CE - 540012331000200301007031AUTOQUEDECIDE20230728112538

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 54001 23 31 000 2003 01007 03

ACCIÓN POPULAR – AUTO

Actor: PEDRO PABLO RUBIO

TESIS: SE CONFIRMA LA SANCIÓN IMPUESTA AL INCIDENTADO

POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA

PROVIDENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 2004.

AUTO QUE DECIDE SOBRE CONSULTA DE DESACATO

La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta frente al proveído de 20 de abril de 2023, modificado en auto de 22 de junio del mismo año, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander1, que sancionó por desacato con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes al señor JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ , en su calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA2, por el incumplimiento de las órdenes dictadas por el Tribunal en sentencia de 28 de octubre de 2004.

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante el Municipio.2

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Actor: PEDRO PABLO RUBIO

de 2004.

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante el Municipio.2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La acción

El ciudadano PEDRO PABLO RUBIO promovió demanda en ejercicio de la acción popular contra el MUNICIPIO y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA – EIS CÚCUTA S.A. E.S.P.3, tendiente a la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al saneamiento ambiental.

La parte actora estimó vulnerados los referidos derechos, por cuanto desde hace más de treinta años los habitantes del barrio Pueblo Nuevo (parte alta) soportan olores fétidos, debido a que carecen de una construcción de colectores de aguas servidas, lo que genera un inminente peligro para la salud y la vida de quienes allí habitan.

I.2.- Sentencia objeto de cumplimiento

El Tribunal en providencia de 2 8 de octubre de 200 4 amparó los derechos colectivos invocados y, en consecuencia, ordenó:

“[…] SEGUNDO: AMPÁRENSE los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, y a la realización de construcciones, y

3 En adelante Empresa EIS Cúcuta.3

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un ambiente sano, y a la realización de construcciones, y

3 En adelante Empresa EIS Cúcuta.3

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desarrollos urbanos dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

TERCERO: ORDÉNASE al señor Alcalde Municipal de San José de Cúcuta para que, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, contrate un estudio que determine la viabilidad de la canalización construcción del canal de aguas lluvias, estabilización de taludes y obras complementarias al mismo.

CUARTO: ORDÉNASE al señor Alcalde Municipal de San José de Cúcuta que una vez obtenido el estudio técnico ordenado en el numeral anterior, incluya dentro del próximo presupuesto del Municipio, los recursos indis pensables para la ejecución de las obras que en el mismo se determinen, o en su defecto se proceda a la reubicación de los habitantes del sector de la motobomba Barrio Pueblo Nuevo de esta ciudad, así como la estabilización de los taludes y obras complemen tarias, que se requieran para garantizar la estabilidad de la obra.

CUARTO: ORDÉNASE al Agente Especial de la E.I.S. Cúcuta E.P.S. que de acuerdo con los resultados que arroje el estudio técnico que contrate el Municipio de San José de Cúcuta, y en el evento que se efectúe la canalización o construcción del canal de aguas lluvias por

que de acuerdo con los resultados que arroje el estudio técnico que contrate el Municipio de San José de Cúcuta, y en el evento que se efectúe la canalización o construcción del canal de aguas lluvias por parte del Municipio de San José de Cúcuta, en forma alterna, teniendo en cuenta la viabilidad técnica para tal efecto, reponga el ramal de alcantarillado en el sector de la m otobombaBarrio Pueblo Nuevo de esta ciudad.

QUINTO: ORDÉNASE al señor Alcalde Municipal de San José de Cúcuta y al Agente Especial de la E.I.S. Cúcuta E.P.S. para que en forma individual otorguen una garantía bancaria o póliza de seguros, por el lapso de (2) dos años contados a partir de la ejecutoria de este fallo, renovable si es el caso, por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) cada uno, que se hará efectiva en caso de incumplimiento a lo dispuesto por esta providencia […]”.

Inconformes con lo anterior, e l MUNICIPIO y la EMPRESA EIS CÚCUTA interpusieron recurso s de apelación, los cuales fueron resueltos por la SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante providencia de 2 de abril de 2009 , confirmó la sentencia de primera instancia.4

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II.- EL INCIDENTE DE DESACATO

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II.- EL INCIDENTE DE DESACATO

• El Tribunal, mediante auto de 17 de enero de 2019, requirió al entonces Alcalde de San José de Cúcuta y al Gerente de la EMPRESA EIS CÚCUTA para que informaran sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 28 de octubre de 2004.

