CE - 540012333000201400018011SENTENCIA20230420152312

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

Actor: ERNESTO SALAZAR Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – perturbación de la propiedad privada / IMPUTACIÓN – FALLA DEL SERVICIO – omisión por no adelantar las actuaciones policivas urgentes, pese a la invasión de terceros en el inmueble, y por no brindar protección, dadas las amenazas formuladas contra los actores / NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y EL HECHO DAÑOSO – no se acreditó en el sub lite, circunstancia que da lugar a confirmar la negativa de las pretensiones de la demanda.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En la demanda se afirmó que el municipio de San Cayetano era responsable de los daños causados a los demandantes, por cuanto no atendió la solicitud de protección sobre la perturbación a la propiedad que se formuló, así como por no brindar

En la demanda se afirmó que el municipio de San Cayetano era responsable de los daños causados a los demandantes, por cuanto no atendió la solicitud de protección sobre la perturbación a la propiedad que se formuló, así como por no brindar protección a los actores, pese a las amenazas de los “invasores”.

II.ANTECEDENTES

1.Demanda

El 15 de octubre de 2013 (fl . 25 del c.1), los señores Ernesto Salazar, Ana Priscila Quitian Ardila; Nini Johana, Vivian Paola, Wilton Herney, Lorena y Luz Dary SalazarRadicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

Actor: ERNESTO SALAZAR Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

2 Quitian; Valery Tatiana y Anyela Yamaris Díaz Salazar; Stephanie Thaliana Ramírez Salazar, por conducto de apoderad o judicial (fls. 26 – 27 del c.1), presentaron demanda de reparación directa contra el municipio de San Cayetano, Norte de Santander, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios ocasionados “por la omisión de no brindar la protección y por no dar trámite al escrito del mes de julio de 2011”.

En concreto, la parte actora solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 1 – 4 del c.1):

1. Que se declare responsable al municipio de San Cayetano por los hechos y omisiones en que incurrió desde el año 2011 (…), fundamentada en falla del

y condenas (fls. 1 – 4 del c.1):

1. Que se declare responsable al municipio de San Cayetano por los hechos y omisiones en que incurrió desde el año 2011 (…), fundamentada en falla del servicio por la omisión de no brindar la protección inmediata y no dar trámite alguno al escrito presentado en el mes de julio del 2011.

2. Que sea condenado el municipio de San Cayetano a pagar:

2.1. Daños morales: A Ernesto Salazar, Ana Priscila Quitian Ardila, Luz Dary Salazar Quitian, Lorena Salazar Quitan, Nini Johana Salazar Quitian, Vivian Paola Salazar Quitan, Wilton Herney Salazar Quitan, Stephanie Thaliana Ramírez Salazar, Valery Tatiana Díaz Salazar, Anyela Yamaris Díaz Salazar, la suma de 100 SMLMV (…).

2.2 Daño a la vida en relación: Al demandante, cónyuge, hijos y nietos, la suma 100 SMLMV, para cada uno de ellos por el daño a la vida en relación.

2.3. Daños materiales:

2.3.1. El señor Ernesto Salazar sufrió perjuicios por daño emergente, $15.000.000, por crédito hipotecario, $96.000.000, por pago de arrendamiento de 2011, 2012 y 2013, $6.000.000 por la alimentación mensual de cada uno de los demandantes, por la no culminación y parálisis del proyecto de vivienda y por un valor de $200.000 (sic), en total suman $317.000.000 (...).

2.3.2. El señor Ernesto Salazar sufrió perjuicios por lucro cesante,

por un valor de $200.000 (sic), en total suman $317.000.000 (...).

2.3.2. El señor Ernesto Salazar sufrió perjuicios por lucro cesante, $368.000.000, suma de dinero que dejó de percibir durante 2011, 2012 y 2013, por las actividades agrícolas, piscícolas, porcinos y aves de corral que realizaba en la finca que resultó invadida como consecuencia de la omisión del Municipio, al no brindarles la protección requerida que dio origen a la perturbación a su propiedad granja, también se desmejoró el valor de su finca por la pérdida de hectáreas invadidas, así como el desplazamiento ante las amenazas surgidas en el lugar de los hechos por la falta de protección física.

