CE - 520012333000202100199011AUTOQUERESUEL20230120092413

Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

Demandante: David Andrés Castro Bastidas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

Demandante: DAVID ANDRÉS CASTRO BASTIDAS

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Apelación de auto. Rechazo de demanda. Agotamiento del requisito de procedibilidad del numeral 1.° del artículo 161 del CPACA.

AUTO SEGUNDA INSTANCIA

Ley 1437 de 2011 Interlocutorio O-2023 ASUNTO El Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 9 de marzo de 2022, a través del cual rechazó la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El señor David Andrés Castro Bastidas presentó demanda en e jercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

ANTECEDENTES

Pretensiones

El señor David Andrés Castro Bastidas presentó demanda en e jercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, en la que pretende lo siguiente:

PRIMERO: Que es nulo el acto administrativo complejo materializado en los fallos disciplinarios de primer a y segunda instancia, proferidos por la Procuraduría Provincial de Pasto y la Procuraduría Regional del Cauca, respectivamente, dentro del proceso disciplinario radicado No. (sic) IUS -E2014-396701/ IUC -D-2017-71-725531 mediante las cuales se impuso el correctivo disciplinario de DESTITUCION (sic) E INHABILIDAD GENERAL, por el término de DIEZ AÑOS al señor DAVID ANDRÉS CAS TRO

BASTIDAS.

SEGUNDO: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene el pago de los perjuicios materiales e inmateriales que r esulten probados; causados con el acto administrativo complejo antes referido.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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Trámite surtido

El asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, despacho judicial qu ien mediante auto del 14 de diciembre de 2020 inadmitió la demanda y, posteriormente, el 7 de mayo

El asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto, despacho judicial qu ien mediante auto del 14 de diciembre de 2020 inadmitió la demanda y, posteriormente, el 7 de mayo de 2021 , declaró la falta de competencia y remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Nariño , por cuanto la parte demandante , al reformar la demanda, modificó la competencia.

Orden de corrección

El Tribunal Administrativo de Nariño , a través de auto del 8 de noviembre de 2021 , inadmitió la demanda para que , entre otros aspectos allí señalados, se subsanara lo siguiente:

si bien la parte actora solicitó una medida cautelar, la misma tiene p or objeto, suspender provisionalmente los actos administrativos demandados, en consecuencia, esta medida no es de carácte r patrimonial y corolario de ello, debía aportar la prueba que evidenciara el agotamiento de procedibilidad, al no haberlo hecho, la de manda será inadmitida con el fin de que subsane el yerro. Además era imperioso agotar el mentado requisito ya que dentro de las pretensiones reclama perjuicios de índole inmaterial.

Así mismo, se observa que la parte actora en la presentación del recurso de reposición contra la providencia que decidió no reponer el auto inadmisorio (PDF 013), aporta una captura de un corre o electrónico, a través de la cual pretende probar que elevó solicitud de conciliación, sin embargo, no se observa los correos de los d estinatarios, la fecha de envió (sic) y el contenido de la solicitud de conciliación, siendo entonces prueba insuficiente para dar por superado el requisito de procedibilidad.

Escrito de subsanación

observa los correos de los d estinatarios, la fecha de envió (sic) y el contenido de la solicitud de conciliación, siendo entonces prueba insuficiente para dar por superado el requisito de procedibilidad.

Escrito de subsanación

La parte demandante allegó memorial en el cual indicó lo siguiente frente a la orden de corrección:

Se anexa acta de conciliación del 1 de febrero de 2021 1 que inadmite la solicitud de conciliación por caducidad de la acción.

Honorable Magistrada, frente a una posible inadmisión y la orden para que se allegue el requisito de procedibilidad, por la premura del tiempo para corregir la demanda, mi poderdante se anticipó a tramita r la solicitud de conciliación ante la procuraduría el 1 de febrero de 2021.

En aras de proteger el derecho sustancial, solicito a su despacho se tenga por agotado el requisito de procedibilidad, en cuanto mi poderdante antes de la inadmisión de la demand a, acudió ante la entidad competente a solicitar el trámite que se le solicita.