• El 5 de febrero de 2019, la apoderada del MUNICIPIO solicitó que no se iniciara incidente de desacato, habida cuenta que cumplió con las órdenes impartid as por el Tribunal en el sentido de: i) pagar el incentivo concedido a favor del actor; ii) realizar un censo de los habitantes del sector de la Motobomba objeto de la acción popular; iii) adelantar gestiones tendientes a encontrar un predio en el que pudiera reubicar a las personas anteriormente mencionadas.

• El Tribunal, en proveído de 14 de marzo de 2019, dispuso la apertura del incidente de desacató contra los señores CÉSAR OMAR ROJAS AYALA, en su calidad de Alcalde de San José de Cúcuta , y FRANCISCO CORTÉS, en su calidad de Gerente de la EMPRESA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA – EIS CÚCUTA

S.A. E.S.P.5

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• La apoderada del MUNICIPIO4, a través de escrito 3 de abril de 2019, solicitó declarar el cumplimiento de l o ordenado en sentencia de 28 de octubre de 2004, habida cuenta que de conformidad con el material probatorio allegado al incidente se desprendía que ejecutó obras tales como la construcción de gradas disipadoras de energía de aguas lluvias, encaminadas a mitigar la problemática objeto de la acción.

• El Tribunal, en providencia de 3 de marzo de 2023, dispuso vincular al proceso a los señores JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de Alcalde de San José de Cúcuta y JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO, en su calidad de Gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA – EIS CÚCUTA S.A. E.S. P. para que ejercieran su derecho de defensa , habida cuenta que eran los destinatarios actuales de las órdenes impartidas en la sentencia de 28 de octubre de 2004.

4 El auto de apertura del incidente de desacato fue notificado a los correos electrónicos alcalde@cucuta.gov.co correspondiente al correo personal institucional del incidentado y notificaciones_judiciales@cucuta.gov.co el cual fue aportado por la apoderada judicial del Municipio y

alcalde@cucuta.gov.co correspondiente al correo personal institucional del incidentado y notificaciones_judiciales@cucuta.gov.co el cual fue aportado por la apoderada judicial del Municipio y corresponde a la cuenta de correo electrónico institucional habilitado por la entidad para recibir notificaciones. Adicionalmente se observa que dentro del expediente obra copia del Decreto núm. 436 de 6 de agosto de 2012, mediante el cual se delegó en el Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio la facultad de notificarse personalmente de los procesos administrativos, y los adelantados ante las jurisdicciones ordinarias y contencioso administrativa. En ese sentido se advierte que el incidentado estuvo representado durante todo el trámite incidental por medio de una apoderada judicial a que se confirió poder por parte del funcionario al que el Alcalde delegó la facultad de notificarse de las providencias proferidas en procesos como el objeto de la referencia.6

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• La apoderada del MUNICIPIO manifestó que el señor JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 28 de octubre de 200 4 habida cuenta que la entidad territorial: i) realizó el estudio ordenado, a través del contrato de consultoría núm. 1022 de 2009 suscrito por el Ingeniero Civil DAVID DONATO TORRES; ii) celebró el contrato de obra núm. 01299 de

territorial: i) realizó el estudio ordenado, a través del contrato de consultoría núm. 1022 de 2009 suscrito por el Ingeniero Civil DAVID DONATO TORRES; ii) celebró el contrato de obra núm. 01299 de 1o. de diciembre de 2008 cuyo objeto era la “ TERMINACIÓN DE

GRADAS D ISCIPADORA DE ENERG ÍA DE AGUAS LLUVIAS

TRANSVERSAL 17 CON CALLE 00 BARRIO PUEBLO NUEVO ”, el cual fue debidamente ejecutado; y iii) suscribió el contrato de obra núm. 1582 de 23 de noviembre de 2010 para la “ CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE MITIGACIÓN PARTE ALTA BARRIO PUEBLO NUEVO”.