Como fundamento fáctico, la parte actora, en resumen, explicó que, a través de la escritura pública 3575 del 18 de julio de 2008, el señor Ernesto Salazar adquirió la totalidad de la granja avícola “Las Vegas ”, ubicada en la vereda San Isidro del municipio de San Cayetano, Norte de Santander, lugar donde residía con su familia y desarrollaba actividades agrícolas, piscícolas, porcinas y ganaderas, que generaban el sustento económico diario.Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

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Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

3 Señaló que, “ en el mes de julio de 2011 ”, personas indeterminadas invadieron 10

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

3 Señaló que, “ en el mes de julio de 2011 ”, personas indeterminadas invadieron 10 de las 23 hectáreas del predio, quienes instalaron mojones, cercas y “ removieron tierra con maquinaria pesada ”, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades municipales, pero “ no sucedió nada, por el contrario, ayudaron con la invasión de los perturbadores”.

Indicó que la afectación al predio se propició por una propuesta de campaña de los candidatos a la alcaldía, quienes prometieron legalizar los terrenos invadidos y luego cert ificaron que “ estos eran ejidos, aptos para construir viviendas y no representaban peligro para la comunidad”.

Afirmó que no sólo se limitó el ejercicio de las actividades diarias, sino que se recibieron amenazas, lo que provocó que parte del núcleo fami liar se desplazara a Cúcuta y Bogotá; sin embargo, los señores Ernesto Salazar y Ana Priscila Quitian Ardila “siguieron defendiendo la propiedad”, por tanto, permitieron que se realizaran proyectos productivos en el inmueble y diseños arquitectónicos para un proyecto de vivienda de interés social, actos que, finalmente, se vieron frustrados, en razón de la situación con los poseedores irregulares.

Adujo que, ante el conocimiento de la captura de varios integrantes de un grupo al margen de la ley dedicado a la venta de terrenos invadidos cerca del predio, aquellos se retiraron del inmueble “al no soportar el peligro”.

Adujo que, ante el conocimiento de la captura de varios integrantes de un grupo al margen de la ley dedicado a la venta de terrenos invadidos cerca del predio, aquellos se retiraron del inmueble “al no soportar el peligro”.

El 6 de julio de 2012, el señor Ernesto Salazar solicitó a la personería municipal que se practicara una inspección “para verificar qué actuaciones se desplegaron por la perturbación de su predio en julio de 2011”. Pasados tres días, el Ministerio Público acudió a la Inspección de Policía y constató que no se tramitó la petición.

Subrayó que, el 25 de julio de 2012, el Juzgado Promiscuo de San Cayetano adelantó una inspección judicial, diligencia en la que se verificó que los invasores habían ocupado aproximadamente 9 hectáreas de la finca.

Asimismo, manifestó que inició las acciones de deslinde y amojonamiento y reivindicatoria; empero, e llo llevó a los que los terceros alteraran los linderos del predio y destruyeran las cercas que lo dividían, eventos que conoció el municipio enRadicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

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4 los oficios del 25 de septiembre de 2012, 30 de enero y 18 de junio de 2013 y, pese a que “actuó, no dio la verdadera protección física”.

A juicio de los actores, en esencia, debe declararse la responsabilidad de la entidad

a que “actuó, no dio la verdadera protección física”.

A juicio de los actores, en esencia, debe declararse la responsabilidad de la entidad demandada, a título de falla del servicio, (i) por no dar trámite a la solicitud elevada el 21 de julio de 20111; y (ii) por no brindarles protección en 2011, 2012 y 20132.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Mediante auto del 11 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda, decisión que fue notificada en debida forma (fls. 247 – 249 del c.1), pero la entidad demandada no se pronunció al respecto.

