CE-54001-23-31-000-1998-00525-01(1580-10)-2011

JEFE DE DIVISION – Cargo de libre nombramiento y remoción. Facultad discrecional / CARGO DE CONFIANZA Y MANEJO – Facultad discrecional Está probado que el actor, al momento de ser retirado del servicio, se encontraba nombrado como Jefe de la División de Interventoria de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, en un cargo de libre nombramiento y remoción y por tanto podía ser retirado del servicio en ejercicio de la facultad discrecional. Siendo el cargo que ocupaba el demandante de aquellos de confianza, dirección y manejo, la Ley le ha dado el tratamiento especial de ser ejercidos sólo por aquellas personas llamadas por el nominador a acompañarlo en su gestión en razón del alto grado de confiabilidad que en ellas debe depositar. En consecuencia, resulta razonable que en aras del interés institucional, el nominador -en ejercicio de su potestad discrecionalpueda retirar del servicio a funcionarios de libre nombramiento y remoción para reacomodar su equipo de trabajo. Esa facultad discrecional para remover libremente a sus empleados implica un cierto margen de libertad, para decidir con qué funcionarios cumple mejor la Administración los fines encomendados. INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION – Motivos políticos. Desviación de poder. Falsa motivación Del análisis de las declaraciones, la Sala puede inferir que aquellos funcionarios que venían laborando antes de ser designado el nuevo Contralor Municipal (Dr. Nicolás Rangel Colmenares), son unánimes en afirmar que tuvieron conocimiento directo, esto por haber estado en la reunión de presentación del nuevo Contralor

de la Entidad, en la cual hizo alusiones a compromisos de carácter político por haber sido elegido por un Organismo político como es el Concejo; igualmente son contundentes en afirmar que fue de público conocimiento al interior de la Entidad fiscalizadora que el manejo dado por el nuevo Contralor incluyó solicitar aval político a sus subalternos o en su defecto la renuncia protocolaria y si ello no se cumplía se procedía a la declaratoria de insubsistencia. Valorada la prueba en el capítulo precedente y probada la desviación de poder, se pone en evidencia que los motivos o móviles que determinaron la declaratoria de insubsistencia del actor, no fueron razones de buen servicio, sino unas distintas, derivadas de los intereses partidistas, de compromisos que adquirió el Contralor y que relatan en forma unánime los testigos. LLAMAMIENTO EN GARANTIA – Regulación legal / LLAMAMIENTO EN GARANTIA – Insubsistencia. Falsa motivación. Desviación de poder. Conducta dolosa Con la expedición del acto acusado se incurrió en una desviación de poder y falsa motivación, porque no fueron razones de mejoramiento del servicio las que llevaron a su expedición, sino el cumplimiento de intereses partidistas y compromisos que adquirió el Contralor Municipal antes de su elección. Así las cosas, la conducta del señor Nicolás Antonio Rangel Colmenares al proferir el acto administrativo de insubsistencia del actor, con desviación de poder y falsa motivación, se dio de manera dolosa, razón por la cual debe ser condenado en su condición de llamado en garantía, con el fin de que devuelva al Estado las sumas

que éste debe reconocer como consecuencia de su actuar.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 90 / LEY 678 DE 2001 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 57 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 77 / DECRETO 1222 DE 1986 / DECRETO 1333 DE 1986 – ARTICULO 297 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO – ARTICULO 85

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011) Radicación número: 54001-23-31-000-1998-00525-01(1580-10)

Actor: JAIME CHARRIA MORENO

Demandado: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de febrero de 2010 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, que negó las súplicas de la demanda incoada por Jaime Charria Moreno contra el Municipio de San José de Cúcuta y la

Contraloría Municipal. LA DEMANDA Estuvo encaminada a obtener la nulidad de la Resolución No. 0022 de 3 de febrero de 1998, por medio de la cual el Contralor Municipal de San José de Cúcuta, declaró insubsistente el nombramiento del actor, en el cargo de Jefe de la

