CE - 540012331000200800463011SENTENCIASENTENCIA20230626161958

Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659)

Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659) Rosa Aminta Granados y Otros Nación -Fiscalía General de la Nación y Otros Acción de reparación directa.

Tema 1: Privación injusta de la libertad -Ley 600 de 2000-. Subtema 1.1. Absolución por In dubio pro reo. Subtema 1.2. Antijuridicidad del Daño — no acreditada. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 1 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 22 de abril de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS El 30 de septiembre de 2003, la Fiscalía Quinta Seccional de Cúcuta de la Unidad de Seguridad Pública, dio apertura a investigación criminal -73473por el punible de rebelión contra viarias personas sindicadas de colaborar con un grupo

El 30 de septiembre de 2003, la Fiscalía Quinta Seccional de Cúcuta de la Unidad de Seguridad Pública, dio apertura a investigación criminal -73473por el punible de rebelión contra viarias personas sindicadas de colaborar con un grupo insurgente, a la que previa indagatoria, se vinculó a Rosa Aminta Granados 2 , siendo asegurada el 23 de marzo de 2004 con detención preventiva intramural sin beneficio o subrogado alguno, con fundamento en sindicaciones procedentes de declaraciones de ex guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN que la señalaban como colaboradora e informante de la organización insurgente. La medida impuesta fue sustituida por detención domiciliaria desde el 22 de junio de 2005 y, el 31 de agosto de 2004 fue acusada por el Fiscal de conocimiento. Posteriormente, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cúcuta el 20 de abril de 2006, emitió sentencia absolutoria en aplicación del principio "In dubio pro reo" y dispuso su libertad después de 1 año, 11 meses y 23 días de detención. Con fundamento en tales hechos, la parte actora viene ante esta jurisdicción para reclamar en reparación directa por los perjuicios materiales e inmateriales irrogados. 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (fi) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (.. .)".

expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (fi) conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (.. .)". 2 Dentro del mismo sumario también se vinculó a una hija de la señora Rosa Aminta, de nombre Gladys Belén Gelves Granados.Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659)

Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros

II. ANTECEDENTES: 2.1. La demanda Solicitan las accionantes Rosa Aminta Granados y Rosalba Gelves Granados que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación -Rama Judicial -Fiscalía General de la NaciónMinisterio de Defensa -Policía Nacional, con ocasión de la sindicación, detención y privación de libertad que soportó Rosa Aminta Granados dentro de la investigación penal radicada bajo el número. 73.473 ante la Fiscalía Seccional de Cúcuta, Unidad de Seguridad Públicas, la cual culminó con sentencia absolutoria en aplicación del principio "In dubio pro reo", 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia Admitida la demanda'', notificado el auto admisorio 8 y corrido el traslado de Ley, la Nación -Rama Judicial dio respuesta en tienripo 8 , oponiéndose a las pretensiones y manifestándose ajena a los hechos que las sustentan; propuso como excepciones las que rotuló: "Falta de Legitimación en la causa por pasiva" y la "innominada que el fallador hallare probada".

La Nación -Fiscalía General de la Nación hizo lo propio 7 , oponiéndose a las

excepciones las que rotuló: "Falta de Legitimación en la causa por pasiva" y la "innominada que el fallador hallare probada". La Nación -Fiscalía General de la Nación hizo lo propio 7 , oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones, aunque sin denominación alguna, ausencia de falla en el servicio, legalidad material y formal de la actuación y decisiones de la Fiscalía de conocimiento, deber de la demandante como ciudadana de afrontar la detención preventiva como compensación a la vida en comunidad, como de contribuir a la recta administración de justicia, la absolución dada en favor de la actora obedeció a dificultades probatorias, no a inocencia de la misma, y la que resulte probada en el plenario. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dio respuesta a la demanda 8 , manifestando su oposición a las pretensiones y, después de relievar los presupuestos de la responsabilidad patrimonial administrativa de las personas jurídico públicas, desde la óptica puramente objetiva, señaló como inadmisibles los cargos que buscan endilgarle responsabilidad. El 10 de junio de 2010 se abrió el proceso a pruebas 9 y practicadas las mismas, se dio traslado a las partes para alegaciones conclusivas, como al Ministerio Público para rendir concepto. De esta prerrogativa hicieron uso la NaciónMinisterio de Defensa -Policía Nacional", la Rama Judicial", Fiscalía General de la Nación 12 y la parte demandante". El Ministerio Público guardó silencio. La Policía Nacional reiteró los argumentos expuestos previamente, habida cuenta que obró dentro de los parámetros de la Ley y conforme a órdenes expedidas por la Fiscalía.

