CE - 54 Sentencia FALLO 20230692800JOSEAMADO 0 20241114142913786

Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06928-01

Demandante: JOSÉ AMADO LÓPEZ MALAVER

Demandados: NACIÓNPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Legitimación en la causa por activa - medio de control de protección de derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la sala a decidir sobre la impugnación presentada por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2024 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado , que negó el amparo solicitado respecto al derecho de petición y declaró improcedente la solicitud de cumplimiento de fallo popular.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

El señor José Amado López Malaver , en nombre propio , presentó acción de tutela contra la Nación - Presidencia de la República, la Defensoría del

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

El señor José Amado López Malaver , en nombre propio , presentó acción de tutela contra la Nación - Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el departamento de Boyacá - Secretaría de Salud Departamental, con la finalidad de que sean amparados sus derechos al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia y «al cumplimiento de fallos judiciales en el marco de una acción popular» 1.

Lo anterior, con ocasión del incumplimiento de la providencia emitida el 21 de agosto de 2008 por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción popular , identificada con el radicado 15000-23-31-000-2004-00559002. Además, solicitó que las entidades accionadas le dieran respuesta a las peticiones radicadas.

1 El mecanismo fue presentado el 14 de noviembre de 2023, fecha en la cual se remitió a esta corporación por auto proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Toca , Boyacá . 2 Acción Popular Rad. 15000-23-31-000-2004-0181-00 Demandantes: Corporación para la Defensa de la Gente y Medio Ambiente -Fundegente y Alcides Riaño Sánchez . Demandado: Municipio de Toca, Boyacá. Por auto de 23 de febrero de 2005 se decretó acumulación del proceso 2004 0559.Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros

Municipio de Toca, Boyacá. Por auto de 23 de febrero de 2005 se decretó acumulación del proceso 2004 0559.Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En consecuencia, la parte actora solicitó :

«1. Se reconozcan, declaren como vulnerados y se proceda a tutelar los derechos fundamentales aquí invocados y/o aquellos que el juez competente oficiosamente determine, en virtud a los hechos y a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional.

2. Se conmine so pena de sanción, a los aquí accionados a que, dentro de un término no superior a las 48 horas, procedan, no solo a valorar en debida forma, despachar y dar respuesta satisfactoria a mis petitorios obrantes en el expediente, como también a emprender sin demora, la realización de aquellas labores hasta hoy omitidas, indispensables en el logro de hacer cumplir a plenitud el contenido y espíritu de los fallos judiciales, abierta y descaradamente burlados, con la anuencia por pasividad de la propia autoridad judicial y ministerio publico aquí accionados.

3. En la eventualidad de existir algunos aspectos de los fallos qué, por razones de trámites o externalidades, no puedan ser consolidados dentro del lapso de horas antes indicado; se ordene dentro del trámite preferente señalado normativamente, que para la adecuada y efectiva

razones de trámites o externalidades, no puedan ser consolidados dentro del lapso de horas antes indicado; se ordene dentro del trámite preferente señalado normativamente, que para la adecuada y efectiva atención de estos asuntos, se deberán proceder a ejecutar, no menos de una/mes, AUDIENCIAS PUBLICAS DE SEGUIMIENTO y control de cumplimiento, para que en todo caso en un término NO SUPERIOR a TRES (3) meses, se logre dar por cumplidos a plenitud los fallos en cuestión y declaradas superada de manera definitiva, la absurda situación en que hoy permanece sumida nuestra comunidad del municipio de TOCA (Boy.).

