CE - 540012333000201300214011SENTENCIA20230823104449

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 540012333000201300214 01 (52.977)

Demandante: María Esperanza Mariño Osorio y otra Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Cumplimiento de fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional.

Procede la Sala a dictar providencia complementaria de reemplazo de segunda instancia, en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 20 de abril de 2023 por la Sala Plena de la Corte Constitucional1.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 23 de octubre de 2014 2, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió la demanda de reparación directa presentada el 26 de abril de 2013 3, por la señora María Esperanza Mariño Osorio, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por la muerte del señor Arón Herney Yusti Saavedra, en hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011, en el corregimiento de Las Mercedes, municipio de Sardinata, Norte de Santander, cuando la estación de Policía en la que prestaba sus servicios fue objeto de un ataque por parte de subversivos.

Mercedes, municipio de Sardinata, Norte de Santander, cuando la estación de Policía en la que prestaba sus servicios fue objeto de un ataque por parte de subversivos.

2. Como consecuencia, solicitaron como indemnización de perjuicios morales 200

SMLMV para cada una de las demandantes, 200 SMLMV para la hija de la víctima directa por “daño a la vida de relación y/o psicológico” y, por lucro cesante, la suma

1 Notificada el 26 de junio de 2023. 2 Folios 333-353 del cuaderno del Consejo de Estado. 3 Folio 66 del cuaderno 1.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

Referencia: Acción de Reparación Directa

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que dejó de recibir la menor como consecuencia de la muerte de su padre, hasta los 25 años de edad.

La sentencia recurrida

3. Mediante sentencia proferida el 23 de octubre de 2014 4 , el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se transcribe literalmente, incluso con posibles errores):

“PRIMERO: DECLÁRESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a la niña MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO, con motivo de la muerte del PT ARÓN HERNEY YUSTI SAAVEDRA, en hechos ocurridos el 18 de

perjuicios ocasionados a la niña MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO, con motivo de la muerte del PT ARÓN HERNEY YUSTI SAAVEDRA, en hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011 en el corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata (N. de S.), conforme al análisis realizado en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconocer y pagar por concepto de PERJUICI OS MORALES, a la niña MAR Í A CAMILA YUSTI MARIÑO, el equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales vigentes, vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconocer y pagar por concepto de PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN, hoy PERJUICIO A LA SALUD, para la niña MAR Í A CAMILA YUSTI MARIÑO, el equivalente a CINCUENTA (50) salarios mínimos legales vigentes, vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, reconocer y pagar por concepto de PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro), para la niña MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO, la suma de CIENTO TREINTA Y TRES

MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

($133704.825).

MARÍA CAMILA YUSTI MARIÑO, la suma de CIENTO TREINTA Y TRES

MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

($133704.825).

QUINTO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: DESE cumplimiento a la sentencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDÉNESE EN COSTAS a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL. Por secretaría, DESE el trámite previsto en el artículo 366 del CGP.

OCTAVO: DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.

NOVENO: Una vez en firme la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones secretariales de rigor”.

4 Folios 333-353 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

Referencia: Acción de Reparación Directa

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II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

Síntesis de los recursos

4. En su apelación, la parte demandada insistió en la ausencia de responsabilidad patrimonial, pues la muerte del referido agente de Policía devino de forma exclusiva del hecho de un tercero, esto es, un grupo subversivo. Subsidiariamente, manifestó

4. En su apelación, la parte demandada insistió en la ausencia de responsabilidad patrimonial, pues la muerte del referido agente de Policía devino de forma exclusiva del hecho de un tercero, esto es, un grupo subversivo. Subsidiariamente, manifestó que no había lugar a reconocer perjuicios materiales o morales a María Camila Yusti Mariño, habida cuenta que ella nunca tuvo relación alguna con su padre, tanto así que fue registrada con el apellido de éste después de un proceso de fil iación que se inició post mortem . Con respecto al daño a la salud, expuso que solo procede su reconocimiento a favor de la víctima directa y no resulta procedente extenderlo a las víctimas indirectas, amén de que no había prueba de su causación.

Finalmente, adujo que por la muerte del señor Yusti Saavedra, esa institución ya había efectuado un reconocimiento prestacional a favor de su hija equivalente a una pensión de sobreviviente, en virtud de la cual recibió la suma de $79’258.356, por manera que resultaba improcedente una indemnización adicional por el mismo hecho.

5. A su turno, la parte actora manifestó su inconformidad en lo que respecta al monto de la condena reconocida para el resarcimiento del daño a la vida en relación; para tal efecto, adujo que la suma de cincuenta (50) SMLMV no representan siquiera una compensación material del daño irreparable en su formación psicosocial y por ello solicita que se reconozca la suma pretendida en la demanda.

