CE - 520012333000202200248011AUTOQUERESUEL20230922235500

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023)

Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas

Demandado: Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E

Temas: Suspensión provisional. Disciplinario

AUTO INTERLOCUTORIO ____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el auto del 1.º de diciembre de 2022 , proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio del cual se decretó una medida cautelar.

1. Antecedentes

1.1. Pretensiones de la demanda y solicitud de suspensión provisional

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo,1 la señora Érica Viviana Calderón Bastidas , mediante apoderado, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad del fallo disciplinario del 29 de agosto de 2021 y de la Resolución 1403 del 13 de diciembre de

apoderado, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad del fallo disciplinario del 29 de agosto de 2021 y de la Resolución 1403 del 13 de diciembre de 2021, expedidos por la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., en primera y segunda instancia, respectivamente, en virtud de los cuales fue sancionada con destitución del cargo e inhabilidad general por diez (10) años.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó

1 En adelante CPACA.2

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas i) ordenar s u reintegro al cargo que venía desempeñando; ii) pagar los salarios y prestaciones sociales que ha dejado de devengar desde que ocurrió la desvinculación; iii) reconocer los intereses a que haya lugar, con inclusión de los aportes a seguridad social; iv) condenar en costas a la parte demandada; y v) reconocer $ 8.000.000 COP a título de daño emergente, $ 1.500.000 COP por lucro cesante pasado, $ 1.500.000

COP por lucro cesante futuro y $ 100.000.000 COP a título de perjuicios morales.

Adicionalmente, en escrito independiente de la demanda, la accionante deprecó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos acusados, por las razones que se resumen a continuación:

1. La señora Érica Viviana Calderón Bastidas laboraba en el Hospital Civil Local

medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos acusados, por las razones que se resumen a continuación:

1. La señora Érica Viviana Calderón Bastidas laboraba en el Hospital Civil Local de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., como auxiliar en área de salud, código 412, grado 02, y desempeñaba funciones de auxiliar de enfermería de ambulancia.

1. A trav és de auto del 30 de junio de 2020, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., formuló cargos en contra de la señora Calderón Bastidas por que habría incurrido en falta disciplinaria al incumplir los deberes consagrados en los numerales 1 2 y 23 del artículo 34 ibidem, y transgredido la prohibición señalada en el numeral 1 4 del artículo 35 ibidem, en concordancia con el artículo 505 de la Ley 734 de 2002;

2 «1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código». 3 «2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse

emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código». 3 «2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función». 4 «1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo». 5 «ARTÍCULO 50. FALTAS GRAVES Y LEVES. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este código. Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o culpa gravísima».3

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023)

Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas

falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o culpa gravísima».3

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas conducta que se calificó como grave, a título de dolo, sin establecer criterios de graduación.

1. El proceso disciplinario inició porque, presuntamente, la demandante no atendió, de manera oportuna , a un paciente que llegó al centro de salud conducido por la Policía Nacional. Ahora bien, ni en el pliego de cargos ni en el «fallo sancionador» se mencionó la modalidad de la conducta reprochada ni el sustento legal. Tampoco se identificó cuál era el deber que se habría incumplido y si se configuraba una omisión propia o impropia, situación que afecta el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de legalidad.

1. La señora Calderón Bastidas no tenía el deber funcional de ejercer actividad alguna y evitar el resultado, ya que fueron otras personas quienes estaban obligadas a ello. De ahí que la conducta realizada por la accionante es atípica, dado que no se configuran los elementos de la omisión impropia señalados en los artículos 23 y 27 ibidem.

1. Hubo violación de los principios de legalidad y congruencia, y vulneración de los derechos de defensa y debido proceso, puesto que la falta fue calificada como grave en el pliego de cargos, mientras que en el fallo se indicó que era gravísima. Además, la señora Calderón Bastidas no podía ser sancionada con destitución e inhabilidad general porque las conductas que le fueron endilgadas

grave en el pliego de cargos, mientras que en el fallo se indicó que era gravísima. Además, la señora Calderón Bastidas no podía ser sancionada con destitución e inhabilidad general porque las conductas que le fueron endilgadas no encajaban en la falta gravísima.

1. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., no valoró todas las pruebas que se allegaron y analizó otras de manera incorrecta, por lo cual se estructuró un defecto fáctico.

1. Todas las disciplinadas fueron sancionadas de la misma forma, pues no se fijó ningún criterio para graduar la sanción disciplinaria y la culpabilidad. Tampoco se dilucidó la naturaleza esencial del servicio, el nivel de perturbación de este, la jerarquía y mando de las personas en la institución de salud, la trascendencia social de la falta, el perjuicio causado, las modalidades y circunstancias en que4

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas se cometió la falta, etc. Por ende, la sanción es ilegal, infundada, desproporcionada e irrazonable.

1.2. El traslado de la solicitud de medida cautelar

1.2.1. La parte demandada

La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., mediante apoderado, se opuso al decreto de la cautela,6 por los motivos que se exponen a continuación:

1. La subjetividad en las apreciaciones probatorias no es suficiente para estudiar la procedencia de la suspensión provisional. Es decir, la parte actora no cumplió

decreto de la cautela,6 por los motivos que se exponen a continuación:

1. La subjetividad en las apreciaciones probatorias no es suficiente para estudiar la procedencia de la suspensión provisional. Es decir, la parte actora no cumplió con la carga de exponer una argumentación que pusiera en duda la presunción de legalidad de los actos acusados . En todo caso, el proceso disciplinar io se tramitó con suficiente material de prueba; y no había excusa para que la actora omitiera prestarle el servicio de salud al paciente.

1. La demanda no está fundada en razones de derecho; no se indicó cu áles son los derechos en pugna; no se aportó el material disuasorio que permita concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que es más gravoso para el interés público negar la cautela que concederla; ni se demostró que la denegación de la suspensión provisional causaría un perjuicio irremedia ble o haría nugatorios los efectos de la sentencia.

1.2.2. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público solicitó decretar la medida cautelar porque hubo vulneración del principio de congruencia y del derecho al debido proceso en la actuación administrativa, ya que, mientras que «el censor disciplinario formuló cargos por la comisión de una falta grave cometida a título de dolo, que conforme el artículo 44.2 de la Ley 734 de 2002 conlleva la suspensión en el ejercicio del cargo y una inhabilidad especial, el fallo impuso una sanción de destitución e inhabilidad general

6 índice 2 de Samai.5

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023)

inhabilidad especial, el fallo impuso una sanción de destitución e inhabilidad general

6 índice 2 de Samai.5

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas por diez años, habiendo anunciado que la misma obedecía a una falta gravísima cometida con dolo, conforme el artículo 44.1 ibíd.».7

1.3. El auto recurrido

El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de auto del 1.º de diciembre de 2022 ,8 decretó la medida cautelar de suspensión provisional del fallo disciplinario del 29 de agosto de 2021 y de la Resolución 1403 del 13 de diciembre de 2021, únicamente, frente a las sanciones impuestas en contra de la señora Érica Viviana Calderón Bastidas, por los siguientes motivos:

1. La mayor parte de la argumentación expuesta por la parte actora, relacionada con los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria, los criterios de graduación, la adecuación de la falta disciplinaria y la indebida valoración de las pruebas , debe ser analizad a en la sentencia que resuelva el fondo del asunto.

1. Sin perjuicio de lo anterior , existen otros reparos ligados a la calificación de la conducta en el pliego de cargos y en el fallo , los cuales deben ser estudiados por separado.

Al respecto, el principio de congruencia implica que exista correspondencia entre la formulación del pliego de cargos y l a decisión sancionatoria, ya que el desconocimiento de esta garantía vulnera el debido proceso, en tanto el

por separado.

