CE - 520012333000201800334021AUTOQUEDECIDE20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos

Temas: DESACATO EN EL MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS - el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 dispuso que quien incumpla una orden judicial en el marco de las acciones populares incurrirá en multa de hasta 50 SMLMV, con mutables hasta con 6 meses de cárcel, decisión que será consultada con el superior jerárquico. / FACTORES PARA EL DESACATO - se requiere acreditar un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento de la orden judicial, así como un elemento subjetivo, entendido como una negligencia o renuencia injustificada.

El despacho resuelve la consulta respecto del auto del 10 de diciembre de 2021 del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante el cual se declaró configurado un desacato de las órdenes contenidas en la sentencia proferida por esa corporación el 24 de junio de 2020.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 24 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró que la Corporación Autónoma Regional de Nariño vulneró los derechos

el 24 de junio de 2020.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 24 de junio de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró que la Corporación Autónoma Regional de Nariño vulneró los derechos colectivos de las letras a), b) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y dictó varias órdenes para que cesara esa transgresión, originada en las irregularidades que se presentaron en el procedimiento para la adjudicación de los recursos de la t asa retributiva por vertimientos al agua. Posteriormente, determinó que se configuró el desacato de la referida providencia, ya que la entidad demandada incumplió varias de las órdenes de esa decisión e impuso una multa de 2 SMLMV a su director.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 27 de septiembre de 20171, los sindicatos Sintracorponariño y Sintrambiente, en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos , presentaron demanda contra la Corporación Autónoma Regional de Nariño1 Páginas 4 a 8 del archivo 25 del índice 2 de SAMAI.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

2

Corponariño-, en la que solicitaron que se declarara la vulneración de los derechos a la moralidad administrativa, al aprovechamiento racional de los recursos públicos y al goce del ambiente sano, por irregularidades en la convocatoria para la

2

Corponariño-, en la que solicitaron que se declarara la vulneración de los derechos a la moralidad administrativa, al aprovechamiento racional de los recursos públicos y al goce del ambiente sano, por irregularidades en la convocatoria para la suscripción de proyectos para la descontaminación del recurso hí drico, cuyo protocolo se adoptó por la Resolución 1089 de 2017 de esa entidad , debido a un cronograma de imposible cumplimiento y falencias en la publicidad y transparencia.

2. Sentencia de primera instancia

El 24 de junio de 2020 2, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró que Corponariño vulneró los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa y al aprovechamiento racional de los recursos públicos, por irregularidades en el procedimiento para la adjudicación de los recursos de la tasa retributiva por vertimientos al agua -en adelante también TRVAconsistentes en el plazo de 3 días que resultaba imposible para la presentación de propuestas, la indebida p ublicidad de la convocatoria y la ausencia de condiciones para la evaluación objetiva de los ofrecimientos.

El a quo también manifestó que la labor de la demandada respecto de la gestión de vertimientos al agua no se limitaba a la gestión contractual, sino que debía desempeñar directamente actividades para cumplir con ese propósito a su cargo.

Con base en la síntesis anterior, el a quo ordenó a Corponariño3 iniciar los trámites de liquidación de los convenios suscritos, promover los cobros de los saldos a favor, evaluar los efectos de esos proyectos, adoptar las medidas para garantizar una adecuada inversión de los recursos de la TRVA, determinar el plan de acción y los

de liquidación de los convenios suscritos, promover los cobros de los saldos a favor, evaluar los efectos de esos proyectos, adoptar las medidas para garantizar una adecuada inversión de los recursos de la TRVA, determinar el plan de acción y los criterios de priorización en la ejecución de esos ingresos, realizar una campaña informativa sobre el tema, habilitar una plataforma en la página web de la entidad respecto de esos tópicos y publicar la providencia de la “acción popular”.

