CE - 520012333000201800298011SENTENCIA20230831092903

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto Temas: Nivelación salarial del cargo de abogado asesor grado 23 de tribunal judicial

Sentencia segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 por el Tribuna l Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda.

Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de con trol de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, Juan Pablo Hernández Zambrano presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, para que se inaplicaran los acuerdos de creación de las medidas de descongestión del Consejo Superior de la

contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, para que se inaplicaran los acuerdos de creación de las medidas de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que se refiere a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor, grado 23 », en los despachos de descongestión y permanentes del Tribunal Administrativo de Pasto - Nariño, así como las sucesivas prórrogas . De igual manera, se inaplicara el acuerdo que creó el mencionado empleo de forma

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: definitiva en la plan ta de cargos de dicha corporación. Adicionalmente se declare la nulidad de la Resolución DESAJPAR17-4776 del 20 de diciembre de 2017 , por medio de la cual se resolvió no acceder a la solicitud de l demandante, consistente en que se pagaran las diferencias s alariales entre el empleo de «abogado asesor grado 23» y el de abogado asesor sin grado; y del acto ficto derivado del silencio administrativo frente al recurso de apelación interpuesto por el demandante el 28 de diciembre de 2017 contra de la resolución antes referida.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restable cimiento del derecho solicitó i) declarar para todos los efectos, que el demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin grado, desde su posesión ; ii) ordenar a la demandada reconocer y pagar la diferencia salarial y prestacional entre lo que ha percibido en

solicitó i) declarar para todos los efectos, que el demandante ha ejercido el cargo de abogado asesor, sin grado, desde su posesión ; ii) ordenar a la demandada reconocer y pagar la diferencia salarial y prestacional entre lo que ha percibido en el cargo de abogado asesor grado 23 y lo que debió haber recibido según el salario establecido para el cargo de abogado asesor sin grado ; iii) ordenar pagar las sumas adeudad as con respecto de cada uno de los meses en los que ha ejercido el cargo de abogado asesor en el Tribunal Administrativo de Nariño y hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso, en caso de que el demandante aún se encontrara ejerciendo dicho ca rgo; iv) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que expida un acuerdo en el que se indique expresamente que el cargo de abogado asesor, adscrito a la planta de cargos del Tribunal Administrativo de Nariño, no tiene asignación de grado alguno, con las implicaciones salariales y prestacionales que ello tiene; v) condenar a la demandada en costas y agencias en derecho; y vi) dar cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

Juan Pablo Hernández Zambrano ha ocupado el cargo de «abogado asesor, grado 23» en los siguientes periodos: i) desde el 3 de febrero de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015; ii) entre el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016 ; iii) del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 y , iv) desde el 2 de

de noviembre de 2015; ii) entre el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016 ; iii) del 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 y , iv) desde el 2 de octubre de 2017 hasta la fecha de expedición del certificado, esto es, 3 de enero de 2018, cargo creado por descongestión mediante Acuerdo PSAA1 2-9212 del 2 de febrero de 2012 que dispuso la creación de un cargo de abogado asesor grado 23 en cada uno de los d espachos de magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño. El mencionado empleo, con posterioridad a los actos acusados, se estableció como permanente por medio del Acuerdo PSAA 15-10402 del 29 de octubre de 2015.3

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: El demandante presentó petición el 6 de diciembre de 2017 ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto y solicitó : «inaplicar bajo la excepción de inconstitucionalidad la expresión «grado 23» contenida en los Acuerdos PSAA12 -9219 del 2 de febrero de 201 2, así como sus pr órrogas y PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 que le otorgan al cargo de abogado asesor de los despacho del Tribunal Administrativo de Nariño, una remuneración diferente a los empleados que ocupan el cargo de abogado asesor en tribunales a nivel nacional.[…]».

A través de la Resolución DESA JPAR17-4776 del 20 de diciembre de 2017, la

diferente a los empleados que ocupan el cargo de abogado asesor en tribunales a nivel nacional.[…]».