1 Se aclara que la fecha del 1.º de febrero de 2021 corresponde a la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial. No a la fecha de expedición de la constancia, que es del 9 del mismo mes y año.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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PROVIDENCIA IMPUGNADA

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PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de auto del 9 de marzo de 2022, rechazó la demanda. Anotó frente al punto:

No obstante, en cuanto al agot amiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, la Sala observa que en la subsanación de la demanda se informa que la solicitud se formuló el 1 de febrero de 2021, anexando la constancia respectiva que da cuenta de esta situación (páginas 16 y 17 PDF N° 033), es decir, cuando la demanda ya se había instaurado y radicado en la oficina judicial y se encontraba en trá mite en el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, por lo cual se concluye que no se acató lo señalado en el art. 161 -1 del C.P.A.C.A., en cuanto a que la conciliación debe ser previa a la presentación de la demanda. […] En ese sentido, no es viable que es tando en curso el proceso, la parte demandante agote el mentado requisito, puesto que, acoger dicho criterio significaría hacer nugatorio el objeto o fin con el cual se instituyó la conciliación prejudicial que no es otro que precaver un conflicto o, dicho en otras palabras, procurar un acuerdo entre los involucrados antes de acudir a la administración de justicia.

Nótese además que, de forma textual, la Ley 1437 de 2011 establece que el requisito debe cumplirse de manera previa a la demanda:

Ahora, como la solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando la

justicia.

Nótese además que, de forma textual, la Ley 1437 de 2011 establece que el requisito debe cumplirse de manera previa a la demanda:

Ahora, como la solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando la demanda ya se había radicado y repartido al despacho judi cial, no es dable tener por agotado este requisito.

• Acota la Sala que, en la constancia expedida por la Procuraduría, se indica que había operado la caducidad del medio de control, situación que se explica en la medida en que la conciliación suspende la caducidad del medio de control y se entiende que la Procuraduría asumió que la demanda aún no había sido interpuesta al momento de rad icar la solicitud y al 1 de febrero de 2021, efectivamente habría operado la caducidad si el líbelo no se hubiere presentado ante la oficina judicial.

RECURSOS PROPUESTOS

La parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión anterior. Para sustentarlo indicó que, si bien es cierto que de una lectura textual de la Ley 1437 de 2011 puede afirmarse que el requisito de conciliación debe cumplirse de manera previa a la demanda, una interpretación sistemática de las norm as de procedimiento que regulan la presentación de la demanda, su inadmisión y corrección, permiten concluir que dicho re quisito de procedibilidad puede cumplirse dentro de los diez días siguientes a la fecha de inadmisión, que el juzgador otorga para su corrección.

Precisó además que:

Una interpretación sobre el efecto útil de las normas, nos permite afirmar

dentro de los diez días siguientes a la fecha de inadmisión, que el juzgador otorga para su corrección.

Precisó además que:

Una interpretación sobre el efecto útil de las normas, nos permite afirmar que la oport unidad para subsanar el requisito de conciliación prejudicial esRadicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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real y efectivo; por lo tanto, es factible acreditar el cumplimiento del requisito dentro del término de diez días, que la norma contempla. Esta institución de corrección de la demanda, no es de carácter simplemente formal, no es una simple formula sacramental, es decir, la demanda efectivamente se puede corregir en el plazo de diez días y el demandante puede acreditar el cumplimiento del requisito de conciliación prejudicial, en dicho plazo.

Una interpretación literal y aislada del artículo 161 -1 del CPACA, anula el efecto útil de la institución de la corrección de la deman da y por lo tanto sacrifica el derecho sustancial, prevaleciendo una interpretación formal de la norma, interpretación qu e impide el acceso efectivo a la administración de justicia. De las dos interpretaciones de efecto inútil o efecto útil de la institución de la corrección de la demanda, debe preferirse la interpretación que favorece el acceso efectivo a la administración de justicia, como consecuencia del principio PRO DAMATO, que según la doctrina del

institución de la corrección de la demanda, debe preferirse la interpretación que favorece el acceso efectivo a la administración de justicia, como consecuencia del principio PRO DAMATO, que según la doctrina del Honorable Consejo de Estado, busca aliviar los rigor es de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones.