3. El incidente de desacato y su trámite

3.1. El 22 de octubre de 2021 4, Germán Fernando Bastidas Patiño y Wilson Armando Cortés Acosta, en calidad de presidentes de los sindicatos

2 Archivos 30, 33 y 34 del índice 2 de SAMAI. El 23 de julio de 2020 Corponariño apeló la sentencia de primera instancia, por considerar que no incurrió en ninguna irregularidad. La impugnación fue concedida en el efecto devolutivo y admitida por el despacho del magistrado Hernando Sánchez, quien, mediante proveído del 10 de marzo de 2023 remitió el asunto por competencia a esta Sección, luego de lo cual se asignó a este despacho sustanciador. 3 Las órdenes de la sentencia serán ampliadas en detalle en la parte considerativa de esta decisión. 4 Archivos 46 y 47 del índice 2 de SAMAI.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

3

Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

3

Sintracorponariño y Sintrambiente y en su representación 5, promovieron un incidente de desacato contra Corponariño, en el que afirmaron que incumplió las órdenes de la sentencia del 24 de junio de 2020, por lo que solicitaron que se exija su cumplimiento, se sancione a los funcionarios del caso y, como medida provisional, el congelamiento de la TRVA.

Afirmaron que, en la reunión del comité de verificación del 19 de octubre de 2020 , Corponariño presentó un informe que no daba cuenta del acatamiento integral de lo dispuesto en la sentencia del a quo y que, pese a que los asistentes se comprometieron a reunirse una vez al mes, el comité no fue convocado.

También advirtieron que Corponariño ha llevado a cabo nuevas convocatorias sin el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia que resolvió la “acción popular” y que no existe evidencia de que se hayan acatado las órdenes contenidas en aquella.

3.2. El 22 de oc tubre de 2021 , el Tribunal Administrativo de Nariño requirió a Corponariño para que, en un plazo de 48 horas, informara sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia del 24 de junio de 2020 . Mediante escrito del 27 de octubre siguiente 6, Corponariño respondió que cumplió con las órdenes de la providencia en cuestión, pues promovió la liquidación de los con venios y el cobro

octubre siguiente 6, Corponariño respondió que cumplió con las órdenes de la providencia en cuestión, pues promovió la liquidación de los con venios y el cobro de las sumas a su favor; evaluó los efectos de la convocatoria; estableció un nuevo protocolo para la asignación de los proyectos; ha protegido fuentes hídricas; publicó los criterios de priorización , la sentencia de la acción popular y otros datos en su página web y que realizó una campaña informativa7.

3.3. El 29 de octubre de 2021 8, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la solicitud de desacato y, mediante escrito del 5 de noviembre de 20219, Corponariño reiteró los argumentos presentados en el informe anterior.

3.4. Mediante proveído del 8 de noviembre siguiente10 se decretaron como pruebas los documentos obrantes en el expediente del incidente y se requirió a Corponariño para que clarificara varios puntos y aportara otros anexos.

5 Para acreditar la calidad de presidentes y representantes de los sindicatos mencionados, se aportaron las constancias de registro de modificación de la junta directiva y/o comité ejecutivo de cada organización sindical , expedidas por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Páginas 14 a 17 del archivo 46 y del índice 2 de SAMAI. 6 Archivo 52 del índice 2 de SAMAI. 7 Los argumentos de Corponariño serán ampliados al analizar el cumplimiento de las órdenes de la sentencia de la “acción popular”. 8 Archivo 54 del índice 2 de SAMAI. 9 Archivo 58 del índice 2 de SAMAI.

7 Los argumentos de Corponariño serán ampliados al analizar el cumplimiento de las órdenes de la sentencia de la “acción popular”. 8 Archivo 54 del índice 2 de SAMAI. 9 Archivo 58 del índice 2 de SAMAI. 10 Archivo 60 del índice 2 de SAMAI.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

4

3.5. El 23 de noviembre de 202111 Corponariño aportó la Resolución 1089 del 12 de septiembre de 2017 12, manifestó que un documento en el que se evaluaron los resultados de los proyectos de inversión fue suscrito el 31 de marzo de 2021, precisó la conformación de los miembros del comité evaluador y amplió lo concerniente a las campañas informativas efectuadas y la convocatoria para proyectos de inversión de 2021, frente a la que los demandantes advirtieron nuevas irregularidades.

4. Auto que declaró configurado el desacato

El 10 de diciembre de 2021 13, el Tribunal Administrativo de Nariño declaró configurado el desacato de la sentencia del 24 de junio de 2020, como consecuencia del incumplimiento injustificado de lo ordenado “en las ordenes impartidas” en el ordinal 4 de la parte resolutiva , por lo que le impuso al director general de Corponariño, señor Hugo Martín Mideros López, multa de 2 SMLMV y lo conminó a cumplir lo ordenado en esa providencia.

ordinal 4 de la parte resolutiva , por lo que le impuso al director general de Corponariño, señor Hugo Martín Mideros López, multa de 2 SMLMV y lo conminó a cumplir lo ordenado en esa providencia.

