CE - 540012331000200900271011SENTENCIASENTENCIA20230518083629

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)

Actor: GRACIELA PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTRAS

Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA

Asunto: APELACIÓN DE SENTE NCIA – MUERTE EN

ENFRENTAMIENTO MILITAR

Síntesis del caso: el señor Eduardo Otero Silva fue abatido en una operación militar, motivo por el cual su familia solicita que se declare la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por su muerte y la consecuente indemnización de perjuicios.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por medio de la cual denegaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2009 (fl. 9 cdno. 1), la señora Graciela Pérez Rodríguez, quien actúa en nombre propio y en el de su s hijas menores de edad Deisy Paola y Andrea Carolina Otero Pérez promovió

Graciela Pérez Rodríguez, quien actúa en nombre propio y en el de su s hijas menores de edad Deisy Paola y Andrea Carolina Otero Pérez promovió demanda de reparación directa en contra d e la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con las siguientes pretensiones:2

Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873) Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras Reparación directa - apelación de sentencia

“1. DECLÁRESE civilmente responsable a la Nación – Ejército Nacional de Colombia, por la muerte violenta de EDUARDO OTERO SILVA, ocurrida el 21 de agosto de 2007, estando al servicio de la Secretaría del Departamento de Norte de Santander como maestro de en señanza en el municipio de El Zulia, cuyos antecedentes administrativos se encuentran presuntamente en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, donde reposan los archivos que se rehicieron después del incendio de la sede de la Gobernación del departamento.

2. En consecuencia CONDÉNESE a la Nación – Ejército Nacional de Colombia a indemnizar los daños y perjuicios materiales y/o morales subjetivados ocasionados a su esposa Graciela Pérez Rodríguez y a sus hij as ANDREA CAROLINA y DESISY PAOLA conforme a los registros civiles de nacimiento para probar parentesco a causa de su muerte súbita sufrida a consecuencia de un operativo militar acaecido en el sitio denominado Vegas del Oriente, municipio de Teorema departamento N de S según certificación número 293-2008 expedida por el doctor JOS É RUBÉN RODRÍGUEZ OVIEDO en su condición

en el sitio denominado Vegas del Oriente, municipio de Teorema departamento N de S según certificación número 293-2008 expedida por el doctor JOS É RUBÉN RODRÍGUEZ OVIEDO en su condición de Jefe de la Unidad de la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del circuito de Ocaña dpto. N de S el 25 de julio de 2008 con destino a Acción Social.

2.1. Los perjuicios morales subjetivados y los materiales conforme al salario mínimo legal al momento del acaecimiento de los hechos ocasionados a la esposa y viuda e hijas menores del causante GRACIELA PÉREZ RODRÍGUEZ y ANDREA CAROLINA y DEISY PAOLA respectivamente privados en forma s úbita del cariño, la asistencia personal y el trato continuo con su esposo y padre EDUARDO OTERO SILVA, acaecida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se indicarán en el acápite de hecho s y omisiones, deberán indemnizarse en cuantía equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales vigentes al momento de proferirse la sentencia, para cada uno de mis clientes conforme a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y en armonía con la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado, como aparece entre otras en las sentencias No . 6750 de julio 17 de 1992, 13232 de 2001 y 14908 de 2006 de la Sección Tercera de esa Honorable Corporación” (fls. 2 y 3 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Sección Tercera de esa Honorable Corporación” (fls. 2 y 3 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Eduardo Otero Silva era docente en el municipio de El Zulia (Norte de Santander) y falleció el 21 de agosto de 2007 en manos de una patrulla militar en Vegas del Oriente del municipio de Teorama (Norte de Santander).

1. Por dicho hecho se abrió una investigación que cursa en el Juzgado 37 de

Instrucción Penal Militar de Ocaña (Norte de Santander).3

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Con base en los anteriores hechos la parte demandant e efectuó el siguiente razonamiento de responsabilidad: el Estado es responsable de la muerte violenta del padre y esposo de las demandantes en virtud de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.