6. Frente a los descuentos del daño material, solicitó que se descontara únicamente el 25% y no el 50% de lo devengado como gastos de manutención del

demanda.

6. Frente a los descuentos del daño material, solicitó que se descontara únicamente el 25% y no el 50% de lo devengado como gastos de manutención del occiso y, por último, indicó que el 0.1% de las pretensiones aceptadas no representa las costas reales del proceso.

La sentencia de segunda instancia

7. Mediante sentencia de segunda instancia del 5 de marzo de 2021, esta Subsección del Consejo de Estado decidió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRESE PARCIALMENTE la responsabilidad patrimonial y administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL por los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte del PT ARÓN HERNEY YUSTI SAAVEDRA, en hechos ocurridos el 18 de marzo de 2011 en el corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata (N. de S.), conforme al análisis realizado en la parte considerativa de la presente providencia.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

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SEGUNDO: DENIÉGUENSE el reconocimiento de los perjuicios solicitados en tanto que no se acreditaron.

TERCERO: CONDÉNESE EN COSTAS a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL. Por secretaría, DESE el trámite previsto en el artículo 366 del CGP.

CUARTO: DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como gastos

DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL. Por secretaría, DESE el trámite previsto en el artículo 366 del CGP.

CUARTO: DEVUÉLVASE a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere.

QUINTO: Una vez en firme la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones secretariales de rigor”.

La acción de tutela y su definición

8. En contra de la anterior decisión, la señora María Esperanza Mariño Osorio presentó una acción de tutela, que fue decidida el 18 de noviembre de 2021 por la Sección Cuarta de esta Corporación, en el sentido de acceder al amparo solicitado, decisión que fue revocada por la sentencia del 1 de marzo de 2022, proferida por la Sección Segunda - Subsección “B” del Consejo de Estado y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no haberse cumplido los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

9. Posteriormente, la Corte Constitucional en sede de revisión de la referida tutela,

decidió5 (se transcribe literalmente):

“REVOCAR la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 1º de marzo de 2022. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de primera instancia, proferido el 18 de noviembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de MODIFICAR la tercera orden de dicha providencia, la cual será sustituida por el segundo numeral resolutivo de la presente sentencia.

noviembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de MODIFICAR la tercera orden de dicha providencia, la cual será sustituida por el segundo numeral resolutivo de la presente sentencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en el término máximo de dos meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una sentencia complementaria en la que se pronuncie nuevamente sobre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales cuya indemnización fue solicitada por la niña María Camila Yusti Mariño.

Para el efecto, deberá tener especialmente en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia, con miras a darle la preponderancia que corresponde a la garantía de los derechos de la menor de edad, los cuales se vieron gravemente afectados en la Sentencia del 5 de marzo de 2021” (subrayas adicionales).

10. Mediante auto del 27 de junio del año en curso, se solicitó el préstamo del expediente de reparación directa al Tribunal Administrativo de Norte de Santander

5 Sentencia SU-114 del 20 de abril de 2023 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, la cual fue notificada al Despacho el 26 de junio de 2023.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

Referencia: Acción de Reparación Directa

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y, el 11 de los corrientes, la Secretaría de la Sección Tercera remitió el expediente

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

Referencia: Acción de Reparación Directa

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y, el 11 de los corrientes, la Secretaría de la Sección Tercera remitió el expediente al Despacho con el fin de dar cumplimiento al referido fallo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

Objeto del presente pronunciamiento

11. Según se dejó indicado, mediante fallo de tutela del 20 de abril de 2023 del año en curso, la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso que se profiera una providencia complementaria, en la que se decida nuevamente “sobre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales cuya indemnización fue solicitada por la niña María Camila Yusti Mariño”, motivo por el cual el presente pronunciamiento se circunscribe a ese específico aspecto.