Indicó que el 8 de marzo de 2023 realizó visita técnica con la finalidad de constatar el estado actual de las obras realizadas , en la que se concluyó que se habían ejecutado las obras de mitigación de amenaza y riesgo, tales como “accesos peatonales con función de gradas disipadoras en época de invierno, canal en el fondo del drenaje, colectores de aguas residuales. Obras que están en funcionamiento y cumpliendo con el fin para el cual fueron construidas”.7

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• El apoderado de la EMPRESA EIS CÚCUTA solicitó el archivo del incidente, para lo cual adujo que pese a que el informe allegado por

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• El apoderado de la EMPRESA EIS CÚCUTA solicitó el archivo del incidente, para lo cual adujo que pese a que el informe allegado por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR afirmó que “ existe presencia de malos olores y los vertimientos generados son de aproximadamente 300 habitantes a lo largo del canal natural que tiene aprox. 600 m”, de la revisión que efectuó el 9 de marzo de 2023 se desprendía que en la actualidad no se evidenciaban vertimientos ni obstáculos en los canales ubicados en la zona objeto de la acción.

III. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA CONSULTADA

El Tribunal, en providencia de 20 de abril de 202 3, declaró en desacato a los señores JAIRO TOMÁS YÁNEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de Alcalde de San José de Cúcuta y JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO , en su condición de Gerente de la EMPRESA EIS CÚCUTA S.A. E.S.P. por no cumplir lo ordenado en la sentencia de 2 8 de octubre de 200 4 y, en consecuencia, lo s sancionó con multa equivalente a quince (15) y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.

Señaló que en las providencias de 19 de mayo y de 15 de diciembre de 2017 , por medio de las cuales se adelantó un primer trámite8

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de 2017 , por medio de las cuales se adelantó un primer trámite8

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incidental de desacato dentro del proceso , se estableció que el MUNICIPIO en cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 28 de octubre de 2004 tenía la obligación de reubicar a los habitantes del sector de la Motobomba del barrio Pueblo Nuevo, pues según el resultado del estudio técnico realizado por el ente territorial y el Oficio núm. 00008 de 13 de enero de 2014 , suscrito por el Secretario del Área de Infraestructura , se advirtió sobre la imposibilidad de realizar obras de estabilización de taludes en la zona.

Sostuvo que el MUNICIPIO no dio cumplimiento a la orden impartida en la sentencia de 28 de octubre de 2004, toda vez que no demostró haber adelantado las gestiones administrativas tendientes para tal fin, sino que se limitó a informar lo que había comunicado en el proceso incidental adelantado con anterioridad en el año 2017. Manifestó que pese a que el MUNICIPIO adelantó varias actuaciones tales como las reuniones celebradas el 30 de abril, 5 de julio, 6 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 , en las que se discutió el tema de la reubicación de las familias y los posibles predios de propiedad del ente territorial al que podían ser trasladadas, de los

julio, 6 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 , en las que se discutió el tema de la reubicación de las familias y los posibles predios de propiedad del ente territorial al que podían ser trasladadas, de los elementos probatorios allegados al expediente se desprendía que habían transcurrido 4 años sin que la administración realizara9

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actuación alguna, lo cual denotaba su negligencia e inoperancia para dar cumplimiento a la orden de reubicación.

Expuso que había lugar a sancionar al señor JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO en calidad de Gerente de la EMPRESA EIS CÚCUTA, toda vez que no acreditó pagar la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de incentivo a favor del actor, conforme con lo ordenado en el numeral séptimo de la sentencia de 28 de octubre de 2004.

Señaló que p ese a que en providencia de 19 de mayo de 2017 se puso de presente al gerente de la EMPRESA EIS CÚCUTA que debía dar cumplimiento a la orden impartida, no acreditó realizar gestión alguna con tal fin.

IV. ACTUACIÓN EN SEDE DE CONSULTA

El apoderado de la EMPRESA EIS CÚCUTA S.A. E.S.P., a través de escrito de 26 de abril de 2023 , presentó solicitud de aclaración y/o

alguna con tal fin.

IV. ACTUACIÓN EN SEDE DE CONSULTA

El apoderado de la EMPRESA EIS CÚCUTA S.A. E.S.P., a través de escrito de 26 de abril de 2023 , presentó solicitud de aclaración y/o adición de la providencia de 20 de abril de ese año, por cuanto, a su juicio, no había lugar a sancionar al señor JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO en tanto que se había acreditado dentro del proceso que cumplió con la orden impartida por el Tribunal10

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consistente en pagar cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de incentivo a favor del actor.

Una vez fue a signado por reparto la Magistrada sustanciadora , a través de proveído de 12 de mayo de 2023 5, dispuso devolver el expediente al Tribunal para que se pronunciara sobre la solicitud de aclaración y/o adición presentada por el apoderado de la EMPRESA

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA – EIS

CÚCUTA S.A. E.S.P.