2. Posición de la demandada

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 68 a 72 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que no se probaron los elementos de la responsabilidad y propuso la excepción de “hecho de terceros”, sin especificar a quienes se refería.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1. La entidad demandada (fls. 162 a 166 cdno. 1) adujo que, si bien se abrió

sin especificar a quienes se refería.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1. La entidad demandada (fls. 162 a 166 cdno. 1) adujo que, si bien se abrió una investigación preliminar en la justicia penal militar por la muerte del señor Eduardo Otero Silva, lo cierto es que se profirió auto inhibitorio y fue archivada, de manera que no hay ninguna prueba que comprometa su responsabilidad en este caso; además, expuso argumentos respecto de la supuesta imputación de omisión del deber de protección y cuidado que no se impetró en la demanda e insistió en la excepción de “hecho de terceros”.

1. La parte demandante guardó silencio.

1. El Ministerio Público (fls. 181 a 183 cdno. 1) solicitó que no se acceda a las súplicas de la demanda por el hecho de que, aunque se demostró que la muerte de la víctima fue causada por tropas del Ejército Nacional, el daño no fue antijurídico en la medida en que ello se originó como consecuencia del ataque del grupo al margen de la ley que conformaba la víctima.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 28 de mayo de 2015 (fls. 185 a 191 cdno. ppal.) denegó las pretensiones de la demanda por considerar que el daño no es antijurídico debido a que encontró probado que la4

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víctima murió en un enfrentamiento armado con tropas del Ejército Nacional, es decir, se constituyó la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad de la entidad accionada, pues, no se demostró uso excesivo de la fuerza o falla del servicio alguna por parte de sus agentes ; asimismo, no se probó que su muerte fue producto de una ejecución extrajudicial.

5. El recurso de apelación

La parte demandante (fls. 196 a 197 cdno. ppal.) no comparte la decisión del a quo, replicó que la entidad demandada no probó que la víctima pertenecía a un grupo al margen de la ley, se trató de un “falso positivo” porque para la época de su fallecimiento el señor Eduardo Otero Silva era docente en el municipio de El Zulia (Norte de Santander)1.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1. Las partes guardaron silencio.

1. El Ministerio Público (fls. 218 a 234 cdno. ppal.) solicitó la confirmación del fallo apelado por cuanto está probado que la muerte de la víctima ocurrió como consecuencia de un enfrentamiento militar, que el occiso fue encontrado con un arma de fuego en su poder, que su hermana declaró que no lo veía hacía 14 años y que por comentario s se sabía que estaba e n la guerrilla, que murió con un solo impacto de bala y que no hay prueba de que trabajara como docente,

arma de fuego en su poder, que su hermana declaró que no lo veía hacía 14 años y que por comentario s se sabía que estaba e n la guerrilla, que murió con un solo impacto de bala y que no hay prueba de que trabajara como docente, todo lo cual conlleva a considerar a que en este caso se configuró el hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad de la entidad demandada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) obje to de la controversia y anuncio

1 Con el recurso de apelación se allegaron unos documentos que ya obraban como pruebas en el expediente, de modo que no hay lugar a pronunciarse sobre ellas como pruebas de segunda instancia al tenor de lo dispuesto en el artículo 214 del CCA.5

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de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada en tiempo la demanda 2, corresponde a la Sala determinar si la muerte del señor Eduardo Otero Silva es imputable a la entidad demandada por haber ocurrido como consecuencia de un operativo militar.

La sentencia de primera instancia será confirmada, por estar probado que la

muerte del señor Eduardo Otero Silva es imputable a la entidad demandada por haber ocurrido como consecuencia de un operativo militar.

La sentencia de primera instancia será confirmada, por estar probado que la actuación de los militares fue provocada por la actuación de la víctima en un enfrentamiento armado iniciado por ella en el curso de un operativo militar que buscaba neutralizar el accionar de grupos al margen de la ley.

En la primera part e del análisis de la imputación , la Sala expondrá que la utilización de armas de dotación oficial se encuentra probada, así como también la actuación de la víctima provocadora de la reacción de los militares; e n la segunda, hará referencia al uso legítimo de las armas de fuego por parte de las autoridades estatales como causal exonerativa de responsabilidad.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

2.1 El daño

El daño alegado por las actoras, esto es, la muerte del señor Eduardo Otero Silva el 21 de agosto de 2007 se encuentra probada , pues, en ese sentido obra el respectivo registro civil de defunción (fl. 20 cdno. 1).