La Policía Nacional reiteró los argumentos expuestos previamente, habida cuenta que obró dentro de los parámetros de la Ley y conforme a órdenes expedidas por la Fiscalía. 3 Folios 2 a 23 del Cuaderno Principal -Demanda 4 Folios 73 a 74 Ibídem -Admisorio de demandas Folios 76 a 78 Ibídem -Notificaciones auto admisorio 6 Folios 79 a 83 Ibidem -Contestación Demanda la Nación -Rama Judicial7 Folios 87 a 94 -Contestación demanda de la Nación -Fiscalía General de la Nación8 Folios 103 a 105 Ibidem —Contestación demanda de la Nación-Policia NacionalFolios 134 a 135 Ibídem -Decreto de Pruebas18 Folio 181 del C. Principal -Traslado para Alegaciones Conclusivas11 Folios 182 a 186 Ibídem -Alegaciones de la Nación Policía Nacional12 Folios 195 a 196 Ibídem -legaciones de la Nació -Rama Judicial13 Folios 200 a 204 Ibídem —Alegaciones de la Nación -Fiscalía General de la Nación2Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659) Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros La Rama Jurisdiccional reafirmó su condición de ajena a los hechos que soportan la demanda, habida cuenta que el proceso penal estaba regulado por la Ley 600 de 2.000 y su actuación solo se dio dentro de la etapa del juicio, en la cual se restableció la libertad de la acusada y se absolvió del cargo de rebelión; por tanto, la responsabilidad deprecada recae de forma exclusiva y excluyentemente en la Fiscalía General de la Nación.

restableció la libertad de la acusada y se absolvió del cargo de rebelión; por tanto, la responsabilidad deprecada recae de forma exclusiva y excluyentemente en la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación protestó como desbordado el quantum del perjuicio moral reclamado, que no se probó el perjuicio material, que obró dentro de la órbita de sus competencias con estricto apego a la legalidad material y formal, reiterando que no hay falla en la prestación del servicio en su actuación. La parte demandante reiteró lo expuesto en la demanda, manifestó que los presupuestos de la responsabilidad están acreditados e invocó jurisprudencia de esta Corporación en la que prevalecía el régimen de responsabilidad objetiva y el reconocimiento de perjuicios morales y daño a la vida de relación 14 .- 2.3. La sentencia recurrida El día 22 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda" y declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la NaciónFiscalía General de la Nación por los daños infligidos a la parte accionante, y en consecuencia, la condenó al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en favor de Rosa Aminta Granados -lucro cesanteen cuantía de $32.137.155, que equivalen a 34.35 meses (sumados los tiempos de privación de la libertad y aquel que tarda una persona que ha quedado libre, según jurisprudencia, en conseguir empleo, a razón de $689.454 S.M.L.V. para la época, acrecidos en un