El Tribunal en cumplimiento de lo anterior , mediante auto de 22 de junio de 2023, denegó la solicitud de aclaración y adición y modificó los numerales segundo y tercero del auto de 20 de abril de ese año, en el sentido de considerar que el señor JOSÉ ANTONIO LIZARAZO

junio de 2023, denegó la solicitud de aclaración y adición y modificó los numerales segundo y tercero del auto de 20 de abril de ese año, en el sentido de considerar que el señor JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO había dado cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal, por lo que no había lugar a imponerle sanción alguna.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El incidente de desacato en acciones populares

5 Visible en el índice 8 del expediente digital.11

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De conformidad con el artículo 41 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986, hay desacato cuando se incumple una orden proferida en el curso del trámite de la acción popular, habiéndose superado los términos concedidos para su ejecución. La citada norma indica:

“Artículo 41. Desacato.

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la

Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo” (Resaltado de la Sala).

De la disposición transcrita se colige que la finalidad del desacato no es otra que la de persuadir al responsable de que cumpla con la orden judicial.

Cabe resaltar que el juez cuenta con otros mecanismos para lograr el acatamiento de sus decisiones, co mo lo es la facultad que tiene para tomar las medidas necesarias para la verificación del

6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”12

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cumplimiento del fallo y la ejecución de la sentencia 7; no obstante, dichas competencias quedan a salvo respecto de la sanción por desacato, habida cuenta que ésta es una medida de carácter coercitivo para restaurar el orden constitucional quebrantado.

La sanción por desacato

Esta potestad correctiva del Juez de conocimiento para imponer la

desacato, habida cuenta que ésta es una medida de carácter coercitivo para restaurar el orden constitucional quebrantado.

La sanción por desacato

Esta potestad correctiva del Juez de conocimiento para imponer la sanción (multa conmutable en arresto), está limitada por dos requisitos, a saber: i) que se verifique el incumplimiento de la orden judicial, y ii) que se determine la responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para acatarla.

Así lo ha precisado la Jurisprudencia de la Sala8 al señalar que no es suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la negligencia de la persona encargada de su cumplimiento, lo que

7 Al respecto señala el artículo 34 de la Ley 472: “…En la sentencia el Juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el Juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, la s partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo”. 8 Ver entre otras, sentencia de 24 de noviembre de 2005, Expediente 2000 -3508, y sentencia de 10 de mayo de 2004, Expediente 2003-90007, con ponencia del Doctor Gabriel

gubernamental con actividades en el objeto del fallo”. 8 Ver entre otras, sentencia de 24 de noviembre de 2005, Expediente 2000 -3508, y sentencia de 10 de mayo de 2004, Expediente 2003-90007, con ponencia del Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.13

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garantiza que no se presuma la responsabilidad por el sólo hecho del desacato.

Naturalmente, si la sanción implica la comprobación de una responsabilidad subjetiva, en el procedimiento para imponerla se destacan primordialmente los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia, los grados y modalidad de la culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, y por supuesto, el derecho de defensa y contradicción.

Todo lo anterior supone que la sanción por desacato a la orden judicial de una acción popular, se enmarca en el régimen sancionatorio personal y no institucional9; de lo que se colige que la multa conmutable en arresto señalada en el artículo 41 de la citada Ley 472, procede respecto de la persona responsable del incumplimiento y no de la autoridad o entidad pública, genéricamente considerada.10

9 Sobre este asunto en particular, consúltese la providencia de 4 de agosto de 2011,

Ley 472, procede respecto de la persona responsable del incumplimiento y no de la autoridad o entidad pública, genéricamente considerada.10

9 Sobre este asunto en particular, consúltese la providencia de 4 de agosto de 2011, Expediente núm. 2003 01043 02, Consejera ponente María Elizabeth García González. 10 En efecto, la norma expresa “La persona que incumpliere una orden judicial… incurrirá en multa… conmutable en arresto. El sujeto pasivo del arresto, sólo puede ser una persona natural.14

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El cumplimiento de la sentencia: finalidad del desacato

La Jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación, ha sido reiterativa en afirmar que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de bus car el cumplimiento de la respectiva sentencia.

En la sentencia T-652 de 2010 11, la Corte Constitucional indicó, en relación con la finalidad del desacato, que:

“[…] El objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta Corporación, se centra

lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia… Por tal motivo, la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma sino una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia […]” (Resaltado de la Sala).

