CE - 540012333000201400336021SENTENCIA20230130093645

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , diecinueve (19 ) de enero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .

Radica ción : 54 00 1-23 -33 -000 -201 4-00336 -02 (2630 -20 19)

Demandante: ANDRÉS DAVID POSADA ARGÜELLO Y

OTROS

Demandad o: NACI ÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA

NACIONAL

Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación int erpuesto por los señor es ANDRES DAVID POSADA ARGÜELLO , SANDRO ESTEVEZ LEON Y HUMBERTO JOSÉ NISPERUZA SAEZ contra la sentencia de l 28 de febrero de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander , que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

Tribunal Administrativo de Norte de Santander , que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 8 de abril de 2013 dentro de la investigación disciplinaria No. MECUC -201 2-55 expedida por el Jefe de la Oficina ControlNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta en la que se impone sanción de suspensión e inhabilidad especial por un término de 6 meses sin der echo a remuneración a los demandantes. b) Decisión disciplinaria de segunda instancia del 1 de mayo de 2013 emitida por el Inspector Delegado Región Cinco de Policía que resolvió el recurso de apelación confirmando la providencia de primera instancia. c) Resolución No. 04624 del 25 de noviembre de 2013 expedida por el Director General de la Policía Nacional por medio de la cual se ejecuta la sanción impuesta en la s decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia. Además, se solicitó:

por el Director General de la Policía Nacional por medio de la cual se ejecuta la sanción impuesta en la s decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia. Además, se solicitó:

2.1.2 Se ordene el reconocimiento y pago de los sueldos, pre staciones sociales, bonificaciones, haberes, dotaciones, costas y agencias en derecho, intereses moratorios, mientras dure el tiempo de la separación y hasta que le s sean reconocidos todos y cada uno de sus derechos, valores que serán actualizados con el IPC desde la fecha en que se cause hasta la ejecutoria de la sentencia que ordene a la entidad demandada a reconocer el derecho.

2.1.3 Se ordene el reconocimiento y pago del valor de los perjuicios morales y materiales que los demandantes sufrieron con mot ivo de la sanción en una suma equivalente a 769,9 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2.1.4 Se declare solidariamente responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional por las decisiones disciplinarias proferidas en contra de los demandantes.

2.1.5 Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el CPACA.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

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2. 2. Hech os.

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2. 2. Hech os.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a continuación se resume n:

2. 2.1 La investigación disciplinaria se inició con el informe que remitiera el Teniente Betancourt Pinzón sobre hechos ocurridos el 31 de enero de 2012 . Con base en éste se abre indagación preliminar el día 24 de abril de la misma anualidad.

2.2. 2 La falta disciplinaria endilgada a los accionantes es la contemplada en el numeral 15 artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 consistente en “Dejar de informar los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del servicio”, cargo señalado a título de dolo .

2. 2.3 .El 8 de abril de 2013 se profirió decisión de primera instancia por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Met ropolitana de Cúcuta en la que se responsabilizó disciplinariamente a los señores SANDRO ESTEVEZ LEÓN, ANDRÉS DAVID POSADA ARGÜELLO Y HUMBERTO JOSÉ NISPERUZA SÁEZ y se les impuso una sanción de suspensión de 6 meses sin derecho a remuneración e inhabilidad especial por el mismo término.

2.2.4 Dicha decisión fue apelada y confirmada el 1 de mayo de 2013 por el Inspector Delegado de la Región Cinco de Policía.

mismo término.

2.2.4 Dicha decisión fue apelada y confirmada el 1 de mayo de 2013 por el Inspector Delegado de la Región Cinco de Policía.

1 Folios 378 al 410 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 2. 3. Concepto de la violación .

El apoderad o de los demandante s consideró como norma s vulnerada s:

• Artículo s 1, 2 ,4, 6, 25, 29 y 90 de la Constitución Política . - Artículos 19, 20, 21, 97, 129, 140, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002. - Artículo 58 inciso 7 de la Ley 1474 de 2011 .

Consideró que en el auto de indagación preliminar no existe plena identificación o individualización de los policías , vulnerando el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, pues en el informe rendido por el Teniente Betancourt Pinzón s ólo se indica los nombres de quienes actuaron de maner a irregular el 31 de enero de 2012.

Agregó que no se informó a la Procuraduría General de la Nación sobre el inicio de la indagación para que pu diera ejercer el poder

quienes actuaron de maner a irregular el 31 de enero de 2012.