Como fundamento de lo precedente, el a quo consideró que, aunque en las órdenes impartidas no se determinó un procedimiento para la asignación de los ingresos de la TRVA, se requería que ese mecanismo garantizara el principio de publicidad, lo que no sucedió, pues el nuevo trámite adopt ó un protocolo que se limitó a publicar la convocatoria en la página web de la entidad.

También manifestó que la inversión de lo recaudado por concepto de la TRVA debía fijarse bajo parámetros técnicos y objetivos, sin que Corponariño hubiera informado, respecto de la convocatoria de 2021, cuáles de los convenios suscritos correspondían a los criterios de priorización fijados por esa entidad y si se cumplió con el cronograma previsto para dicho procedimiento.

Por otra parte, advirtió el incumplimiento de la orden referida a una campaña informativa para concientizar sobre el manejo de la TRVA y los recursos hídricos , debido a que , aunque se efectuaron múltiples reuniones, no se precisaron los participantes u otra prueba que diera cuenta de esa actividad.

Lo anterior se enmarcó por el Tribunal a quo como un incumplimiento de todo lo ordenado en la sentencia del 24 de ju nio de 2020 -y así se dispuso en la parte

11 Archivo 65 del índice 2 de SAMAI. 12 “por medio de la cual se adoptó el protocolo para la presentación y evaluación de proyectos de

ordenado en la sentencia del 24 de ju nio de 2020 -y así se dispuso en la parte

11 Archivo 65 del índice 2 de SAMAI. 12 “por medio de la cual se adoptó el protocolo para la presentación y evaluación de proyectos de inversión y preinversión de descontaminación del recurso hídrico”. 13 Archivo 71 del índice 2 de SAMAI.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

5

resolutiva-, a la par que también indicó que se incumplieron las órdenes 4 a 6 del ordinal cuarto de esa decisión.

5. Trámite del incidente de desacato en sede de consulta

El 13 de diciembre de 2021 14, el Tribunal Administrativo de Nariño remitió el expediente al Consejo de Estado para resolviera la consulta, el que inicialmente fue repartido al despacho del magistrado Hernando Sánchez 15, quien lo remitió por competencia a la Sección Tercera de esta Cor poración hasta el 10 de marzo de

202316. El 20 de abril de 2023 17, el expediente pasó al despacho de la magistrada sustanciadora y el 24 de abril siguiente18 se avocó conocimiento del caso.

III. CONSIDERACIONES

1. Alcance de la consulta19

En el sub lite se debe determinar si Corponariño cumplió o no con lo dispuesto en la sentencia del 24 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de

III. CONSIDERACIONES

1. Alcance de la consulta19

En el sub lite se debe determinar si Corponariño cumplió o no con lo dispuesto en la sentencia del 24 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de lo que depende la procedencia de la multa que se le impuso a su director por desacato.

Para tal efecto, se expondrán los elementos que debe evaluar el juez para la procedencia del desacato y, con posterioridad, se analizará cada una de las ocho órdenes dictadas en la providencia en cuestión , así como la respuesta de Corponariño sobre su cumplimiento y las pruebas aportadas para acreditarlo.

Se advierte que, si bien la sentencia del 24 de junio de 2020 fue apelada, la impugnación se adecuó al efecto devolutivo, por lo que las órdenes allí contenidas debían cumplirse, lo que justifica que, en este caso , era procedente que el a quo resolviera el incidente de desacato y, a su vez, esta Corporación es competente para revisarlo en sede de consulta.