DECISIÓN SOBRE LA REPOSICIÓN

El tri bunal, en providencia del 15 de julio de 2022 , no repuso la providencia. Argumentó que si bien de acuerdo con lo señalado en el artículo 170 del CPACA se otorga a la parte demandante un lapso de diez días para que subsane los defectos advertidos en el auto de inadmisión, ello no implica que en dicho término el interesado efectúe actuaciones que de acuerdo con la ley deben agotarse en forma p revia a la interposición de la demanda, como ocurre con los requisitos de procedibilidad y en concreto, el atinente a la conciliación extrajudicial.

Aunque en este caso la demanda fue inadmitida y no se había trabado la litis, lo cierto es que ya no era d able cumplir el requisito de la conciliación extrajudicial una vez presentada la demanda, pues en esta fase ya no ostentaría el carácter prejudicial y al juez únicamente le atañe el examen de los requisitos que posibiliten su admisión que debieron cumplirs e en su debido momento procesal, en el caso de los requisitos de procedibilidad, surtirse el trámite antes de la interposición de la demanda.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 9 de marzo de 2022 , de conformidad con el

CONSIDERACIONES

Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 9 de marzo de 2022 , de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De igual modo, conviene precisar que esta decisión se adopta por la Subsección en virtud de que constituye el evento previsto en el numeral 1.° del artículo 243 ibidem, en concordancia con el artículo 125 del mismo código.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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Problema jurídico

El problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

1. ¿Debió el tribunal rechazar la demanda instaurada por el señor David Andrés Castro Bastidas, no obstante haberse allegado la constancia del trámite de conciliación ante la Procuraduría dentro del término concedido en el auto inadmisorio?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: el tribunal no debió rechazar la demanda instaurada, comoquiera que dentro del término concedido en el auto inadmisorio el demandante a llegó la constancia del trámite de conciliación ante la Procuraduría . Lo anterior, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación.

La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad

conciliación ante la Procuraduría . Lo anterior, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación.

La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad

Este mecanismo de solución de conflictos se instituyó con el propósito de estimular la participación de los sujetos que se interrelacionan en el ámbito jurídico en la solución de sus controversias, con el fin de que estas puedan dirimirse de una manera más fácil y expe dita, redundando así en la descongestión de los despachos judiciales. Por lo que, para su efectivo cumplimiento, se dispuso su obligatorie dad de forma previa a la demanda en vía judicial en los asuntos que sean susceptibles de conciliación.

La Corte Cons titucional2 sostuvo que el referido instrumento persigue « […] abrir un espacio de encuentro, diálogo y debate que facilite la resolución del conflicto antes de que éste tenga que ser decidido por las autoridades jurisdiccionales […] »; el cual no puede ser entendido como una carga para el interesado, toda vez que dentro de la audiencia tiene la posibilidad de considerar las propuestas plante adas por la contraparte o el conciliador y, de ser el caso, oponerse a ellas, a fin de lograr un acuerdo definitivo. M anteniéndose indemne su capacidad de disposición durante todo el trámite, es decir que, con la sola manifestación en la audiencia de conciliación de su voluntad de no conciliar, se cumple con el presupuesto que le impone la ley y puede presentar la demanda.

La Ley 1285 de 2009 3 introdujo con pleno rigor la exigencia de esta herramienta ya no sólo en los medios de control de reparación direc ta y

2 Sentencia C-1195 de 2001.

La Ley 1285 de 2009 3 introdujo con pleno rigor la exigencia de esta herramienta ya no sólo en los medios de control de reparación direc ta y

2 Sentencia C-1195 de 2001. 3 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia»Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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contractual, sino también en el de nulidad y restablecimiento del derecho, al prescribir en el artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente: "Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencios oadministrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilida d de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.”

