CE - 520012333000201900604011SENTENCIA20231110074738

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00604-01 (5998-2022)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2019-00604-01 (5998-2022) Demandante: Nelly Fanny Bacca Mavisoy Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Régimen de cesantías con retroactividad de docente oficial.

Condena en costas. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Nelly Fanny Bacca Mavisoy instauró demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1479 del 19 de julio de 2019 , por medio de la cual la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ajustó de manera parcial unas cesantías definitivas a la demandante.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada liquidar y ajustar las cesantías definitivas teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado2

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y considerando la fecha de vinculación, cambiando el régimen aplicable para el cálculo de esa prestación al de retroactividad.

Que se ordene reconocer y pagar el valor total de las cesantías, descontando únicamente los valores ya pagados por concepto de anticipos.

Que se dé cumplimiento al fallo en los términos señalados por los artículos 189, 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la demandante laboró desde el año 1979, inicialmente con el municipio de Los Andes y posteriormente en un cargo del departamento de Nariño , sin ninguna interrupción y siendo su vinculación territorial – municipal cofinanciada.

Que la demandante laboró desde el año 1979, inicialmente con el municipio de Los Andes y posteriormente en un cargo del departamento de Nariño , sin ninguna interrupción y siendo su vinculación territorial – municipal cofinanciada.

Que, durante el tiempo de servicios, solicitó sus anticipos en el año 2009 y 2017, siendo reconocidos con el régimen de anualidad. Que, posteriormente se solicitó el reconocimiento de la prestación con el fin de construir vivienda, pero que, según las indicaciones de la Fiduprevisora, no es procedente el trámite, indicando que la docente se encuentra afiliada al Fomag , bajo el régimen de anualidad, al tomarle como fecha de vinculación el año 1996.

Que no hay indicio de que existiera ruptura de la relación laboral de la docente, tanto en la i nicial con el municipio de Los Andes como con el departamento de Nariño, cuando ese ente asumió la administración de personal, por lo que no se tiene una explicación que motive la decisión de la administración.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 6 de diciembre de 2019 y notificada a la entidad accionada, quien solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, expresando que de acuerdo con la fecha de vinculación de la demandante al servicio, que se presentó el 8 de abril de 1996, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, a la demandante no le asiste el derecho que reclama por cuanto el régimen que la cobija, es el de cesantías anualizado y no el retroactivo como lo pretende.

Que no es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el que ha

que reclama por cuanto el régimen que la cobija, es el de cesantías anualizado y no el retroactivo como lo pretende.

Que no es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el que ha incumplido su deber jurídico legal, pues si bien la Fiduprevisora S.A. es la encargada de administrar el patrimonio autónomo que comprende el FOMAG, la actividad de ellas se supedita a reconocer lo que efectivamente se encuentre probado y3

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reportado por el ente territorial que es el nominador de los docentes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 25 de mayo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, advirtiendo que son beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías los docentes vinculados al servicio del Estado antes del 31 de diciembre de 1989, ya que, los vinculados con posterioridad a dicha fecha, sin importar la naturaleza de su vinculación, serán destinatarios del régimen anualizado de cesantías.

Que, en el caso de la demandante, se acreditó que prestó sus servicios en calidad de docente y que claramente se produjo solución de continuidad; sin embarg o, desde el 22 de agosto de 1987 hasta el 1.º de febrero de 2019 , la prestación del servicio se dio de manera ininterrumpida, por lo que cumple con el requisito de haber sido nombrada con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, lo que implica que le es aplicable la regulación contenida en el literal a) del numeral 3 del artículo 15 de

sido nombrada con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, lo que implica que le es aplicable la regulación contenida en el literal a) del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, el régimen de cesantías retroactivas, pero únicamente respecto del periodo comprendido entre el 22 de agosto de 1987 y el 1.º de febrero de 2019.

Que a partir de cada finalización del vínculo en el que operó solución de continuidad, la demandante debió acudir a la entidad demandante a solicitar el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, porque el término de prescripción de los derechos salariales es de 3 años, razón por la que, al haber elevado la solicitud de reconocimiento el 19 de julio de 2019, prescribió su derecho a reclamar las cesantías definitivas causadas con anterioridad al 22 de agosto de 1987.

