicios médicos especializados y recibiendo órdenes de sus jefes inmediatos . En esas condiciones, «el cargo de médico patólogo no podía ser contratado a través de contratos de prestación de servicios, en tanto la labor desempeñada por la actora se requirió de forma permanente en la entidad y dicha función está directamente ligada con el serv icio público

2 Folios 726 al 750.5

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de salud a cargo del hospital (...) con lo cual, el carácter excepcional y esporádico de la actividad contratada se desfigura (sic)».

1. Configurados los elementos de la relación laboral, debe declararse la nulidad del acto administrativo demandado y ordenarse , a título indemnizatorio, el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados, entre el 2 de septiembre de 2002 y el 10 de septiembre de 2013, en tanto no hubo prescripción del derecho y se demostró que desde ese momento existió continuidad en la labor realizada.

prestaciones sociales reclamados, entre el 2 de septiembre de 2002 y el 10 de septiembre de 2013, en tanto no hubo prescripción del derecho y se demostró que desde ese momento existió continuidad en la labor realizada.

1. Para determinar la base de liquidación, mes a mes, deberán tomarse los honorarios pactados en los contratos de prestación d e servicios aportados; mientras que para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de diciembre de 2012, dado que no se cuenta con el valor cancelado como honorarios, habr án de tenerse en cuenta los salarios fijos del cargo de médico especialista de la E.S.E. para ese lapso, o, en su defecto, el valor establecido en los decretos anuales de las entidades territoriales para el nivel profesional.

1. Finalmente, se niegan las pretensiones relacionadas con la sanción moratoria y el daño moral «por los efectos de la condena y la ausencia de prueba, respectivamente».

1.4. El recurso de apelación3

La E.S.E. Hospital Civil de Ipiales , por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla, con base en los siguientes argumentos:

1. El tribunal hizo caso omiso de lo manifestado por la propia contratist a, quien afirmó que mantuvo una relación de tipo contractual , cuyo objeto era la prestación de los servicios como médico especialista en patología ; un s ervicio que prestaba de manera libre y con criterio profesional.

1. Si bien es cierto que la actora sostuvo que no podía hacer cambios de turno con otro médico de la institución por ser la única especialista en patología , también lo es que en

criterio profesional.

1. Si bien es cierto que la actora sostuvo que no podía hacer cambios de turno con otro médico de la institución por ser la única especialista en patología , también lo es que en ningún momento refirió que debía solicitar permisos para ausentarse de sus labores. Es decir, «la contratista podía cumplir con su objeto contractual y las metas pactadas con el contratante, sin depender de un horario de trabajo».

1. El a quo no consideró que , según la jurisprudencia del Consejo de Estado, «los contratistas pueden y deben presentar informes y documentos en los que reporten unas actividades y la ejecución del contrato, sin que tales situaciones devengan en una relación laboral entre las partes ». En ese sentido, «no tuvo en cuenta que la ley dispone que se podrá contratar mediante la figura del contrato de prestación de servicios cuando la entidad requiera un servicio temporal por carga adicional del servicio, como en efecto aconteció en este caso».

1. El tribunal no se «percató» de que los documentos «en los que la demandante daba cuenta de su gestión no sobrepasaban el objeto contractual al que ella se comprometió con

3 Folios 756 al 766.6

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la suscripción del contrato de servicios, es decir, no estaba soportando una carga adicional a la que había adquirido».

1. Tampoco tuvo en cuenta el tribunal «que los mismos testigos, al ser interrogados por el

www.consejodeestado.gov.co la suscripción del contrato de servicios, es decir, no estaba soportando una carga adicional a la que había adquirido».

1. Tampoco tuvo en cuenta el tribunal «que los mismos testigos, al ser interrogados por el Hospital Civil de Ipiales, manifestaron que no podían afirmar con total certeza que la actora permaneciera en el lugar donde prestaba el servicio, durante toda la jornada laboral de los

empleados de carrera».