Al respecto, la Corte Constitucional 4 consideró válido que s e hiciera extensiva la exigencia de la conciliación extrajudicial al referido medio de control, comoquiera que dentro de la misma se discuten intereses de contenido particular y subjetivo, generalmente de orden patrimonial, y no la legalidad o constitucionalidad en abstracto.

control, comoquiera que dentro de la misma se discuten intereses de contenido particular y subjetivo, generalmente de orden patrimonial, y no la legalidad o constitucionalidad en abstracto.

Así mismo, el artículo 161 del CPACA en su numeral 1.º prescribía el trámite de la conciliació n como requisito de procedibilidad previo para presentar la demanda5, así:

Artículo 161 . Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen prete nsiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En l os demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedim iento previo de conciliación. […]

Igualmente, esta Corporación ha reiterado que el requisito de conciliación extrajudicial tiene ciertas e xcepciones6, entre las cuales, se encuentran: i) cuando el asunto no sea conciliable, es decir, estén en discusión de rechos ciertos, indiscutibles o irrenunciables, ii) cuando la administración demande un acto que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos y, iii) en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los d emás procesos en los que el

demande un acto que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos y, iii) en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los d emás procesos en los que el

4 Sentencia C-713 del 15 de julio de 2008 5 Disposición modificada por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Providencia del 16 de junio de

2016. Medio de control de Nulida d y Restablecimiento del Derecho, Radicación 73001233300020120024001 (3047 -14), Demandante: Cajanal en Liquidación (UGPP) en contra de José Yesid García Nieto.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública, de c onformidad con el Código General del Proceso.

Es importante destacar, además, que la exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial debe ser analizad a en cada caso concreto, en atención a la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de que su debate sea objeto de conciliación.

De igual manera como excepciones para ejercer la conciliación en tanto requisito de procedibilidad, el parágrafo 1 .° del artículo 2 .° del Decreto 1716 de 2009 dispone:

No son susceptibles de conciliación extra judicial en asuntos de lo

De igual manera como excepciones para ejercer la conciliación en tanto requisito de procedibilidad, el parágrafo 1 .° del artículo 2 .° del Decreto 1716 de 2009 dispone:

No son susceptibles de conciliación extra judicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

– Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. – Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. – Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

El derecho de acceso a la administración de justicia o tutela judic ial efectiva

De conformidad con el artículo 229 superior, el Estado colombiano «[…] garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia […]», último que se ha concebido como fundamental en la medida en que, a través de él, se satisface una necesidad ínsita al ser humano, cual es encontrar una solución pacífica, equitativa y ajustada respecto de las desavenencias y conflictos que puedan suscitarse en la vida en sociedad. Ello explica la relación directa que existe entre aquel y la justicia como valor esencial, consagrado desde el mismo preámbulo 7 de la Constitución Política.

En diferentes sentencias, la Corte Con stitucional ha reconocido el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata que ostenta el de acceso a la ad ministración de justicia, además de su íntima conexión con el derecho al debido proceso. Sobre el particular, dicha Corporación señaló en sentencia C-279 de 20138:

7 «[…] en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la

derecho al debido proceso. Sobre el particular, dicha Corporación señaló en sentencia C-279 de 20138:

7 «[…] en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacion al Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la conviven cia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad l atinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente […]». 8 Sentencia C -279 de 15 de mayo de 2013; e xpediente D -9324; demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efe ctiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las

integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

Según el profesor Luigi Ferrajoli , quien caracteriza la naturaleza de fundamental de un derecho a través de tres criterios axiológicos que extrae de la experiencia del constitucionalismo en los ámbitos nacional e internacional, podría sost enerse que el acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva adquiere tal condición en virtud de su íntima vinculación con derechos asociados a la conservación de la vida humana y la paz, toda vez que la posibilidad de acudir a instancia s judiciales a efectos de que se diriman las controversias humanas impacta de manera directa y ostensible en la dismi nución del uso de vías violentas, para solucionar los conflictos que se suscitan en la vida en sociedad, siendo ello un reflejo ind iscutible y propio del proceso de civilización humano. Al respecto, señala el autor:

El primero de estos criterios es el del nexo entre derechos humanos y paz instituido en el preámbulo de la Declaración universal de 1948. Deben estar garantizados como derechos fundamentales todos los derechos vitales cuya garantía es condición necesaria para la paz: el derecho a la vida y a la integridad personal, los derechos civiles y políticos, los derechos de libertad, pero también, en un mundo en el que sobrevivir es siempre menos un hecho

garantía es condición necesaria para la paz: el derecho a la vida y a la integridad personal, los derechos civiles y políticos, los derechos de libertad, pero también, en un mundo en el que sobrevivir es siempre menos un hecho natural y cada vez más un hecho artificial, los derechos sociales para la supervivencia.