Por su parte, esta Sala de Decisión, en providencia de 27 de septiembre de 2012 (Expediente 2011-00047-02),12 señaló:

“[…] Ahora bien, es menester precisar que la finalidad del desacato en las acciones constitucionales no es otra que la de garantizar la efectividad de los derechos objeto de protección, persuadiendo al responsable de que cumpla con la respectiva orden judicial. Es decir, que se trata de una de las herramientas con las que cuenta el Juez para lograr dicho cometido. De ahí que, además de imponer una

11 Reiterada en la sentencia T -606 de 2011. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. 12 Reiterada en el proveído de 3 de abril de 2014, Expediente 2011 00160 01, Consejera ponente María Elizabeth García González.15

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multa conmutable en arresto, con ocasión de la desatención de la orden de amparo, el fallador tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento del mismo, asegurándose de que cese la vulneración o amenaza de los derechos […]” (Resaltado de la Sala).

Y en la providencia de 16 de octubre de 2014 (Expediente 201402396-02, Consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala indicó:

“[…] Por lo expuesto, no resulta viable acceder a las pretensiones de la entidad accionada, en el sentido de revocar la decisión en razón al cumplimiento del fallo durante el trámite de la consulta, toda vez que ello, desdibujaría el propósito del incidente de desacato y de la multa, no porque la razón de ser de éste sea la imposición de una sanción, pues la Jurisprudencia con suficiencia ha establecido que el fin último del incidente de desacato no es la sanción sino lograr el cumplimiento del fallo; sino porque, precisamente, al rehusarse la entidad a acatar la orden judicial y persistir en la vulneración de los derechos fundamentales del actor, el Juez Constitucional está en el deber de imponer la sanción para persuadir a la demandada a cumplir, en ejerci cio del poder disciplinario del Juez Constitucional [...]” (Resaltado de la Sala).

En resumen, la finalidad de la imposición de la sanción cuando se ha

en ejerci cio del poder disciplinario del Juez Constitucional [...]” (Resaltado de la Sala).

En resumen, la finalidad de la imposición de la sanción cuando se ha verificado el incumplimiento de la orden judicial, es la de lograr la eficacia de ésta, para la protección cabal de los derechos protegidos.

El grado jurisdiccional de consulta

Al estudiar la constitucionalidad de la norma que establece el incidente de desacato en acciones populares, la Corte16

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Constitucional13 destacó que la consulta de la sanción impuesta a quien presuntamente desacata una orden proferida al interior de una acción popular, se erige como una garantía a favor de “ quien es considerado la parte débil del proceso y en cuyo favor obra la presunción de inocencia”.

Así se pronunció la Corte:

“[…] Para la Sala, el legislador en ejercicio de la potestad de configurar los trámites judiciales ha considerado en forma razonable que tratándose de un juicio de naturaleza correccional o disciplinario, en el que el Estado ejerce el monopolio del poder punitivo a través de uno de sus agentes (el Juez), respecto de quien presuntamente desacata una decisión judicial, persona que puede resultar sancionada por el mismo juez que profirió la orden, al cabo de un incidente procesal breve y

sus agentes (el Juez), respecto de quien presuntamente desacata una decisión judicial, persona que puede resultar sancionada por el mismo juez que profirió la orden, al cabo de un incidente procesal breve y sumario, debía conceder al investigado la atribución de apelar el auto sancionatorio o, ante la omisión en la interposición del recurso, disponer darle trámite al grado jurisdiccional de consulta, como una garantía para quien es considerado la parte débil del proceso y en cuyo favor obra la presunción de inocencia.

Por tratarse de un asunto correccional, resulta pertinente recordar que la Corte ha señalado como elementos mínimos constitutivos del debido proceso disciplinario los siguientes:

[…] (i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus […]” (Resaltado de la Sala).

13 Sentencia C -542 de 2010, Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, que resolvió la demanda de incostitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.17

Número único de radicación: 54001 23 31 000 2003 01007 03

Actor: PEDRO PABLO RUBIO

demanda de incostitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.17

Número único de radicación: 54001 23 31 000 2003 01007 03

Actor: PEDRO PABLO RUBIO

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En el grado jurisdiccional de consulta, el examen del fallador se contrae a verificar que la decisión sometida a control no contravenga la Constitución ni la ley y que se haya presentado un desacato que amerite la imposición de la sanción14. Siendo éste el objeto al que se contrae el examen del Superior, es claro que le esté vedado extenderse al análisis de la legalidad de la se