Agregó que no se informó a la Procuraduría General de la Nación sobre el inicio de la indagación para que pu diera ejercer el poder de super vigilancia administrativa violándose lo establecido en el inciso segundo del a rtículo 89 de la Ley 734 de 2002.

Señaló que causa enorme curiosidad y suspicacia que una investigación que tiene apertura el 14 de febrero de 2013 se radique en el sistema SIJUR de la Policía Nacional con un radicado de 2012 afirmando que le surgen interrogantes respecto a la rectitud con que se adelantó el proceso.

Expuso que el concepto de aplicabilidad del proceso verbal que invoca la autoridad administrativa lo interpreta de manera errónea , pues no s ólo basta la individu alización de los presunto s autores sino que existan pruebas que demuestren el hecho y la responsabilidad d el sujeto disciplinable, y en el presente caso no se halla una demostración contundente . Además, no se allegaron las declaraciones de los policiales de la Seccional de Tránsito queNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 se encontraban en el peaje los Acacios por lo que se presentó falta de recaudo probatorio.

De otro lado, sostuvo que no se reunían los presupuestos procesales para citar a audiencia , pues no existe una motivación adecuada de las razones para avocar el procedimiento verbal.

Afirmó que las copias fotostáticas del libro de minuta de servicios de la Subestación de la Polic ía Betania no corresponden al día 31 de enero de 2012 sino de 2011, por lo que existe una falsa motivación de la decisión en este punto.

Manifestó que no se verificó que existiera la orden consistente en que la patrulla Cuadrante 5 -2 solo puede desplazarse hasta el sector de los Vados , no se allega constancia de ello. Lo mismo sucede con la prohibición de trasladarse fuera del cas co urbano de los Patios.

En relación con los audios a dujo que la cadena de custodia no fue observada como lo establece el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, afectando su validez.

Sumado a lo anterior, sostuvo que no se puede tener en cuenta el experticio técnico realizado al radio de comunicaciones que portaba el patrullero ESTEVEZ LEON SANDRO el 31 de enero de 2012, pues no se rinde bajo la gravedad de juramento , no se allegan los títulos o las certificaciones que demuestren la idoneidad del perito y tampoco se recepcionó su testimonio.

Ahora bien, respecto a l informe suscrito por el Teniente Be tancourt

o las certificaciones que demuestren la idoneidad del perito y tampoco se recepcionó su testimonio.

Ahora bien, respecto a l informe suscrito por el Teniente Be tancourt Pinzón mencionó que carece de respaldo probatorio , toda vez que afirma que a los disciplinados se le impartieron instrucciones respecto de que debían informar a sus sup eriores cualquier novedad pero no a porta ninguna prueba que lo sustente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 Relató que el Juzgado de Instrucción Penal Militar adelantó unas diligencias preliminares que archiv ó porque no encontró merito para endilgar responsabilidad a los demandantes ; dicho despacho si analizó de fondo el material probatorio y consideró que la ex istencia de una orden no es suficiente para afirmar que existió la comisión de un hecho punible.

Finalmente, advirtió que en la decisión de segunda instancia se desestimó las pruebas a favor de los accionante s y se violó el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto no se concedió el termino para alegar de conclusión desconociendo el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011.

2. 4. Contestación de la demanda .

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional , por medio

el termino para alegar de conclusión desconociendo el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011.

2. 4. Contestación de la demanda .

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :

Sostuvo que las decisiones disciplinarias fueron expedidas con las formalidades exigidas para este tipo de actos administrativos y suscrit as por funcionario competente. Igualmente, expuso que los investigados tuvieron la oportunidad de formular descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que consideraran necesarias y la sanción fue proporcional a los hechos.

Adujo que lo s demandante s no presenta n fundamentación fáctica real sino simples apreciaciones , no indica n cuál fue la vulneración al debido proceso.

Además, afirmó que los actos disciplinarios obedecen a que se vulner aron los preceptos de la Ley 1015 de 2006 en virtud de la

2 Folios 428 al 431 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 cual se consagra un conjunto de normas en las que el Estado se compromete a asegurar la obediencia, disciplina, y el

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 cual se consagra un conjunto de normas en las que el Estado se compromete a asegurar la obediencia, disciplina, y el comportamiento ético de los servidores a su cargo, en este caso de la Policía Naciona l.