Al respecto, el principio de congruencia implica que exista correspondencia entre la formulación del pliego de cargos y l a decisión sancionatoria, ya que el desconocimiento de esta garantía vulnera el debido proceso, en tanto el disciplinado no puede ejercer su derecho de defensa y contradicción. Ahora bien, aunque la formulación de cargos puede modificarse antes del fallo, tal situación se debe notificar de la misma forma en que se hace con el pliego de cargos, y se tiene que otorgar un nuevo término para solicitar y practicar pruebas.

Sobre esa base, en el pliego de cargos del 30 de julio de 2020 se calificó la conducta de la señora Érica Viviana Calderón Bastidas como grave, a título de

7 Ibidem. 8 Ibidem.6

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas dolo, pero en el fallo del 29 de agosto de 2021 fue declarada responsable de una falta gravísima, a título de dolo, y sancionada con destitución e inhabilidad general por diez ( 10) años, decisión que fue confirmada por medio de la Resolución 1403 del 13 de diciembre de 2021.

Por ende, en este caso se vulneró el principio de congruencia entre la formulación de cargos y la decisión sancionatoria disciplinaria de pri mera instancia, por lo cual se desconoció el derecho al debido proceso.

1. Se ha permitido la variación de la calificación de la conducta en el fallo, pero para desvirtuar o atenuar la imputación inicial, lo cual no ocurrió en el presente asunto.

1. Se ha permitido la variación de la calificación de la conducta en el fallo, pero para desvirtuar o atenuar la imputación inicial, lo cual no ocurrió en el presente asunto.

1.4. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación,9 el cual sustentó así:

1. La señora Érica Viviana Calderón Bastidas no alegó la falta de congruencia entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario en el recurso de apelación que interpuso durante el procedimiento administrativo . Es decir, no se agot ó en debida forma la otrora vía gubernativa.

1. La concesión de los recursos del procedimiento administrativo le permite al sujeto disciplinado alegar la nulidad o la vulneración del derecho al debido proceso; y a la administración, poder analizar su actuación y, eventualmente, corregirla, como manifestación del principio de autotutela.

1. La falta de congruencia debió ser invocada en sede administrativa, pues el no haberlo hecho se puede interpretar como un asentimiento tácito del disciplinado frente a la actuación de la administración.

9 Ibidem.7

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas iv) El control judicial no es una tercera instancia de revisión de los actos emitidos en ejercicio de la potestad disciplinaria, por lo que en este escenario no se pueden plantear hechos que no fueron estudiados en el trámite administrativo, ya que la reapertura de nuevas discusiones puede vulnerar el derecho al debido proceso de la contraparte.

en ejercicio de la potestad disciplinaria, por lo que en este escenario no se pueden plantear hechos que no fueron estudiados en el trámite administrativo, ya que la reapertura de nuevas discusiones puede vulnerar el derecho al debido proceso de la contraparte.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Consiste en determinar si resulta procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional del fallo disciplinario del 29 de agosto de 2021 y de la Resolución 1403 del 13 de diciembre de 2021 , expedidos por la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., en primera y segunda instancia, respectivamente, en virtud de los cuales se sancionó a la señora Érica Viviana Calderón Bastidas con destitución del cargo e inhabilidad general por diez (10) años.

Para efectos metodológicos, el estudio del presente asunto se realizará en el siguiente orden: i) la medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) el requisito de procedibilidad de interposición de los recursos obligatorios del procedimiento administrativo ; iii) el principio de congruencia en asuntos disciplinarios; y iv) solución del caso concreto.

2.2. La medida cautelar de suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Los artículos 229 a 241 del CPACA regularon las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales tienen como finalidad «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».10 Igualmente,

decretar en los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales tienen como finalidad «proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».10 Igualmente, las mencionadas disposiciones normativas establecieron que la solicitud de la medida debe estar debidamente sustentada.