División de Interventoria, por necesidad del servicio. A título de restablecimiento del derecho, pretende que se ordene el reintegro al cargo que venía ocupando o a otro de igual o superior categoría, así como el pago de los salarios, primas, cesantías y todas las demás prestaciones que la Entidad cancela a sus funcionarios; se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio y se de cumplimiento a la sentencia con aplicación de lo previsto en los artículos 176 a 178 del C.C.A. Las anteriores pretensiones fueron sustentadas en los siguientes hechos: Por Resolución No. 056 de 23 de enero de 1995, el Contralor Municipal nombró al actor, en el cargo de Ingeniero Jefe de la Oficina de Interventoria. Por cambio de denominación del cargo, fue nombrado como Jefe de la División de Interventoria, según da cuenta la Resolución No. 0158 de 27 de marzo de 1995. Destaca que su nombramiento se efectuó en un cargo de libre nombramiento y remoción y que durante su vinculación a la Contraloría Municipal, cumplió sus funciones en forma eficiente, responsable, idónea y buena conducta como lo demuestra su hoja de vida. Indicó que el 6 de enero de 1998, fue elegido el Doctor Nicolás Rangel Colmenares como nuevo Contralor Municipal de San José de Cúcuta, quien tomó posesión el día 20 del mismo mes y año y realizó una reunión con los funcionarios, en la que manifestó: “(…) Como Ustedes saben la Contraloría es una empresa política y por tanto así debe manejarse, es por ello que debo cumplir los compromisos

que adquirí con los señores Concejales (…) Debo expresar que lamento mucho que algunos de Ustedes deban salir, y que hasta que tengan que quedarse madres solteras sin empleo por las circunstancias que aquí les comento, pero deben entender, que no es por cuestiones mías, mas sin embargo, voy a estudiar muy bien las hojas de vida de quienes están en la Contraloría y si veo que cumplen con los requisitos, miraré que puedo hacer al respecto. (…)” Este discurso lo confirmó posteriormente en el programa televisivo ‘En la mira’, que se transmitió el día miércoles siguiente. Además el nuevo Contralor Municipal organizó una reunión de Jefes de División del Ente Fiscal, en el mismo sentido, en la que después de las presentaciones, felicitó públicamente al demandante y lo destacó como funcionario y profesional en Arquitectura, con cualidades que lo hacían sobresalir entre los demás. Sin embargo el 3 de febrero de 1998, mediante Resolución No. 0022 lo declaró insubsistente, al igual que a 12 funcionarios más y 4 a quienes les aceptó la renuncia. El 22 de mayo de 1998, el Procurador Provincial de San José de Cúcuta, profirió Auto dentro del expediente No. 106-00238-98 en el que ordenó suspender provisionalmente al Contralor Municipal, por el término de tres (3) meses, prorrogables por otros tres (3) meses por presunta intervención en política. Por Resolución No. 043 de 17 de noviembre de 1998, el Procurador Provincial de San José de Cúcuta, resolvió los cargos dentro de la investigación disciplinaria contra el Contralor, ordenando la destitución del cargo con interdicción de

funciones públicas por 3 años. La anterior decisión fue confirmada por Resolución No. 0094 de 30 de noviembre de 1998. Conforme a los hechos que narró, afirmó que la remoción del cargo, se ordenó por motivos distintos a los autorizados por la Ley, pues no obedeció a la necesidad de mejorar el servicio institucional inherente a la Contraloría, como lo expresa el acto acusado, sino que fue producto del ejercicio desmedido de la autoridad del nominador. NORMAS VIOLADAS Como disposiciones violadas cita las siguientes: Constitución Política, artículos 1º, 3°, 6°, 25 y 52; Código Contencioso Administrativo, artículo 36. (Fls. 2-14 y 49) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Municipio de San José de Cúcuta, por intermedio de apoderado de folios 128 a 133, dio contestación a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las súplicas, argumentando: El demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que podía ser retirado discrecionalmente por el nominador, sin necesidad de motivar el acto, como lo ha sostenido la jurisprudencia.1 1 Consejo de Estado, sentencia de 16 de mayo de 1996, M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva, por considerar que la Entidad llamada a responder es la Contraloría Municipal, dado que el actor no tenía ninguna relación con el Municipio. Indicó que la Contraloría Municipal, conforme a la Constitución y la Ley tiene competencia para remover libremente a sus funcionarios, exceptuándose los que