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander analizó de oficio la excepción de caducidad teniendo en cuenta que las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia no fueron acusadas dentro del plazo establecido en el artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, es decir, dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación , debido a que el término se contabilizó a partir del acto que ejecuta la sanción y no de aquel que pu so fin en sede administrativa , por lo que consideró probada la excepción de caducidad.

La decisión de excepciones fue objeto de recurso de apelación por la parte actora.

Esta Corporación mediante auto del 14 de julio de 2017 revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que declaró probada la excepción de caducidad al considerar que el computo del término se debe realizar a partir de la fecha de notificación del acto de ejecución de la sanción.

El litigio fue fijado así:

“…determinar la legalidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos en la Investigación Disciplinaria MECUC -2012 -55, por el Jefe de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Inspecto r

instancia proferidos en la Investigación Disciplinaria MECUC -2012 -55, por el Jefe de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Inspecto r Delegado Región Cinco de la Inspección General Policía Nacional respectivamente, mediante los cuales se le impuso a los señores Patrullero ANDRES DAVID POSADA

ARGUELLO, Patrullero HUMBERTO JOSE NISPERUZA

3 Folios 454 al 457 y 490 al 492 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 SAEZ y Subintendente SANDRO ESTVES LEON, el correc tivo disciplinario de suspensión e inhabilidad por el término de seis meses sin remuneración.” ”

2. 6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander por medio de la sentencia de l 28 de febrero de 2019 negó las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se resumen a continuación:

Señaló que frente al cargo de la falta de individualización de los policías mencionados en el informe del Teniente Betancourt Pinzón se encontró que el Jefe de la Oficin a de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta cumplió con los presupuestos

policías mencionados en el informe del Teniente Betancourt Pinzón se encontró que el Jefe de la Oficin a de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta cumplió con los presupuestos establecidos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 , por cuanto en dicho informe se hizo referencia a tres integrantes de la policía adscritos a la esta ción de Betania plenamente nombrados quienes abandonaron el área urbana de su jurisdicción y procedieron a realizar un procedimiento a un vehículo de carga sin informar a la central de radio ni al comandante de la unidad, por lo que procedía era verificar la ocurrencia de la conducta a través de la indagación preliminar en aras de determinar si era constitutiva de falta disciplinaria.

En cuanto a la supuesta omisión de avisar a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación so bre el inicio de la investigación disciplinaria sostuvo que en el auto de fecha del 24 de abril de 2012 mediante el cual se dio apertura a la indagación preliminar se dispuso informar a dicha oficina no obstante no fue posible corroborar en el expediente s i la orden se materializó.

Sin embargo, expresó que el auto del 14 de febrero de 2013 a través

4 Folios 537 al 54 9 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

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Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 del cual se abrió formalmente la investigación a los demandantes fue notificado personalmente al Procurador Provincial de Cúcuta por lo que consideró no se vul neró el artículo 89 de la Ley 734 de 2002, máxime si se tiene en cuenta que la intervención del Ministerio Público es facultativa y se le respetaron a los actores todas las garantías procesales.

De otro lado , expuso en relación con el número de radicación en el sistema SIJUR de la Policía Nacional del año 2012 que, si bien es cierto, la apertura de la investigación se hizo en el año 2013 la indagación preliminar data del 2012 situación que explica la fecha del registro, además señaló que tamp oco se observa que haya afectado el desarrollo del procedimiento , pues es una situación meramente formal .

Consider ó que el operador disciplinario al momento de ordenar la apertura formal de la investigación contaba con listado extenso de material probat orio que daba cuenta de la veracidad de las afirmaciones realizadas por el Teniente Betancourt Pinzón lo que le permitió deducir que se cumplió con los requisitos sustanciales del artículo 175 de la Ley 734 de 2002.

Ahora bien, frente al argumento expuest o consistente en que la autoridad administrativa debía verificar la orden del Comandante de la Subestación de la Policía de que la patrulla solo podía

artículo 175 de la Ley 734 de 2002.

Ahora bien, frente al argumento expuest o consistente en que la autoridad administrativa debía verificar la orden del Comandante de la Subestación de la Policía de que la patrulla solo podía desplazarse al sector de los Vados porqu e incumplió un deber legal mencionó que la parte actora no señal ó la norma en la que ampara su petición siendo su obligación de conformidad con el artículo 138 del CAPCA.