14 Archivo 75 del índice 2 de SAMAI. 15 Archivo 136 del índice 2 e índice 3 de SAMAI. 16 Índice 4 de SAMAI. 17 Índice 16 de SAMAI. 18 Índice 17 de SAMAI. 19 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de la presentación del incidente de desacato -22 de octubre de 2021-, es decir, la Ley 472 de 1998 en los términos de su artículo 44, así como también, en lo no regulado por esa normativa, el CPACA y, en

presentación del incidente de desacato -22 de octubre de 2021-, es decir, la Ley 472 de 1998 en los términos de su artículo 44, así como también, en lo no regulado por esa normativa, el CPACA y, en virtud de la integración prevista en el artículo 306 de este, el CGP. El sub lite también se rige por la Ley 2080 de 2021, salvo las disposiciones que modificaron el régimen de competencias , debido a que estas entraron en vigor un año después de su publicación, pero solo para las demandas que se radicaran a partir de esa fecha y no para los procesos en curso.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

6

También es del caso precisar que, de la lectura del auto que encontró configurado el desacato, de una parte, se concluye que se incumplió la integridad de lo ordenado en la sentencia del 24 de junio de 2020, a la par que, por otro lado, se afirma que se incumplieron las órdenes 4, 5 y 6 del ordinal 4 de la parte resolutiva de esa providencia20, lo que muestra que, por más que se haya hecho énfasis en los segundos mandatos en mención, se indicó , tanto en la parte motiva, como en la parte resolutiva de ese proveído que hubo una desatención de la generalidad de la sentencia, lo que habilita a que el despacho, en sede de consulta, verifique si ello sucedió respecto de todas las órdenes del a quo.

2. Cuestión previa

sentencia, lo que habilita a que el despacho, en sede de consulta, verifique si ello sucedió respecto de todas las órdenes del a quo.

2. Cuestión previa

Dado que l a figura de desacato prevista en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 , para cuando se configura el incumplimiento de una orden judicial, no previó la posibilidad de decretar medidas cautelares en e se incidente, o de tomar otras medidas distintas a la multa, salvo su conmutación en arresto, se modificará el auto consultado para denegar la petición de los demandantes de congelar la TRVA, frente a la que el a quo no se pronunció.

3. Requisitos para la procedencia del desacato

El artículo 4121 de la Ley 472 de 1998 previó que toda persona que incumpla una orden judicial expedida por la autoridad competente en las “acciones populares” incurrirá en multa de hasta 50 SMLMV, conmutables por arresto de hasta 6 meses, sanción que se impondrá por la m isma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental, y será consultada al superior funcional, quien resolverá si esta debe revocarse o no.

Con base en lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado 22 ha considerado que el desacato se concibió como una medida coercitiva para el cumplimiento de

20 Aspectos frente a los cuales, en todo caso, el razonamiento se encaminó a un incumplimiento general de la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño. 21 “Artículo 41. Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la a utoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de

21 “Artículo 41. Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la a utoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. // La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo”. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencia del 15 de diciembre de 2011. Radicado 1500123-31-000-2004-00966-02 (AP). C.P. Ruth Stella Correa Palacio. / Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección A. Providencia del 24 de febrero de 2020. Radicado 88001 -23-33-000-201800018-02(AP). / Consejo de Estado, Sección Primera. Providencias: i) del 14 de abril de 2023. Radicado 73001-23-33-000-2021-00331-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón y ii) del 27 de abril de 2023. Radicado 730012333000201300354-02. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

7

las órdenes judiciales dictadas en el marco de las “acciones populares” que han sido desatendidas por su destinatario, circunstancia que exige la verificación de un incumplimiento de la orden judicial -factor objetivo-, y una negligencia o renuencia injustificada de la autoridad -factor subjetivo-, de modo que la ausencia de uno de esos elementos conlleva a la improcedencia de dicha medida.

A su turno, la Corte Constitucional 23 estima que la consulta respecto del desacato en las “acciones populares” se restringe a verificar si el trámite y la sanción están acordes con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, lo que implica que, en virtud de esa figura, no se pone en juicio el contenido de la sentencia que resolvió el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de que, eventualmente, el interesado apele esa decisión, en cuyo caso la apelación de la sentencia y el incidente de desacato deben tramitarse de manera separada.

En suma, el incidente de desacato en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos es un mecanismo que persigue impuls ar el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias correspondientes, lo que exige verificar si existe o no un incumplimiento de lo ordenado y, en caso afirmativo, si el mismo se encuentra o no justificado.

4. Verificación del cumplimiento del elemento objetivo del desacato

El despacho pasará a evaluar si las órdenes de la sentencia del 24 de junio de 2020

mismo se encuentra o no justificado.