12. No se realizará análisis alguno resp ecto de la procedencia del reconocimiento de perjuicios a favor de la menor María Camila Yusti Mariño, habida cuenta que dicho análisis ya fue expuesto -in extensoen la referida sentencia de tutela 6. De

6 Al respecto, la aludida sentencia de tutela manifestó: “Todo lo expuesto muestra, entonces, que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se apartó del precedente judicial de la misma Corporación. En concreto, del alcance y estándar de valoración construidos jurisprudencialmente respecto de la presunción del perjuicio moral en favor de los descendientes de las víctimas directas. Por un lado, para la Corte, no es constitucionalmente admisible preten der que la jurisprudencia del Consejo de Estado proteja adecuadamente los derechos de los hijos póstumos

las víctimas directas. Por un lado, para la Corte, no es constitucionalmente admisible preten der que la jurisprudencia del Consejo de Estado proteja adecuadamente los derechos de los hijos póstumos y que, por vía de la sentencia objeto de esta tutela, se establezca un tratamiento diferencial y desventajoso para los menores de edad que son reconocidos tardíamente. Se trata de una distinción que se basa en un criterio de discriminación que en este caso no es aceptable, como lo es el origen familiar, pues parte de estructurar un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes entre los tipos de hijos, pese a que ello, por regla general, está proscrito en nuestro ordenamiento, de conformidad con los artículos 13 y 42 de la Constitución Política. 130. Por otro lado, la Sala Plena de la Corte Constitucional destaca la clara configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial, en particular, respecto de la Sentencia de Unificación con radicado 27709,84 proferida el 28 de abril de 2014 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque: (i) las circunstancias fácticas y jurídicas del asunto analizado en esa oportunidad y del que ahora es objeto de revisión son análogas (reparación por muerte de un patrullero de la Policía Nacional a favor de familiares dentro del primer grado de consanguinidad); y (ii) se inaplicaron las reglas de de cisión contenidas en una sentencia de unificación según las cuales a) en el nivel 1 de cercanía afectiva (primer grado de consanguinidad) se requiere prueba del estado civil para la reparación del daño moral y b) la prueba de la relación afectiva solo es e xigible para los niveles 3, 4 y 5 (tercer y cuarto

(primer grado de consanguinidad) se requiere prueba del estado civil para la reparación del daño moral y b) la prueba de la relación afectiva solo es e xigible para los niveles 3, 4 y 5 (tercer y cuarto grados de consanguinidad o civil y relaciones afectivas no familiares). Con todo, la interpretación que la autoridad judicial accionada adelantó frente al alcance de la presunción del perjuicio moral no sólo acarreó un desconocimiento del precedente del propio Consejo de Estado, sino también un defecto fáctico por apartarse del valor probatorio de la consanguinidad a efectos de acceder a la indemnización del perjuicio moral; así como una violación directa de la Constitución Política, ante la afectación intensa que se produjo sobre los derechos de un sujeto de especial protección constitucional, como lo era la niña María Camila. La accionada incurrió concurrentemente en estos defectos al haber establecido, d e manera diferenciada y discriminatoria, cargas probatorias que no le eran aplicables a la menor de edad en materia del daño moral, pues ante la inexistencia de una razón válida para desvirtuar la presunción reconocida por el precedente del propio Consejo de Estado, bastaba con que estuviera probado que era hija de la víctima directa para dar por acreditados estos perjuicios. (…) En respuesta al problema jurídico formulado la Sala Plena concluye que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estad o incurrió de manera concurrente en defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y en violación directa de la ConstituciónRadicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

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esta manera la Sala encaminará su tarea a verificar su prueba y cuantía.

Indemnización de perjuicios a favor de la menor María Camila Yusti Mariño

13. Teniendo en cuenta que el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional dispuso que “… para el reconocimiento de perjuicios morales bastaba con demostrar el estado civil…”, resulta del caso dar aplicación a lo establecido en las sentencias de unificación proferidas el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera de esta Corporación 7, a partir de las cuales se infiere que la suma a reconocer a favor de la menor María Camila Yusti Mariño sería de 100 SMLMV, en su calidad de hija de la víctima directa; sin embargo, como en el fallo de segunda instancia de esta Sala arriba citado se declaró la concurrencia de causas entre la falla del servicio imputable a la Policía Nacional y el hecho de un tercero, deberá descontarse un 50% de dicho monto indemnizatorio, por manera que el rubro total a reconocer a favor de la citada menor será la suma de 50 SMLMV.

14. Sin perjuicio de la decisión que la Sala se apresta a tomar en virtud del acatamiento de la sentencia de tutela referida, resulta pertinente precisar que las referidas sentencias de unificación establecieron unas presunciones de aflicción, para ser observadas por el juez administrativo al momento de decretar o reconocer tales perjuicios, presunciones que admiten prueba en contrario independientemente del sujeto beneficiario de la presunción8.

para ser observadas por el juez administrativo al momento de decretar o reconocer tales perjuicios, presunciones que admiten prueba en contrario independientemente del sujeto beneficiario de la presunción8.