A través de la Resolución DESA JPAR17-4776 del 20 de diciembre de 2017, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto – Nariño resolvió dicha petición, en la cual decidió no acceder a lo solicitado, al sostener que una vez estudi ada de acuerdo con la Constitución Política y Ley 4 de 1992 y los decretos salariales expedidos anualmente por el gobierno nacional, le pagó el salario y demás prestaciones de conformidad c on la normatividad laboral que desde la época regía para los cargos de la rama judicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante considera vulneradas las siguientes disposiciones:

Los artículos 1, 2, 4 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93 y 209 de la Constitución Política; Ley 4 de 1992; 54 de 1962; 16 de 1972; 270 de 1996; 1496 de 2011; Decreto 1950 de 1973; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 e 2017 y 337 de 2018. En cuanto al concepto de violación , se expusieron los siguientes argumentos2:

Violación de la Constitución Política

Con la indicación del «grado 23» para el cargo de abogado asesor del Tribunal Administrativo de Nariño no se les asegur ó su derecho a la igualdad dentro del

expusieron los siguientes argumentos2:

Violación de la Constitución Política

Con la indicación del «grado 23» para el cargo de abogado asesor del Tribunal Administrativo de Nariño no se les asegur ó su derecho a la igualdad dentro del marco jurídico y económico, pues excedió sus facultades al crear un cargo con un grado que da lugar a una remuneración distinta en la escala salarial y además por haber desmejorado la calidad de vida de las personas que lo ostentan , lo que se reflejó en un trato desigual, en cuanto a la remuneración que deb ió ser igual, es decir, sin haberle señalado el grado 23 al cargo de abogado asesor.

Los actos acusados vulner aron el artículo 53 Superior por cuanto el demandante no puede renunciar a su derecho de ser remunerado de acuerdo con la función

2 Folios 41 al 57.4

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: que desempeña como abogado asesor, por lo que nos encontramos ante un derecho de carácter irrenunciable.

Violación de la ley.

Los actos acusados vulneraron lo estipulado en la Ley 4 de 1992, toda vez que no acataron los objetivos y criterios allí dispuestos que debe observar el gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Así, la rama judicial, al pagar un salario que no se correspondía con el cargo ejercido, desnaturalizó los efectos reales para la cual fue creado el aludido empleo, por tanto, el Conejo Superior de la Judicatura excedió su facultad de

públicos. Así, la rama judicial, al pagar un salario que no se correspondía con el cargo ejercido, desnaturalizó los efectos reales para la cual fue creado el aludido empleo, por tanto, el Conejo Superior de la Judicatura excedió su facultad de reglamentación y desbordó claros preceptos de índole supranacional.

De igual manera, desconoció el principio de «a igual trabajo, igual remuneración», pues al actor no se le ha pa gado el salario que legalmente debió percibir. En esa medida, la entidad demandada en atención a la jerarquía normativa, no podía anteponer un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y desconocer lo ordenado en los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y así sucesivamente, pues era claro que la asignación mensual del cargo de abogado asesor no tiene graduación, de manera que, la demandada al negar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestaciona les existentes entre el «grado 23» que se le ha venido pagando al demandante respecto del cargo de abogado asesor de tribunal judicial, desconoce el contenido de los aludidos decretos salariales.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda y se opuso a las pretensiones . P ara tal efecto , se pronunció en los siguientes términos3:

De la revisión de los actos de creación del cargo ocupado por el actor, se tiene que fue provisto de manera transitoria mediante Acuerdo PSAA15-10288 del 29 de enero de 2015 como cargo de descongestión y dentro de los cuales, se encuentra

