CE - 540012331000200700085012SENTENCIA20230323142026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 54001233100020070008501 (58041)

Demandante: ERNESTO SÁNCHEZ GUERRA Y OTROS Demandado: NACIÓN — RAMA JUDICIAL Y OTRO Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Extinción de la acción penal por prescripción. Pérdida de la oportunidad de la parte civil para obtener la indemnización de perjuicios. No se acreditó el daño antijurídico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda. /

I. SINTESIS DEL CASO El 20 de septiembre de 1995, Ernesto Sánchez Guerra presentó denuncia penal contra Gabriel Robledo Monedero, sindicándolo de ser autor del delito de estafa. - Por ello, mediante proveído del 1? de marzo de 1993, la Fiscalia 263101 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de la Unidad de Patrimonio de Cúcuta dio apertura a una investigación penal en contra del referido sindicado. Posteriormente, mediante Resolución del 19 de abril de 1996, la mencionada Fiscalía admitió a Ernesto Sánchez Guerra como parte civil en el proceso penal. Más adelante, el 9

apertura a una investigación penal en contra del referido sindicado. Posteriormente, mediante Resolución del 19 de abril de 1996, la mencionada Fiscalía admitió a Ernesto Sánchez Guerra como parte civil en el proceso penal. Más adelante, el 9 de julio de 1996, la Fiscalía 1” Especializada de la Unidad de Patrimonio Económico de Cúcuta impuso medida de aseguramiento contra Gabriel Robledo Monedero, por ser presunto autor del delito de estafa. Sin embargo, en el mismo proveído, la referida Fiscalía le concedió al imputado el beneficio de libertad provisional garantizada mediante caución prendaria, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 415 del Código de Procedimiento Civil.Radicado: 54001233100020070008501 (58041) Demandante; Ernesto Sánchez Guerra y 0005 Luego, el 25 de julio de 1996, la Fiscalia 2? Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de la Unidad de Patrimonio de Cúcuta repuso la providencia del 9 de julio de 1996, “en cuanto a que la medida de aseguramiento es la de la caución y no la de detención preventiva”. Posteriormente, mediante proveído del 10 de junio de 1998, la Fiscalia 2? de Patrimonio Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta acusó a Gabriel Robledo Monedero de ser autor del delito de estafa. Finalmente, el 17 de agosto de 2004, el Juzgado 2" Penal del Circuito de Cúcuta absolvió al acusado por in dubio pro reo. Sin embargo, mediante proveído del 31 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de Cúcuta declaró la

Circuito de Cúcuta absolvió al acusado por in dubio pro reo. Sin embargo, mediante proveído del 31 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de Cúcuta declaró la prescripción de la acción penal y decretó en favor de Ernesto Sánchez Guerra la . cesación del procedimiento. Los demandantes consideran que la Nación — Rama Judicial y el Ministerio de Interior y de Justicia, incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó en contra de Gabriel Robledo Monedero hizo que Ernesto Sánchez Guerra perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil en el proceso referido. ll. ANTECEDENTES 4 Demanda El 14 de marzo de 2007, Ernesto Sánchez Guerra, Andrés y Paula Carolina Sánchez Duarte; Teresa Duarte Carreño y Álvaro y Enrique Sánchez Guerra, - mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación — Rama Judicial y el Ministerio de Interior y de Justicia, por haber incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración, puesto que la tardanza en el trámite del. proceso penal que se adelantó contra Gabriel Robledo Monedero hizo que Ernesto Sánchez Guerra perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte. civil en el proceso referido. 1FL9220,C. 1.Radicado: 54001233100020070008501 (58041) Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Ernesto Sánchez Guerra

Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a Ernesto Sánchez Guerra y 100 SMLMV a los demás accionantes; por daño a la vida de relación, 200 SMLMV a Ernesto Sánchez Guerra y 100 SMLMV a los demás demandantes; y por “perjuicios materiales” la suma de $737.348.126,85 a Ernesto Sánchez Guerra.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 20 de septiembre de 1995, Ernesto Sánchez Guerra presentó denuncia penal contra Gabriel Robledo Monedero, sindicándolo de ser autor del delito de estafa. Argumenta que mediante proveído del 1” de marzo de 1993, la Fiscalia 263101 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de la Unidad de Patrimonio de Cúcuta dio apertura a una investigación penal en contra del referido sindicado. Aduce que mediante Resolución del 19 de abril de 1996, la mencionada Fiscalia admitió a Ernesto Sánchez Guerra como parte civil en el proceso penal. Advierte que mediante providencia del 9 de ¡julio de 1996, la Fiscalía 1? Especializada de la Unidad de Patrimonio Económico de Cúcuta impuso medida de aseguramiento contra Gabriel Robledo Monedero, por ser presunto autor del delito de estafa. Sin embargo, en el mismo proveido, la referida Fiscalia le concedió al sindicado el beneficio de libertad provisional garantizada mediante caución prendaria,. de conformidad con lo previsto en el numeral 1? del artículo 415? del Código de Procedimiento Civil...

de estafa. Sin embargo, en el mismo proveido, la referida Fiscalia le concedió al sindicado el beneficio de libertad provisional garantizada mediante caución prendaria,. de conformidad con lo previsto en el numeral 1? del artículo 415? del Código de Procedimiento Civil... Señala que el 25 de julio de 1996, la Fiscalía 2? Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de ta Unidad de Patrimonio de Cúcuta repuso la providencia 2 "Articulo 415. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaría en los siguientes casos: 1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia. Salvo lo dispuesto en el artículo 417 de este Código la libertad no podrá negarse con base en que el detenido provisionalmente necesita tratamiento penitenciario (...)”.Radicado: 54001233109020070008501 (58041) Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros del 9 de julio de 1996, “en cuanto a que la medida de aseguramiento es la de la caución y no la de detención preventiva”. Indica que mediante proveído del 10 de junio de 1998, la Fiscalía 2? de Patrimonio Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta, acusó a Gabriel Robledo Monedero de ser autor del delito de estafa. Aduce que el 17 de agosto de 2004, el Juzgado 2% Penal del Circuito de Cúcuta absolvió al acusado por in dubio pro reo. Concluye que mediante proveído del 31 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de

Aduce que el 17 de agosto de 2004, el Juzgado 2% Penal del Circuito de Cúcuta absolvió al acusado por in dubio pro reo. Concluye que mediante proveído del 31 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de Cúcuta declaró la prescripción de la acción penal y decretó en favor de Ernesto Sánchez Guerra la cesación del procedimiento. Los demandantes consideran que la Nación — Rama Judicial y el Ministerio de Interior y de Justicia incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que la tardanza en el trámite del proceso penal que se adelantó en contra de Gabriel Robledo Monedero hizo que Ernesto Sánchez - Guerra perdiera la oportunidad de acceder a la reparación integral a que tenía derecho como parte civil en el proceso referido. En el libelo introductorio textualmente se expone: f...] Como resultado de la omisión de la Juez de adelantar diligentemente el proceso de estafa con circunstancias de agravación, se causó un daño de carácter patrimonial a mis poderdantes, pues por la falla mencionada, el proceso quedó en un limbo jurídico que .no, permitió - determinar con certeza la responsabilidad o no del sindicado Robledo Monedero, pues al carecer la sentencia de primera instancia de efectos jurídicos, el ad quem no pudo pronunciarse al respecto, por la misma extemporaneidad de esa decisión, vulnerándose la oportunidad que hubiese podido tener el denunciante de hacer valer las pruebas que obraban en el expediente, para demostrar la responsabilidad penal de Robledo Monedero, y no solo lograr una sentencia ejemplar, sino recuperar parte del patrimonio perdido en sus manos [...]”.Radicado: 54001233100020070008501 (58041)

las pruebas que obraban en el expediente, para demostrar la responsabilidad penal de Robledo Monedero, y no solo lograr una sentencia ejemplar, sino recuperar parte del patrimonio perdido en sus manos [...]”.Radicado: 54001233100020070008501 (58041)

Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros

2. Contestaciones El 10 de mayo de 2007? el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Rama Judicial argumentó que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustanciales y procesales que regían el procedimiento penal. Además, manifestó que la parte demandante no acreditó las dilaciones injustificadas en que, según lo narrado en la demanda, habría incurrido el Juzgado 2” Penal del Circuito de Cúcuta. Formuló como excepción la que denominó “no existe vínculo de . causalidad, porque los perjuicios afirmados por el actor no tuvieron causa jurídica en la actuación del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta”. 2.2. El Ministerio de Interior y de Justicia? indicó que la Rama Judicial era la entidad que debía representar a la Nación, por lo cual formuló como. excepción la de “indebida representación en la causa por pasiva”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 20 de agosto de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. El Ministerio Público” solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, pues consideró que las pruebas obrantes en el plenario permitían acreditar la dilación

3F1.51a52,C. 1.

3.1. El Ministerio Público” solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, pues consideró que las pruebas obrantes en el plenario permitían acreditar la dilación 3F1.51a52,C. 1. +F.70a77,C. 1. 5 Fl. 66 a 69, C.1. 6 Fl. 188, €. 1. 7 FL 191 a 194, C. 1.pi Radicado: 540012331000200700085091 (58041) Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros injustificada del proceso penal tramitado por el Juzgado 2” Penal del Circuito de Cúcuta. 3.2. La parte demandante, ta Rama Judicial y el Ministerio de Interior y de Justicia guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 30 de octubre de 2015%, el Tribunal Administrativo de Nortede Santander negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el extremo activo no acreditó la causación del daño antijurídico alegado en la demanda.

Además, declaró probada la excepción de indebida representación propuesta por el Ministerio de Interior y de Justicia, al evidenciar que dicha entidad no intervino en la causación del hecho lesivo alegado por los demandantes.

Al efecto sostuvo que: T...] se tiene que en primera instancia del proceso penal se absolvió al señor Robledo Monedero del delito de estafa, y que sí bien dicha providencia fue expedida estando prescrita la acción penal, tal como lo señaló el Tribunal Superior de Cúcuta - Sala Penal, no nos permite concluir con fuerza de convicción probable, [...] que de haberse podido tramitar los recursos procedentes contra la misma ante la segunda instancia, el aquí accionante quien ejercía como

Tribunal Superior de Cúcuta - Sala Penal, no nos permite concluir con fuerza de convicción probable, [...] que de haberse podido tramitar los recursos procedentes contra la misma ante la segunda instancia, el aquí accionante quien ejercía como parte civil del proceso, hubiese recuperado los bienes que dice entregó al sindicado [...] Así las cosas, la Sala no vislumbra que se configuren los elementos de la pérdida de oportunidad expuestos en la jurisprudencia reseñada para el presente caso [...] Falla: Primero: Declarar de oficio la indebida representación por parte de la Nación — Ministerio del Interior y de Justicia. Segundo: Negar las súplicas de la demanda LP. 8 Fl. 197 a 207, C. 2.Radicado: 54001233100020070008501 (58041)

Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros

5. Recurso de apelación El 31 de mayo de 2016", la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 22 de agosto de 2016% y admitido el 30 de noviembre de 201611. 5.1. El extremo activo!?? manifestó que el Juzgado 2” Penal del Circuito de Cúcuta incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a la dilación injustificada del proceso penal adelantado contra Gabriel Robledo Monedero. Además, señaló que los medios de convicción decretados y practicados en el proceso permitían acreditar la pérdida de oportunidad alegada en el libelo introductorio.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 30 de noviembre de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

introductorio.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 30 de noviembre de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante, la Rama Judicial, el Ministerio de Interior y de Justicia, y el Ministerio Público guardaron silencio?1.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley

2F1,2102216,C.2. 19 Fl, 218, C. 2. 11 Fl, 225, C. 2. 12 FI, 210a216, €. 2. 13 FI, 225, C. 2, 14 Fl, 226, C. 2.et Radicado: 54001233100020070008501 (58041) Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia y al Ministerio de Interior y de Justicia.