aquel que tarda una persona que ha quedado libre, según jurisprudencia, en conseguir empleo, a razón de $689.454 S.M.L.V. para la época, acrecidos en un 25% por prestaciones sociales; daño emergente por valor de $4.999.243, y; 60 S.M.L.M.V. por daños inmateriales derivados de vulneración o afectación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados a la ofendida directa; como al pago de 100 S.M.L.M.V. para cada una de las demandantes, por daños morales. Para la decisión de fondo el a quo aplicó el régimen objetivo de responsabilidad. Se absolvió de todo cargo a la Nación por las actuaciones de la Rama Jurisdiccional y de la Policía Nacional, en cuanto resultan éstas ajenas a los hechos generadores del daño. 2.4. El recurso de Apelación 2.4.1. La Fiscalía General de la Nación sustentó su recurso" en los siguientes cargos contra la sentencia de primera instancia: 2.4.1.1. La Fiscalía General de la Nación obró con arreglo a las competencias y deberes que la Constitución y la ley le imponen, por tanto, la privación de la libertad de que fue objeto la señora Rosa Aminta Granados no puede tildarse de injusta. 2.4.1.2. Emerge la inexistencia de la relación causal entre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y el supuesto daño inferido a la actora, con lo cual falta uno de los presupuestos necesarios para la declaración de responsabilidad estatal; por lo que huelga reiterar que las decisiones 14 Folios 213 a 220 Ibídem -Alegaciones parle Demandantelo cual falta uno de los presupuestos necesarios para la declaración de responsabilidad estatal; por lo que huelga reiterar que las decisiones 14 Folios 213 a 220 Ibídem -Alegaciones parle Demandante15 Folios 229 a 249 del cuaderno de 2 8 Instancia -Sentencia de Primera Instancia16 Folios 252 a 261 del Cuaderno de 2' Instancia —Recurso de Apelación de la Nación-Fiscalia General3Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659) Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros adoptadas por la Fiscalía -detención preventiva y acusación-, se dieron dentro del marco de la Ley represora, con fundamento en pruebas allegadas a la investigación penal valoradas en su oportunidad, no fueron en nada injustas, desproporcionadas, ni arbitrarias, al paso que la absolución de la enjuiciada se dio en aplicación del principio "In dubio pro reo", y no porque se hubiera demostrado su inocencia. 2.4.1.3. No hay lugar a exoneración de responsabilidad de la NaciónMinisterio de Defensa -Policía Nacional, pues sabido es que fueron los agentes de esa institución quienes, por los testimonios de los reinsertados Emilio Antonio Córdoba, Jorge Iván Córdoba Martínez y Amparo Galvis Urbina, dieron a conocer la participación de varias personas como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, a quienes identificaron e individualizaron por sus características morfológicas, señalando posteriormente a Rosa Aminta Granados, lo cual configura un hecho excluyente de tercero que, rompe el nexo causal sin el cual no se configura la responsabilidad, ni hay lugar a resarcimiento.

individualizaron por sus características morfológicas, señalando posteriormente a Rosa Aminta Granados, lo cual configura un hecho excluyente de tercero que, rompe el nexo causal sin el cual no se configura la responsabilidad, ni hay lugar a resarcimiento. 2.4.1.4. Tampoco procede la exoneración de responsabilidad de la codemandada Nación -Rama Judicial, pues revisado el expediente penal obrante dentro del contencioso, se advierte que ,en los términos procesales para proferir fallo el juez de conocimiento se excedió, en cuanto la señora Rosa Aminta Granados estuvo privada de la libertad del 12 de marzo de 2004 al 21 de abril de 2006, la mayor parte de tiempo a órdenes del Juez Primero Penal del Circuito de Cúcuta, en una etapa de juzgamiento que fue del 21 de septiembre de 2004 al 20 de abril de 2006 -1 año y 7 meses-, en la que se denegaron solicitudes de sustitución de la detención preventiva y libertad provisional, hasta que el 22 de junio de 2005 se mudó la detención preventiva intramural por domiciliaria y, finalmente, el 20 de abril de 2006 se profirió sentencia absolutoria disponiendo la libertad inmediata de la acusada. Así, el a quo ha debido atender las previsiones de la preceptiva contenida en el artículo 2344 del Código Civil sobre responsabilidad solidaria de las entidades públicas aquí demandadas. 2.4.1.5. Respecto de la condena, el daño moral que se aduce padecido por las demandantes no fue probado, pues debe haber certeza acerca de su causación, sin que quede duda alguna al juzgador sobre el particular, como