ocupen cargos pertenecientes al sistema de Carrera Administrativa; en esas condiciones como el acto acusado fue expedido por el nominador con fundamento en la facultad discrecional, por razones de interés general, las cuales no fueron contrarias al buen servicio público, razón suficiente para negar las súplicas de la demanda. La Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, por intermedio de apoderado de folios 117 a 120, dio contestación a la demanda y solicitó negar las pretensiones de la demanda. El Contralor Municipal al declarar insubsistente el nombramiento del actor, lo hizo basado en la facultad discrecional para remover libremente a los funcionarios que no ostenten derechos de carrera. La razón aludida por el demandante para solicitar la nulidad del acto acusado, no encuadra con la realidad del proceso, ya que la única razón que se tuvo fue la prestación del servicio para los asociados como se puede inferir del contenido de la Resolución de insubsistencia. Además, dicha decisión se realizó dentro de los parámetros legales, puesto que el Contralor Municipal, lo hizo basado en lo establecido en el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, según el cual, en cualquier momento puede declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la decisión, de acuerdo con la facultad discrecional, que tiene el nominador de remover y nombrar a sus empleados. Finalmente solicito el llamamiento en garantía del Doctor Nicolás Rangel Colmenares, en su condición de Ex Contralor del Municipio de San José de Cúcuta, para que comparezca al proceso en tal condición. Del llamamiento en garantía. Mediante Auto de 11 de julio de 2001 (Fls. 150-151), el

Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, resolvió llamar en garantía al Ex Contralor del Municipio de Cúcuta. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DEL LLAMADO EN GARANTÍA El Doctor Nicolás Rangel Colmenares, en su condición de Ex Contralor del Municipio de San José de Cúcuta y por intermedio de apoderado dio contestación a la demanda (Fls. 154-158), argumentando, lo siguiente: No aparece probado en el proceso que, con la expedición del acto acusado, se esté violando el Estatuto del Trabajo, ni la Constitución Política, por cuanto dicho acto tenía como fundamento la facultad constitucional discrecional de remover libremente a esta clase de funcionarios. Con relación a la falsa motivación, expresó que el demandante se contradice en sus declaraciones, pues en la demanda afirma que su retiro tuvo como fundamente fines políticos, mientras que en la declaración ante la Procuraduría General de la Nación afirma que en su caso, la remoción se debió a “bueno como sabemos los cargos públicos y más en el caso mío que era de libre nombramiento y remoción, obedeció a eso, al criterio del señor Contralor de declararme insubsistente.” Respecto a la desviación de poder, indicó que para que pueda tipificarse un desvío de poder hay que estructurar la mente del nominador del acto administrativo para poder demostrar que sus razones fueron contrarias al buen servicio y a la buen marcha de la administración, pero en el presente caso, no existe ese escrutinio de la mente del nominador, luego las razones para sustentarla son simples especulaciones sin fundamento probatorio.

LA SENTENCIA

El Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 25 de febrero de 2010, negó las súplicas de la demanda (Fls. 418-435), con base en las siguientes consideraciones: Declaró no probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por el Municipio de Cúcuta, porque conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Entidad Territorial a la cual pertenece la Contraloría, debe estar vinculada en el proceso bajo estudio, pues es el Ente Territorial quien tiene la facultad de Representar judicialmente al Municipio de Cúcuta y a la Contraloría, por tanto debe comparecer al proceso como parte demandada.2 Negó las súplicas de la demanda, porque de acuerdo con la declaración rendida por el actor ante la Procuraduría Provincial de Cúcuta, dentro del proceso disciplinario adelantado contra el Ex Contralor Municipal,3 se contradijo con lo expuesto en el acápite de hechos de la demanda, pues no logró acreditar la desviación de poder, pues indicó que su retiro “obedeció a que era de libre nombramiento y remoción, obedeció a eso, al criterio del señor Contralor de declararme insubsistente.” El A-quo advirtió que efectivamente el nombramiento del actor era de libre nombramiento y remoción y no existe prueba que demuestre que estuviera inscrito en carrera administrativa o gozara de alguna clase de estabilidad. De conformidad con lo previsto en la Constitución4 y la Ley,5 no hay duda que el Contralor Municipal en su condición de nominador, tiene la facultad de remover a sus funcionarios que no gocen de fuero de estabilidad, mediante la figura de la