Expresó que como el acto administrativo acusado consideró procedente el reconocimiento y pago de las cesantías con base en el régimen de cesantías anualizado, deberá la entidad pagar la diferencia que se genere al realizar la nueva liquidación con el régimen de cesantías retr oactivo, si la hubiere y que esa suma deberá ser debidamente indexada.

Indicó que la diferencia resultante de la reliquidación de las cesantías de la demandante, deberá descontarse no solo lo percibido por concepto de cesantías parciales, sino también, todo lo pagado en su favor por concepto de intereses a las cesantías, dado que lo contrario supondría que la accionante se beneficie de los dos regímenes.

Frente al tema de la legitimación en la causa por pasiva, añadió que se constató

cesantías, dado que lo contrario supondría que la accionante se beneficie de los dos regímenes.

Frente al tema de la legitimación en la causa por pasiva, añadió que se constató que entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Los Andes se suscribió un convenio interadministrativo, el que se presume, obedeció a lo normado4

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en el Decreto 196 de 1995 que estableció obligación de incorporar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Que ello implica que las cesantías quedaron de cargo del fondo demandado, sin perjuicio de las acciones que en su favor derivaran o deriven contra la entidad territorial, puesto que una vez afiliada la docente al FOMAG no contaba con legitimidad para reclamar el pago directamente al municipio.

Finalmente, decidió condenar en costas a la demandada, al prosperar las pretensiones de la demanda.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada, solicitó se revoque o modifique la sentencia d e primera instancia, expresando que la Ley 91 de 1989 además de crear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estableció el régimen de prestaciones para los docentes, que en su artículo 15 reguló todo lo relacionado con pensiones, cesantías y vacaciones y que en el numeral 3.º señaló dos regímenes de cesantías, dependiendo de la fecha de vinculación del docente.

Hizo referencia a que, en la actualidad el procedimiento para reconocer una

cesantías y vacaciones y que en el numeral 3.º señaló dos regímenes de cesantías, dependiendo de la fecha de vinculación del docente.

Hizo referencia a que, en la actualidad el procedimiento para reconocer una prestación, incluyendo el pago de cesantías, es complejo, que involucra a la entidad territorial y a la Fiduprevisora S.A., por lo que, la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas debe presentarse ante la última entidad territorial en educación que haya ejercido como autoridad nominadora del afiliado.

Precisó que el régimen que cobija a la demandante para la liquidación anual de cesantías es el previsto en el artículo 15 literal B de la Ley 91 de 1989, esto es, el de anualidad, debido a que la fecha de su vinculación con el servicio de la educación en propiedad fue en el año 1994, la cual determina que se regula en materia prestacional por las normas de empleados públicos de orden nacional.

Expresó que la docente fue nombrada con vinculación de carácter municipal y actualmente el régimen retroactivo de cesantías es únicamente otorgado a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 y territorial si su vinculación fue con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, por lo que no se acreditó la vinculación requerida para pertenecer al régimen de retroactividad.

Frente a la condena en costas, consideró que a la fecha no existe criterio unificado, por lo que debe acogerse el pronunciamiento de la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, en el sentido de que el fallador deb e valorar la conducta de las partes.5

por lo que debe acogerse el pronunciamiento de la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, en el sentido de que el fallador deb e valorar la conducta de las partes.5

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas dentro del trámite del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 208 0 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público, guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si la demandante, en su calidad de docente oficial tiene derecho a la reliquidación del auxilio de las cesantías definitivas conforme al régimen retroactivo y establecerse si su vinculación oficial al magisterio fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

Además de lo anterior, deberá analizarse si procede la condena en costas a la demandada en primera instancia por haber resultado vencida en el proceso.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 6.ª de 1945 En el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de su eldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el t iempo servido, si fuere menor a ese lapso.