2.4.1.5. Respecto de la condena, el daño moral que se aduce padecido por las demandantes no fue probado, pues debe haber certeza acerca de su causación, sin que quede duda alguna al juzgador sobre el particular, como ocurrió en efecto en el sub lite, pues los testimonios rendidos no lograron el cometido probatorio, como que, si bien el origen de este daño es interior, son sus manifestaciones externas las que dan cuenta del mismo. 2.4.1.6. En lo que concierne a la condena por lucro cesante y daño emergente, se tiene que, en lo que toca al primero, los testimonios de Blanca Nohemí Mancipe, Consuelo Gelves Carrillo y Abel Contreras Angarita, denotan que la señora Rosa Aminta Granados no tenía empleo o trabajo, sino una finca de la que extraía su sustento diario; además, para la época de los hechos contaba con 63 años de edad, pues había nacido el día 6 de octubre de 1940 y no se hallaba en edad productiva, por lo que la presunción que aplicó el a quo sobre salario mínimo legal vigente no tenía cabida, menos aún, las variables que acrecieron su liquidación -prestaciones sociales (25%) y tiempo que lleva volver a conseguir empleo después de dejar la cárcel (8,75 meses). 2.4.1.7. En lo que al daño emergente toca, acrecido por el juez de primer grado, si bien es cierto se estableció que el señor Alvaro Francisco Silva 4Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659) Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros Uribe fungió como apoderado de la actora en el proceso penal, al folio 995 de

4Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659) Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros Uribe fungió como apoderado de la actora en el proceso penal, al folio 995 de este expediente asoma poder otorgado por Rosa Aminta Granados a la doctora Galia Beatriz Silva Colmenares, presentado ante juez de conocimiento el día 5 de octubre de 2004, por lo que no quedó probado el perjuicio material reclamado, en cuanto quien presenta la certificación de pago por concepto de honorarios, es persona distinta de aquella que suscribió el poder para su defensa técnica. 2.4.1.8. Finalmente, en cuanto a los perjuicios por vulneración o afectación a bienes y derechos constitucional y convencionalmente amparados, resulta claro que los derechos al buen nombre y honra no fueron solicitados por la demandante, ni se allegó soporte probatorio que los concrete y precise, circunstancia que hace que no puedan ser reconocidos. 2.5. Trámite relevante en segunda instancia Agotado el trámite de la conciliación en el asunto litigioso, se declaró fallido por falta de ánimo conciliatorio, el Tribunal concedió el recurso de apelación propuesto por la parte demandada, disponiendo el envió del proceso a esta Corporación 17 . Recibido el asunto en esta Colegiatura, por auto del 8 de marzo de 2.017 se admitió el recurso de alzada propuesto 18 , y, en providencia posterior, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto 19 ; de la dicha prerrogativa hicieron ejercicio la parte demandada -Nación Fiscalía General de la Nación y la demandante. El Ministerio

traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto 19 ; de la dicha prerrogativa hicieron ejercicio la parte demandada -Nación Fiscalía General de la Nación y la demandante. El Ministerio Público guardó silencio. La primera reiteró los motivos de disenso expuestos en la sustentación de la alzada, destacando que su actuación se dio en cumplimiento de deberes constitucionales, por señalamientos por rebelión en contra de la demandante Rosa Aminta Granados emanados de reinsertados del Ejército de Liberación Nacional ELN, entre quienes estaban Amparo Galvis Urbina, Jorge Iván Córdoba Martínez, Emilio Antonio Córdoba Martínez y José Trinidad Rozo Parada, quienes al unísono la acusaron de pertenecer al mismo frente insurgente del que hicieron parte -Juan Fernando Porras Martínez-, de su tolerancia con el grupo ilegal, como de sus reuniones frecuentes con sus miembros en un fundo rural de su propiedad. Dichos ratificados por Francisco Elías Castillo quien depuso, además, que tal vinculación era de público conocimiento en el municipio de Arboledas; como por informe de Policía Judicial dado por el agente Cesar Yesid Tibaquirá García. Citó providencia de esta Corporación que decidió un caso análogo, fincada en el régimen de responsabilidad subjetiva, según el cual la absolución o preclusión que dimana de falencias probatorias en la instrucción o en el juicio penal, se traduce en falla del servicio, por lo que se impone al actor probar de manera clara en el contencioso de reparación que la privación de la libertad devino a partir de error del funcionario, o del sistema, derivado de ausencia suasoria que

traduce en falla del servicio, por lo que se impone al actor probar de manera clara en el contencioso de reparación que la privación de la libertad devino a partir de error del funcionario, o del sistema, derivado de ausencia suasoria que sustentara la detención preventiva, como no ha ocurrió en el sub litem. La parte actora, dando por probada la responsabilidad de la demandada por privación injusta de la libertad, dada la materialización del daño antijurídico, 17 Folios 264 y 268 del cuaderno de 2 a Instancia -Conciliación previa a concesión del recurso de alzada- " Folios 284 y 284 vto. Ibídem —Admisión Recurso de Apelación19 Folio 286 Ibídem —Traslado para Alegaciones Conclusivas29 Folios 287 a 293 del cuaderno de r Instancia -Alegación de la Nación-Fiscalla General de la Nación5Radicado: 54001-23-31-000-2008-0046341 (58659) Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros adujo que operó rompimiento de las cargas públicas, por lo que la víctima no estaba obligada a soportar las falencias, errores y negligencias del aparato judicial y recabó el mantenimiento incólume del fallo de primera instancia. 21 .