2.2. El 14 de noviembre de 2014 se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la cual el a quo puso de presente que no advertía la configuración de alguna excepción y fijó el litigio en los siguientes términos:

(…) La controversia se centra en determinar si ¿Es responsable el Municipio de San Cayetano por los presuntos hechos dañinos invocados por los demandantes consistentes en la omisión en la respuesta al derecho de petición presentado por el señor Ernesto Salazar el 21 de julio de 2011, y no brindar la protección, los cuales condujeron al despojo parcial de la propiedad que ejercían los demandantes sobre la granja avícola Las Vegas, ubicada en el Municipio de San Cayetano?

Como consecuencia se deberá determinar si ¿El Municipio de San Cayetano, a través de sus agentes, se sustrajo de las obligaciones de resolver la petición presentada por el señor Ernesto Salazar, el 21 de julio de 2011 y no garantizar

Como consecuencia se deberá determinar si ¿El Municipio de San Cayetano, a través de sus agentes, se sustrajo de las obligaciones de resolver la petición presentada por el señor Ernesto Salazar, el 21 de julio de 2011 y no garantizar la posesión sobre la Granja Avícola Las Vegas? Y si a consecuencia de ello ¿si los actores ejercieron las acciones pertinentes frente a la perturbación, y en qué manera participaron los funcionarios de la alcaldía en la invasión?

1 Así lo dijo: (…) La omisión vulnera los derechos fundamentales, al no darle respuesta de fondo, ni trámite alguno a la petición presentada en la fecha anotada, con la que pretendió una actuación policiva a la perturbación presentada en la propiedad producida por terceros (…) el escrito debió ser atendido como una petición y darle el trámite correspondiente dentro del término legal (…), si la administración hubiese dado trámite al escrito en los plazos señalados, no hubiese causado ningún daño a los demandantes, pues su actuación se hubiera orientado a resolver la perturbación de que fueron objeto. Era por un deber resolver de fondo y dentro de los términos señalados, el escrito que el humilde campesino había pre sentado en julio 21 del 2011. Actuar de manera contraria pone en cuestión el cumplimiento de los principios de celeridad. Omisión que está demostrada con el resultado de la visita del Ministerio público a las instalaciones municipales (…). 2 Esto describió: (…) La falta de protección y actividades policivas inmediatas para proteger el asentamiento familiar campesino fue la causa del abandono de su tierra y el apartamento de los suyos, lo que no es más que

2 Esto describió: (…) La falta de protección y actividades policivas inmediatas para proteger el asentamiento familiar campesino fue la causa del abandono de su tierra y el apartamento de los suyos, lo que no es más que una violación a sus derechos fundamentales.Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

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5 Las partes manifestaron expresamente su aceptación frente a la anter ior consideración. Acto seguido, se tuvieron como pruebas las allegadas con la demanda y se decretaron las pedidas por la parte actora (fls. 276 – 282 del c.1).

2.3. El 3 de julio de 2015 se dispuso que los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio Público se radicaran por escrito (fls. 480 – 481 del c.1).

2.4. La parte actora refirió que estaba probado que la entidad territorial conoció la perturbación de su propiedad el 21 de julio de 2011 y no “prestó acción policiva para la protección inmediata”, situación que corroboró el 25 de julio de 2012, a través de la inspección judicial. A su vez, insistió en la falta de medidas para garantizar la protección física y en “ la colaboración de la maquinaria que prestó a los invasores para usurpar el predio”. (fls. 504 – 507 del c.2).

2.5. El municipio de San Cayetano señaló que no causó ni patrocinó la perturbación

para usurpar el predio”. (fls. 504 – 507 del c.2).

2.5. El municipio de San Cayetano señaló que no causó ni patrocinó la perturbación aludida y que, en todo caso, de la lectura de la petición del 21 de julio de 2011 no se desprendía que los actores requirieran que se a delantara alguna actuación contra los invasores, sino que lo que pretendían era una conciliación respecto de la aclaración de los linderos del inmueble con predios colindantes, dada la negativa de la oficina de catastro para tal efecto.