4. Ordenar a las CONTRALORÍA – AUDITORÍA y CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION, la realización en el municipio de TOCA

(Boy.) de una AUDITORÍA FORENSE para los años del 2012/20152016/2019 –2020/2023, en lo que respecta a los manejos dados a los recursos públicos municipales no solo de las SUPUESTAS INVERSIONES en temas de acueducto, como también del plenario de la contratación pública municipal en todos los aspectos propios de la Administración local. 5. Las demás que el señor Juez de tutela considere pertinentes, para lograr el objetivo final de protección a derechos fundamentales hasta hoy abiertamente y peligrosamente vulnerados. »3

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

3 Transcripción literal del escrito de tutela , por lo que puede contener errores.Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

3 Transcripción literal del escrito de tutela , por lo que puede contener errores.Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Hechos

La Corporación para la Defensa de la Gente y Medioambiente – Fundegentey el señor Alcides Riaño Sánchez presentaron acción popular contra el municipio de Toca, Boyacá en defensa de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano a la seguridad, salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea oportuna y eficiente. Para ello, solicitaron que se ajustara el sistema de suministro de agua para consumo humano.

La Sección Primera del Consejo de Estado , en providencia de 21 de agosto de 2008 4, ordenó revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá de 17 de agosto de 2006 5 en la cual se ampararon los derechos e intereses colectivos invocados dentro de las acciones populares identificadas con los radicados 15000 -23-31-000-2004-00559-00 y 15001 -23-31-000-2004-0018101.

El accionante indicó que radicó petición ante la Presidencia de la Rep ública en la que solicitaba que se diera cumplimiento al fallo de acción popular, no

01.

El accionante indicó que radicó petición ante la Presidencia de la Rep ública en la que solicitaba que se diera cumplimiento al fallo de acción popular, no obstante, no ha recibido respuesta.

1.3. Sustento de la vulneración

La parte actora señaló que se vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia en el marco de una acción popular , con la omisión del cumplimiento del fallo del 21 de agosto de 2008 por parte de las accionadas.

4 «REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, AMPÁRANSE los derechos e intereses colectivos de la comunidad del Municipio de Toca (Boyacá) a gozar de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, contemplados en los literales a), g), h), j) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.En consecuencia, se ordena al Alcalde del mismo municipio efectuar los estudios y las obras que sean pertinentes con el fin de garantizar el suministro efectivo de agua en condiciones aptas para el consumo humano a los habitantes de la referida localidad, para lo cual se le concede el término de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de este proveído. Segundo. Para garantizar el cumplimiento de este fallo, CONFÓRMASE un comité de

de la referida localidad, para lo cual se le concede el término de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de este proveído. Segundo. Para garantizar el cumplimiento de este fallo, CONFÓRMASE un comité de verificación integrado por las partes, el Procurador Delegado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Defensor del Pueblo y el Secretario de Salud de Boyacá .(…)» 5 «y ordenó al alcalde del municipio de Toca, Boyacá « efectuar los estudios y las obras que sean pertinentes con el fin de garantizar el suministro efectivo de agua en condiciones aptas para el consumo humano a los habitantes de la referida localidad, para lo cual se le concede el término de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de este proveído» Así mismo ordenó conformar un comité de verificación integrado por las partes, «el Procurador Delegado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Defensor del Pueblo y el Secretario de Salud de Boyacá »Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consideró que se ha demostrado el desacato de lo ordenado a la alcaldía del municipio de Toca, Boyacá y que las autoridades demandas no han cumplido con realizar el debido seguimiento y control .

Expuso que han pasado 15 años desde que se expidió el fallo y que hasta el momento de interponer la acción constitucional no se ha cumplido con las ordenes emitidas en la decisión popular, en ese orden, indicó que el agua

Expuso que han pasado 15 años desde que se expidió el fallo y que hasta el momento de interponer la acción constitucional no se ha cumplido con las ordenes emitidas en la decisión popular, en ese orden, indicó que el agua vital para la población sigue siendo impotable tal como se demostró en la medición de parámetros en la que se detectó la presencia de elementos dañinos para el ser humano dentro del acueducto de Toca, Boyacá.