De la revisión de los actos de creación del cargo ocupado por el actor, se tiene que fue provisto de manera transitoria mediante Acuerdo PSAA15-10288 del 29 de enero de 2015 como cargo de descongestión y dentro de los cuales, se encuentra el de abogado asesor grado 23 para el Tribunal Administrativo de Nariño , medida que fue prorrogada en su vigencia con base en l as facultades constitucionales y legales señaladas en l os artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 1285 de 2009, de manera que es claro que el cargo creado correspondió al de abogado asesor grado 23, sin que al momento de su creación se fijara como un cargo «nominado», es decir, sin escala de grado, lo cual implicaría que se aplicara

3 A folios 168 al 172 del expediente5

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que no es otra, que la señalada en el artículo 4 del Decreto 1024 de 2013, norma vigente para las respetivas anualidades involucradas en esta solicitud.

Con base en las facultades otorgadas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha creado cargos de descongestión, que son de carácter transitorio, determinadas sus funciones y requisitos para su desempeño, medida adoptada en desarrollo del Plan Nacional de Descongestión y con el fin de disminuir el grave problema de congestión por la que atraviesa la administración de justicia.

requisitos para su desempeño, medida adoptada en desarrollo del Plan Nacional de Descongestión y con el fin de disminuir el grave problema de congestión por la que atraviesa la administración de justicia.

La única limitante que se ha impuesto para la creación de cargos en descongestión, es que no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 30 de octubre de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció en estos términos4:

El Consejo Superior de la Judicatura, si bien es compe tente para crear, trasladar o suprimir despachos judiciales, así como para determinar su estructura y planta de personal, crear los cargos que la componen y señalar las funciones y requisitos para su desempeño e n aquellos casos que la ley directamente no lo determine, también lo es que esa misma corporación carece de facultad para regular y/o modificar las asignaciones salariales de los empleados judiciales cuando el gobierno nacional lo ha hecho.

Para resolver la inaplicación del Acuerdo PSAA15 -10402 de l 29 de octubre de 2015 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura se tiene que dicho acto es inconstitucional e ilegal, especialmente en los artículo 84 y 85 en cuanto asignó el grado 23 al cargo de abogado asesor de tribunal judicial, en la medida en que trasgredió el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y los

inconstitucional e ilegal, especialmente en los artículo 84 y 85 en cuanto asignó el grado 23 al cargo de abogado asesor de tribunal judicial, en la medida en que trasgredió el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 4 de 1992 y los decretos proferidos por el presidente de la República año a año, a partir del Decreto 57 de 1993.

Entonces, deter minada la procedencia de la inaplicación por inconstitucional del Acuerdo PSAA15 -10402 de 2015, es fácil concluir que los actos administrativos

4 Folios 204 al 217 del expediente.6

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: demandados que fueron expedidos con sustento en lo dispuesto en él, carecen de asidero jurídico, en la medida en que el actor tiene derecho a que su remuneración mensual sea la asignada por el presidente de la República y no la determinada en torno al grado 23 que de forma irregular fue fijada al cargo de abogado asesor sin que para ello el Consejo Superior de la Judicatura contara con competencia.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandada interpuso recurso de apelación5 con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia, y para tal efecto argumentó lo siguiente:

Las facultades otorgadas al Co nsejo Superior de la Judicatura le brindan autonomía para tomar decisiones encaminadas al mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia, como la de creación, modificación

Las facultades otorgadas al Co nsejo Superior de la Judicatura le brindan autonomía para tomar decisiones encaminadas al mejoramiento del funcionamiento de la administración de justicia, como la de creación, modificación o supresión de cargos, previo seguimiento de las necesidades de la administración de justicia, en atención a que tiene la potestad reglamentaria en determinadas y precisas materias y por tanto puede expedir reglamentos tanto organizativos como generales de tipo ejecutivo, independiente y normativo.

El Consejo Superior de la Judicatura es la autoridad encargada de reglamentar lo concerniente a la carrera judicial, definir lo relacionado con las funciones y requisitos de los empleos de la rama judicial y terminar las plantas de personal de los despachos judiciales a nive l nacional , ello conforme al artículo 257 -3 de la Constitución Política.