El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía s a empleados públicos y trabajadores oficiales»1, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 2. Con tales finalidades, el artículo 3 .º del decreto en mención determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al ser vicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y

1 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 2 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.6

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Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo . Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de P revisión

Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo . Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de P revisión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la norma en cita empezó el llamado «desmonte d el régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

Por su parte, el Decreto 432 de 1998, mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías3, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo4. Además, en los artículos 6 .º y 7.º, se fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

La Ley 344 de 1996, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13. - Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo

liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13. - Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo ; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

3 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 4 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.7

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1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la

Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitir se a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 .º y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al

los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 .º y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre d e 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores5.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos6 se acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:

Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

5 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. 6 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.8

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00604-01 (5998-2022)

6 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.8

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00604-01 (5998-2022)

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios par a su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los artículos 2.º del Decreto 1252 de 20007 y 3.º del Decreto 1919 de 20028.

En lo que respecta al personal docente , debe indicarse que el artículo 3 .º de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el cual estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales9 que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida norma, en su artículo 1 .º, numeral 3 .º, precisó que los docentes territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 .º consagró lo relativo al reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones

artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 .º consagró lo relativo al reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

[…] 5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley , son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entid ades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles. (Destaca la Sala).

7 «Artículo 2. - Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.» 8 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.» 9 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.9

el Decreto 1252 de 2000.» 9 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.9

Radicado: 52001-23-33-000-2019-00604-01 (5998-2022)

En lo que tiene que ver con las cesantías, el reconocimiento a favor de todos los docentes, sin discriminar si se trata de territoriales, nacionales o nacionalizados, se estableció en el artículo 15 de la legislación bajo estudio, en los siguientes términos:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de s ervicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir d el 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y paga rá un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés,

reconocerá y paga rá un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Resalta la Sala).

Es importante prec isar que cuando la norma se refirió a los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 hizo alusión a todos aquellos cuya relación laboral iniciara en forma posterior a esa fecha, sin importar si se trata de nacionales, nacionalizados o territoriales (municipales o departamentales) y por ello la Sala entiende que además de los nacionales y nacionalizados a que se refiere la primera frase de la norma, adiciona o incluye a aquellos que se vincularan al servicio docente con posterioridad a la fecha límite allí establecida, y en torno a estos no se hizo diferenciación en relación con la autoridad de la que proviniera el nombramiento del docente, por lo que ha de entenderse que se trata de todos, sin discriminación alguna.

La Ley 60 de 1993, en su artículo 6.º, en torno a los docentes territoriales determinó que «[serían] incorporados al Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la respectiva

que «[serían] incorporados al Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se les [respetaría] el régimen prestacional vigente para la respectiva entidad territorial» . No obstante , en el artículo 3 .º, numeral 5 .º de dicha norma , acerca de los de la planta de personal de los estable cimientos educativos10

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territoriales, que fueran remunerados con recursos del situado fiscal, señaló que tenían el carácter territorial, en los siguientes términos:

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente Ley.

El artículo 175 de la Ley 115 de 1994 estableció la posibilidad de que los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educación media, se afiliaran al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sin embargo, solo hasta el Decreto 196 del 25 de enero de 1995 se reglamentaron los artículos 6.º y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y en lo que respecta a la afiliación de los docentes territoriales a dicho fondo, determinó:

reglamentaron los artículos 6.º y 176 de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, y en lo que respecta a la afiliación de los docentes territoriales a dicho fondo, determinó:

Artículo 5º.- Docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios. Los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén vinculados a la fecha de vigencia del presente Decreto, serán incorpora dos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el procedimiento establecido en el capítulo IV de este Decreto y el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para el efecto, quedando eximidos de los requisitos económicos fi jados para afiliación, siempre y cuando se encuentren vinculados a una caja de previsión o entidad que haga sus veces. A estos docentes se les respetará el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se les podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente Decreto. Los docentes que se vinculen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con posterioridad a la incorporación de que trata el inciso inmediatamente anterior, deberán cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica y se afiliarán con sujeción al régime n establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos reglamentarios y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. (Resalta la Sala).

sujeción al régime n establecido en la Ley 91 de 1989, en sus decretos reglamentarios y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. (Resalta la Sala).

Valga aclarar que el decreto, también se refirió a la clasificación de docentes que estaba contenida en la Ley 91 de 1989, pues, en su artículo 3.º:

Artículo 2º. - Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos: Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquellos que han venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en