El accionante solicitó que los derechos alegados sean tutelados y, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas dar respuesta a las peticiones realizadas. Por consiguiente, se dé cumplimiento al fallo dictado por el Consejo de Estado y sea «declarada superada de manera definitiva, la absurda situación en que hoy permanece sumida nuestra comunidad del municipio de Toca, Boyacá».

Manifestó que la Secretaría de Salud de Boyacá en diversas oportunidades ha informado de la problemática con el agua «no apta para consumo humano» en el municipio, pero que esta no actúa de manera contundente en pro de la comunidad.

Aludió que se presenta un «defecto fáctico» ante la omisión en el decreto de pruebas dentro del proceso y la no apreciación objetiva del material probatorio.

Explicó que el derecho de petición es un derecho fundamental y que este fue vulnerado con la falta de respuesta por parte de las entidades y que la violación de dicho derecho conlleva a la transgresión de los demás invocados como es el acceso a la justicia.

1.4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de 5 de marzo de 2024, la Sección Tercera, Subsección C del

como es el acceso a la justicia.

1.4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de 5 de marzo de 2024, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado admitió la tutela y, en consecuencia , ordenó notificar a la Presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Departamento de Boyacá-Secretaría de Salud Departamental. Asimismo, a la Corporación para la Defensa de la Gente y Medio Ambiente -Fundegente, a Alcides Riaño Sánchez, al Municipio de Toca y al Procurador delegado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá .

1.5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibi eron las siguiente s intervenci ones:Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá rindió informe en el que realizó un recuento d e los hechos aludidos por el tut elante correspondientes a lo que a la entidad atañe y suministro el enlace del proceso de la acción de popular.

Advirtió que la para la corporación la acción interpuesta debe declararse improcedente por cuanto no considera que el actor tenga legitimación en la causa por activa «toda vez que las demandas de las citadas acciones populares fueron instauradas por la Corporación para la Defensa de la Gente

improcedente por cuanto no considera que el actor tenga legitimación en la causa por activa «toda vez que las demandas de las citadas acciones populares fueron instauradas por la Corporación para la Defensa de la Gente y el Medio Ambiente (Fundegente) y el señor Alcides Riaño Sánchez en contra del municipio de Toca, así pues, el hoy peticionario no fue parte, ni conforma el Comité de Verificación integrado y conformado por parte del Consejo de Estado».

En cuanto a las solicitudes presentadas por el señor López Malaver, adujó que estas fueron contestadas mediante los autos de 6 de abril de 2022 y 22 de septiembre de 2022 en los cuales se resolvió no dar trámite al incidente de desacato por falta de legitimación en la causa por activa y se dispuso remitir a la procuradora delegada para que esta analizara si efectivamente se está desacatando el fallo.

Finalmente , concluyó que la solicitud de amparo no satisface el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad.

1.5.2. En respuesta con fecha de 14 de marzo de 2024, la Defensoría del Pueblo aseguró que la entidad no ha incurrido en ninguna acción u omisión que pueda afectar los de rechos alegados por el actor , y que no existe evidencia de radicación de petición alguna realizada por el señor López Malaver.

1.5.3. La Procuraduría General de la Nación , a través de apoderado, manifestó que el actor carece de legitimación en la causa por activa debido a que no intervino en la acción popular. Asimismo, indicó que la Procuraduría tampoco presenta legitimación y por pasiva , en el entendido que los

manifestó que el actor carece de legitimación en la causa por activa debido a que no intervino en la acción popular. Asimismo, indicó que la Procuraduría tampoco presenta legitimación y por pasiva , en el entendido que los derechos invocados en la acción constitucional no han sido presuntamente transgredidos con ocasión de una acción u omisión que sea atribuible a la entidad en consecuencia la presente acción no está llamada a prosperar.

Por último, solicitó que se declare que la Procuraduría General de la Nación no tiene legitimación en la causa por pasiva .