Por su parte, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia otorgó en el artículo 63 plenas facultades a la referida corporación para que dentro de la autonomía administrativa pro cediera con la implementación del Plan Nacional de Descongestión, determinar el tipo de cargo que se requería crear de manera transitoria, el seguimiento de las medidas, el control y revisión de metas. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 85 ibid em y al tener en cuenta las necesidades de la jurisdicción y especialidad, determinó que el cargo que se debía crear, inicialmente de manera transitoria para descongestionar los tribunales administrativos era el de «abogado asesor grado 23» el cual no hace relación al cargo de abogado asesor nominado de la Ley 4 de 1992, sino que se determinó un grado especifico cuya remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades.

cargo de abogado asesor nominado de la Ley 4 de 1992, sino que se determinó un grado especifico cuya remuneración es proporcional a las funciones y responsabilidades.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

5 A folios 222 al 224 del expediente7

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:

La parte demandante solicit ó que se confirmara el fallo de primera instancia, en razón a que se demostró la extralimitación de funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la que finalmente eliminó el cargo de abogado asesor de tribunal judicial nominado, cargo creado por el gobierno nacional, cuya remuneración mensual y asignaciones básicas se encuentran claramente definidas en los decretos expedidos por él , hecho que vulneró los derechos del demandante en tanto ha fungido en el cargo de abogado asesor, t al cual lo verificó el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de primera instancia.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a es tablecer lo siguiente: en virtud de la facultad o torgada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia ¿el Con sejo Superior de la Judicatura podía fijar regímenes salariales y prestacional es distintos de los establecidos por los decretos anuales del gobierno nacional y en esa medida crear el cargo de abogado asesor grado 23?

Judicatura podía fijar regímenes salariales y prestacional es distintos de los establecidos por los decretos anuales del gobierno nacional y en esa medida crear el cargo de abogado asesor grado 23?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) autoridad competente para fijar el r égimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial; ii) competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial; iii) sobre el principio de igualdad en materia salarial y prestacional y iv) estudio del caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de sol ucionar el problema jurídico planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo aplicable al caso concreto.

2.3.1. Autoridad competente para fijar el r égimen salarial y prestacional de los cargos de la Rama Judicial

La Constituci ón Política previó, en e l artículo 150, numeral 19 , literales e) y f), como atribución del Congreso de la República la de dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales deb ía sujetarse el gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos:8

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante:

«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(…)

ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública …»

En desarrollo de dicha potestad , el Congreso expidi ó la Ley 4 de 1992 6, en cuyo artículo 1 señaló que el gobierno nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial: «ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: (…) b. Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial , el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República…» (aparte subrayado fuera del texto) A su vez , el parágrafo del artículo 14 de la citada ley dispuso que el gobierno nacional revisaría el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación en atención a criterios como el de equidad. Con base en ello, se expidieron anualmente los decretos en materia salarial y prestacional de dichos empleados; así, con el Decreto 57 del 7 de enero de 19937, el presidente de la República en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992 estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. De esta forma , estipuló en su artículo

Decreto 57 del 7 de enero de 19937, el presidente de la República en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992 estableció el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial. De esta forma , estipuló en su artículo 1 que el régimen salarial y prestacional allí establecido sería de obligatorio cumplimiento para quienes se vincularan al servicio con posterioridad a su vigencia y no se tendría en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público.

6 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadore s Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 7 “Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores púb licos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones».9

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: El artículo 2 ibidem preceptuó que los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el ré gimen salarial y prestacional establecido en el Decreto

Judicial y a la Justicia Penal Militar podían optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el ré gimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993; advirtiendo que quienes no lo hicieran continuarían rigiéndose por las normas vigentes a esa fecha.