2 Como el fallecimiento de la víctima acaeció el 21 de agosto de 2007 , el plazo para interponer la demanda vencía el 24 de agosto de 2009 (los días 22 y 23 fueron inhábiles) y dado que esta se instauró el 21 de agosto de 2009 (la solicitud de audiencia prejudicial se presentó el 24 de agosto de 2009 y se declaró fallida por acta expedida el 24 de noviembre siguiente – fl. 41 cdno. 1, situación que fue avalada por el tribunal de primera instancia en auto proferido el 15 de enero

agosto de 2009 y se declaró fallida por acta expedida el 24 de noviembre siguiente – fl. 41 cdno. 1, situación que fue avalada por el tribunal de primera instancia en auto proferido el 15 de enero de 2010 – fls. 54 a 55 cdno. 1 ), se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de caducidad para impetrar la acción de reparación directa de que trata el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.6

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2.2 La imputación

1. De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es responsable de l fallecimiento del señor Eduardo Otero Silva debido a que fue provocad o por agentes de esa entidad en un operativo militar; aunque en el recurso de apelación hizo referencia a una supuesta ejecución extrajudicial, ello no fue alegado en la demanda.

1. De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente , para la Sala es claro que la muerte de la víctima fue ocasionada por miembros de la Brigada Móvil no. 15 del Ejército Nacional con sede en Ocaña (Norte de Santander) con arma de dotación oficial , de lo cual dan cuenta un oficio del comandante de la central de inteligencia táctica de Ocaña del Ejército Nacional a través del cual dejó a disposición del fiscal seccional de turno el cadáver de quien fue abatido por ellos, el acta de inspección y levantamiento del cadáver

comandante de la central de inteligencia táctica de Ocaña del Ejército Nacional a través del cual dejó a disposición del fiscal seccional de turno el cadáver de quien fue abatido por ellos, el acta de inspección y levantamiento del cadáver realizada por la Fiscalía General de la Nación en la cual se consignó que el cadáver fue llevado por tropas de dicha brigada, las declaraciones de los mismos uniformados y, el proceso penal militar que se abrió precisamente por es os hechos, pruebas de las cuales se hará referencia con mayor detalle más adelante, de manera que qued a desvirtuado lo alegado por la entidad demandada en cuanto hizo referencia a la causal exonerativa de responsabilidad de hecho de terceros.

1. Por lo tanto , el debate se centra en establecer si ese deceso ocurrió como consecuencia de un enfrentamiento armado entre la víctima y los agentes militares del Estado en medio de una operación militar o, si se trató de la muerte de un civil que nada tenía que ver en el referido enfrentamiento como lo sugiere la demanda, en cuanto se afirma que se dedicaba exclusivamente a la docencia.

1. El tribunal a quo denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que el fallecimiento ocurrió en manos de miembros activos del Ejército Nacional que actuaron en tal condición y en legítima defensa dado que la víctima los atacó con arma de fuego y en respuesta a ello fue que los militares dispararon contra aquella con el fatídico desenlace ya relatado ; f rente a esta decisión, la parte actora alegó en el recurso de apelación que la entidad demandada no había7

Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873)

Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras

actora alegó en el recurso de apelación que la entidad demandada no había7

Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873) Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras Reparación directa - apelación de sentencia

probado que la víctima pertenecía a ningún grupo al margen de la ley , porque para le época de su fallecimiento el señor Eduardo Otero Silva era docent e, motivo por el cual solicitó la revocatoria de la sentencia y que se acceda a las súplicas de la demanda.

1. La Sala de Decisión encuentra que la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander acompasa de manera seria y lógica con el materi al probatorio obrante en el expediente , por cuanto de este se desprende que el señor Eduardo Otero Silva fue abatido en medio de un operativo militar en el que se iniciaron disparos contra los agentes estatales y estos reaccionaron de igual manera en uso de legítima defensa.