1.5.4. Por su parte la Presidencia de la República , en oficio de 18 de marzo de 2024, expresó que después de las verificaciones correspondientes no se encontró ninguna solicitud radica da por el accionante y por tanto la presente acción debe ser negada .

Indicó que no se evidencia que el accionante haya agotado las vías ordinarias antes de pasar a instaurar el amparo deprecado, razón por la cualDemandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se observa cumplido el requisito de subsidiariedad.

Concluyó que ante la inexistencia de una omisión que pudiera generar una vulneración a las garantías invocadas por el accionante , se solicita negar las pretensiones de la acción respecto a la Presidencia de la República.

15.5. La Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos

vulneración a las garantías invocadas por el accionante , se solicita negar las pretensiones de la acción respecto a la Presidencia de la República.

15.5. La Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestó que no se encuentra relación de causa lidad de acción u omisión por parte de esta y la vulneración alegada, Además precisó que la entidad no tiene competencia para asegurar la potabilidad del agua que se le suministra a la población del municipio de Toca , por ende, no es de resorte de la Fiscalía la presente acción de tutela.

Por lo anterior, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y desvincular a la entidad del presente trámite.

1.6. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 26 de abril de 2024, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado decidió negar la solicitud de tutela impetrada por el señor José Amado López Malaver contra la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado y el Departamento de Boyacá - Secretaría de Salud Departamental frente a la vulneración del Derecho de Petición y declaró improcedente la misma respecto de la solicitud de cumplimiento del fallo de la acción popular 15000-23-31-000-2004-00559-00.

Precisó que «la autoridad judicial requirió a la Alcaldía Municipal de Toca y a la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, para que rindan el respectivo informe de cumplimiento del fallo » lo anterior con la finalidad de verificar que se este obedeciendo lo dispuesto por el juez natural , como

la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, para que rindan el respectivo informe de cumplimiento del fallo » lo anterior con la finalidad de verificar que se este obedeciendo lo dispuesto por el juez natural , como quiera que dicho trámite se encuentra en curso, no le es posible al juez de tutela interferir en la actuación «pues esta se encuentra vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto».

1.7. Impugnación

La parte demandante solicitó:

«Que el superior revise la decisión de primera instancia por carecer de las condiciones necesarias a la sentencia de mérito y congruente, teniendo en cuenta que, se aparta por completo e irrespeta todo parámetro claramente señalado en nuestra propia Constitución Política de 1.991, leyes vigentes y doctrinas jurisprudenciales; además, no se ajusta en lo más mínimo, a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni el debido amparo a los derechos impetrados, por error de derecho y de hecho en el examen y consideración de la petición, por lo cual, extraña eDemandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inexplicablemente se niega, a cumplir el mandato legal de garantizar como agraviado el pleno goce de derechos del orden Constitucional» 6.

Cuestionó el fallo de primera instancia, en cuanto consideró que se basa en deferencias evasivas que favorecen el incorrecto proceder de las entidades demandas.

como agraviado el pleno goce de derechos del orden Constitucional» 6.

Cuestionó el fallo de primera instancia, en cuanto consideró que se basa en deferencias evasivas que favorecen el incorrecto proceder de las entidades demandas.

Agregó que el fallador incurre en error al irrespetar los principios constitucionales consagrados en el artículo 86 de la Constitución Política, y a su vez cuestiona la labor del Consejo de Estado en los tiempos de respuesta dados a la solicitud de tutela impetrada.

1.8. Trámite en segunda instancia

El día 26 de julio de 2024 7 el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra ordenó vincular en calidad de accionantes a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General de la República y a la Contaduría General de la Nación con la finalidad de que adelanten las actuaciones que estimen pertinentes.

El 9 de agosto de 2024 el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó impedimento por incurrir en lo dispuesto en el artículo 56 del Código de procedimiento Pena 8l aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, lo anterior por cuanto una de las entidades vinculadas por la transgresión de los derechos constitucionales alegados es la Contraloría General de la República en la cual su esposa se desempaña como funcionaria judicial.