Además, advirtió que tampoco se observa que en la versión de los demandantes o en los descargos se haya rechazado las declaraciones efectuadas en ese sentido por el Comandante de la Subestación ni se pidió ninguna prueba que desestime esas afirmaciones.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

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Indicó que como l o afirm ó la parte demandante las copias fotostáticas del libro minuta de servicios que reposa en el expediente es el correspondiente al 31 de diciembre de 2011, no obstante en la actuación disciplinaria nunca se controvirtió el hecho de que estuvieran pres tando servicio en esa fecha y más bien en el libro de minuta de guardia de Subestación de Betania si se observan las anotaciones correspondientes al 31 de enero de 2012

de que estuvieran pres tando servicio en esa fecha y más bien en el libro de minuta de guardia de Subestación de Betania si se observan las anotaciones correspondientes al 31 de enero de 2012 en las que se determina que no existió ninguna novedad en el cuadrante 5 -2.

Agregó que también se halló el libro de población de fecha 31 de diciembre de 2012 en el que se registra el suceso acontecido en el Peaje los Acacios con los tres uniformados lo que permite corroborar que se encontraba n en servicio el día de los hechos.

Frente a los audios relató que se suscribieron los diferentes documentos exigidos por la normatividad y el manual de procedimiento para cadena de custodia suscrito por la Fiscalía General de la Nación lo que prueba que el protocolo se surtió.

Por otra parte, resp ecto al expertico realizado al radio de comunicaciones que para la fecha portaba el Subintendente Sandro León Estevez recordó que la prueba no se tuvo en cuenta en la decisión de primera instancia para endilgar responsabilidad a los demandantes , toda vez que contaba con una gran cantidad de elementos probatorios que fueron analizados y desarrollados, además señaló que fue solicitada de manera oficiosa por el funcionario investigador para corroborar los argumentos del apoderado de la parte accionante.

Manifestó que la acción disciplinaria es independiente de la acción penal militar teniendo en cuenta que la s finalidades son diferentes, por lo que resulta improcedente el argumento de que la justicia militar no encontró mérito para endilgar la comisión de un hechoNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

militar no encontró mérito para endilgar la comisión de un hechoNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 punible.

Finalmente, en cuanto a la oportunidad para alegar de conclusión , expresó que no encontró que el operador disciplinario de segunda instancia haya corrido traslado a los sujetos procesales para presentarlos ni que los apoderados hayan e jercido ese derecho, sin embargo esta situación no vicia de nulidad los actos administrativos acusados , toda vez que el derecho sustancial prevalece ante el procedimental.

Sumado a lo anterior, expres ó que la omisión de correr traslado para alegar es una causal saneable si la parte no la invoca de manera oportuna y por tanto, convalidó la actuación al guardar silencio.

2. 7. Recurso de apelación .

El apoderad o de la parte demanda nte apeló 5 la anterior decisión , y solicitó que se revoque el fallo de primera instancia con base en los argumentos que a continuación se resumen:

Manifestó que aunque la Policía Nacional tenga su propio régimen disciplinario, como lo es la Ley 1015 de 2006, no quiere decir que por ser especial se pueda desatender la normat ividad procedimental y que el operador administrativo le d é aplicación

Manifestó que aunque la Policía Nacional tenga su propio régimen disciplinario, como lo es la Ley 1015 de 2006, no quiere decir que por ser especial se pueda desatender la normat ividad procedimental y que el operador administrativo le d é aplicación conforme a su criterio.

Sumado a lo anterior, expuso que la defensa ha tratado de demostrar que el operador disciplinario actuó en contravía del procedimiento establecido como en el ca so de la indagación preliminar en la que se pregunta ¿ si para la plena identificación del sujeto procesal basta solo el nombre?.

5 Folios 551 al 560 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

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Sostuvo que en desarrollo de la indagación preliminar no se allegó el material probatorio tendiente a demostrar la probabilid ad de los hechos y sin ello se citó a audiencia y corrió pliego de cargos.

De otro lado , expresó que el Tribunal consideró de poca relevancia el hecho de informar la apertura de la investigación a la Procuraduría General de la Nación cuando está ordenado por la ley.

Agregó que no se dio aplicación al artículo 175 de la Ley 7 34 de 2002 , por cuanto no se cumplieron los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos y citar audiencia dando lugar a la

Agregó que no se dio aplicación al artículo 175 de la Ley 7 34 de 2002 , por cuanto no se cumplieron los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos y citar audiencia dando lugar a la inobservancia del debido proceso.

Además, mencionó que también se inobservó el debido proceso por la segunda instancia disciplinari a al obviar totalmente la etapa para alegar de conclusión violando el derecho de defensa.