1. Según oficios y constancias expedidos por la Fiscalía General de la Nación, por la muerte del señor Eduardo Otero Silva se adelantó una investigación previa en la justicia ordinaria, pero, luego fue remitida al Juzgado 37 de I nstrucción Penal Militar adscrito al batallón Santander de Ocaña el 20 de noviembre de 2007 “por cuanto los autores del hecho hacían parte de una patrulla militar” (fls. 10 y 11 cdno. 1 y 28 cdno. 2) , investigación respecto de la cual se allegó el expediente completo como prueba trasladada a este proceso.

Al respecto, la Sala destaca que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro siempre que en el proceso primitivo se

expediente completo como prueba trasladada a este proceso.

Al respecto, la Sala destaca que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella, estas también pueden ser valoradas cuando son allegadas a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquella o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda, y la otra, en el escrito de contestación3.

Acorde con lo anterior, de las piezas procesales que en este asunto reposan del referido proceso penal serán tenidas en cuenta aquellas de carácter documental y testimonial ya que ambas partes pidieron la prueb a; acerca de las versiones

3 Ver, entre otras providencias: Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, expediente n o. 20601, MP Danilo Rojas Betancourth y Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia del 13 de julio de 2022 , expediente no. 05001-23-33-000-2015-01400-01 (62.521), MP Fredy Ibarra Martínez.8

Expediente 54001-23-31-000-2009-00271-01 (56.873) Actor: Graciela Pérez Rodríguez y otras Reparación directa - apelación de sentencia

libres, por ser rendidas estas de manera libre y espontánea serán valoradas en conjunto con otros medios de prueba4.

1. El proceso llevado ante la justicia penal militar identificado con radicación número 100-07 fue archivado por haberse proferido auto inhibitorio el 23 de

conjunto con otros medios de prueba4.

1. El proceso llevado ante la justicia penal militar identificado con radicación número 100-07 fue archivado por haberse proferido auto inhibitorio el 23 de septiembre de 2010 (fl. 85 cdno. 1), a través del cual el Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar de Ocaña se abstuvo de abrir investigación penal formal en contra del personal militar p or los hechos ocurridos el 21 de agosto de 2007, de conformidad con las declaraciones rendidas en el proceso que coinciden con las demás pruebas practicadas, como el dictamen pericial del arma incautada que dio cuenta de que se encontraba en buen estado de funcionamiento y el dictamen de trayectoria del disparo, con lo cual concluyó:

“[E]ncontramos que indiscutiblemente Eduardo Otero Silva abatido el día de los autos sería el típico caso de ‘objetivo militar’ pues se trataba de persona con el estatus de combatiente, quien además estaba en pleno ejercicio de actividades de guerra y que por lo mismo debía ser neutralizado utilizando para ello los medios eficientes, que en este caso no podían ser otros que las armas de fuego. Las tropas militares debían defend erse ante el ataque que les era propinado por parte de los sujetos insurgentes, mediante arma de fuego, las que se encontraban en perfectas condiciones de funcionamiento (…).

Demostrado como se encuentra que el sujeto dado de baja conformaba un grupo al margen de la ley, que su muerte se produjo en cumplimiento de un deber legal, que la tropa se encontraba bajo

4 Sobre las indagatorias y versiones libres la Sección Tercera ha establecido, como regla general,

conformaba un grupo al margen de la ley, que su muerte se produjo en cumplimiento de un deber legal, que la tropa se encontraba bajo

4 Sobre las indagatorias y versiones libres la Sección Tercera ha establecido, como regla general, que no son objeto de valoración probatoria por no tener el alcance de una prueba testimonial ni poder someterse a ratificación dado que no se encuentran sometidas a la formalidad del juramento; no obstante, también ha sostenido que es posible valorarlas cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, obran otros medios de prueba que apunten en un mismo sentido y establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar (Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 36.170, MP Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 1 de febrero de 2016, expediente: 48.842, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa); asimismo, la Sala Plena también las ha valorado en aras de buscar la verdad material “en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar , los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rec tores de la sana crítica” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rec tores de la sana crítica” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 12 de marzo de 2013, radicado no.11001 -03-15-000-2011-00125-00). Posturas reiteradas en: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 4 de mayo de 2022, expediente no. 68001-23-31-000-2009-00675-01 (57.056), MP Fredy Ibarra Martínez. En el presente caso , la Sala considera que estas pruebas pueden ser objeto de valoración por encontrar que son coincidentes con los demás medios probatorios y describen circunstancias de tiempo, modo y lugar coincidentes.9