III. PROBLEMAS JURÍDICOS 3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") — aplicable en esta instancia conforme al articulo 40 de la Ley 153 de 1887 22-23 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el

aplicable en esta instancia conforme al articulo 40 de la Ley 153 de 1887 22-23 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley', como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones". Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 24 . 3.2. En este orden de ideas, los cargos de la apelación dan lugar a la formulación del siguiente problema jurídico: ¿Demostró la parte actora haber padecido un daño antijurídico como consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto la señora Rosa Aminta Granados en el marco de una investigación penal por el delito de rebelión que concluyó con decisión absolutoria en aplicación del "in dubio pro reo"?

consecuencia de la privación de la libertad de que fue objeto la señora Rosa Aminta Granados en el marco de una investigación penal por el delito de rebelión que concluyó con decisión absolutoria en aplicación del "in dubio pro reo"? Si la respuesta al anterior problema se refleja afirmativa, habrá lugar a responder la siguiente pregunta: ¿De los organismos representativos de la Nación que fueron demandados, a cuál o cuáles de ellos corresponde imputar la responsabilidad por la causación del daño antijurídico de que fue objeto la señora Rosa Aminta Granados? Dilucidado lo anterior, deberá la Sala establecer si los perjuicios reconocidos y tasados por la primera instancia se encuentran demostrados y si su cuantificación satisface los lineamientos jurisprudenciales trazados pqr esta Corporación. 21 Folios 307 a 308 del cuaderno de 2 0 Instancia —Alegación Parte Demandante22 "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leves vigentes cuando se interpusieron los recursos se decretaran las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [. ..1" (subrayado fuera del texto original). 23 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de

surtirse las notificaciones. [. ..1" (subrayado fuera del texto original). 23 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 24 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 6Radicado: 54001-23-31-0004008-00463-01 (58659)

Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito. 4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 y a la naturaleza del asunto 25 , así como al oportuno ejercicio de la acción impetrada por la parte demandante, ya que presentó su demanda el día 21 de abril de 2.008, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 26 al día siguiente a aquel en que cobró ejecutoria la sentencia con la que fue absuelta de la responsabilidad penal la señora Rosa Aminta Granados -25 de abril de 2006-. 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: Rosa Aminta Granados como la persona que fue privada de la libertad y su hija Rosalba Gelves Granados, quien acreditó su parentesco con registro civil de nacimiento 27 .

En lo que atañe al extremo pasivo de la fitis, la Sala encuentra legitimada la

como la persona que fue privada de la libertad y su hija Rosalba Gelves Granados, quien acreditó su parentesco con registro civil de nacimiento 27 . En lo que atañe al extremo pasivo de la fitis, la Sala encuentra legitimada la Nación en la presente causa, representada conforme al artículo 149 del C.C.A. por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial, el Fiscal General de la Nación y el Director General de la Policía Nacional. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2000 [281 . Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 29 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la

se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 29 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, 25 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 26 C.C.A. Articulo 164., Numeral 8. "[...] 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de los dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa • .1". 27 Folio 25 del C.P. Registro Civil de Nacimiento Serial 7909805 28 "Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. liSe impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: Ill. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. [..]". 29 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 7Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659)

Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros

7Radicado: 54001-23-31-000-2008-00463-01 (58659) Demandante: Rosa Aminta Granados y Otros resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del aduar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño s° . Debe surgir, una inadecuada relación entre los fi nes que se pretendían 'satisfacer con la medida 3132 , y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico con sustento en los medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito 33 . Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la

Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito 33 . Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debía incrementarse a medida que avanzara el proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario s '', y luego a la 3° «[Eh i juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que s