En relación con la valoración probatoria se refirió a la ampliación realizada por el informante quién a su juicio no fue claro cuando expresó que no recordaba que lo s uniformados le hayan dicho el motivo de su ubicación pero si le preguntó a los particulares si le habían exigido dinero, lo que es contradictorio.

Argumentó que el informante no era el Comandante de la Subestación Policial, era el Intendente Pérez Parad a quien para el fin de semana se encontraba de descanso y quien le seguía jerárquicamente era el Subintendente Sandro Estevez León, el Comandante de la patrulla cuadrante 5 -1, por lo que el señor Betancourt no puede decir que era el único que daba permiso para los desplazamientos.

Adicionó que los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2012 y el señor informó el 16 de febrero de 2016 (sic) con 16 días de retraso , quiere ello decir que no estaba seguro de lo que iba a comunicar.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

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Frente a lo establecido por el técnico de radio en relación con la debilidad de la señal en carretera indicó que no se valoró y si bien es cierto que la prueba fue decretada de oficio no se pu so en conocimiento de los disciplinados.

Reiteró que los hechos sucedieron el 31 de enero de 2012 y las fotocopias fotostáticas son de un año anterior.

De otra parte, explicó que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado aunque el Trib unal manifieste que no se logró demostrar probatoriamente.

Por último, expuso que el operador disciplinari o adecuó la conducta de los demandantes en lo dispuesto por el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 señalando en letra mayúscula, subrayada y en negrilla la parte que considera aplicable y sin resaltar “ hacerlo con retardo” en este caso está establecido que el Subintendente ESTEVEZ LEON SANDRO hizo la anotación a las 21:50 horas del tercer turno que estaba prestando, por lo que la adecuación típica no corresponde.

De la misma manera consider ó que la calificación a título de dolo se efectuó s in fundamento jurídico alguno, pues el material probatorio demuestra que un vehículo los enviste y lo persiguen

no corresponde.

De la misma manera consider ó que la calificación a título de dolo se efectuó s in fundamento jurídico alguno, pues el material probatorio demuestra que un vehículo los enviste y lo persiguen hasta inmovilizarlo a la altura del peaje sin poder informar debido a la premura del tiempo ; agregó que con el solo hecho de entrevistarse con l os policía s de carretera se debe entender la intención de poner en conocimiento el suceso .Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

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2. 8. Alegatos de conclusión en segunda instancia .

El apoderad o de los demandante s6. reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y r esumió la situación probatoria así:

a) Para el 31 de enero de 2012 los demandantes desempeñándose como patrulla de vigilancia en dos cuadrantes (5 -1 y 5 -2) realizaron patrullajes en la jurisdicción de la Estación de Policía Betania en el tercer turno que inició a las 14:00 horas y terminó a las 22:00.El servicio y las novedades quedaron registradas en la minuta de servicios, guardia y población. b) La jurisdicción abarca entre el kilómetro 8 y el peaje sobre la vía

a las 22:00.El servicio y las novedades quedaron registradas en la minuta de servicios, guardia y población. b) La jurisdicción abarca entre el kilómetro 8 y el peaje sobre la vía a Cúcuta que conduce al centro del país, ten iendo parte urbana y rural. c) El Comandante de la Estación de Policía Betania era el Intendente Pérez Parada quien estaba de descanso en el fin de semana para la fecha de los hechos y el encargado era el Subteniente SANDRO LEON ESTEVEZ quien informó la sali da del servicio. Las novedades eran informadas a la central de radio. d) Los demandantes conocieron un caso de persecución de un vehículo que fue inmovilizado a la altura del peaje y el conductor no quiso atender el requerimiento, trataron de comunicarse y la radio no emitía señal motivo por el cual el Comandante le ordenó a uno de los patrulleros que fuera al peaje para que por medio del radio base llamaran a la central a informar la novedad. Este hecho esta corroborado por los testimonios de Gerardo Romero Blanco y el Subintendente Vásquez. La entidad demandad a7 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

6 Folios 579 al 584 del expediente. 7 Folio 600 al 602 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 54001-23-33-000-2014-00336-02 (2630-2019)

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Demandante: Andrés David Posada Argüello y Otros.

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 15

El Ministerio Público 8 guard ó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia .

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,9 el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Problema jurídico .

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demanda nte en el recurso de apelación, esta Sala deberá determinar s i los actos administrativos acusados se encuentra n vic