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orden de operaciones legalmente constituida y que la acción que produjo el resultado fue en respuesta a la agresión al ataque sufrido, se deduce que no existe responsabilidad penal en el acontecer objeto de estudio, que los integrantes del grupo militar actuaron conforme a derecho”. (fls. 166 a 173 cdno. 2 – resalta la Sala).

1. En el referido proceso penal obran las siguientes pruebas relevantes para el examen y decisión de la controversia objeto de este proceso:

a) Oficio del 22 de agosto de 2007, mediante el cual el comandante de la central de inteligencia táctica de Ocaña del Ejército Nacional dejó a disposición del fiscal

examen y decisión de la controversia objeto de este proceso:

a) Oficio del 22 de agosto de 2007, mediante el cual el comandante de la central de inteligencia táctica de Ocaña del Ejército Nacional dejó a disposición del fiscal seccional de turno un cadáver “muerto en enfrentamientos armados el día 21 de agosto de 2007 a las 10:40 horas aproximadamente entre presuntos subversivos del frente Héctor de la ONT -ELN y miembros del batallón Contraguerrillas no. 45, en el sitio conocido como Vegas de Oriente, jurisdicción del municipio de Teorama (N/S)”, quien portaba cédula de ciudadanía con el nombre de Eduardo Otero Silva y el material incautado fue una pistola calibre 9mm con su respectivo proveedor y tres cartuchos, un radio scanner ICOM IC-V8 con batería y antena, y una bolsa plástica con tablas escritas de comunicaciones y programas del frente Héctor de la ONT -ELN (fl. 7 cdno. 2). A este oficio se anexó el informe rendido por el comandante Dany Garzón Arévalo, quien narró los hechos así:

“Siendo las 8:00 del 21 de agosto la compañía Coral inicia movimiento de infiltración (…) al llegar a la parte alta (…) observamos un cl aro grande, ordeno a C2 (…) asegurar la parte alta, C1 (…) hace aproximación a la vivienda, al pasar unos 10 minutos se escucha un intercambio de disparos, tomo contacto radial con el C3 Rugeles Olivera Edwin, quien me reporta estar en combate, organizo la unidad y C 1 maniobra por el claro, al cabo de 10 minutos aproximadamente el C3 Rugeles me reporta haber dado de baja a

Olivera Edwin, quien me reporta estar en combate, organizo la unidad y C 1 maniobra por el claro, al cabo de 10 minutos aproximadamente el C3 Rugeles me reporta haber dado de baja a un sujeto en el cruce de disparos, le ordeno a C1 asegurar el área perimétrica y no tocar el cadáver, de inmediato reporto lo sucedido (…), me desplazo al lugar de los hechos en donde encuentro al sujeto muerto con las siguientes características: (…) vestía camiseta verde biche con azul descolorido, pantalón beis (sic) en dril, botas de caucho (…)” (fls. 7 y 8 cdno. 2 – negrillas adicionales).

b) En el acta de inspección y levantamiento del cadáver realizada por la Fiscalía General de la Nación el 22 de agosto de 2007 se consignó que el cadáver fue llevado por tropas de la Brigada Móvil no. 15 del Ejército Nacional embalado en bolsas pl ásticas negras y las manos protegidas con bolsas de papel, que presentaba “avanzado estado de descomposición” , vestido , entre otros elementos, con buso azul con verde y botas de caucho y que no se tomó muestra10

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de residuos de disparo “por encontrarse las manos en estado de desfacelación” (fls. 9 a 11 cdno. 2). De la documentación fotográfica de la diligencia, se resalta que al pie de dos imágenes del cuerpo se anotó “donde se le aprecian las manos