3. Vigencia de la acción

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la administración de justicia y al Ministerio de Interior y de Justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general!f, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud o 15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conelliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 54001233100020070008501 (58041) Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción?”, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ¡pso jurel? que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún 17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el tegislador (...). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y sí bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”. 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

solidificar el concepto de derechos adquiridos. ”. 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. 'Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.10

Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros reconocimiento o protección de la justicia?, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que la demandante tuvo conocimiento de la antijuridicidad del daño alegado el 13 de abril de 2005, día en que quedó ejecutoriada la providencia del 31 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, que declaró la extinción de la acción penal por prescripción, según da cuenta copia simple de la constancia de ejecutoria suscrita por la Secretaría del Tribunal?%; y ii) que la demanda se presentó el 14 de marzo de 2007?!. 19 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de fas oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de fas oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 20 Fl. 305, €. 4. 21F1.9a20,C.1.

Radicado: 54001233100020070008501 (58041)11

Radicado: 54001233100020070008501 (58041)

Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros

4. Legitimación en la causa 4.1. Ernesto Sánchez Guerra está legitimado en la causa por activa, ya que fue admitido y vinculado como parte civil al proceso penal tramitado con el número de radicado 7943?2, según da cuenta copia simple” del auto del 19 de abril de 1996, mediante el cual la Fiscalía 263101 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de la Unidad de Patrimonio de Cúcuta lo 'admitió como parte civil en el proceso?”. 4.2. Andrés Sánchez Duarte, Paula Carolina Sánchez Duarte, Teresa Duarte Carreño, Álvaro Sánchez Guerra y Enrique Sánchez Guerra, no están legitimados en la causa por pasiva, pues no hicieron parte del proceso penal tramitado contra Gabriel Robledo Monedero, ni acreditaron ser terceros perjudicados en el proceso, ni tener interés en las resultas del mismo, 4.3. La Nación está legitimada en la cauisa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección?, pues fue la entidad que adelantó la etapa de juicio

4.3. La Nación está legitimada en la cauisa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección?, pues fue la entidad que adelantó la etapa de juicio y profirió la providencia que declaró la extinción de la acción penal por prescripción, frente a lo cual se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. 4.4. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio de Interior y de Justicia, pues dicha entidad no tuvo injerencia en la causación del daño antijurídico alegado por los demandantes, ya que no fue quien adelantó la etapa de juicio en el proceso penal, ni profirió la providencia que declaró la extinción de la acción penal por prescripción. 2F1.2,C,4, 23 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 24 FI, 174, C. 3. 25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

20420. .12

Radicado: 54001233100020070008501 (580141)

Dercandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros

5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuran los presupuestos para acreditar la pérdida de la oportunidad, consistente en obtener una reparación de perjuicios como parte civil en un proceso penal, dado que este culminó por prescripción de la acción.

6. Solución del problema jurídico A

la pérdida de la oportunidad, consistente en obtener una reparación de perjuicios como parte civil en un proceso penal, dado que este culminó por prescripción de la acción.

6. Solución del problema jurídico A Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la pérdida de oportunidad como daño autónomo. 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991% consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: ¡) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho””, que contraría el orden legal? o que está desprovista de una causa que la justifique??, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto 26 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de fa conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945

de fa conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 23 Cfr, De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2 ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999 'Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 30 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffré Editore, 2009, Milán; Italia.13

Radicado: 54001233100020070008501 (58041) Demandante: Ernesto Sánchez Guerra y otros resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la a