declaratoria de insubsistencia, sin que ello implique expedición irregular del acto administrativo, pues éste se profirió con fundamento legal. En esas condiciones negó las súplicas de la demanda por carecer los argumentos en los que sustenta las causales de falsa motivación y desviación de poder, de pruebas que las acrediten, pues si bien es cierto, existen declaraciones en las que se manifiesta que el motivo por el cual fue declarado insubsistente el actor, fue por móviles políticos por no contar con respaldo político, éstas fueron 2 Consejo de Estado, sentencia de 7 de marzo de 2002, expediente 1494-01, M.P. Dr. Tarsicio Cáceres Toro. 3 Ex Contralor Municipal de San José de Cúcuta, Doctor Nicolás Antonio Rangel Colmenares. 4 Constitución Política, artículo 125. 5 Decreto 2400 de 1968, artículo 25; Decreto 3074 de 1968, artículo 1°; Ley 27 de 1992, artículos 4° y 7°. desvirtuadas por el mismo accionante en la ampliación de declaración rendida ante la Procuraduría Provincial de Cúcuta. Así las cosas, la Resolución No. 0022 de 3 de febrero de 1998, por medio de la cual se configura la insubsistencia del accionante es válida y eficaz y por tal motivo se presume expedida bajo la presunción de legalidad. EL RECURSO El actor a través de apoderado impugnó la anterior decisión con la fundamentación que corre de folios 561 a 578, en que reitera los argumentos de la demanda y solicita se revoque la decisión de primera instancia y se acceda a las

pretensiones. Indicó que el Tribunal efectúo una interpretación mal intencionada del testimonio rendido por el actor ante la Procuraduría Provincial, pues hace una transcripción amañada de la misma que se aparte del raudal probatorio arrimado al proceso, que da cuenta de la desviación de poder y falsa motivación que se alega en la demanda. Insiste en que las reuniones previas a la declaratoria de insubsistente, el Contralor Municipal manifestó que, siendo la Contraloría una empresa política y dados sus compromisos políticos era necesario efectuar el retiro de algunos funcionarios. De la anterior afirmación hecha en la demanda, dan cuenta el correspondiente proceso disciplinario adelantado contra el entonces Contralor Municipal de San José de Cúcuta, que culminó con su destitución, porque la Procuraduría Provincial encontró probado que efectivamente los retiros se efectuaron y en el caso del demandante, no tenía aval político para continuar en la Entidad. Además obran en el proceso innumerables declaraciones que dan cuenta de la situación que se vivía en esa época en la Contraloría Municipal, así como las declaraciones del Ex Contralor a los medios de comunicación en que afirma que la Entidad que preside es una empresa política y que debe cumplir con algunos compromisos políticos, motivo por el cual estudiara las diferentes hojas de vida. Como no se evidencia causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes CONSIDERACIONES EL PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar si el retiro del actor a través de la insubsistencia de su nombramiento se encuentra ajustado a derecho teniendo en cuenta su

desempeño en un cargo Directivo de libre nombramiento y remoción o si por el contrario se tipificó alguna de las causales que dan lugar a su anulación, en especial por desviación de poder y falsa motivación. ACTO ACUSADO Resolución No. 0022 de 3 de febrero de 19986, por la cual el Contralor Municipal de San José de Cúcuta, declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Jefe de la División de Interventoría, por necesidad del servicio. (Fls. 20) HECHOS PROBADOS De la Vinculación del Demandante Conforme a la certificación, suscrita por el Jefe de la División de Archivo y Personal de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, el actor laboró en la Entidad desde el 24 de enero de 1995 hasta el 3 de febrero de 1998 y al momento del retiro ocupaba el cargo de Jefe de la Oficina de Interventoria. (Fls. 14) Por Resolución No. 056 de 23 de enero de 1995, el Contralor General del Municipio de Cúcuta, nombró al demandante en el cargo de Ingeniero Jefe de la Oficina de Interventoría. (Fls. 16) Mediante Resolución No. 0158 de 27 de marzo de 1995, se puso en concordancia la planta de personal de la Entidad acusada, fijada por Acuerdo No. 012 de 22 de marzo de 1995 y se nombró al demandante en el cargo de Jefe de División de Interventoria, Categoría 13. (Fls. 17-18) Del Proceso Disciplinario Adelantado Contra el Ex Contralor Municipal