Aceptó que no se contestó tal petición, pero destacó que de ello no podía derivarse la responsabilidad del Estado, pues, en el caso hipotético de que se hubiera podido gestionar la conciliación, lo cierto era que esa situación dependía de la voluntad de los propietarios de los inmuebles.

Sostuvo que el ordenamiento jurídico ha establecido dos tipos de acciones para proteger la posesión de bienes rurales objeto de explotación agrícola, esto es, la policiva y la reivindicatoria, “por lo que no puede haber una imputación, cu ando no se hizo uso del amparo policivo y existe una acción reivindicatoria en curso, la cual muy seguramente está dirigida contra quienes se consideran invasores”.

Igualmente, expresó que no se informó que estuvieran siendo objeto de amenazas contra su v ida o integridad personal ni que se hubieran afectado sus actividades económicas, lo que significa que no se probó el nexo causal entre el daño y las

supuestas omisiones de la Administración (fls. 495 – 502 del c.2).Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

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6 2.6. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander denegó las pretensiones de la demanda, puesto que consideró que, si bien se acreditó el daño, lo cierto era que no sucedió lo mismo con la imputación.

Precisó que la peti ción del 21 de julio de 2011 no constituía una querella policiva, de ahí que la única abstención que se lograba observar era que la entidad territorial no adelantó una audiencia de conciliación, con el fin de aclarar unos linderos, lo cual no armonizaba con la imputación de la demanda y, en esa medida, no se podía predicar una responsabilidad patrimonial.

Explicó que, en atención al Decreto 747 de 1992, no le correspondía al municipio iniciar una actuación oficiosa, en la medida en que la acción policiva procedía a petición de parte, cuyo escrito debía reunir unas exigencias formales y probatorias, lo que aquí no ocurrió.

Determinó que de las pruebas se extractaba que existía era una controversia sobre la posesión material y dominio de una fracción del p redio, al punto de que en las inspecciones oculares realizadas se registraron constantes modificaciones de los

lo que aquí no ocurrió.

Determinó que de las pruebas se extractaba que existía era una controversia sobre la posesión material y dominio de una fracción del p redio, al punto de que en las inspecciones oculares realizadas se registraron constantes modificaciones de los linderos por parte de los involucrados, “por lo que la parte actora debió instaurar las acciones judiciales pertinentes”, escenarios en los que se debía dirimir tal asunto.

Resaltó que, pese a que los actores dejaron transcurrir un año, “ limitándose solo a recaudar pruebas de que la inspección de policía no le dio trámite a la petición”, no podía desconocerse que, una vez se elevó la solicitud de protección y amparo a la propiedad en septiembre de 2012, el municipio adelantó actuaciones encaminadas a aclarar los problemas del inmueble, al punto de que ordenó suspender unas obras que estaba realizando un tercero y no se acreditó que les hubiera fac ilitado maquinaria o hubiera adecuado el terreno.

Destacó que tampoco se probó que se hubiera pedido protección o vigilancia con ocasión de las presuntas amenazas de los “ invasores” que, supuestamente, motivaron el desplazamiento hacía Cúcuta y Bogotá (fls. 568 – 581 del c.ppal).Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

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4. Recurso de apelación

Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

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4. Recurso de apelación

Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, para lo cual sostuvo que la solicitud del 21 de julio de 2011 fue presentada por “un campesino, iletrado, entendiendo que había perturbaciones de su propiedad por extraños que modificaban y alteraban los linderos, es decir, su posesión y quería que se llegara a una conciliación”, por consiguiente, era claro que buscaba una intervención inmediata de las autoridades municipales.

Arguyó que los testimonios recibidos demostraban que el alcalde y la inspectora de policía de la época “ conocieron de la solicitud porque el señor Salazar acudió de forma personal a sus oficinas, sin recibir atención ”, así como que las insp ecciones ocular y judicial acreditaban que, en efecto, personas extrañas destruyeron la cerca de alambre que fungía como lindero, hecho que se repitió un año después de haber informado tal hecho, “ lo que prueba la negligencia de la administración en presta r solución policiva y de prestar seguridad por las amenazas recibidas”.