10 Artículo 229 del CPACA.8

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas Por su parte, el artículo 230 del CPACA precisó que las medidas cautelares pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión y deben relacionarse directa y necesariamente con las pretensiones de la demanda.

Ahora bien, dentro del catálogo de medidas se incluyó la suspensión provisional de los actos administrativos, la cual se encamina a conjurar temporalmente sus efectos y, en lo que concierne al medio de control de simple nulidad, puede decretarse por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en el escrito que contenga la solicitud de la medida, cuando tal transgresión surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores señaladas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Por su parte, esta corporación ha aclarado que, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), la medida precautoria solo procedía cuando existiera una «manifiesta infracción»11 de las normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio del CPACA12 no se

01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), la medida precautoria solo procedía cuando existiera una «manifiesta infracción»11 de las normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio del CPACA12 no se exige que esta sea evidente, ostensible, notoria, palmaria, a simple vista o «prima facie».13 En tal sentido, se ha concluido:

Así mismo esta Corporación ha señalado que e l CPACA «amplió el campo de análisis que debe adelantar el juez competente y el estudio de los argumentos y fundamentos que se deriven de la aplicación normativa o cargos formulados contra el acto administrativo demandado que podrán servir de apoyo a la de cisión de suspensión provisional, dando efectivamente prelación al fondo sobre la forma o sobre aspectos eminentemente subjetivos», lo cual, implica el estudio de la vulneración respectos (sic) de las normas superiores invocadas junto la interpretación y a plicación desarrollada jurisprudencialmente en sentencias proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción.14

11 «Artículo152. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el pe rjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor».

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el pe rjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor». 12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 13 Ver entre otras las providencias del: i) 24 de enero de 2014, expediente n.º 11001 03 26 000 2013 00090 00 (47694); ii) 29 de enero de 2014 , expediente n.º 11001 03 27 000 2013 00014 (20066); iii) 30 de abril de 2014, expediente 11001 03 26 000 2013 00090 00 (47694); iv) 21 de mayo de 2014, expediente n.º 11001 03 24 000 2013 0534 00 (20946); v) 28 de agosto de 2014, expediente 11001 03 27 000 2014 0003 00 (20731); y vi) 17 de marzo de 2015, expediente 11001 03 15 000 2014 03799 00. Todas ellas citadas en el auto del 18 de agosto de 2017, expediente 11001 03 25 000 2016 01031 00 (4659-16). 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 25 de enero de 2018, Radicación: 11001-03-25-000-2017-00433-00 (20792017).9

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023)

Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas

2017).9

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023) Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas En este orden de ideas, el juez de lo contencioso administrativo, previo análisis del contenido del acto acusado, de las normas invocadas como vulneradas y de los elementos probatorios allegados con la solicitud de medida cautelar, está facultado para dete rminar si la decisión enjuiciada desconoce el ordenamiento jurídico y, en caso afirmativo, suspender el acto para que no produzca efectos.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que lo anteriormente descrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida, es decir, se trata de u na percepción previa y sumaria que, por regla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisión sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el contenido de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artículo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

Los argumentos hasta aquí expuestos también se predican de la suspensión provisional dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en la medida en que la pretensión se oriente «al restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».15

Sobre este aspecto conviene indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio

derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».15

Sobre este aspecto conviene indicar que al fallador de la medida precautoria se le dio un amplio margen para valorar los elementos de juicio allegados por las partes para definir la procedencia de la suspensión provisional, pero siempre bajo un marco mínimo probatorio, es decir, que al menos debe existir prueba sumaria de los perjuicios alegados por el demandante. En tal sentido, el Consejo de Estado ha expuesto:

Sobre el perjuicio y su demostración sumaria, esta Corporación ha reiterado que “la prueba sumaria es un mecanismo demostrativo no sometido a controversia” sin que puedan aceptarse hechos evidentes porque ello “no puede suplir la exigencia legal, la que no quiere dejar el extremo a la calificación subjetiva del juzgador y/o a la simple afirmación de la demanda”.16