6 Notificada por el Jefe de Personal de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, el 4 de febrero de 1998, según está probado a folio 21. Mediante Auto de 22 de mayo de 1998, expediente disciplinario No. 106-0023898, el Procurador Provincial de Cúcuta, resolvió ordenar la suspensión provisional al Contralor General del Municipio de San José de Cúcuta, por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otros tres (3) meses, por la presunta intervención en política. (Fls. 23-24) Por Resolución No. 043 de 17 de noviembre de 1998, la Procuraduría Provincial de Cúcuta, Norte de Santander, sancionó disciplinariamente Contralor General del Municipio de San José de Cúcuta con destitución del cargo e interdicción de funciones públicas por el término de tres (3) años, por considerar que: “(…) Sí actuó contrario a sus deberes legales al realizar retiros masivos de empleados de la Contraloría de libre nombramiento y remoción por cuestiones de carácter político y para cumplir compromisos burocráticos adquiridos con los señores Concejales que lo eligieron; permitió que empleados adscritos a la Contraloría desarrollaran actividades de carácter político (…) y realizó actos de proscripción y persecución política en contra de funcionarios de libre nombramiento y remoción de la Contraloría Municipal, conductas prohibidas por la Constitución y la Ley, en tratándose de algunos empleos públicos y de manera concreta y concisa para los

funcionarios que forman parte entre otros de los organismos de control. (…)” (Fls. 51-71) La anterior decisión fue confirmada por la Procuraduría Departamental de Norte de Santander, mediante Resolución No. 0094 de 30 de noviembre de 1998, desatar la segunda instancia. (Fls. 72-95) El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 35372002, M.P. Dr. Jesús María Lemos, conformó la sentencia de 23 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, instaurada por el Ex Contralor sancionado, (Fls. 244-290) con la siguiente fundamentación: “Del análisis del extenso material probatorio la Sala concluye lo siguiente: a. El Contralor desde su posesión advirtió a los funcionarios de la Entidad que esa era una empresa política y que debía cumplir con los compromisos adquiridos con los Concejales. b. El actor solicitó a los funcionarios de libre nombramiento y remoción colaborarle en presentar la renuncia para efectos de cumplir con sus compromisos políticos. c. Según los funcionarios de la Entidad existieron presiones ejercidas a través del Jefe de Personal para que presentaran renuncias porque de lo contrario se procederá a proferir la declaratoria de insubsistencia. d. Algunos empleados de menor rango fueron maltratados por el Contralor debido a que no cumplieron con el trabajo político que les había encomendado. e. El Contralor pidió a los trabajadores indicar el respaldo político que

tenían. f. Hubo reparto de los diferentes cargos de la Entidad entre los Concejales que participaron en la elección del Contralor. g. Algunos funcionarios formularon ante la Procuraduría queja por los atropellos de que fueron objeto por parte del Contralor. En conclusión, en criterio de la Sala, se tipificaron las presiones políticas del Contralor para lograr la renuncia de los funcionarios de la Entidad y para removerlos, así como se probó su indebida participación en política.” ANÁLISIS DE LA SALA Naturaleza Jurídica del Cargo de Jefe de División de Interventoria De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, en la Administración Pública, existen empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de elección popular, los trabajadores oficiales, y los demás que determine la Ley. La Ley 443 de 1998 por la cual se expiden normas de carrera en su artículo 5º hace referencia a la clasificación de los empleos en los organismos y entidades regulados por la presente Ley, con las siguientes excepciones: “2º. Los empleos de libre nombramiento y remoción que correspondan a los siguientes criterios: a. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, así: (…) En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial: Presidente; Director o Gerente:7 Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario General; Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior distinta a los entes universitarios

autónomos;8 Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y Jefe de Control Interno” 9 La Corte Constitucional, mediante sentencia C-195 de 21 de abril de 1994, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, con relación a los cargos de libre nombramiento y remoción, dijo: “(…) Por tanto, como base para determinar cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometido a su permanente vigilancia y evaluación. (…) La Corte considera -de acuerdo con la jurisprudencia sentada en la Sentencia C-023 de 1994que siendo distintas las condiciones de los