En igual sentido, puntualizó que el dictamen pericial y el informe de asesoramiento reflejaban que el predio era productivo para el 2010 y que ahora estaba abandonado, además el señor Addison Palomino Velandia afirmó que el proyecto de vivienda que se iba a realizar se suspendió por la situación del predio (fls. 583 – 588 del c.ppal).

5. Trámite de segunda instancia

5.1. En auto del 31 de agosto de 2018, esta Corporación admitió el recurso de

588 del c.ppal).

5. Trámite de segunda instancia

5.1. En auto del 31 de agosto de 2018, esta Corporación admitió el recurso de apelación formulado por la parte accionante (fl. 597 del c.ppal) y, en proveído del 19 de noviembre de ese año (fl. 600 del c.ppal), corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, si bien tenía, oportunidad en la que los extremos de la litis no se pronunciaron.

5.2. El Ministerio Público pidió que se confirmara el fallo apelado por falta de nexo causal, comoquiera que la petición de los actores no ofrecía al municipio suficientes elementos sobre la aparente invasión de su propiedad, a fin de que se le protegieran sus derechos.Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

Actor: ERNESTO SALAZAR Y OTROS

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8 Anotó que los testimonios recaudados no daban cuenta de que la entidad territorial “estuviera al tanto de lo que acontecía en la granja avícola a partir del 21 de julio de 2011”.

Enfatizó en que con posterioridad los actores presentaron otros escritos que sí constituían querellas, las cuales fueron atendidas, circunstancia que demostraba la diligencia del municipio.

Finalmente, añadió que no se podía verificar que el abandono del predio de los demandantes devino de amenazas y menos que las autoridades omitieron el deber

diligencia del municipio.

Finalmente, añadió que no se podía verificar que el abandono del predio de los demandantes devino de amenazas y menos que las autoridades omitieron el deber de protección (fls. 602 – 615 del c.ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “ las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

El artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “ de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales” , cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 3, de ahí que esta Corp oración sea competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el fallo del a quo.

3 La pretensión por lucro cesante ascendió a $368’000.000. Para la fecha de presentación de la demanda2013500 SMLMV equivalían a $294’750.000.Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

Actor: ERNESTO SALAZAR Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

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2. Oportunidad

Actor: ERNESTO SALAZAR Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

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2. Oportunidad

En atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP 4, en este caso la caducidad se computará con las normas del CCA y no con las del CPACA, porque dicho plazo empezó a correr en vigencia del artículo 136 del CCA.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136.8 del CCA, la demanda de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Con apego a lo narrado en la demanda, la Sala precisa que la parte actora hizo dos imputaciones, a saber, que el municipio de San Cayetano (i) no tramitó la solicitud elevada el 21 de julio de 2011, relacionada con la perturbación de su propiedad ; y (ii) no brindó la debida protección física en 2011, 2012 y 2013, pese a las amenazas de los “perturbadores”.

La Sala advierte que, si bien se alegaron dos omisiones, hará un sólo conteo de caducidad, por las razones que a continuación se exponen.

El 21 de julio de 2011, el señor Ernesto Salazar presentó una petición, con la que, según dijo, pretendió una actuación policiva por la perturbación de su propiedad

caducidad, por las razones que a continuación se exponen.

El 21 de julio de 2011, el señor Ernesto Salazar presentó una petición, con la que, según dijo, pretendió una actuación policiva por la perturbación de su propiedad producida por terceros, por ende, el parámetro para determinar la oportunidad del medio de control incoado frente a la primera imputación corresponde al 11 de agosto de 2011, fecha en la que el municipio debió emitir la respuesta pertinente, puesto que, al margen del contenido de la petición, era una solicitud de carácter particular, que se espera que el municipio hubiera atendido dentro de ese término.