El segundo criterio, particularmente relevante para el tema de los derechos de las minorías, es el del nexo entre derechos e igualdad. La igualdad es en primer lugar igualdad en los derechos de libertad […] y es en segundo lugar igualdad en los derechos sociales, que garantizan la reducción de las desigualdades económicas y sociales. El tercer criterio es el papel de los derechos fundamentales c omo leyes del más débil . Todos los derechos fundamentales son leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regirían en su ausencia.9

De esta forma, se advierte que la justicia y la paz, como principales valores que buscan realizar el derecho a la tutela judicial efectiva, constituyen fines esenciales del hombre, por los que el Estado debe propender en su función de servicio a la comunidad y promoción de la prosperidad general, lo que sin duda alguna permite la categorización de aquel dere cho como

9 Luigi Ferrajoli. Sobre los derechos fundamentales. En: Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Editorial Trotta, Madrid, 2007, pp. 74-75.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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fundamental.

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fundamental.

Ahora bien, la caracterización que se le ha dado al derecho de acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva impacta de manera directa la forma en que este debe ser protegido. Es así como la interpretación de las reglas procesales debe permitir la realización, en la mayor medida posible, del derecho de acceso a la administración de justicia en sentido material, principio que se encuentra consagrado en el artículo 22910 de la Constitución Política y en el artículo 2 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, último cuyo tenor prevé:

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Subraya de la

Subsección).

Respecto de dicho principio, el Consejo de Estado ha señalado:

Bien sea entendido como norma de mayor peso o importancia o como u n

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Subraya de la Subsección).

Respecto de dicho principio, el Consejo de Estado ha señalado:

Bien sea entendido como norma de mayor peso o importancia o como u n mandato de optimización, es claro que el rol que desempeña un principio, como lo es el del acceso a la administración de ju sticia, consiste en servir de criterio de interpretación adecuadora de las reglas que desarrollan el principio11, lo que implica que el Juez debe tomar partido, en el ejercicio interpretativo, por la norma jurídica que en la mayor medida desarrolle el principio que le sirve de base y, en dado caso, imponer su prescripción sobre las demás, de manera que se deba atender de manera prefere nte al mandato de acción u omisión que se derive del principio frente a la regla; de

10 Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. 11 Cita de la cita: Guastini señala el rol de los principios en este tipo de interp retación: “Los principios influyen en la interpretación de las restantes disposiciones (las que no son principios) alejando a los jueces de la interpr etación literal –la más cierta y previsible - y propiciando una interpretación adecuadora.”. GUASTINI, Ricc ardo. Principios de derecho y discrecionalidad judicial. En: Revista Jueces para la Democracia. Información y debate. n.º 34. Marzo, 1999. Págs. 38 -46, especialmente 44. Sobre esto es importante resaltar que la denominada interpretación adecuadora hace ref erencia a la adecuación de un

n.º 34. Marzo, 1999. Págs. 38 -46, especialmente 44. Sobre esto es importante resaltar que la denominada interpretación adecuadora hace ref erencia a la adecuación de un significado de una disposición conforme a los postulados bien de una norma jerárquicamente superior o de un principio ge neral del derecho. En ambas situaciones esta interpretación se lleva a cabo al entenderse que el legislado r respeta la Constitución como los principios generales del derecho. Para esto véase: GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. M éxico, Universidad Nacional Autónoma de México. 1999. Págs. 47-48.Radicado: 52001-23-33-000-2021-00199-01 (6387-2022)

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esta manera se garantiza la vigencia del principio a través del resto de las normas producidas en el sistema jurídico.12. (Subraya fuera de texto).

En dicha