4. Verificación del cumplimiento del elemento objetivo del desacato

El despacho pasará a evaluar si las órdenes de la sentencia del 24 de junio de 2020 fueron o no cumplidas por Corponariño.

4.1. Primera orden de la sentencia del 24 de junio de 2020

Orden Respuesta de Corponariño

1. ORDENAR a CORPONARIÑO que, en un término no mayor a 3 meses, siguientes a la notificación de esta providencia, inicie los trámites de liquidación unilateral o de común acuerdo a que haya lugar y que se encuentren pendientes, respecto de los convenios de cofinanciación suscritos como consecuencia de la convocatoria adelantada mediante Resolución N° 1089 de 2017 a que se ha hecho referencia en esta providencia.

Mediante un cuadro se indicó que, de 15 convenios de cofinanciación, 13 se liquidaron, uno se en cuentra en trámite de incumplimiento (municipio de Colón Génova) y otro en trámite de liquidación en el término de ley (municipio de Linares).

En esta primera orden, en esencia, se conminó a Corponariño a que, en el término de 3 meses, se iniciaran los trámites de liquidación de los convenios producto de la convocatoria para la asignación de los recursos de la TRVA.

23 Corte Constitucional. Sentencias C-542 del 30 de junio de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio

y T-055 del 5 de marzo de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

8

Corponariño acreditó que, de los 15 convenios de cofinanciación suscritos, 13 de ellos ya se habían liquidado 24 dentro del plazo legal, pero no ocurre lo mismo con los 2 convenios restantes.

En efecto , por una parte, el convenio 2017 -451 suscrito entre Corponariño y el municipio de Colón Génova se encuentra en trámite de incumplimiento25, en relación con el cual únicamente se aportó una solicitud del supervisor del negocio para que aquel se declarara, por lo que no se acreditó la gestión directa de Corponariño encaminada a liquidarlo ; y, por otro lado, en relación con el convenio 2017 -454 suscrito por la demandada con el municipio de Linares, no se aportó ninguna prueba que permita verificar el estado en que aquel se encuentra.

Además, se destaca la ausencia de información sobre el estado del proyecto “construcción del emisario final fase 2 planta de tratamiento de aguas residuales de Ipiales”26, lo que no permite determinar ninguna gestión de Corponariño para liquidarlo, al punto de que ni siquiera fue referenciado en la información que presentó en sus intervenciones procesales en el presente incidente.

Las anteriores consideraciones ponen en evidencia que Corponariño no acreditó el cumplimiento de la obligación de liquida r los convenios suscritos en virtud de la

presentó en sus intervenciones procesales en el presente incidente.

Las anteriores consideraciones ponen en evidencia que Corponariño no acreditó el cumplimiento de la obligación de liquida r los convenios suscritos en virtud de la Resolución 1089 de 2017 , en los 3 meses concedidos en la sentencia objeto de desacato, ni hasta la fecha , por lo que, pese a que el a quo no advirtió un incumplimiento frente a aquello, se verificó su insatisfacción en sede de consulta.

4.2. Segunda orden de la sentencia del 24 de junio de 2020

Orden Respuesta de Corponariño

2. ORDENAR a CORPONARIÑO iniciar trámite de cobro coactivo o judicial contra los entes territoriales beneficiados con la convocatoria de la Resolución N° 1089 de 2017, según el caso, respecto de las obligaciones a favor de Corponariño que resulten de los t rámites de liquidación ordenados en el numeral anterior y respecto de las que a la fecha se encuentren pendientes de cumplimiento.

Se señaló que, de los 13 convenios que se liquidaron, 4 se encuentran en cobro persuasivo y 9 se encuentran cancelados. Los dos convenios restantes están, uno en trámite de incumplimiento, y e l otro en proceso de liquidación.

En la segunda orden se prescribió que se impulsaran los cobros coactivos o judiciales contra los entes territoriales beneficiados con la convocatoria de la Resolución 1089 de 2017.

24 Como obra en las actas de liquidación de los archivos 3 a 15 y 18 del índice 2 de SAMAI.

judiciales contra los entes territoriales beneficiados con la convocatoria de la Resolución 1089 de 2017.