15 Artículo 231 del CPACA. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, expediente 11001 03 27 000 2015 00004 00(21605), providencia del 26 de julio de 2017, M.P., Stella Jeannette Carvajal Basto (E).10

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023)

Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas

2.3. El requisito de procedibilidad de interposición de los recursos obligatorios del procedimiento administrativo

El artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben cumplirse para la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera específica, sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

del procedimiento administrativo

El artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben cumplirse para la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De manera específica, sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho preceptuó: Artículo 161. Requisitos previos para demandar . La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

[…]

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios . El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral

[…].

[Negritas por fuera del original]

La normativa citada consagró el agotamiento de la actuación administrativa como un presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar la legalidad de un acto de contenido particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En virtud de l mencionado precepto, el ciudadano , antes de instaurar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe dirigir su pretensión a la administración o debatir la validez del respectivo acto ante aquella, según el caso; 17 esto último lo puede hacer a través de la interposición de los recursos que la ley establece como obligatorios. De esta manera se le da la oportunidad a la administración para que revise los argumentos fácticos y jurídicos de su decisión, a fin

esto último lo puede hacer a través de la interposición de los recursos que la ley establece como obligatorios. De esta manera se le da la oportunidad a la administración para que revise los argumentos fácticos y jurídicos de su decisión, a fin de determinar si debe revocarla, modificarla o aclararla.18

17 Dependiendo si ha existido pronunciamiento o no. De acuerdo con el artículo 4.º del CPACA la actuación administrativa puede iniciarse «1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. 2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. 3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 4. Por las autoridades, oficiosamente» (Negritas por fuera del original). 18 Por su parte, la doctrina ha entendido el procedimiento administrativo como «una garantía de la adecuación de la actividad administrativo a criterios de objetividad y eficacia y, también, como una garantía del pleno respeto de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública.» Luciano Parejo Alfonso. Eficacia11

Radicación: 52001 23 33 000 2022 00248 01 (1641-2023)

Demandante: Érica Viviana Calderón Bastidas

Bajo tales supuestos, el agotamiento de la actuación administrativa constituye i) una garantía de los derechos de defensa y debido proceso de los ciudadanos frente al comportamiento de la administración, porque permite debatir sus decisiones ; ii) una oportunidad para que la administración reevalúe sus actos y corrija l os errores contenidos en estos ; y iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.19

Ahora bien, el artículo 74 ibidem establece los recursos que proceden contra los actos

contenidos en estos ; y iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.19

Ahora bien, el artículo 74 ibidem establece los recursos que proceden contra los actos administrativos, entre los que incluyó los de reposición y apelación, y el de queja cuando se rechace este último.

De igual manera, el artículo 76 ibidem fijó el procedimiento que debe seguirse para la presentación de los referidos medios de contradicción y, además, en los incisos 3 y 4 señaló que el recurso de apelación « será obligatorio para acceder a la jurisdicción» , mientras que «[l]os recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».

Así las cosas, únicamente el recurso de apelación se torna ineludible ; luego, cuando la administración otorg a la oportunidad para presentarlo, su interposición es forzosa antes de radicar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, so pena de que esta no sea estudiada.20

Por el contrario, si la administración no ofrece la posibilidad de interponer el recurso aludido, quien pretenda demandar la nulidad de un acto administrativo particular puede acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 161 , ordinal 2, inciso 2 , ibidem, según el c ual « [s]i las autoridades

y administración. Madrid, 1995, Once – Gavitas, 2002, pp.793 y ss. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Compendio de Derecho Administrativo. Cit. p. 421. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 28

de Derecho Administrativo. Cit. p. 421. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 28 de febrero de 2018, expediente número 05001-23-33-000-2014-01730-01(3176-17), M.P. Dr. César Palomino Cortés. «Esta exigencia legal implica entonces, salvo contadas excepciones, e