(fls. 9 a 11 cdno. 2). De la documentación fotográfica de la diligencia, se resalta que al pie de dos imágenes del cuerpo se anotó “donde se le aprecian las manos embaladas” e “ilustra el avanzado estado de descomposición en que se halló el cadáver” (fls. 63 a 64 cdno. 2).

c) Se cuenta igualmente con el o ficio de autorización de traslado del cadáver para que el levantamiento fuera efectuado en el cementerio central de Ocaña , porque en el sitio de los hechos no había condiciones de seguridad para la fiscal y los funcionarios del CTI (fl. 12 cdno. 2).

d) Según la d eclaración juramentada de l a señora Gloria Beatriz Otero Silva, hermana de la víctima, a su hermano no lo veía desde hacía 14 años, que habían perdido contacto con él y que habían escuchado comentarios de que “se había ido para la guerrilla y tal vez, él por no mortificarla [a la mamá] no le decía la verdad, únicamente le decía que estaba bien, que no se preocupara, que él había querido irse hacer otra vida” (fls. 15 a 16 cdno. 2).

e) En el a cta de inspección judicial del arma de fuego realizada por el CTI se consignó que funcionaba “correctamente” (fl. 23 cdno. 2).

f) De conformidad con el informe pericial de necropsia elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses , se estableció que el cuerpo ingresó en estado de descomposición con un buso de color azul y botas de caucho y que falleció “en shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego”, el

ingresó en estado de descomposición con un buso de color azul y botas de caucho y que falleció “en shock hipovolémico por proyectil de arma de fuego”, el orificio de entrada fue en “región para lumbar derecha” y el de salida “en región púbica sobre la parte media” , con lo cual concluyó que la trayectoria en plano horizontal fue “supero-inferior”, en plano coronal “postero-anterior” y en plano sagital “derecha-izquierda” (fls. 32 a 34 cdno. 2). Con base en este informe, la policía judicial determinó la trayectoria de los disparos en los siguientes términos: “el disparo fue hecho a una distancia mayor a 2 mts (…) la víctima recibió un único disparo por la parte posterior de su cuerpo (…) la trayectoria es compatible con una posición erecta de la víctima y la boca de fuego del arma en parte posterior derecha de su cuerpo en un nivel superior . En una segunda posición, la víctima pudo haber estado de rodillas y la boca de fuego del arma en parte11

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posterior derecha de su cuerpo en un nivel muy superior ”, se aclaró que para rendir el anterior concepto no tuvieron en cuenta las condiciones topográficas del terreno o declaraciones, sino que se basó únicamente en datos técnicos y descripciones médico-legales (fls. 126 a 129 cdno. 2).

g) En la respectiva o rden de operaciones del Ejército Nacional, aparece consignado que la misión táctica “Austria” de la compañía Coral de la Brigada

descripciones médico-legales (fls. 126 a 129 cdno. 2).

g) En la respectiva o rden de operaciones del Ejército Nacional, aparece consignado que la misión táctica “Austria” de la compañía Coral de la Brigada Móvil no. 5 de Ocaña (Norte de S antander) estaba al mando del teniente Dany Garzón Arévalo organizada a partir del 14 de agosto de 2007, y que consistía en realizar “maniobras ofensivas de combate irregular en el área general de la vereda Vegas del Oriente, municipio de Teorama, con el f in de neutralizar el accionar de los grupos narcoterroristas de las ONT ELN (Héroes del Catatumbo) que delinquen en el área” (fls. 157 a 159 cdno. 2).

h) Según las v ersiones libres de Yeison Guiovanny Rueda y Aníbal Miranda Tarazona (fls. 103 a 107 y 109 a 113 cdno. 2), soldados profesionales del Ejército Nacional adscritos al batallón de contraguerrillas no. 45 Héroes de Majaguán de la móvil no. 5 , orgánicos del grupo de la contraguerrilla Coral 1, del cual era comandante el teniente Dany Javier Garzón Arévalo, así como de la versión libre de este último (fls. 145 a 148 cdno. 2) se narró sobre los hechos que el 21 de agosto de 2007 se encontraban en una operación con dirección a un campamento de grupos al margen de la ley denominado “El Bus”, pero, en el desplazamiento se estaban quedando sin abastecimiento, por lo cual bu