A su turno, el artículo 3 señaló:

«A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración me nsual de los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente: (…)

2.- Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura: (…) Abogado asesor $1.125.000 …»

El artículo 4 previó que la remuneración mensual para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviera señalada en el artículo anterior, se regiría por la escala allí establecida:

GRADO REMUNERACION

01 91.377 02 107.068 03 127.989 04 151.764 05 184.415 06 217.067 […]» El artículo 11 pre vió que «[l]a incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura ». Posteriormente, se expidieron los decretos 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995,

65 de 1998, 388 de 2006, 657 de 2008, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1034 de 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017, 338 de 2018, 997 de 2019, 301 de 2020, 470 de 20 22 y 902 de 2023. No obstante, resulta preciso citar lo establecido en el Decreto 1039 de 2011, el cual se expidió para el mismo momento en que se implementó el Plan Nacional de Descongestión, ello en razón a que con base en tal disposición se profirió el Acuerdo PSAA11-8419 del 1 de agosto del 2011, mediante el cual se creó el «cargo de abogado asesor grado 23» desde el 2 de agosto de 2011 hasta el 16 de diciembre del mismo año.10

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: Este Decreto estableció en su artículo 4 que: «A partir del 1° de enero de 2011, la remuneración m ensual de los empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar será la siguiente:(…)

2. Para los siguientes empleos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura:

Abogado Asesor 5.140.170 […]». De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual en grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación

Abogado Asesor 5.140.170 […]». De igual forma, en su artículo 6 fijó la escala de remuneración mensual en grados, para los empleos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no est uviese señalada en los artículos anteriores del citado decreto. Luego, el Decreto 1024 del 2013, estableció en su artículo 4 que la remuneración mensual del empleo de abogado asesor de los tribunales judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los consejos seccionales de la judicatura, devengaría $5.582.842 y en su artículo 6 estableció la escala de remuneración mensual en grados para los empleos de la rama judicial y la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no estuviese señalada en los artículos anteriores. De lo expuesto se establece que la autoridad competente para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial es el gobierno nacional, el cual en ejercicio de tal facultad expidió anualmente los decretos que fijaron el salario para los cargos que con ocasión del nuevo régimen mantendrían la misma denominación y, de manera subsidiaria, dispuso una escala de remuneración en grados para aquellos empleos que no se encontraren en la clasificación allí prevista. 2.3.2 Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para la creación de cargos de la Rama Judicial La Constitución Política estableció en el numeral 2 del artículo 257 que el Consejo Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En e jercicio de esta atribución, no podrá establecer a

Superior de la Judicatura podrá: «[c]rear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En e jercicio de esta atribución, no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales».

En desarrollo del mencionado precepto constitucional , la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, estableció en su artículo 85 las funciones del Consejo Superior de la Judicatura:11

Radicado: 52001233300020180029801 (1543-2020)

Demandante: Juan Pablo Hernández Zambrano

Demandante: «ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS . Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

[…]

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Dist ritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos.

[…]

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales».

que no hayan sido fijados por la ley. En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales». Ahora bien, en ejercicio de la facultad de crear cargos en las distintas corporaciones de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura , en aplicación del Plan Nacional de Descongestión Judicial, creó distintos despachos de descongestión judicial a lo largo del territorio nacional, entre estos, creó 6 en el Tribunal Administrativo de Nariño a través del Acuerdo PSAA12-9219 del 2 de febrero de 2012, el cual dispuso: «ARTÍCULO 1º.- Crear transitoriamente, a partir del 2 de febrero y hasta el 30 de junio de 2012 en el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, un cargo de Abogado Asesor Grado 23 en cada uno de los despachos de Magistrado». Posteriormente, a través del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 creó en forma permanente para los despachos de magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, un cargo de abogado asesor grado 23 y un cargo de profesional universitario grado 16, así: «ARTÍCULO 88.- Creación de cargos en Tribunales Administrativos. Crea r en cada uno de los despachos de magistrado de los Tribunales Administrativ