empleados de libre remoción a la de los empleados de carrera, es totalmente desproporcionado aplicar, en materia de desvinculación, ingreso, permanencia y promoción, las reglas de los primeros a la condición de los empleados de carrera. Ello porque la discrecionalidad es una atribución necesaria en cabeza de algunos funcionarios que ejercen una labor eminentemente política, o que requieren de colaboradores de su más absoluta confianza para el logro de sus fines. Como se manifestó en la Sentencia citada "no puede prosperar una hipótesis administrativista para regular una función eminentemente política". Pero tampoco puede darse el otro extremo: regular con criterio político una función que corresponde a la esencia del sistema de carrera. (…)” 7 Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-599 de 24 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 8 Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencias C-50699 de 14 de julio de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 9 Apartes en cursiva declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-506-99 de 14 de julio de 1999 Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz, '... en los términos y bajo los condicionamientos consignados en la parte motiva de esta sentencia. En el sub-examine está probado que el actor, al momento de ser retirado del servicio, se encontraba nombrado como Jefe de la División de Interventoria de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta (Fls. 16), en un cargo de libre

nombramiento y remoción y por tanto podía ser retirado del servicio en ejercicio de la facultad discrecional. El Nombramiento en Cargo de Libre Nombramiento y Remoción y la Facultad Discrecional del Nominador El actor desempeñaba un cargo de confianza y manejo (Jefe de la División de Interventoria), y su vinculación se realizó bajo la modalidad de empleado de libre nombramiento y remoción, es decir, que podía ser retirado del servicio sin motivar el acto de desvinculación. Siendo el cargo que ocupaba el demandante de aquellos de confianza, dirección y manejo, la Ley le ha dado el tratamiento especial de ser ejercidos sólo por aquellas personas llamadas por el nominador a acompañarlo en su gestión en razón del alto grado de confiabilidad que en ellas debe depositar. En consecuencia, resulta razonable que en aras del interés institucional, el nominador -en ejercicio de su potestad discrecionalpueda retirar del servicio a funcionarios de libre nombramiento y remoción para reacomodar su equipo de trabajo. Esa facultad discrecional para remover libremente a sus empleados implica un cierto margen de libertad, para decidir con qué funcionarios cumple mejor la Administración los fines encomendados. De la Desviación de Poder El actor afirma que la insubsistencia fue proferida con desviación de las atribuciones propias de la Autoridad de la cual proviene, lesionando sus derechos y que esta decisión fue proferida con desviación de poder, dado que el nuevo Contralor de San José de Cúcuta, afirmó que la Contraloría era un fortín político y por ello se realizarían cambios, para poder cumplir con los compromisos hechos

con los Concejales. El demandante en procura de probar éste cargo, peticionó los siguientes testimonios, para demostrar los hechos de la demanda. De folios 224 a 225 obra el testimonio rendido por de la señora ROSALBA VARGAS MARTÍENEZ, quien para la época de los hechos era Auxiliar de Servicios de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, adujo que fue testigo cuando el Contralor le pidió al demandante la renuncia, pues se encontraba en ese momento en el Despacho; además que el día de su posesión efectuó una reunión en el tercer 3° piso de la Entidad, en la que nos dijo: “Para todos los funcionarios, más para Jefes, que ellos sabían que después de posesionado él, tenían que dejarle los cargos, porque era una Empresa Política, que él tenía que cumplir con los Concejales, prácticamente en el poco tiempo que estuvo en la Contraloría Municipal la utilizó como una sede política, porque le pedía los cargos a los funcionarios.” El señor JOSÉ AUGUSTO QUINTERO MENESES, se desempeñó como Asistente del Contralor hasta el 26 de enero de 1998, manifestó que el nuevo Contralor efectuó una reunión de presentación en la que nos sorprendió con la declaración des: “(…) Que él había llegado a algunos acuerdos y que como tal debía cumplir con ellos. Lamento que madres solteras y otros funcionarios fueran a quedar sin trabajo y para entrar en el nuevo direccionamiento presento (…) al nuevo asistente del Contralor.” Por su parte el señor VÍCTOR MANUEL DÍAZ CUBILLOS, da cuenta de la

referenciada reunión de presentación del nuevo Contralor Municipal en la que afirmó que la Entidad era una Empresa Política y la necesidad de cumplir compromisos efectuados con los Concejales. (Fls. 292-293) Del análisis de las declaraciones, la Sala puede inferir que aquellos funcionarios que venían laborando antes de ser designado el nuevo Contralor Municipal (Dr. Nicolás Rangel Colmenares), son unánimes en afirmar que tuvieron conocimiento directo, esto por haber estado en la reunión de presentación del nuevo Contralor de la Entidad, en la cual hizo alusiones a compromisos de carácter político por haber sido elegido por un Organi