4 “Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. ‘Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”.Radicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

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10 Igual conclusión aplica para la omisión de no brindar medidas de protección, ya que, aunque en la demanda se indicó que ello se prolongó desde el 2011 hasta el 2013 y motivó a que parte del grupo familiar tuviera que desplazarse a otras ciudades, lo cierto es que la Sala no tiene certeza de cuándo, efectivamente, ocurrió el hecho dañoso y menos en qué fecha cesó el supuesto daño, y no puede darle credibilidad sólo a un dicho expuesto por los demandantes.

Por tal razón y, atendiendo a las pruebas del proceso, la Sala considera razonable que la oportunidad de la demanda sobre la segunda imputación se verifique también a partir de la fecha antes mencionada, por cuanto sería lógico sostener que hech o dañoso –omisión de protección– también surgió con ocasión de la invasión de parte del predio, situación que puso en conocimiento la parte actora tal día, por lo que sería procedente colegir que la omisión se concretó en el término referido.

De este modo, se tiene que el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 12 de agosto de 2013; no obstante, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 17 de julio de 2013, es decir, cuando del término de caducidad habían corrido 1 año, 11 meses y 5 días.

Ahora, la constancia de no conciliación se expidió el 8 de octubre de 2013 (fls. 126

caducidad habían corrido 1 año, 11 meses y 5 días.

Ahora, la constancia de no conciliación se expidió el 8 de octubre de 2013 (fls. 126 y 216 del c.1), de ahí que desde del día siguiente se reanudó el término de caducidad, del cual faltaban 25 días.

Así las cosas, la opor tunidad para radicar la demanda se extendió hasta el 3 de noviembre de esa anualidad, y como la parte procedió de conformidad el 15 de octubre de 2013 (fl. 25 del c.1), se impone concluir que fue oportuna.

3. Alcance del recurso

El juez de primera inst ancia denegó las súplicas del escrito inicial, por estimar, en concreto, que no se demostró que el daño alegado proviniera de las omisiones alegadas contra el municipio.

En el recurso de apelación, los accionantes refirieron (i) que la petición del 21 de julio de 2011 fue impetrada con la única intención de dar a conocer la perturbación que alteraba la posesión de su propiedad; (ii) que, al margen de ello, tanto el alcaldeRadicación número: 54001-23-33-000-2014-00018-01 (62.058)

Actor: ERNESTO SALAZAR Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

11 como la inspectora de la época estaban enterados de la situación y de las amenazas que recibieron en su contra, según las pruebas testimoniales; (iii) que las inspecciones acreditaban que la invasión persistía un año después de haber

11 como la inspectora de la época estaban enterados de la situación y de las amenazas que recibieron en su contra, según las pruebas testimoniales; (iii) que las inspecciones acreditaban que la invasión persistía un año después de haber informado, sin “ recriminar la actuación de los terceros”; y (iv ) que las pruebas documentales probaban que el predio antes de la perturbación era productivo y ahora estaba abandonado, aunado a que el proyecto de vivienda que se iba a realizar se suspendió por tal hecho.

En ese orden de ideas, la Sala prescindirá del análisis sobre el daño, comoquiera que el a quo lo tuvo por acreditado y no fue objeto de discrepancia y se enfocará, entonces, en determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad de la entidad demandada y, de ser procedente, si debe modificar o revocar la decisión recurrida.

4. Imputación

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado (i) la existencia de un daño antijurídico; y (ii) la imputación de éste al Estado.

En lo que aquí interesa, la imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado.

En ese sentido, en lo atinente a la imputación fáctica o también llamado nexo causal, debe precisarse que constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, a partir del cual se determina el origen de un específico resultado, que se adjudica a un obra r –acción u omisión–, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es

soporte o elemento necesario a la configuración del daño, a partir del cual se determina el origen de un específico resultado, que se adjudica a un obra r –acción u omisión–, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando, dado que pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana.

Por su parte, la denominada imputación o atribución j urídica supone establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes regímenes de responsabilidad que ha construido la jurisprudencia,