24 Como obra en las actas de liquidación de los archivos 3 a 15 y 18 del índice 2 de SAMAI. 25 Como obra en la solicitud de declaratoria de incumplimiento del archivo 16 del índice 2 de SAMAI. 26 Previsto en la Resolución 1179 del 5 de octubre de 2017 dentro de los proyectos que se seleccionaron para “la inversión y preinversión en descontaminación del recurso hídrico”.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

9

Corponariño indicó que, tratándose de los convenios liquidados : i) en seis se efectuaron solicitudes de cob ro de sumas adeudadas ; ii) en cuatro consta que no existen saldos a favor de ningun a de l as partes suscribientes y; iii) en dos por encontrarse pendientes de que se culmine el trámite liquidatorio y de incumplimiento, se imposibilitaba cualquier orden de pago27.

De otra parte , aunque Corponariño afirmó que otros tres convenios habían sido “cancelados”28, no existe prueba en el proceso de esa circunstancia, lo que impide acreditar alguna gestión que diera cumplimiento a la orden de adelantar el cobro coactivo o judicial , además de que, en varios de los 16 suscritos , sus actas de liquidación consignan saldos pendientes.

En efecto, en las liquidaciones de los convenios suscritos con los municipios de

coactivo o judicial , además de que, en varios de los 16 suscritos , sus actas de liquidación consignan saldos pendientes.

En efecto, en las liquidaciones de los convenios suscritos con los municipios de Gualmatán (447)29, San pedro de Cartago (458)30 y Santacruz de Guachave s (459)31 se encontraron saldos a favor de Corponariño cuyas gestiones para el pago no se demostraron, incumpliendo así la orden que se analiza en este acápite.

Asimismo, al igual que lo analizado en la primera orden, se echa de menos la información del convenio que se debió suscribir con el municipio de Ipiales , frente al proyecto “construcción del emisario final fase 2 planta de tratamiento de aguas residuales de Ipiales”, el cual quedó cobijado por ambas órdenes.

En virtud de lo anterior, para el despacho, Corponariño no demostró que inició los trámites de cobro coactivo o judicial contra cada uno de los entes territoriales beneficiados con la convocatoria de la Resolución N° 1089 de 2017, porque no acreditó la inexistencia de saldos pendientes en relación con algunos de los convenios, ni el impulso de esos procedimientos en todos los casos.

4.3. Tercera orden de la sentencia del 24 de junio de 2020

Orden Respuesta de Corponariño

3. ORDENAR a CORPONARIÑO que, en un término de no más de 1 año, contado a partir de la notificación de la presente providencia, realice una evaluación de los efectos que tuvieron los proyectos de inversión y preinversión beneficiados con la convocatoria de la Resolución N° 1089 de 2017, en cuanto

de la notificación de la presente providencia, realice una evaluación de los efectos que tuvieron los proyectos de inversión y preinversión beneficiados con la convocatoria de la Resolución N° 1089 de 2017, en cuanto al cumplimiento o no de su objeto sobre las fuentes hídricas que con ellos resultarían Advirtió que profirió la Resolución 1089 del 12 de septiembre de 2017, en la cual se adoptó el protocolo para la presentación y evaluación de proyectos de inversión y preinversión de descontaminación del recurso hídrico, así como también efectuó una evaluación de los efectos de los convenios suscritos en virtud de aquella.

27 Como obra en los requerimientos de los archivos 19 a 28 del índice 2 de SAMAI. 28 Se afirmó, sin acred itarse, que no existían saldos pendientes en los convenios suscritos con los municipios de Contadero, Santacruz de Guachavez, Gualmatán, Belén, Pupiales y Pedro de Cartago. 29 Como obra en la liquidación del archivo 11 del índice 2 de SAMAI. 30 Como obra en la liquidación del archivo 14 del índice 2 de SAMAI. 31 Como obra en la liquidación del archivo 12 del índice 2 de SAMAI.Radicación: 52001-23-33-000-2018-00334-02 (69767) Actor: Sintracorponariño y otros Demandado: Corporación Autónoma Regional de Nariño Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

10

intervenidas, para verificar el cumplimiento o no de los objetivos pretendidos con dichos proyectos, respecto del recurso hídrico.

Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos - consulta

10

intervenidas, para verificar el cumplimien