1. Desconoció el tribunal que los oficios por medio de los cuales se convocó a las reuniones programadas por el Hospital Civil de Ipiales solo eran invitaciones que no tenían el carácter de obligatoriedad.

1. Al proceso no se aportaron llamados de ate nción o memorandos destinados a la contratista, ni documentos que den cuenta de posibles sanciones disciplinarias adelantadas contra ella; como tampoco solicitudes y/o concesiones de licencias, permisos o vacaciones que prueben la existencia de la subordinación.

1. De confirmarse la sentencia apelada, deberá valorarse el fenómeno de la prescripción «sobre aquellas prestaciones causadas y que no se hubieran reclamado en un horizonte de 3 años siguientes», de conformidad con el Decreto 3135 de 1968.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. De la demandante4

La señora Mónica del Carmen Arcos Ramírez , por conducto de su apoderada, reafirmó lo sostenido en la demanda y, en ese sentido, luego de reiterar la configuración de cada uno de los tres elementos de la relación laboral (prestación personal del servicio, subordinación y remuneración), insistió en que no gozó de libertad y autonomía en el desarrollo de las

sostenido en la demanda y, en ese sentido, luego de reiterar la configuración de cada uno de los tres elementos de la relación laboral (prestación personal del servicio, subordinación y remuneración), insistió en que no gozó de libertad y autonomía en el desarrollo de las funciones, pues el cargo de médico patólogo, «por su propia esencia y naturaleza, implica estar sujeto a órdenes».

Asimismo, subrayó que el análisis probatorio del a quo es correcto y se atempera a la verdad ocurrida entre las partes, comoquiera que «las reglas de la experiencia le permiten al juzgador hacer la comparación que jurisprudencialmente se exigen (sic) para la aplicación del principio de primacía de la realidad en el sector público, puesto que en el caso en concreto no distan las funciones de medico patólogo a cualquier otro médico con dicha especialidad que pudo trabajar de planta en el Hospital Civil de Ipiales».

Por todo ello, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

1.5.2. De la entidad demandada5

Por conducto de su apoderado, la E.S.E. insistió en los argumentos del recurso de apelación y resaltó que un mejor análisis del material probatorio, acompasado con la postura jurisprudencial reciente y las normas que aplican al caso, demuestran que el vínculo entre las partes fue de tipo contractual. No obstante, que de contemplarse una confirmación

4 Según memoriales adjuntos en los índices 10 y 14 del Samai. 5 Según memoriales adjuntos en el índice 13 del Samai.7

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

5 Según memoriales adjuntos en el índice 13 del Samai.7

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la sentencia, debe declararse probada la excepción de prescripción propuesta, por cuanto la reclamación administrativa fue elevada por la actora el 22 de septiembre de 2015 y, por lo tanto, los periodos anteriores al 22 de septiembre de 2012 han prescrito.

1.6. El ministerio público

No rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del artículo 328 del CGP, el juez de alzada únicamente debe pronunciarse respecto de los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos vertidos por la parte demandada en la alzada, corresponde a la Sala resolver las siguientes cuestiones: i) si entre la señora Mónica del Carmen Arcos Ramírez y el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. existió una relación laboral encubierta o subyacente. D e ser así, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales; ii) en caso de comprobarse la relación laboral, determinar, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe

sociales; ii) en caso de comprobarse la relación laboral, determinar, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a alguno o todos los periodos de vinculación de la demandante; y, iii) si procede la devolución de los aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, l engua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, l engua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.8

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilida d a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formale s de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-6 a través del principio de « salario igual por un trabajo de igual valor », el

de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-6 a través del principio de « salario igual por un trabajo de igual valor », el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización7, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratific ó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Ameri cana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) l a oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden me noscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglament o, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reg lamentaria y constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación

6 Aprobada el 11 de abril de 1919. 7 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.9

Radicado: 52001233300020160030801 (0901-2019)

Actor: Mónica del Carmen Arcos Ramírez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamie nto, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos

Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no pued an realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contr