15. En perspectiva de lo que fueron las bases de las sentencias de unificación referidas, cabe resaltar que respecto de la presunción del daño moral para los niveles 1 (relaciones afectivas conyugales y paternos filiales) y 2 (relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil -abuelos, nietos o hermanos), se trata de una presunción de hombre y, en esa medida, tienen como fin servir de guía al momento de valorar las pruebas, mas no dar por probado el hecho. En relación con las víctimas indirectas que están legitimadas para reclamar la indemnización del daño moral -que no están amparadas por la presunción de aflicción (niveles 3, 4 y 5 o damnificados), rige la regla general sobre la carga de probar el daño y, adicionalmente, deben probar la condición de damnificados.

Política, lo cual conllevó la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la reparación integral de la niña María Camila, así como la trasgresión de su interés superior y la prevalencia de sus garantías fundamentales. 143. Para la Corte Constitucional, no es jurídicamente admisible negar la reparación integral a una menor de edad por el fallecimiento de su padre, únicamente bajo el argumento de que éste no la reconoció en vida, pese a estar acreditada la responsabilidad del Estado por el deceso ocurrido”. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de

únicamente bajo el argumento de que éste no la reconoció en vida, pese a estar acreditada la responsabilidad del Estado por el deceso ocurrido”. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, proceso 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), MP Olga Mélida Valle de De La Hoz. 8 La presunción de derecho, tal como coinciden en definirla im portantes tratadistas de derecho procesal (Carnelutti, Azula Camacho, Devis Echandía) consiste en: "un juicio lógico, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho con fundamento en las máximas de la experiencia que indican cual es el mod o normal como suceden las cosas y los hechos y por ello se consideran como ciertos y probables" Corte Constitucional, sentencia C-388 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

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16. De acuerdo con lo anterior, se advierte que en materia de perjuicios morales, la Administración pública demandada está habilitada, o lo que es lo mismo, no está limitada -ni siquiera cuando se trata de sujetos con especial protección constitucional-, para probar en contrario "demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan"9; asimismo, no sobra advertir que el juez no solo puede, sino que debe valorar las pruebas aportadas al proceso que

constitucional-, para probar en contrario "demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan"9; asimismo, no sobra advertir que el juez no solo puede, sino que debe valorar las pruebas aportadas al proceso que desvirtúan esa presunción establecida en las reglas jurisprudenciales.

17. Adicionalmente, cabe resaltar que las denominadas tablas de indemnización de perjuicios morales fijadas en las sentencias de unificación por la Sección Tercera del Consejo de Estado no pueden ni deben ser consideradas como barreras inamovibles, ya que en ese sentido constituirían una viola ción a los principios de justicia y reparación integral establecidos en la Ley 446 de 1998 10 y en los instrumentos internacionales de protección a los DDHH. Esos criterios indemnizatorios deben ser tomados como guías indicadoras susceptibles de ser adaptadas a la realidad probatoria concreta de cada caso analizado por el juez administrativo y, por esa misma razón, se acepta que dichas presunciones son guías y ayudas probatorias respecto de algunos hechos, pero que, en todo caso, de llegar a existir prueba distinta o en contrario, debe prevalecer ésta última regla.

Tan claro es esto, que variadas decisiones del Consejo de Estado ha discurrido sobre tales aspectos 11 e, inclusive, en algunos casos puntuales, ha fijado nuevas reglas jurisprudenciales para fijar va lores superiores, atendidas las particulares condiciones en que se produjo el daño (vgr. graves violaciones a los derechos humanos)12.

18. Para el caso concreto, porque así lo formuló el demandado y fue probado, al momento de la muerte del señor Arón Herney Yusti Saavedra (víctima directa), este

humanos)12.

18. Para el caso concreto, porque así lo formuló el demandado y fue probado, al momento de la muerte del señor Arón Herney Yusti Saavedra (víctima directa), este y la niña María Camila Yusti Mariño no tenían relación pues no milita prueba respecto de que el hoy occiso hubiera conocido de su existencia 13, condición filial que adquirió en época posterior, cuando fue registrada con el apellido de aquél el 25 de septiembre de 2013, esto es, luego de dos años y medio tras la culminación de un proceso de filiación que la madre de ella inició, también con posterioridad a la muerte de aquél, ocurrida el 18 de marzo de 2011. Es decir, la citada menor sólo

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 23 de agosto de 2012, exp. 24.392, M.P. Hernán Andrade Rincón, y sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25.087, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 10 A cuyo tenor: “Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de agosto de 2012, Exp . 24.392, M.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 25.087, M.P. Olga Mélida Valle De La Hoz. 12 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación

Andrade Rincón y sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 25.087, M.P. Olga Mélida Valle De La Hoz. 12 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consultar también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 25.981, M.P. Enrique Gil Botero, entre otras. 13 En virtud del proceso de filiación extramatr imonial adelantado por María Esperanza Mariño Osorio en representación de la menor María Camila Mariño Osorio, el 25 de septiembre de 2013 , el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil declaró que la citada niña es hija extramatrimonial del fallecido Arón Herney Yusti Saavedra, quien murió el 18 de marzo de 2011.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

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fue declarada hija del occiso dos años y medio después de la muerte de aquél y sin que se hubiera allegado prueba alguna que permitiera establecer algún tipo de cercanía, vínculo o afecto entre ellos.

19. Así las cosas, la Sala no puede de jar de reparar que los supuestos de hecho analizados son distintos a los que sustentaron las sentencias de unificación, por lo que resultaba procedente apartarse del precedente establecido en las ya citadas

19. Así las cosas, la Sala no puede de jar de reparar que los supuestos de hecho analizados son distintos a los que sustentaron las sentencias de unificación, por lo que resultaba procedente apartarse del precedente establecido en las ya citadas sentencias de unificación, habida cuenta que, en este caso, como se advirtió, existen razones probatorias claras que desvirtúan la presunción de aflicción moral que habría sufrido la hija póstuma del señor Arón Herney Yusti Saavedra, amén de que no se aportó ninguna prueba respecto a que, para el momento de la muerte del señor Arón Herney Yusti Saavedra (víctima directa) conocía de la existencia de la niña María Camila Yusti Mariño, tampoco se aportó prueba de la relación de trato o afecto, pues su condición filial se adquirió en época posterior, cuando fue registrada con el apellido de aquél el 25 de septiembre de 2013, tras la culminación de un proceso de filiación que la madre de ella inició con posterioridad a la muerte de aquél, ocurrida el 18 de marzo de 2011. Es decir, la citada menor sólo fue declarada hija del occiso dos años y medio después de la muerte de aquél y sin que se hubiera allegado prueba alguna que permitiera establecer algún tipo de cercanía, vínculo de afecto o trato entre ellos. Cabe resaltar en este punto que en los procesos de filiación no resulta necesario acreditar dicho tipo de vínculos afectivos, pues lo cierto es que de acuerdo con los artículos 1 y 8 de la Ley 721 de 2001 14, en todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el Juez, de oficio, ordenará la práctica de

de acuerdo con los artículos 1 y 8 de la Ley 721 de 2001 14, en todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el Juez, de oficio, ordenará la práctica de exámenes que científicamente determinen el índice de probabilidad superior al 99.9%, “en firme el resultado, si la prueba demuestra la paternidad o maternidad el juez procederá a decretarla, en caso contrario se absolverá al demandado o demandada”.

20. Por lo tanto, ese supuesto de hecho hacía que no se pudiera dar aplicación a las sentencias de unificación, pues las mismas están concebidas para casos en los cuales tanto padre como sus familiares cercanos conocieran al menos su existencia para el momento de su muerte. Por ello, al no estar probado ese supuesto de hecho que ampara la presunción de dolor, correspondía a la parte probarlo, hecho que no acaeció en este caso.

21. En ese orden de ideas, para este caso en particular, la sola aportación del respectivo registro civil de nacimiento no bastaba para presumir el daño moral que la hija sufrió por la muerte de quien dos años y medio después vendría a ser declarado como su padre, pues su condición filial, de parentesco, de cercanía, trato, convivencia, relación afectiva y de trato, no fue probada para la época del óbito, por lo que, en consecuencia, le correspondía a la parte actora acreditar la relación de cercanía, afecto, trato personal, afectivo o familiar que había entre ellos, para poder inferir la aflicción causada por su fallecimiento.

14 “Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

inferir la aflicción causada por su fallecimiento.

14 “Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”.Radicación: 54001-23-33-000-2013-00214-01(52.977)

Actor: María Esperanza Mariño Osorio y otra

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional

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22. No obstante lo anterior -como se indicó-, la Sala debe acatar el referido fallo de tutela en los términos referidos, sin perjuicio de dejar sentado, porque la situación objetiva así lo demuestra y la Sala tiene derecho a salvar su propia responsabilidad, que el análisis de la Corte Constitucional en clave de la protección y vigencia del precedente fijado por el Consejo de Estado como Corte de cierre en la definición de conflictos en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, incurre en el error de apartarse y, con ello, variar el propio contenido del precedente judicial que dice se debe observar.

Perjuicio solicitado en la demanda bajo la denominaci