Dada la manifestación anterior, se realiz ó el cambio de ponente 9 al doctor Omar Joaquín Barreto Suárez, el cual con escrito allegado el 26 de agosto de 2024, manifestó impedimento por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez

Omar Joaquín Barreto Suárez, el cual con escrito allegado el 26 de agosto de 2024, manifestó impedimento por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que, su cónyuge y su hijo se encuentran vinculados laboralmente a dos de las entidades accionadas 10.

Con providencia de 3 de octubre de 2024 11 se aceptó el impedimento del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y se declaró infundado el impedimento del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

El despacho ponente present ó proyecto el día 24 de octubre de 2024, el cual

6 Transcripción textual del escrito de impugnación, con posibles errores. 7 Samai actuación No. 6 8 «ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.» 9 Samai actuación No.21 10 Samai actuación No. 23 11 Samai actuación No. 37Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no obtuvo la mayoría, por lo que se incluyó al conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez, previamente designado para resolver el impedimento planteado por

www.consejodeestado.gov.co no obtuvo la mayoría, por lo que se incluyó al conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez, previamente designado para resolver el impedimento planteado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, para dirimir el empate.

1.8.1 Contestaciones en segunda instancia

1.8.1.1 La Contaduría General de la Nación argumentó que no tiene responsabilidad alguna frente a los hechos de la acción, toda vez que esta no es competente para pronunciarse sobre el objeto de la tutela. A unado a lo anterior, precisó que la entidad no tiene registro alguno de radicación de peticiones por parte del accionante.

Finalmente, pidió la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.8.1.2. Por su parte, la Auditoría General de la República manifestó que no realizaría algún pronunciamiento frente a los hechos narrados en el escrito de la acción de tutela ya que lo pretendido en el asunto de la referencia no le compete a la entidad en el ejercicio de sus funciones.

Requirió que se desvincule de la presente acción, toda vez que acorde con el principio procesal básico de legitimación en la c ausa por pasiva esta entidad no es el órgano correspondiente para responder.

1.8.1.3. La Contraloría General de la Nación indicó que, si bien el control fiscal es una de sus funciones, en el marco de las competencias establecidas por la Constitución no le es procedente intervenir en actuaciones administrativas en curso o por desarrollarse.

Resaltó que no se observa n actuaciones o falta que ameriten el ejercicio de control y que en todo caso la acción de tutela no es el medio idóneo para realizar estas solicitudes.

administrativas en curso o por desarrollarse.

Resaltó que no se observa n actuaciones o falta que ameriten el ejercicio de control y que en todo caso la acción de tutela no es el medio idóneo para realizar estas solicitudes.

Por lo anterior consider ó innecesario pronunciarse sobre los hechos manifestados como violatorios de derechos fundamentales, y finalmente solicitó la desvinculación del presente trámite.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Corresponde a la Sala conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2. Cuestión previa

La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva.

La petición será negada dado que la vinculación al proceso se realizó en

Contraloría General de la Nación solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, pues a su juicio, carece n de legitimación en la causa por pasiva.

La petición será negada dado que la vinculación al proceso se realizó en calidad de accionados, por cuanto el actor formuló pretensiones respecto de estas entidades , así las cosas, las resultas de la presente acción constitucional pueden ser de su interés.

2.3. Problema jurídico

La Sala determinará si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si las autoridades judiciales accionadas lesion aron los derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la administración de justicia de la parte actora.

Para resolver el anterior problema, la Sala abordará los siguientes aspectos (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) la legitimación en la causa por activa; (iii) derecho de petición ; y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 12, entre

ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 12, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

12 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.Demandante: José Amado López Malaver Demandado s: Nación Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-06928-01 10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir a la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública ».

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política », en los artículos 1°, 10, 46 y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos

acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política », en los artículos 1°, 10, 46 y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales 13.

De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre , la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amen